sábado, 29 de diciembre de 2012

El Gobierno dice que no promocionar a familiares de altos cargos en la Administración puede ser discriminatorio

MADRID.- El Gobierno español justifica la promoción de familiares de altos cargos en la Administración y alega que vetar a personas que cumplan los requisitos para un puesto sólo por tener parentesco con alguien que ocupe un cargo de responsabilidad en el sector público puede ser "discriminatorio".

   Así lo ha explicado el Gobierno a la portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, quien registró una batería de preguntas en la Cámara Baja pidiendo cuentas por sobre el fichaje de diversos familiares de altos cargos del PP para los Ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y de Industria, Energía y Turismo.
   En su respuesta, el Ejecutivo detalla que "la designación de altos cargos se realiza de acuerdo con criterios de idoneidad y de los principios de mérito y capacidad" que rige en la selección de todo el personal que presta servicios en la Administración Pública.
   Además, deja claro que a un candidato que "cumpla todos los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico no le se puede impedir la promoción porque tenga familiares que ocupen puestos de responsabilidad en el sector público", ya que, "podría resultar discriminatorio".
   El Gobierno también recalca a Rosa Díez que en el Registro de Altos Cargos se recogen datos relevantes para el desempeño de las funciones del alto cargo, "siempre con respeto a la normativa sobre protección de datos", pero que ninguno de ellos tiene que ver "con sus relaciones de parentesco".
   Díez preguntaba, en concreto, sobre los criterios profesionales que se siguen para seleccionar a altos cargos en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Y es que, según argumentaba en su escrito, la sobrina del ministro de Economía, Luis de Guidos, Leticia de Guindos Talavera, ha sido fichada por el Ministerio que dirige Miguel Arias Cañete. Según algunos medios, ocupa una agregaduría en la embajada española en Washington.
   También indicaba que a Manuel Pablos López --hermano de la actual secretaria General de la Presidencia del Gobierno, Rosario Pablos López-- se le encargó el pasado mes de mayo ocuparse de la jefatura de sección de seguros agrarios en la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) y ahora ha sido seleccionado como Consejero de Agricultura en la Organización de Naciones Unidas (ONU), un puesto reservado hasta ahora para directores generales con más de veinte años en la Administración Pública.
   Además, Díez apuntaba que un hijo de la consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, Andrés Porras Soriano, fue seleccionado también como cargo de libre designación para asesorar en la Secretaría General de Agricultura y Alimentación.
   El Gobierno le ha respondido que ninguna de estas tres personas "ostenta la condición de titular de órgano superior o órgano directivo.
   En el caso de Manuel Pablos López, el Ejecutivo señala que, tal y como fija el Real Decreto que regula los nombramientos en el Ministerio de Agricultura, se le nombró consejero teniendo en cuenta la opinión del Ministerio de Asuntos Exteriores. Se trata, aduce el Ejecutivo, de un puesto de "libre designación, previa convocatoria  pública".
   También fueron nombrados por el procedimiento de libre designación, reseña el Gobierno, Leticia de Guindos Talavera y Andrés Porras Soriano. Para tener más detalles sobre la regulación que rige para estos nombramientos, remite a UPyD al Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado.
   En su pregunta Díez también aludía al fichaje de un hijo de Esperanza Aguirre, Álvaro Ramírez de Haro y Aguirre, que se ha sumado al equipo del secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz (ex secretario general de FAES), en el que también ha sido reclutada la hija del exministro Zaplana, María Zaplana Barceló. Los dos como cargos de libre designación.
   UPyD también reclamaba al Ejecutivo que se pronunciase sobre si la contratación de personas, como altos cargos, que poseen una relación de parentesco familiar con importantes directivos de un partido político contribuye a dar "una imagen positiva" de la clase política, una pregunta a la que el Gobierno no ha dado respuesta.
   De la misma manera, el Ejecutivo ha 'obviado' otra de las cuestiones que le planteaba Díez sobre la existencia de otras contrataciones de personas con parentesco familiar de algún otro partido como altos cargos o cargos de libre designación en otros departamentos ministeriales o entidad dependiente de éstos.

El tasazo judicial: otro duro golpe a los más desfavorecidos / Carmen Checa Avilés y Miguel Ángel Alzamora Domínguez *

"La ley no está hecha para impedir tal o cual tipo de comportamiento sino para diferenciar la manera de sortearla". Michel Foucault en Saber y verdad.

Ver las calles llenas de policías, la prensa y la televisión llena de arrestos a pequeños comerciantes de droga y de evocaciones sobre terrorismos pasados, la exaltación mediática de los delitos de las clases populares, no es otra cosa que la fotografía de miedo que un gobierno autoritario quiere mostrar a la multitud indignada. Paralelamente, las redes de internautas invaden el espacio social con vídeos, fotos y textos que muestran el ascenso de la violencia de un Estado que prepara con premeditación un escenario de represión con el objetivo de controlar a las masas desquiciadas por la precariedad y la pobreza. 

Pero como con la violencia inmobiliaria y bancaria -del capital- y de su amigo ejecutivo no parece ser suficiente, el gobierno impulsa leyes para que esa violencia no deje grieta para respirar, organizando así un encarnizamiento más hacia la población noqueada, negándole de facto el derecho a la justicia. 

Y cómo no ver en el drama social de la vulneración del derecho fundamental a la vida y del derecho a la vivienda digna que nos muestra cada desahucio, una imagen vergonzosa de quienes gobiernan alternativamente este sumidero de país. 

Intentemos, desde la corrección razonada, un ejercicio de desmontaje de la mentira institucionalizada sobre la cuestión de la sangría de los desahucios desde su dimensión jurídica. Para empezar, es manifiesta la incoherencia del ministerio de Justicia que, por un lado, dice "proteger" a los desahuciados, y por otro lado los acosa con leyes injustas e inmorales.

A ver, si comparamos las dos últimas normas aprobadas, una en vigor desde el 16 de noviembre y la otra desde el 22 de noviembre, veremos que con una simple lectura, contemplan planteamientos totalmente dispares. 

Por un lado, el Real decreto de 27/2012, de 15 de noviembre, de Medidas Urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios. Esta norma pretende "aliviar" la situación de los deudores hipotecarios, dado el drama social que para cada una de las personas y familias que no pueden hacer frente al pago de su crédito hipotecario supone perder su casa y, además, quedar endeudados con el banco para el resto de su vida. Los requisitos para acogerse al Real Decreto de protección para los desahuciados, resumidamente, son: ser familia numerosa, tener hijos menores de 3 años, tener a cargo a dependientes o discapacitados, a los que hay que añadir una serie de requisitos económicos, siempre y cuando se trate de la vivienda única.  Como ya se puede observar en la práctica, es un reglamento menos que insuficiente que ni siquiera ha llegado a maquillar el problema tal y como era su intención.

Por otro lado,  el 'tasazo', esto es, la Ley 10/2012, de las tasas judiciales, que supone un desembolso económico por parte del desahuciado. Veamos. El banco tiene que pagar unas tasas para demandar al deudor, y el desahuciado tiene que pagar unas tasas para 'defenderse' ante esa demanda. Como en estas situaciones siempre  sale triunfante el banco, son al final esos mismos 'desahuciados' los que tendrán que pagar, además, las tasas judiciales abonadas por el banco al demandar, incluidas en la condena en costas.

Pero no queda todo ahí. Las causas de oposición a la ejecución hipotecaria son muy concretas. Así que, si el desahuciado entiende que su contrato contiene cláusulas abusivas la ley le obliga a acudir a un segundo procedimiento, esta vez declarativo, lo que implica unas nuevas tasas. Nadie podrá ejercer su derecho a defender su hogar, pues si carece de medios para pagar la hipoteca por las circunstancias actuales en que se encuentra el país, mucho menos dispondrá de ellos para seguir pleiteando. 

Resumiendo. Los requisitos del Real decreto 27/2012 son totalmente incoherentes con lo que ahora reclama la Ley de Tasas Judiciales, ya que a partir de esta ley tienen que pagar todas las personas jurídicas y físicas, excepto la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas, organismos públicos dependientes de éstas, las Cortes Generales y las asambleas autonómicas, el Ministerio Fiscal y los funcionarios en determinadas situaciones, sí, y también los beneficiarios de justicia gratuita, es decir, los más pobres entre los pobres con hijos menores de 3 años o con personas dependientes (familias que fueron engañadas por los bancos, ya que sin tener empleos estables les permitieron hipotecarse sin explicarles las consecuencias que hoy están sufriendo, como bien sabe la Plataforma de Afectados por la Hipoteca). 

Por tanto nos encontramos con que a la población más empobrecida junto a las clases medias en descenso social que están sufriendo desempleo o empleo precario, se les acumulan sufrimientos en forma de problemas relacionales encarnados en rupturas familiares, problemas de salud mental, con un incremento del gasto de los hogares en forma de impuestos como el IVA, de servicios básicos como el agua potable y la energía eléctrica, de la atención sanitaria, por citar algunos, y una disminución progresiva de los ingresos, a lo que ahora se suma un nuevo golpe en forma de tasa judicial que limita su ya precario deambular por las instituciones jurídicas, políticas, sociales, y cómo no, bancarias.

En esas estamos, grandes tasas para acceder a una administración de Justicia "obsoleta, añosa, desnortada y caótica, incomprensible en su funcionamiento e incapaz de generar confianza ni hacia dentro ni hacia fuera. Algo que sabemos bien los que trabajamos en ella", según palabras de los Jueces Decanos de España reunidos en su encuentro anual en Vitoria en noviembre del año pasado. 

Y es que cada día se hace más cierto en el paisaje social de este país el hecho de que las leyes las hacen unos pocos para unos pocos. Por eso hay que evidenciar claramente la estafa. Hay que dejar claro a la ciudadanía que la imposición de una ley que vulnera los derechos a la tutela judicial efectiva y a la igualdad consagrados como fundamentales en la Constitución, para lo único que sirve, además de para recaudar, es para disuadir a la población vulnerable impidiéndole el acceso a la justicia, con el efecto de quedarse sin posibilidad alguna de defender sus derechos e intereses. Y esto nos lleva también a evocar que aquella a la que llaman 'nuestra Constitución', hace aguas por todos lados, sobre todo cuando su vulneración la realizan sistemáticamente las que llaman 'nuestras instituciones'.

(*) Abogados

Están cometiendo supuesto delito con el agua / Cartas de los Lectores

Están supuestamente delinquiendo ahora, aquí en Murcia, varios ayuntamientos con el servicio municipal del agua y lo están haciendo con publicidad y alevosía.
Debemos denunciarlo públicamente y tenemos que denunciarlo a la Fiscalía, es nuestra obligación como ciudadanos, y también la de algunos profesionales, como es mi caso, en cumplimiento de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 262 que dice que "Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio fiscal, al Tribunal competente, al Juez de instrucción, ..")

Dada la situación de quiebra de algunos ayuntamientos, la "mafia del agua" está repartiéndose el mercado público del agua potable, comprando al parecer la voluntad de sus gobernantes para asegurarse el blindaje del servicio del agua durante varias legislaturas, lo que no solamente es presuntamente ilegal, es un supuesto delito, de prevaricación, de alteración del precio del servicio y posiblemente de cohecho.

Es absolutamente ilegal la prórroga del servicio de agua ya que supone una alteración sustancial de las condiciones de contratación, tal como lo ha informado el Consejo Jurídico Consultivo de la Región de Murcia, en el caso del ayuntamiento de Cartagena.
Es absolutamente ilegal el entregar el precio adelantado de un servicio que no se ha prestado, tal como está informado por la Junta Consultiva de Contratación de España, como se hace con lo que llaman el "canon anticipado", que no es más que presunta compra de voluntades para asegurarse el servicio.
Canon anticipado de varios millones de euros,  que los  gobiernos municipales utilizan para cubrir sus "pufos" y que las empresas concesionarias se lo cobran con intereses a los ciudadanos a través de las tarifas del agua, con blindaje además.

Esto es lo que dice, según una noticia publicada en la prensa local, que va a hacer el ayuntamiento de Alcantarilla, pero lo que llaman "oxígeno" es un delito.

Es lo mismo que ha sucedido recientemente en Santomera y en La Unión, con la consecuencia de una subida inmediata de tarifas del agua del orden del 40%.
Es lo mismo que hizo el ayuntamiento de Cartagena en el año 2003, prorrogando el servicio hasta el 2042. Pero el primer contrato vence, creo, en el 2017 y habrá que denunciar antes la prórroga por lesividad y conseguir la resolución del contrato con Aquagest).

Fernando Urruticoechea