lunes, 14 de enero de 2013

El alcalde de Murcia tendrá que dejar el cargo si se lo pide su partido, una vez sea procesado por el juez


MURCIA.- El imputado alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, tendrá que dejar su cargo si finalmente es procesado y se lo pide su partido, el PPRM, del que es su secretario regional. O bien el propio presidente del partido y de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, o bien un enviado directamente por Génova 13, como se hizo con el ex presidente valenciano Francisco Camps, tendrá encomendada la penosa tarea de arrancarle una dimisión que solo está en su mano decidir, según fuentes de la sede regional del PP.

Enrrocado por consejo, al parecer, del ex concejal Antonio Sánchez Carrillo, todavía presidente del Comité Electoral Regional del PP, vicepresidente de Caja Murcia, ex consejero de la CAM y hombre de las finanzas del partido, hoy alejado sino enfrentado con sus amigos de siempre, los hermanos Valcárcel, Carlos y Ramón Luis, el alcalde de Murcia parece dispuesto a aguantar hasta el último minuto los embates de la Fiscalía Anticorrupción y de la cúpula de su partido sin olvidar las propias de la Oposición socialista, comunista y centrista de UPyD.

Rodeado de sus fieles, la gran mayoría de los actuales concejales del PP en el Ayuntamiento de Murcia, y con el apoyo expreso de Sánchez Carrillo y su esposa, la pedánea de Patiño, Miguel Ángel Cámara se apresta no obstante a una resistencia numantina con el objetivo de concluir su actual mandato en espera de mejores vientos y de la ya muy cantada caída de Valcárcel y toda su pirámide de poder pese al ciego apoyo de la burocracia de Génova 13 como seguro para la victoria electoral en la Región de Murcia. 

Alberga, incluso, la esperanza de ser el candidato a San Esteban en los próximos comicios autonómicos con el apoyo de un 'aparato' controlado por el citado ex concejal. Y de que le sustituya en La Glorieta el actual consejero José Ballesta, ex rector de la Universidad de Murcia... y conocido traidor político. Y es así porque antes de caer, si llega a caer, Cámara está dispuesto a desatar una guerra civil en el seno del PPRM aprovechando el descontento generalizado de la derecha murciana por la excesiva prolongación de Valcárcel en el poder.

Lo que sucede es que el informe del fiscal Lozano parece bastante incuestionable desde el punto de vista penal y, también político, como consecuencia de lo anterior. Cámara se ha encerrado en su defensa con el único argumento de que actuó en base a los informes técnicos y jurídicos de los funcionarios municipales (algunos no constan en ningún sitio) mientras la Fiscalía detalla un cúmulo de supuestas ilegalidades, a partir de una previa decisión política, que Cámara tiene más que difícil de desmontar si llega a ser procesado.

Los antecedentes de Valencia y Orense no parecen, además, que jueguen a su favor en Madrid.

1 comentario:

Anónimo dijo...

Una investigación juridica a fondo de cuando Ballesta fue el vicerrector de infraestructuras de la universidad murciana lo dejaría políticamente inservible para los restos aunque fuera de peligro penal en base a la prescripción recogida en nuestro ordenamiento jurídico, pensada para que se escapen los delincuentes de cuello y bata blanca