martes, 11 de diciembre de 2012

Miles de personas se manifiestan en Murcia en defensa de la escuela pública

MURCIA.- Cerca de 5.000 personas, según fuentes sindicales, se han manifestado este martes en Murcia, convocados por la Plataforma por la Defensa de la Escuela Pública de la Región de Murcia, contra la reforma educativa del ministro de Educación, José Ignacio Wert, "que pretende equiparar o superar la escuela pública por la privada-concertada".

   Así lo ha explicado el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO Región de Murcia, Pedro Manuel Vicente, quien ha señalado que "no puede basar una reforma con el único objetivo de retirar Educación para la Ciudadanía y potenciar la enseñanza de la religión católica y la escolarización en centros escolares concertados-privados".
   La enseñanza pública, ha agregado Vicente, "se fortalece incrementando los presupuestos y mejorando las posibles deficiencias que tenga la actual legislación". Esta ley, ha lamentado, "nace sin diálogo, sin ningún tipo de negociación, sin memoria económica, con el único fin de equiparar o superar la escuela pública por la privada-concertada".
   Una educación, ha insistido, "que segregará a partir de los 13 ó 14 años, que va a buscar una evaluación externa del alumnado pero también del profesorado, utilizando un lenguaje caduco, de los años 70, como los términos reválida, para elaborar un ranking de centros que después permita comparar la enseñanza pública con la privada".
   Por lo que "no podemos apoyar una reforma educativa que tiene por objeto destruir a la escuela pública, que es destruir la igualdad de oportunidades, para potenciar solamente la escuela o la educación de aquellos que tengan recursos económicos", ha enfatizado.
   Así, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO ha declarado que "la escuela pública favorece la cohesión social y el aprendizaje de aquellos alumnos con más necesidades de apoyo", y, a su juicio, "es esa línea la que tenemos que potenciar y elaborar".
   En esta línea cientos de personas han pedido este martes al ministro de Educación que retire este anteproyecto y convoque a todos los representantes de la comunidad educativa "para abrir un diálogo y mejorar la escuela pública en esos términos de calidad que tanto dice pretender".
   De tal forma que "deje de hacer demagogia, utilizando términos como 'españolizar', y que analice profundamente el contenido de esta ley", ha añadido José Manuel Vicente, pues "no puede ser una contrarreforma ideológico-política".
   La Plataforma por la Defensa de la Escuela Pública de la Región de Murcia está formada por el Comité de Resistencia (CCOO, UGT y Sterm-Intersindical), PSOE, IU, EQUO, estudiantes, la Asociación de Interinos Docentes de Murcia (Aidmur) y la Federación de Padres y Madres de Alumnos de la Región de Murcia.

Fitch cree que las CC.AA. pueden cumplir los objetivos de déficit para 2012

LONDRES.- La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings considera que los datos de déficit de las comunidades autónomas correspondientes al tercer trimestre de 2012 sugieren que pueden alcanzar los objetivos marcados para 2012, según informó la agencia en un comunicado.

   Aun así, Fitch añade que aún no es "seguro" que lo vayan a cumplir y subraya que esto requerirá que las autonomías mantengan sus esfuerzos de consolidación en los tres últimos meses del año, cuando a menudo se concentran los gastos.
   Las comunidades autónomas registraron en el tercer trimestre de 2012 un déficit de 595 millones de euros, lo que sitúa el acumulado hasta septiembre en los 9.790 millones de euros, equivalente al 0,93% del PIB. "Esto es significativamente un inferior al objetivo anual del 1,5%", destaca Fitch.
   Sin embargo, la agencia advierte de que el aumento del 2,3% de los ingresos registrado en el periodo comprendido entre julio y septiembre es "vulnerable" a la contracción de la economía española y el déficit final de los nueve primeros meses del año dependerá de los ajustes contables, que en los últimos ejercicios han sido "grandes".
   Por otro lado, destaca que las autonomías están llevando a cabo "fuertes reducciones" del gasto operativo y de capital, algo positivo pese a que no todas ellas lograrán alcanzar los objetivos de déficit.
   En concreto, señala que los costes de personal se han reducido un 4,4% en comparación con hace un año, lo que sugiere una intensificación de las medidas de austeridad desde el verano de 2011, especialmente en comunidades como Castilla-La Mancha, Valencia, Cataluña y Baleares.
   Por su parte, los gastos de capital se redujeron un 26% en el tercer trimestre, aunque Fitch apunta que si el balance no mejora en los tres últimos meses del año, las autonomías retrasarán aún más los proyectos pendientes para poder así cumplir con los objetivos fiscales marcados.
   La agencia de calificación también incide en que existe una "amplia" diferencia entre regiones, ya que Murcia y Navarra ya han superado el objetivo del 1,5% y Cataluña, Andalucía y Extremadura tendrán difícil alcanzarlo pese a la "impresionante" mejora respecto a 2011.
   A este respecto, agrega que no está claro todavía como reaccionará el Gobierno central ante el incumplimiento de los objetivos, aunque considera que cualquier intervención será "políticamente sensible".
   Por último, explica que los ratings que otorga a las regiones españolas ya tienen en cuenta los "significativos esfuerzos" que están realizando para recortar el gasto, que respaldan sus calificaciones incluso si se desvían ligeramente de los objetivos. Aun así, cree que cumplirlos sería un "paso clave para recuperar la confianza de los inversores en las autonomías".

Los obispos dicen que Religión es un derecho de los padres católicos y no católicos

MADRID.- El portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan Antonio Martínez Camino, ha asegurado que la asignatura de Religión es un derecho de los padres católicos y no católicos, que está recogido en la Constitución Española, y ha añadido que esperan que la nueva reforma de la Ley de Educación, a diferencia de la legislación vigente, facilite plenamente el ejercicio de este derecho.

   "La clase de Religión es un derecho de los padres católicos y no católicos, que tienen derecho a que sus hijos puedan ser educados de acuerdo con sus convicciones morales, religiosas y pedagógicas. Está incluso recogido en la Constitución este derecho fundamental y un estado democrático tiene que facilitar el ejercicio efectivo de este derecho. Y nosotros esperamos que lo que hasta ahora no estaba plenamente facilitado en la legislación vigente, que en las nuevas leyes educativas sea realmente facilitado", ha remarcado.
   De esta forma, según ha añadido, "el 70 por ciento de alumnos cuyos padres piden cada año la educación en religión católica y moral" podrán ejercer su derecho "sin dificultades, sin inconvenientes y sin discriminación".
 "Suponemos que esto va a favor de la educación de los jóvenes y suponemos que nadie tiene un inconveniente de fondo, sino que se trata de cómo se articula esto en los planes educativos", ha añadido.
   Además, ha subrayado que la clase de Religión es una asignatura "de libre opción" que "no impone nada a nadie" y que, según los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español, la asignatura de Religión "debe darse de tal modo que su estatuto sea equiparable al de las asignaturas fundamentales".
   "¿Cómo se articula eso? Hay diversas formas de articularlo, pero esto es el compromiso del Estado para que sea una asignatura que quienes la solicitan libremente --esto hay que repetirlo muchas veces, no se impone nada a nadie, es una asignatura de libre opción--, puedan tener la garantía de que es una asignatura seriamente impartida, cuyo curso no perjudique a nadie, ni a los que la eligen ni a los que no la eligen", ha precisado.
   Martínez Camino ha asegurado que esto es lo que "siempre se ha tratado de buscar" y ha indicado que los obispos esperan que la fórmula que finalmente se encuentre, "responda a estas características de las cuales nadie tiene nada que temer".
 En cualquier caso, ha advertido de que "todavía es un anteproyecto de ley" y "no hay nada todavía determinado por el Parlamento".

No se puede probar que Patricio Hernández haya sido 'purgado' en su provisional cargo de confianza en el Ayuntamiento de Cartagena

CARTAGENA.- Que gran parte de las acciones de formación y ocupación subvencionadas en el área de Juventud» del Ayuntamiento han sido «eliminadas» o «aminoradas en su cuantía», y eso ha supuesto un «cambio» en carga de trabajo y la necesidad de «una mejor organización de los servicios y los recursos humanos». 

Éstas son las razones que ha aducido el Gobierno municipal para destituir al desde hace casi diez años coordinador de Programas de Juventud del Ayuntamiento, Patricio Hernández, según 'La Verdad'.
La concejal de Juventud, Ruth Collado, aseguró a éste diario regional que no hay motivos políticos vinculados con el hecho de que Hernández, exconcejal del PSRM e Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Murcia, es una de las voces más críticas con el Partido Popular desde su cargo de presidente del Foro Ciudadano de la Región de Murcia y portavoz de la Comisión Pro Referéndum sobre los recortes.

A pesar de que el decreto cita motivos económicos, Collado afirmó que el relevo «no tiene relación» con la rebaja del presupuesto municipal» para su departamento ni con el sueldo de Hernández, y que «el ahorro» en la retribución de éste «es mínimo». 
El Ayuntamiento no cubrirá, por ahora, su puesto.

La edil aseguró que la destitución de este «cargo de confianza» tiene que ver con la necesidad de «una reestructuración de personal de la Concejalía por la supresión de servicios como el de Vivienda» y la cesión de uso del Centro Juvenil de Canteras.

Respecto a un posible castigo político, lo negó y afirmó que Hernández defiende desde hace años posturas críticas con el PP y no ha sido apartado del puesto, que ocupaba de forma «provisional» por medio de una comisión de servicios. 
Es más, recordó que fue el PP quien le asignó esta tarea en 2003, tras un primer relevo en el cargo.

El propio Patricio Hernández ha optado por no hacer declaraciones al respecto ya que no puede probar supuestas intenciones políticas ocultas para alimentar esta decisión aunque desde fuera del Ayuntamiento haya quienes puedan conjeturar que existen y sean la clave de la retirada de confianza por el equipo de gobierno del PP, precisamente ahora y después de tanto tiempo en el cargo pese a su actividad sociopolítica conocida en sus ratos libres. 

Sin embargo, sí se ha pronunciado en las redes sociales al dar las gracias a algunos de ellos por las muestras de solidaridad de sus amigos.

"Como no sirve mucho lamentarnos de nuestras torpezas e insuficiencias, habrá que seguir intentando fracasar mejor hasta que logremos algunos de nuestros empeños. No me van a deprimir, así que haré lo que más les jode: seguir agitando y opinando contra ellos y sus disparates y crueldades sin cuento (...).

Estoy ya curtido en estas cosas (a mi me ha perseguido casi todo el mundo en algún momento, luego será cosa mía) aunque he de confesar que no son agradables y te hacen daño, pero seguiré como siempre adelante, con el apoyo y el aliento de muchísima gente que me está reconfortado mucho estos días. De todas formas hay mucho movimiento para hacerle la cosa difícil al PP y que se deje algún pelo en la gatera". 

UPyD pregunta al Ayuntamiento de Murcia si se ha planteado la opción de rescindir el contrato del tranvía


MURCIA.- El portavoz de Unión Progreso y Democracia en el Ayuntamiento de Murcia, Rubén Juan Serna, ha registrado una pregunta en la Secretaría del Pleno, con objeto de saber si el equipo de Gobierno se ha planteado rescindir unilateralmente el contrato con la empresa concesionaria del servicio de tranvía.

   La formación magenta también ha preguntado por el coste estimado que tendría esta decisión, y si existen informes municipales relacionados con esta posibilidad. "La situación es complicada" ha explicado Serna, "en el futuro, o se amplia el trazado del tranvía con objeto de llegar a más barrios, o se debe plantear cerrarlo y punto. Así, tal y como está, es insostenible".
   Para UPyD no es "admisible" que unos pocos kilómetros de tranvía supongan más gasto para el Ayuntamiento que todas las líneas de autobús juntas.
   El portavoz de UPyD Murcia considera que "es necesario tener todas las posibilidades encima de la mesa, desde continuar como hasta ahora, hasta ampliar a nuevas líneas, pasando por negociaciones dirigidas a abaratar el servicio, o incluso una supuesta rescisión del contrato". Por todo ello han dirigido estas preguntas al concejal Javier Iniesta.  
   Serna ha pedido, así mismo, no simplificar el debate sobre el transporte en el municipio a un mero "tranvía sí o tranvía no", ya que eso sólo va en detrimento de los intereses de los vecinos del municipio.
   Como indica el edil, UPyD Murcia ha considerado "prioritaria" desde su entrada en el Consistorio la conexión desde la Plaza Circular a la estación de El Carmen por Gran Vía para alcanzar así el Hospital Virgen de la Arrixaca y el Polígono Industrial de San Ginés, "pero siempre condicionando la viabilidad y desarrollo de nuevas líneas a la situación económica".
   El problema, ha indicado Serna, "es que el trazado debería haber conectado primero tanto el Hospital como el Polígono con los grandes núcleos de población". Éste, ha continuado el concejal, "debería haber sido el objetivo previo antes de llevar el tranvía hasta los centros comerciales, universidades privadas y áreas desiertas".
   "Ahora es la situación económica de crisis, con recortes en prestaciones y servicios básicos, la que condiciona la viabilidad de estas nuevas líneas", ha agregado en comunicado.
   "Nosotros siempre hemos remarcado que el tranvía es un medio eficaz, seguro y limpio pero que es muy caro", por lo tanto "y en estos momentos de crisis, pedimos mucho rigor, mucha responsabilidad y hacer las cosas con mucha cabeza y no de manera precipitada", ha indicado Rubén Juan Serna.
   Para UPyD Murcia las previsiones del tranvía y del número de viajeros no se están cumpliendo y por lo tanto considera que debe imperar la cautela a la hora de alargar el trazado o de proyectar nuevas líneas. "No se trata de tranvía sí o de tranvía no de una manera tan simple, sino que hay que reflexionar y desde luego no tomar las cosas a la ligera. Por eso mismo queremos tener información, con todas las opciones sobre la mesa para poder valorarlas".
   "Nosotros defendemos un transporte publico de calidad, eficaz, gestionado a través de una única empresa municipal" que coordine tanto líneas urbanas como interurbanas de autobús y que incluya el tranvía "para hacer más fácil la creación del billete único, por ejemplo" algo que UPyD Murcia demanda desde hace tiempo.

Canadá busca 320.000 obreros de la construcción para los próximos ocho años

TORONTO.- Canadá anunció ayer que, a partir de enero próximo, abrirá las puertas a 3.000 trabajadores extranjeros cualificados como electricistas o soldadores ante la incapacidad del país para generar los más de 320.000 trabajadores de la construcción que necesitará en los próximos ocho años. 

El ministro de Ciudadanía e Inmigración de Canadá, Jason Kenney, informó de que el programa, que entrará en vigor el 2 de enero de 2013, aceptará el primer año un máximo de 3.000 personas pero que esa cifra es sólo un modesto inicio de la entrada de trabajadores que se aprobará en los próximos años.
"Para evitar la acumulación de peticiones, en el año inicial sólo se aceptarán 3.000 solicitudes pero repito que ese número crecerá", dijo Kenney en una rueda de prensa celebrada en una empresa en las cercanías de Toronto. "Será un año de prueba y espero elevar las cifras", añadió el ministro canadiense.
El anuncio fue aplaudido por organizaciones empresariales que desde hace años solicitan a las autoridades canadienses cambios en el sistema migratorio, que prima la llegada de inmigrantes con títulos universitarios, para agilizar la entrada de trabajadores en oficios de alta demanda. Michael Atkinson, presidente de la Asociación Canadiense de la Construción, dijo que "el nuevo programa asegura que se da una mayor consideración a las necesidades de las empresas cuando se procesan las solicitudes de emigración".
Atkinson dijo que para 2020 Canadá necesitará 320.000 trabajadores más en el sector de la construcción, y que el país sólo será capaz de generar como mucho la mitad de esa cifra. "Solo la mitad procederá de fuentes nacionales. No es que la inmigración sea la respuesta total a nuestros futuros problemas laborales, pero es una parte importante", explicó Atkison. Gran parte de esta demanda de trabajadores cualificados es fruto del fuerte crecimiento de los sectores de la construcción y energía que el país norteamericano ha experimentado en los últimos años.
Solo la provincia de Alberta, donde están los yacimientos de arenas bituminosas que han convertido a Canadá en una potencia mundial en la producción de petróleo y que se consideran contienen las terceras mayores reservas de crudo del mundo, necesitará en los próximos años 115.000 trabajadores para la construcción. Kenney declaró que "el nuevo programa de Oficios ayudará a responder a la grave escasez (de mano de obra) en algunas regiones del país y apoyar el crecimiento económico".
"Durante demasiado tiempo, el sistema de inmigración de Canadá no ha estado abierto a estos trabajadores en oficios de alta demanda. Estos cambios se tenían que haber producido hace mucho tiempo y nos ayudarán a ir hacia un sistema de inmigración rápido y flexible que funciona para la economía de Canadá", explicó el ministro.
Los cambios favorecerán a aquellos trabajadores extranjeros que tengan una oferta de empleo en Canadá, unos conocimientos mínimos de inglés o francés, una experiencia de al menos dos años en el oficio y que ésta se ajuste a lo demandado por el Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones. Aunque la lista de profesiones que Canadá solicitará todavía no ha sido anunciada, Kenney afirmó que las peticiones elegibles incluirán electricistas, soldadores y mecánicos de equipamiento pesado. Kenney reiteró que Canadá ha rebajado el nivel necesario de conocimiento del inglés o francés, los dos idiomas oficiales, para facilitar la llegada de trabajadores de otras naciones.
"Recalco que será un nivel básico de idiomas porque muchos trabajadores extranjeros no tienen educación secundaria, no han tenido la oportunidad de perfeccionar el nivel de su inglés o francés por lo que normalmente no estarían preparados para el programa de trabajadores cualificados", dijo. Por eso, añadió, se ha rebajado al nivel básico de idiomas, "lo suficiente para que puedan trabajar de forma segura en Canadá".

La ley obliga a Carlos Egea a optar entre presidir BMN o Caja Murcia pero no ambas

MADRID.- El anteproyecto de ley de reforma de las cajas de ahorro plantea su conversión en fundaciones bancarias y los patronos de estas fundaciones no podrán ocupar cargos equivalentes en las entidades de crédito. Es decir, que quien sea hoy consejero de una caja (patrono con la nueva ley), no podrá serlo también del grupo bancario al que han traspasado la actividad financiera. 

En la práctica, la incompatibilidad afecta a la mitad de los miembros de los consejos de los seis bancos controlados por cajas que siguen siendo viables por sí mismas (no nacionalizadas), al menos 41 de 86 consejeros, según adelanta 'El País'.
A Bruselas no le gusta que las antiguas cajas puedan tener posiciones de control en los bancos y el Ejecutivo español ha diseñado una fórmula para mantener el modelo: obligar a que esas antiguas cajas de se conviertan en fundaciones. Pero, como contrapeso, las atará en corto y limitará el número de representantes nombrados por las Administraciones en las fundaciones a un máximo del 25% del total, frente al 40% actual.
La norma también quiere levantar un muro entre los consejos o patronatos de estas fundaciones y los de los grupos bancarios. La condición de patrono de las fundaciones bancarias “será incompatible con el desempeño de cargos equivalentes en la entidad bancaria de la cual la fundación sea accionista, o en otras entidades controladas por el grupo bancario”, reza el texto legal.
 Eso, hoy por hoy, afectaría de lleno a los órganos de los bancos Caixabank (La Caixa), Liberbank (Cajastur), Kutxabank (Kutxa, Vital y BBK), Banco Mare Nostrum (nacido de la fusión de Cajamurcia, Caixa Penedès, Caja Granada y Sa Nostra), Ibercaja Banco (Ibercaja) y Unicaja Banco (Unicaja). Los afectados tendrían que elegir entre ser patronos de la fundación (un cargo sin remunerar) o consejeros de los bancos.
En BMN, hay incompatibilidad para, al menos, cinco de 14 miembros, incluido el presidente, Carlos Egea (Caja Murcia).
La condición de patrono también será incompatible “con todo cargo político electo y con cualquier cargo ejecutivo en partido político, asociación empresarial o sindicato”, según la norma.

Cargos incompatibles en BMN

Carlos Egea (presidente de Caja Murcia), Antonio Jara (presidente de Caja Granada), Fernando Alzamora (presidente de Sa Nostra), Luis González Ruiz (vicepresidente de Caja Granada) y José Manuel Jódar Martínez (vicepresidente de Caja Murcia).