¿Qué pretende la jueza y esposa del consejero Sotoca al irrumpir en el 'caso Umbra' sin escuchar al fiscal?

MURCIA.- El abogado Diego de Ramón, personado en la causa del 'caso Umbra' sobre presunta corrupción urbanística en el término municipal de Murcia, se ha dirigido al magistrado instructor en el Juzgado nº 8, David Castillejos, en apoyo de las tesis del fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, ante un posible conflicto de competencias con el juzgado nº 2 de lo Contencioso-administrativo, de Murcia, cuya titular es Pilar Rubio Berna, a la sazón esposa del consejero de Educación, Constantino Sotoca Carrascosa, en su día compañero de gabinete de Joaquín Bascuñana, hoy delegado del Gobierno, a quien el citado letrado pretende imputar en el caso.

En su escrito, el abogado murciano reitera otros anteriores y estima ante el juez instructor que la jueza Pilar Rubio se tenía que haber abstenido de conocer dicho asunto - también investigado en fase instructora por una preferente jurisdicción penal- por su relación de parentesco, al darse la coincidencia de pertenecer su esposo a un gobierno regional murciano en el que también estaba en esa fecha un posible imputado, como el señor Bascuñana, en su calidad de titular de Obras Públicas, Vivienda y Transporte y, por tanto, responsable de la aprobación última de los convenios urbanísticos de la zona norte de Murcia en 2006, con un supuesto perjuicio de 706 millones de euros a las arcas municipales, por lo que permanece imputado el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara Botía, del PP.

La Oposición socialista municipal en el Ayuntamiento de Murcia instó ese procedimiento contencioso en 2007, que posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, concretamente la Sala de Lo Contencioso, repartió al citado juzgado nº 2 de la jurisdicción contenciosa cinco años después; es decir, el pasado año 2012, cuando también se dirimían ya los mismos hechos en la jurisdicción penal a instancias de la Fiscalía y una agrupada acusación popular representada por De Ramón. 

El citado letrado ratifica en su totalidad las pretensiones del fiscal Lozano al estimar que pueden colisionar 'de forma muy fuerte' los resultados de la instrucción por la jueza Pilar Rubio y los del magistrado Castillejos. Y apoya que se abra un expediente informativo sobre las competencias que pretente asumir la primera sobre un espacio jurídico penal, con prioridad absoluta del segundo que, a su juicio, debe dirimir la Fiscalía General del Estado.  

El fiscal Lozano, delegado en la circunscripción de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y los Delitos relacionados con la Corrupción, ha dejado con contundencia patente por escrito, días atrás, que no desea que el juzgado de lo Contencioso nº 2 prosiga su acción conducente a enjuiciar una cuestión que ya investiga el juzgado de lo Penal nº 8 por tratarse, esencialmente, de los mismos hechos. Y es que Pilar Rubio parece que pretende llegar hasta el final con esta demanda aunque interfiera en el minucioso trabajo de su colega David Castillejos cuando, además, todavía están bajo secreto sumarial las actuaciones.

Lo que pide, pues, en su escrito Lozano a Castillejos es que plantee de inmediato 'conflicto de competencias' al tiempo que se ha personado excepcionalmente en el procedimiento contencioso para advertir a la jueza Rubio que no puede solicitar informes periciales, testificales ni practicar pruebas, hasta la previa resolución del procedimiento penal 'por suponer una instrucción paralela, con riesgo de sentencias contradictorias'.

Finalmente Lozano (en la imagen) recuerda a Rubio que, sobre tales cuestiones, tendría que haber permitido alegar a la Fiscalía para no haber incurrido, a su juicio, en infracción procedimental no subsanable y viciado de nulidad de pleno derecho el auto de la jueza negando que exista una cuestión prejudicial. Y le solicita  la suspensión del procedimiento contencioso hasta tanto en cuanto no exista sentencia en la jurisdicción penal sobre el presunto falseamiento a la baja del valor de mercado de los terrenos, a efectos del gravamen municipal, para beneficiar así a los bolsillos de determinados promotores urbanísticos.