MURCIA.- El juez instructor del llamado 'caso Umbra' levantará el secreto del sumario en los próximos días a petición de la Fiscalía Anticorrupción, según se ha sabido hoy viernes, lo que significa el paso previo al procesamiento del alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, y presumiblemente su salida del cargo conforme a las últimas normas del Partido Popular, aprobadas en su último congreso nacional, si por ésto queda obligado a sentarse en el banquillo formalmente acusado de varios presuntos delitos.
Anticorrupción dice en su informe al juez instructor que el alcalde de Murcia no puede alegar ignorancia en un asunto de
tamaña trascendencia para la hacienda local, cuando existe la obligación de un saber exhaustivo por su parte, que no le exime de responsabilidad por tanto, y advierte que esa postura de defensa solo agravaría su
responsabilidad personal por el cúmulo de ilegalidades detectadas en el expediente del convenio urbanístico de 'Nueva Condomina', siempre en claro beneficio del promotor Jesús Samper y no de los ciudadanos del municipio de Murcia.
Además, recuerda el fiscal en su informe, que Cámara asumió personalmente dicho convenio en detrimento del entónces concejal de Urbanismo, Ginés Navarro, crítico con algunos de sus aspectos y partidario de sacar a concurso la construcción de un nuevo estadio de fútbol a cambio de un plan urbanístico, lo que ahora convierte al alcalde en el responsable último de una asunción legítima que impide tomar en consideración su argumento de que actuó aquí obligado por unos supuestos informes técnicos municipales, que no constan en el expediente ni aparecen en los autos del juzgado.
Donde Cámara, teórico número dos del PP en la Región de Murcia y presidente de la Federación Murciana de Municipios además, lo tiene crudo es cuando el fiscal lo señala como principal impulsor, garante y último responsable del proyecto, donde le acusa de haber actuado con ceguera jurídica y cometer graves infracciones administrativas a pesar de los reiterados informes contrarios de la Comunidad Autónoma.
El fiscal, Juan Pablo Lozano, habla en su informe de indicios racionales de prevaricación y fraude por la condonación ilegal, y por tanto delictiva, del 10% de aprovechamiento urbanístico, tanto en la redacción como en la tramitación del plan urbanístico. Y de un actuar funcionarial vulnerando los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad en la flexibilización de las normas prohibitivas, caso del coeficiente de edificabilidad vigente. Argumenta el fiscal que legalmente todo se podía haber sustanciado con un expediente de venta de ese aprovechamiento para evitar así el consentido perjuicio a las arcas municipales.
Concluye el fiscal que, primero Cámara tomó una decisión política y, luego, esa decisión fue revestida con informes de una aparente legalidad. Y se refiere al protocolo firmado en su día con el Real Murcia, sin informe ni expediente alguno, como embrión del proyecto de 'Nueva Condomina', lo que, a su juicio, convierte al todavía alcalde de Murcia en el último reponsable y causa por lo que está imputado en el procedimiento en marcha.
En fuentes de la Oposición se da como muy probable, tras la difusión del parecer de la Fiscalía Anticorrupción, la salida del cargo por parte de Cámara en las próximas semanas en base a la práctica paralización del Ayuntamiento por esta causa judicial y la falta de explicaciones en un pleno sobre los Presupuestos para 2013.
Además, recuerda el fiscal en su informe, que Cámara asumió personalmente dicho convenio en detrimento del entónces concejal de Urbanismo, Ginés Navarro, crítico con algunos de sus aspectos y partidario de sacar a concurso la construcción de un nuevo estadio de fútbol a cambio de un plan urbanístico, lo que ahora convierte al alcalde en el responsable último de una asunción legítima que impide tomar en consideración su argumento de que actuó aquí obligado por unos supuestos informes técnicos municipales, que no constan en el expediente ni aparecen en los autos del juzgado.
Donde Cámara, teórico número dos del PP en la Región de Murcia y presidente de la Federación Murciana de Municipios además, lo tiene crudo es cuando el fiscal lo señala como principal impulsor, garante y último responsable del proyecto, donde le acusa de haber actuado con ceguera jurídica y cometer graves infracciones administrativas a pesar de los reiterados informes contrarios de la Comunidad Autónoma.
El fiscal, Juan Pablo Lozano, habla en su informe de indicios racionales de prevaricación y fraude por la condonación ilegal, y por tanto delictiva, del 10% de aprovechamiento urbanístico, tanto en la redacción como en la tramitación del plan urbanístico. Y de un actuar funcionarial vulnerando los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad en la flexibilización de las normas prohibitivas, caso del coeficiente de edificabilidad vigente. Argumenta el fiscal que legalmente todo se podía haber sustanciado con un expediente de venta de ese aprovechamiento para evitar así el consentido perjuicio a las arcas municipales.
Concluye el fiscal que, primero Cámara tomó una decisión política y, luego, esa decisión fue revestida con informes de una aparente legalidad. Y se refiere al protocolo firmado en su día con el Real Murcia, sin informe ni expediente alguno, como embrión del proyecto de 'Nueva Condomina', lo que, a su juicio, convierte al todavía alcalde de Murcia en el último reponsable y causa por lo que está imputado en el procedimiento en marcha.
En fuentes de la Oposición se da como muy probable, tras la difusión del parecer de la Fiscalía Anticorrupción, la salida del cargo por parte de Cámara en las próximas semanas en base a la práctica paralización del Ayuntamiento por esta causa judicial y la falta de explicaciones en un pleno sobre los Presupuestos para 2013.
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