martes, 27 de noviembre de 2012

El FROB adjudica Banco de Valencia a CaixaBank por un euro

MADRID.- El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) adjudicará Banco de Valencia a CaixaBank por un euro, tras un desembolso por parte del organismo dependiente del Banco de España de 4.500 millones de euros en un aumento de capital, informó la entidad y el FROB. Además, previamente, los accionistas actuales habrán soportado las pérdidas a que haya lugar por, entre otras, los saneamientos al riesgo inmobiliario exigidos en la normativa.

   Tras la compraventa, se estima que CaixaBank pasará a tener una participación próxima al 99% de Banco de Valencia y, en cualquier caso, no inferior al 90%, incluso en el supuesto de que hubiese un elevado grado de participación de los accionistas minoritarios en el aumento de capital.
   La operación cuenta con un protocolo de medidas de apoyo financiero que se instrumenta en un esquema de protección de activos mediante el cual el FROB asumirá, durante un plazo de 10 años, el 72,5% de las pérdidas que experimenten la cartera de PYMES/autónomos y de riesgos contigentes (avales) de Banco de Valencia, una vez aplicadas las provisiones ya existentes en dichos activos.
   La compraventa se ejecutaría con posterioridad a la transmisión de activos de Banco de Valencia al 'banco malo' (Sareb) y al ejercicio de acciones de gestión de instrumentos híbridos y deuda subordinada emitidos por la entidad valenciana.
   CaixaBank indicó que tras la ejecución de la adquisición, que está sujeta a la obtención de las correspondientes autorizaciones y aprobaciones administrativas nacionales y de la Unión Europea, el ratio pro-forma a 30 de septiembre de 2012 de core capital Basilea II se situaría por encima del 11%, manteniéndose asimismo una situación de liquidez superior a los 50.000 millones de euros.
   Se espera que la adquisición tenga un impacto positivo en el beneficio por acción de CaixaBank desde el primer año. Además, la entidad prevé unos ahorros de costes anuales estimados de 85 millones para 2014 y unos costes de reestructuración brutos de 233 millones de euros, informó en una presentación a la CNMV.
   El organismo dependiente del Banco de España había dado prioridad a la venta de Banco de Valencia ante su menor tamaño. Banco de Valencia cuenta con unos activos totales de alrededor 20.700 millones de euros a septiembre, y además tiene 356 oficinas.
Con la compra de la entidad nacionalizada, Caixabank sumaría un total de unos 365.000 millones de activos y 6.987 oficinas, datos que incluyen también a Banca Cívica.
   En el mercado continuo, los títulos de Banco de Valencia se dispararon un 12,5% y fijaron el precio de su cotización en 0,180 euros por acción, ante los rumores que apuntaban a la inminencia de la operación que al final se ha confirmado al cierre de sesión.
   La entidad valenciana registró unas pérdidas de 389,4 millones de euros en los nueve primeros meses del año, con lo que redujo en un 55,5% los 'números rojos' de 876,44 millones de euros que presentó en el mismo periodo del ejercicio anterior.
   Además, la dirección de Banco de Valencia y los sindicatos alcanzaron el pasado 12 de noviembre un acuerdo sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la entidad, que afectará finalmente a 360 trabajadores, de los que 228 serán prejubilaciones y el resto extinciones de contrato.
   El FROB reanudó la subasta de la exfilial de Bancaja, junto a la de Catalunya Banc, el pasado 16 de noviembre, después de haberse suspendido ante la auditoría que se realizó sobre la banca española, en el marco de la ayuda de la UE de hasta 100.000 millones para sanear las entidades con problemas.
   Las pruebas de resistencia elaboradas por la consultora Oliver Wyman detectaron unas necesidades de capital en Banco de Valencia de hasta 3.462 millones de euros en un escenario económico adverso.
   En noviembre de 2011 el Banco de España decidió intervenir Banco de Valencia ante su delicada situación financiera y su posición de liquidez. De hecho, el supervisor destinó un total de 3.000 millones de dinero público, repartido entre 1.000 millones para fortalecer su capital y otros 2.000 millones facilitados a través de una línea de crédito para asegurar su liquidez.

Acuerdo entre PP y UPyD para desalojar a los acusados por corrupción de cargos públicos

MADRID.- El PP y UPyD han pactado este martes una enmienda transaccional en el Congreso comprometiéndose a acometer las reformas legales necesarias que permitan desalojar a los acusados por corrupción tanto de los cargos públicos que ostenten como de las listas electorales.

   Se trata de una reivindicación que la portavoz de UPyD, Rosa Díez, planteó al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, el pasado 31 de octubre, en un debate en el que ambos intercambiaron impresiones sobre la conveniencia de tomar medidas contra los imputados por corrupción.
   Díez defendió entonces sacar de las listas electorales y de los cargos públicos a los imputados, pero el ministro replicó que esa figura sólo busca dar garantías a la persona citada a declarar y sobre la que aún no pesa ningún indicio de criminalidad. No obstante, Ruiz Gallardón sí se comprometió a estudiar la posibilidad de excluir a aquellos encausados a los que se va a abrir juicio oral.
   La formación magenta recogió el guante y en su moción pedía actuar contra los "acusados formalmente", de tal manera que se acometan las reformas legales necesarias para incluir la acusación formal por un delito de corrupción como causa de inelegibilidad e incompatibilidad.
   El PP prefirió proponer a UPyD un texto alternativo remitiendo este asunto a la comisión técnica la que el Gobierno ha encargado de preparar la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal.
   Al final, los dos partidos han alcanzado un texto de consenso instando al Gobierno "a estudiar y analizar las reformas legales necesarias que posibiliten que los acusados por un delito relacionado con la corrupción no puedan integrar candidaturas electorales ni, en su caso, seguir ostentando cargos público". El acuerdo se votará este jueves en el Pleno del Congreso.
   Es el segundo pacto que suscriben Justicia y UPyD desde aquel debate entre Ruiz Gallardón y Rosa Díez. Ya acordaron que los partidos políticos y los sindicatos tuvieran responsabilidad penal, una idea que el PP asumió en la Comisión de Justicia del Congreso aceptando una enmienda presentada por UPyD a la la reforma del Código Penal en materia de fraude fiscal y a la Seguridad Social.

El Supremo absuelve a 'Interviú' por sus reportajes sobre corruptelas en la CHS

MADRID.- La Sala Primera del Tribunal Supremo ha resuelto confirmar la decisión de segunda instancia que absolvió a Ediciones Zeta, S.A., empresa editora de la revista 'Interviú', de la demanda de protección del derecho al honor interpuesta por el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) desde 2000 a 2004, Juan Cánovas Cuenca. 

La demanda se interpuso por la publicación de varios reportajes en 'Interviú' que informaron y expusieron una opinión "crítica" sobre la gestión del agua llevada a cabo por el demandante.
Cánovas entendió que tales reportajes, al asociarle a "tramas de corrupción administrativa" que se desarrollaban en la sede del organismo gestor del agua en la cuenca hidrográfica de mayor déficit hídrico de España, provocaron que se le presentara ante la opinión pública nacional e internacional como "un ladrón de agua, prevaricador y desleal con su ministro, a pesar de que el tiempo transcurrido había demostrado que tales imputaciones carecían de fundamento".
La Audiencia revocó la condena de primera instancia y absolvió al medio de comunicación, entendiendo que en su labor no había rebasado los límites constitucionalmente protegidos de las libertades de expresión e información. Ahora, la Sala Primera del Tribunal Supremo confirma este pronunciamiento absolutorio.
La sentencia, de la que es ponente el presidente de dicha Sala, el magistrado Juan Antonio Xiol Ríos, descarta en primer lugar las infracciones procesales que se denunciaban al considerar "lógicas" y, por tanto, "no revisables", las conclusiones probatorias alcanzadas por la Audiencia.
También estima "inexistente" la indefensión alegada, pues se actuó "con arreglo a la ley al suspender la admisión del recurso de apelación en tanto no se subsanase la falta de constitución del depósito".
En relación con la cuestión de fondo, tras reiterar la doctrina recaída en supuestos de conflictos entre el derecho fundamental al honor y las libertades de expresión e información, que se resume en la primacía de estos, la cual solo cabe revertir a favor de aquella cuando lo justifiquen las circunstancias del caso en atención al peso relativo de tales derechos, la sentencia concluye que "en este caso no se dan estas circunstancias y, por tanto, que debe entenderse que el semanario no se excedió en el ejercicio de sus derechos".
A esta conclusión llega valorando el gran interés público de la información publicada, en primer lugar por la materia, es decir, la gestión y distribución de un recurso natural indispensable como el agua y la existencia de diligencias informativas por presuntas irregularidades en la gestión, control y distribución encomendadas a uno organismo público.
Asimismo, valora su interés público por la persona, el entonces presidente de un organismo autónomo de la Administración General del Estado, adscrito al Ministerio de Agricultura.
La Sala también valora "el carácter veraz de dicha información, en tanto que el derecho a la presunción de inocencia no se traduce en la imposibilidad de informar sobre procedimientos penales no sentenciados, ni la protección de la libertad de información viene condicionada por su resultado si antes se obró de forma diligente en la búsqueda de dicha información, además de que la mayor parte de los artículos publicados entran dentro de la exención del reportaje neutral".
Finalmente, valora "la ausencia de expresiones injuriosas o vejatorias y, por tanto, innecesarias o desproporcionadas para el fin de comunicación la referida información".

Fomento aumenta las ayudas a las autopistas en riesgo de quiebra

MADRID.- El Ministerio de Fomento aumentará las líneas de ayudas que tiene articuladas para las autopistas de peaje que actualmente afrontan un riesgo de quiebra, gracias una enmienda que el grupo del PP en el Senado ha presentado a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013, según anunció la titular del Departamento, Ana Pastor.

   Se trata de la denominada cuenta de compensación por la que el Gobierno intenta paliar la reducción de ingresos que estas vías registran por la caída de tráficos derivada de la crisis y, en algunos casos, también de la existencia de vías alternativas gratuitas.
   En virtud de dicha enmienda, a partir de 2013, Fomento eleva el importe máximo que estas autopistas pueden recibir para compensar la caída de ingresos.
   Según lo establecido, las cuentas de compensación permiten que cada una de las vías en riesgo de quiebra comunique a Fomento, cada año y hasta 2018, la diferencia que contabilizan entre sus ingresos reales y el 80% de los inicialmente estimados para el ejercicio en cuestión.
   Hasta ahora, la cantidad a recibir por la vía no podía superar el 49% del importe que resulta de sumar los ingresos reales de peajes y la cantidad a anotar en su cuenta de compensación. Ahora, la reforma que introduce la enmienda eleva este porcentaje límite hasta el 80%.
   Para cubrir la diferencia entre ambos porcentajes, las vías podrán solicitar fondos de la línea de préstamos participativos, la otra medida que Fomento tiene en marcha para ayudar a este sector.
   Esta otra línea de ayudas se destina fundamentalmente a amortiguar el otro gran problema de las autopistas, los sobrecostes que sus concesionarias afrontaron en la expropiación de los terrenos sobre los que las construyeron las vías. Fomento cuenta con una dotación de 200 millones de euros para otorgar estos préstamos en los Presupuestos del próximo ejercicio.
   Durante su intervención en el Foro 'Cinco Días', la ministra de Fomento manifestó su confianza en que esta nueva ampliación de las ayudas sirva para paliar la situación que atraviesan las autopistas, "hasta que los tráficos se recuperen y se vuelva a la normalidad".
   De la decena de autopistas de peaje que actulamente sufren desequilibrios económicos y financieros, cinco de ellas se han declarado ya en concurso de acreedores.
   El conjunto de vías con problemas han supuesto una inversión de 5.601 millones de euros a las sociedades concesionarias que se adjudicaron su construcción y posterior gestión, en su mayoría participadas por constructoras y entidades financieras, y actualmente soportan una deuda de más de 3.000 millones de euros.

El SUP promueve una plataforma policial anticorrupción

MADRID.- El Sindicato Unificado de Policía (SUP), el mayoritario en la Policía Nacional, promueve la creación de una plataforma policial para denunciar la corrupción y velar por el cumplimiento de la ley. 

En declaraciones a Gaceta.es, el portavoz del sindicato, José María Benito, ha explicado que la plataforma nace con la intención de que los casos de corrupción no queden impunes. "Todo se tapa cuando el imputado en un caso de corrupción es un político o un poderoso", asegura. El portavoz del SUP recuerda que dos comisarios fueron cesados tras investigar las presuntas irregularidades relacionadas con un ático en Marbella del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Otro de los recientes casos de corrupción que ha motivado la creación de una plataforma es el caso Palau en Barcelona. La intención del sindicato policial es denunciar estos casos así como las frecuentes prescripciones de delito y los casos sobreseídos.
 Según el SUP, se actuará "contra políticos, mandos policiales, jueces, fiscales y cualquier otra persona que no sea escrupulosa en la aplicación de la legalidad y persecución de los delitos que se puedan imputar". 
Asimismo, el presidente del sindicato, José Manuel Sánchez Fornet, ha explicado que la creación de la plataforma "se hace desde el convencimiento de que la corrupción es una grave lacra". Por todo ello, el SUP cree que hay una sensación generalizada en la policía de ser un juguete en manos de los políticos. 
Esta mañana el sindicato ha difundido una nota en la que explica que "están jugando con la Policía como si fueran empleados de su cortijo".

España pedirá mañana a la Unión Europea más controles en importaciones de tomate marroquí

BRUSELAS.- España pedirá mañana a la Comisión Europea que aumente los controles aduaneros para evitar que las importaciones de tomate procedentes de Marruecos queden exentas del pago de aranceles, según indicaron hoy fuentes diplomáticas.

El asunto se tratará, a petición de la delegación española, en el apartado de puntos "varios" de un Consejo de ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea.
El ministro español del ramo, Miguel Arias Cañete, trasladará a Bruselas y a los países de la UE la gran "preocupación" de España por la caída de los precios, que hace que el sector esté "atravesando actualmente una situación muy difícil motivada por el bajo nivel de las cotizaciones que se registran en el mercado comunitario".
Los precios percibidos por los productores "son muy bajos, poniendo en peligro el resultado económico de las explotaciones", según el texto que presentará España en el Consejo.
Si a eso se suman los gastos de transporte, seguro, flete y comisiones, "el precio que puede pagarse al productor, tanto comunitario como marroquí, será tan bajo que difícilmente podrán mantener la actividad", consta en el documento.
Por ello, España considera necesario "que se haga un análisis por parte de la Comisión de las razones que están motivando la situación de este mercado y las repercusiones que ese nivel de cotizaciones tiene en los precios percibidos por los productores, tanto comunitarios como marroquíes".
Asimismo, reclama que se lleve a cabo "un seguimiento de los derechos que se están liquidando en las aduanas cuando los precios se sitúan por debajo del precio de entrada acordado con Marruecos".
El texto que presentará Madrid indica que la campaña "comenzó con precios buenos" por la escasez de oferta motivada por el retraso de las producciones en Marruecos y España.
Sin embargo, desde finales de octubre el valor a tanto alzado del tomate importado de Marruecos ha experimentado "un descenso continuado hasta alcanzar un mínimo de 36 euros por 100 kilos el pasado 6 de noviembre, frente al precio de entrada acordado con Marruecos de 46,1 euros por cada cien kilos".
Durante todo el mes de noviembre el precio ha estado por debajo del acordado con Marruecos, "en niveles que darían lugar a una percepción de derechos arancelarios que variarían entre 0,9 y 29,8 euros por cada 100 kilos", añade el documento.
Aparte de ese tema, en el Consejo del miércoles los ministros debatirán las propuestas incluidas en la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) para los pagos directos, las ayudas de desarrollo rural y la Organización de Mercado Única.
En un almuerzo de trabajo, analizarán las repercusiones que puede tener para la reforma de la PAC el hecho de que todavía no exista un acuerdo sobre el próximo marco presupuestario 2014-2020.
Por otra parte, el Consejo de ministros de Pesca tratará el jueves una petición dirigida por la delegación holandesa a la Comisión Europea para que precise de qué manera va a garantizar un mejor aprovechamiento del acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Mauritania.
La aplicación provisional del acuerdo fue acordada la semana pasada en una reunión del Comité de Representantes Permanentes de la UE (Coreper), formado por embajadores de los 27 países comunitarios.
España, Portugal, Lituania, Letonia y Grecia votaron en contra, ya que eran partidarios de la reapertura del acuerdo para que introdujera condiciones técnicas más favorables para la flota, según indicaron fuentes diplomáticas.
El jueves se llegará además a un acuerdo sobre las posibilidades de pesca de las especies de aguas profundas para 2013 y 2014.
La Comisión propone reducciones cercanas al 20 % (para cada uno de esos años) en algunas capturas de especies que interesan a España, en particular el granadero de roca, el besugo, la brótola y los alfonsinos.
A España le gustaría mantener el status quo para todas ellas, según las fuentes.
Por ello, junto con Francia, Portugal y Polonia, España abogará por que las reducciones "sean menores", añadieron.

Castilla-La Mancha y Murcia se sitúan a la cola en transparencia

MADRID.- Las 17 comunidades autónomas han aprobado en el Índice de Transparencia elaborado por la organización Transparencia Internacional España, con una valoración media de 79,9 sobre 100, más de ocho puntos más que en el índice elaborado en 2010. País Vasco y La Rioja son las regiones más transparentes, según este estudio, mientras que Castilla-La Mancha y Murcia se sitúan en los últimos puestos. 

Para elaborar este índice, Transparencia Internacional España, que ha dejado claro que este no es un índice de corrupción, ha utilizado 80 indicadores que van desde información de la propia región, relaciones con los ciudadanos, transparencia económico-financiera, contrataciones de servicios, obras y suministros, urbanismo o los indicadores incluidos en el borrador de la futura Ley de Transparencia.
Según estas pautas y la información que han facilitado las comunidades autónomas a la organización, el estudio determina que País Vasco y La Rioja son las regiones españolas más transparentes, con una nota de 97,5 puntos sobre 100 cada una, seguidas de Cantabria (95), Andalucía (92,5), Navarra (91,3), Castilla y León y Galicia (ambas con 90).
Con una nota de notable aparecen Extremadura (87,5), Baleares (83,8), Cataluña (78,8), Aragón (75) y Madrid (72,5), mientras que Asturias (66,3), Canarias (63,8), Valencia (63,8), Castilla-La Mancha (58,8) y Murcia (55) se quedan en el aprobado.
Según el índice, existen "diferencias significativas" entre unas comunidades y otras en cuanto a la "preparación informativa" de cara a la futura Ley de Transparencia, que aún está en fase de tramitación parlamentaria, dado que algunas regiones publican todos los indicadores contemplados en ella como obligatorios (Cantabria), muchos de ellos (Andalucía, País Vasco y La Rioja), mientras que otras muestran puntuaciones inferiores, como Castilla-La Mancha y Murcia, que en este caso no llegan al aprobado.
En todo caso, el área de menor puntuación global sigue siendo, al igual que ocurría con el índice de 2010, la económica-financiera (69,7 de media), mientras que las áreas de transparencia más destacadas son la ordenación del territorio, urbanismo y obras públicas así como la de relaciones con los ciudadanos, ambas con casi un sobresaliente de media (89).
El catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro del Consejo de Dirección de Transparencia Internacional España Manuel Villoria ha valorado, durante la presentación en Madrid del estudio, los resultados de este año, asegurando que las comunidades autónomas "comienzan a tomarse en serio" este asunto.
No obstante, ha advertido de que, en lo que se refiere a la "rendición de cuentas", las administraciones públicas españolas están "muy por debajo" de otras como las alemanas, y ha afirmado que la transparencia es, entre otras cosas, un aspecto "clave" para salir de la crisis porque es la imagen de España la que está en juego.
Por eso, el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, ha subrayado que la crisis y los recortes no pueden "servir de coartada" para que haya menos transparencia en las administraciones, ya que considera que "la información es muy valiosa pero también muy barata".
En estos mismos términos se ha pronunciado el director general de la Fundación Ortega-Marañón, Jesús Sánchez Lambás, quien ha añadido que los recortes en transparencia conllevarían un "ahorro pernicioso" porque las administraciones españolas no tendrían "fiabilidad" de cara al exterior a la hora de conseguir "ayudas externas" para hacer frente a la crisis.

El duro informe del Ministerio de Economía sobre el despilfarro en el CSIC (Cebas)

MADRID.- La Inspección General del Ministerio de Economía y Competitividad ha realizado un duro informe sobre la gestión de los socialistas en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en el que alerta del desvío de fondos destinados a investigación para ampliar el aparato burocrático, entre otras deficiencias. Para corregir este rumbo, el CSIC ultima un duro plan de ajuste y viabilidad.

A continuación se reproduce el texto íntegro de las conclusiones y recomendaciones:

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como resumen de la Visita realizada se formulan las siguientes conclusiones con referencia a los aspectos que a continuación se exponen:

1ª.- Organización

La transformación del Organismo Autónomo CSIC en Agencia Estatal en el año 2007, no ha surtido los efectos de eficiencia y eficacia que se predicaban en la Ley de creación, puesto que se ha producido un excesivo aumento de la estructura burocrática del organismo, sobre todo en los puestos directivos, así como un trasvase de personal investigador a Administración y Servicios, sin correlación demostrable de la mejora de sus resultados.
Por ello parece aconsejable al menos reducir dicha estructura, de modo que se reduzcan los costes de funcionamiento, si no se desea retornar a la cualidad jurídica de Organismo Autónomo. En definitiva se trata de reducir su dependencia excesiva de las subvenciones estatales, potenciando la investigación.

2ª.- Personal

El personal funcionario con que cuenta la Agencia es prácticamente el mismo con que contaba el Organismo Autónomo, ya que en el período 2009-2011 solo se ha producido un incremento del 0,1%.
En consonancia con la política de austeridad llevada a cabo por el Gobierno las retribuciones del personal funcionario han sufrido una disminución en el mismo período.
Asimismo se han reducido los efectivos de personal laboral fijo y sobre todo eventual (más del 16% en este caso).
A pesar de no haber sido posible contar con la distribución por servicios o clasificación profesional por grupos o escalas, aunque ha sido reiteradamente solicitada, se conoce a través del informe de la Intervención Delegada que las reducciones se han concentrado en las áreas de investigación incrementándose, en cambio respecto a Administración y Servicios.
En materia de personal contratado se produce una disfunción importante por la cantidad de sentencias favorables de los Tribunales de lo Social que han obligado al CSIC a convertir en trabajadores indefinidos a más de 400 contratados como laborales temporales.
Por ello, se recomienda que se establezcan controles más estrictos sobre los investigadores con personal laboral contratado para obra o servicio determinado respecto a las tareas que deben realizar, aunque, dada la escasa documentación e información facilitada en esta materia por la Secretaría General, no ha sido posible analizar con exactitud la incidencia que ha podido representar esta circunstancia en la economía de la AECSIC.

3ª.- Presupuesto y Recursos

El presupuesto inicial, tanto de ingresos como de gastos, ha sufrido incrementos en base a modificaciones que en algunos casos han supuesto destinar fondos afectados a investigación a gastos corrientes, incluso incrementando los gastos de personal (laboral fundamentalmente) que tienen carácter limitativo por su importe inicial.
El modo de actuar en el manejo de fondos, aportando todos los ingresos al Remanente de Tesorería, para después aplicarlos a diferentes gastos, incumple los preceptos contables, como ha sido puesto de manifiesto reiteradamente por la Intervención Delegada, ya que no debe utilizarse para las ayudas a proyectos de investigación, que están afectadas y se deben contabilizar de modo separado.
No obstante, este procedimiento ha sido autorizado por el Presidente, ya que, la IGEP admite que, de conformidad con la Resolución del Presidente de 5 de febrero de 2011 por la que se aprueban los presupuestos de funcionamiento de los centros, institutos y unidades del CSIC para dicho ejercicio, todos aquellos gastos que no se puedan afrontar con el presupuesto distribuido, puedan sufragarse con cargo a los "costes indirectos" de que disponen como consecuencia de la actividad investigadora, siendo estos detraídos de las ayudas para investigación.
Los defectos de presupuestación del CISIC han sido puestos de manifiesto reiteradamente en los informes de la Intervención Delegada, como incumplimiento del principio de Universalidad a partir de la transformación del CSIC en Agencia ya que no se han presupuestado todos los ingresos que podía preverse serían liquidados ni, paralelamente se han presupuestado inicialmente los gastos correspondientes a estos ingresos, generalmente relacionados con proyectos de investigación.
La Agencia justifica este modo de proceder, que como ya se ha dicho, incumple la normativa presupuestaria y la instrucción de Contabilidad de la Administración Institucional del Estado, (a la que el CSIC está sometido), en la reducción paulatina que han sufrido las transferencias departamentales que han supuesto una minoración acumulada en el periodo 2008-2012 de 496.528,93 miles de €, debido a la política gubernamental a partir de 2008 ha sido la paulatina reducción del déficit público, y por lo tanto, todos los organismos han sufrido recortes en las cantidades que como subvención reciben de los PGE, no se planteó inconveniente alguno para que el CSIC incrementara sus ingresos procedentes de recursos propios y, de este modo, mejorara su gestión, obteniendo financiación propia.
Incluso, uno de los motivos por los que la Ley de Agencias establece esta forma de organización, es la mayor capacidad que poseen este tipo de entes, para generar ingresos por la presentación de sus servicios, en virtud de contratos, convenios etc. para otras entidades públicas, privadas o personas físicas. Se trata de gastar menos recursos públicos pero más eficientemente.
El Art. 24.2 de la ley 28/2006 de 18 de julio, señala, en este sentido que, solo en la medida en que tengan capacidad para generar recursos propios suficientes, las Agencias podrán financiarse con cargo a créditos previstos en el Capítulo VII de los PGE adjudicados de acuerdo con procedimientos de pública concurrencia y destinados a financiar proyectos de investigación y desarrollo.
De este modo, los recursos propios, obtenidos, siempre que no se contemplen inicialmente en el presupuesto de las Agencias Estatales, se podrán destinar a financiar mayores gastos por acuerdo de su Director.
Por ello, se recomienda que el CSIC realice una presupuestación mas ajustada a la realidad, de modo que los gastos corrientes se financien cada vez en mayor porcentaje, por ingresos propios, disminuyendo la apelación a subvenciones estatales, y destinando las ayudas para Investigación a su finalidad.

4ª.- Transferencia de Tecnología

La principal fuente de recursos propios del CSIC son las procedentes de contratos y convenios de colaboración con empresas y organismos que solicitan sus servicios y/o desean explotar las patentes de tecnología conseguidas a través de las investigaciones.
Este es además uno de los fines de su actividad, de modo que la capacidad de la Agencia para obtener recursos propios es importante, dado que la misión del CSIC no solo es generar conocimiento, sino trasmitirlo a la Sociedad como motor de desarrollo y nuevo modelo económico. Así, la transferencia de tecnología, no solo puede ser una fuente de recursos para la investigación sino una forma importante de mostrar resultados positivos y eficiencia en el uso de los recursos públicos destinados a la investigación científica y técnica.
Además es un modo de conseguir que las empresas se impliquen en el proceso investigador, obteniendo ventajas competitivas para nuestro país y aportando recursos para ello, juntando así el gasto público con el privado a favor de la ciencia y la investigación.
La conclusión de los datos referentes a esta materia contenidos en este informe, es que, si bien la actividad es creciente y la demanda, por parte de empresas y entes públicos, es amplia dado el prestigio que los investigadores e instalaciones del CSIC poseen tanto en el ámbito nacional como internacional, la obtención de recursos procedentes de esta vía, va en disminución, debido a la problemática gestión de cobro, que hace que no se consigan recaudar todos los derechos reconocidos (o al menos un porcentaje importante de ellos).
La explicación dada por los servicios responsables es que debido a la crisis económica las empresas presentan situaciones de insolvencia que hacen difícil obtener el cobro de los derechos, pero no se ha podido mostrar un análisis detenido de las causas y sus posibles soluciones.
La cualidad de Agencia Estatal y de precios privados de los ingresos por transferencias, hace que no se pueda utilizar el procedimiento establecido en el Reglamento General de Recaudación, que si sería posible si el CSIC fuera un Organismo Autónomo, y sus precios tuvieran la consideración de tasas por la prestación de servicios, o al menos precios públicos.

5ª.- Control de Gestión

La inexistencia del Contrato de Gestión, elemento primordial para comprobar la eficiencia en la gestión de una Agencia Estatal hace que no se puedan mostrar resultados.
Se recomienda, por lo tanto que, si se desea que el CSIC continúe siendo una Agencia, se proceda a la mayor brevedad a la aprobación de dicho documento, de modo que se puedan exigir las correspondientes responsabilidades, o por el contrario otorgar los reconocimientos oportunos por una buena gestión por resultados.
Respecto al control ejercido por la Intervención Delegada, se recomienda llevar a cabo las reformas necesarias en los procesos de gestión y contabilidad, contenidas en sus informes, ya que parten de un conocimiento profundo de los procesos internos y en algunos casos muestran incumplimientos legales que deben superarse.
En el momento de la Visita de Inspección, no hay constancia de que las irregularidades puestas de manifiesto por la Intervención Delegada en la AECSIC, hayan sido superadas, ni corregidos los problemas de interconexión informática o relación de bases de datos que contienen información para la Dirección, por lo que pierden utilidad parala toma de decisiones.
La Comisión de Control debe desempeñar un papel primordial y efectivo en la puesta en marcha de esta recomendaciones y vigilar la actuación de los servicios al respecto.

6ª.- Planificación

La planificación estratégica del CSIC carece de indicadores que muestren mejora de resultados según los costes, dado que se carece de una contabilidad apropiada.
Por otra parte la Intervención Delegada ya ha puesto de manifiesto las carencias en este sentido al señalar que, de modo general, en cuanto a la imputación de Costes del Programa 463A, la información existente, se revela insuficiente para obtener conclusiones sobre el coste de la ejecución de las actividades por líneas estratégicas, que es el núcleo definidor de la actividad de la Agencia. Tampoco aparece desarrollado un sistema de identificación e imputación de costes que teniendo como referencia los medios y resultados de las distintas áreas, unidades y centros permitan medir la eficiencia en la consecución de los objetivos marcados.
La fijación de objetivos en el Plan Estratégico es muy diferente según el Area, y en algunos casos no están cuantificados, ni poseen indicadores claros de seguimiento que permitan verificar el cumplimiento de objetivos. Tampoco se realizan revisiones y modificaciones del Plan en base al retorno obtenido a través del seguimiento de dichos indicadores.
Además, los objetivos concretos de cada proyecto no se señalan en el Plan, sino que los fija el Investigador Principal en sus informes anuales requeridos por las entidades financieras, que en el aspecto económico suponen únicamente una cuantificación de facturas.
Las comprobaciones realizadas en dos Institutos concretos en la Visita de Inspección Realizada, han mostrado cumplimiento de los Indicadores establecidos, que se refieren a publicaciones, o consecución de ayudas, pero no a objetivos estratégicos, de la organización, y en ningún caso en relación con los costes estimados para su consecución.
Se recomienda por lo tanto, el establecimiento de una verdadera planificación estratégica, en relación con el Contrato de Gestión, que muestre objetivos claros de gestión y los costes estimados para su realización, así como el establecimiento de indicadores que permitan observar la eficiencia en la consecución de resultados a corto y largo plazo.

7ª.- Ayudas del Plan Nacional de I+D+i

A) Respecto a la evaluación de los proyectos: En primer lugar hay que hacer constar, que se trata de un procedimiento muy costoso ya que cada proyecto se evalúa en cuatro ocasiones, por lo que sería conveniente analizar la posibilidad de simplificarlo, sin merma de la calidad y transparencia en el proceso de selección.
En consonancia con lo anterior, y dado lo costoso de las evaluaciones, se debería penalizar a los investigadores que presenten proyectos por debajo de un umbral mínimo. Se podría considerar que si alguien presenta en concurrencia competitiva un proyecto que no supera una puntuación mínima, se le prohíbe la presentación de nuevos proyectos en los tres años siguientes.
En ocasiones se utilizan criterios de valoración diferentes entre los expertos que valoran un mismo proyecto, lo cual no parece muy operativo.
Por otro lado hay que señalar que, las valoraciones anónimas que realizan los evaluadores de la ANEP no parecen casar bien con principios como los de transparencia e imparcialidad. A efectos de mayor trasparencia la concesión de las ayudas debería publicarse en el BOE.
B) Evaluación de la ejecución: El sistema establecido para la evaluación de la ejecución de los proyectos de investigación financiados con ayudas del Plan Estatal, es llevado a cabo por los Institutos o Centros, partiendo de los dos Informes: Económico y Científico que los investigadores deben rendir al Ministerio de Economía y Competitividad.
La comprobación de que se sigue el procedimiento establecido, a través de la introducción de ambos Informes en la Base de Datos, se ha llevado a cabo en los dos Institutos visitados.
En ambos casos se ha podido apreciar el cumplimiento del envío en las fechas correctas de ambos informes, y el control de gastos llevado a cabo por los Gerentes, a los que en un caso (el ICA) se ha exigido reintegro de determinadas cantidades no justificadas como propios del proyecto y en el otro (el IDAB) no se han solicitado reintegros, por lo que el gasto parece haber sido realizado correctamente.
Se ha podido verificar asímismo, que las cantidades cuyo reintegro se ha ordenado han sido ingresadas en el Tesoro Público, por los Servicios Centrales del CSIC, ya que todo el manejo de fondos pasa a través de dichos Servicios.
En opinión de los directores de los Institutos, no es lógica la exigencia de informes justificativos en el primer año de concesión de las ayudas puesto que todos los informes contienen un gasto a cero, aunque tampoco parece muy problemático y siempre pueden tener efectos censales.
El único problema detectado al respecto es que, solo se realiza un control sobre los investigadores que han obtenido ayudas en convocatorias competitivas, y no sobre aquellos que no realizan investigación alguna a pesar de pertenecer a cuerpos o escalas a los que debería exigírseles este tipo de actividad.
Por ello, aunque excede del ámbito analizado en la presente Visita de Inspección, sería conveniente introducir este tipo de comprobaciones en sucesivas Visitas a Centros, tanto dependientes del CSIC, como otro tipo de Organismo estatales dedicados a la Investigación en ciencia y/o tecnología.

A Cámara le sirve de poco su oneroso aparato de propaganda / Apunte de Argárico

Siempre he pensado que Valcárcel se lo tenía mejor montado que Cámara en cuanto a aparato de propaganda. Bien es cierto que el presidente autonómico tenía más recursos y una estructura administrativa más compleja que el alcalde de Murcia. Pero, al final, la eficacia es la que cuenta y nuestro triste profesor de Historia del Arte, sin plaza aún en el sistema educativo público, superó con mucho en imagen al profesor titular universitario de Química, al que seguramente su dedicación a la política le ha impedido llegar a ser catedrático además. Ambos aspiran a jubilarse como rectores de la UCAM al no conocer bien a Mendoza y su lema 'A rey muerto, rey puesto' encima del frío que siempre se siente fuera del poder.

Si bien es cierto que la Región de Murcia tiene escasa proyección pública en los medios de comunicación nacionales -la que tiene en las gacetas locales la debe en gran parte a que la comunidad autónoma es una anunciante neta y determinante para su muy mermada cuenta de explotación-, no es así en el caso de su presidente. 

Agencias de prensa, televisiones y diarios han contado con su presencia diferenciada en los últimos quince años con cierta profusión. Valcárcel es, con mucho, el murciano más conocido hoy por el gran público español. Aunque esta relevancia también tiene su contrapeso negativo en caso de escándalo si esa misma notoriedad se invierte a sentido negativo o si el protagonista demuestra a la primera, y cada vez revalida, su irrelevancia moral y/o intelectual; algo ya percibido por los periodistas que informan del CdR desde Bruselas.

Con el mismo tiempo en el cargo, el momento de mayor gloría mediática de Cámara está siendo ahora por la noticia de su imputación judicial ante una presunta conducta delictiva en el 'caso Umbra'. Pienso que, pese a su actitud prudente y calculada, el alcalde de Murcia da buena imagen en corto aunque en público deje mucho que desear ante cualquier escenificación y en relación a sus potencialidades personales y políticas. Lo que parece que le falla, pues, es su aparato mediático o que no cree mucho en una proyección pública dirigida por teóricos expertos que, por otra parte, le cuestan un riñón a la hacienda local.

En tiempos de austeridad se entiende poco, en ambos casos, la ausencia de recortes o su sustitución por cambios estéticos, puramente aparentes, para que todo siga casi igual. En el caso de la Comunidad Autónoma, por razones de presupuesto aunque sin merma de eficacia, si consta algún ahorro de gastos en propaganda aunque sigan, y de que manera, las subvenciones, más o menos, encubiertas a una concreta prensa de papel y escogidas emisoras de radio privadas y agencias de noticias, que actúan a modo de caja resonante de todo lo que evacuan los gabinetes de prensa de Presidencia y las distintas consejerías del gobierno autónomo. Hasta en 'La 7 Región de Murcia' se ha pasado la guadaña de los recortes para dejarla en su mínima expresión como elemental sistema de loas al poder.

Donde no se ve tijera alguna es en el Ayuntamiento de Murcia. Un Cámara muy debilitado ya por el cerco de la Justicia, el desgaste de tres lustros de polémico gobierno mayoritario y una tesorería incierta, más allá del día a día, y que le impide ahora seguir subvencionando medios locales, le han hecho pensar, tal vez aconsejado desde fuera del periodismo, que es ahora cuando debe mantener intacto su aparato de propaganda para intentar contrarrestar el inevitable proceso mediático paralelo al judicial. Y la previsible ofensiva de los medios, ahora sin su 'cariño', y que sí gozan, por el contrario, del apoyo económico de Valcárcel, en tan difíciles circunstancias presupuestarias, a cambio de protección mediática segura en caso de emergencia.

La verdad es que clama un poco al cielo, según rigurosas revelaciones recientes de un atrevido digital murciano integrado por ex miembros de la redacción del extinto 'Diario 16 de Murcia', hoy en el más completo paro, el gasto municipal en ese oneroso aparato de propaganda que, en tantos años, no ha resultado rentable, ni para el alcalde Cámara ni para el municipio de Murcia o para su Ayuntamiento. 

Porque estamos hablando, sólo en sueldos, de más de medio millón de euros al año sacado del bolsillo de todos los murcianos. Y eso no ha cambiado ni va a cambiar en el muy difícil año presupuestario 2013 por necesidades ineludibles del ya más que cuestionado alcalde de Murcia por un supuesto perjuicio a las arcas municipales de cientos de millones de euros en la interpretación de cómo se debía aplicar la normativa urbanística, vigente entónces, en la recalificación de los terrenos de 'Nueva Condomina'.

Cuando tantos periodistas de buena calidad malviven ahora en la Región de Murcia transitando sin horizonte por el desempleo, algunos con un currículo de escalofrío y postgrados en universidades de prestigio que los hacen superespecialistas, casi una docena no especialmente destacados por su categoría profesional demostrada en los medios se embolsan como mínimo una media de diez millones al año de las antiguas pesetas, muy por encima de los sueldos al uso entre nosotros aquí, en una profesión muy lacerada ahora por la crisis económica y de la prensa de papel por la irrupción de Internet amén de un descenso del nivel cultural de la población por mor de la Logse.

 Si las revelaciones de www.elpajarito.es se ajustan a la realidad, media docena de periodistas al servicio del imputado Miguel Ángel Cámara se embolsan al año 350.360 euros sin contar los 84.090 a sumar, que cobra un tal Eduardo Martínez Oliva como jefe de gabinete de la alcaldía de Murcia y nada ajeno al aparato municipal de propaganda del alcalde. 

Lo más curioso es que un auto denominado especialista en cofradías de Semana Santa e impuesto desde la UCAM por Mendoza, un tal Antonio Ángel Botías, se lleva limpios 65.567 euros como personal eventual pese al pomposo título de director de proyectos y programas.

Ya en una esfera más profesional de cierto reconocimiento, Ana de la Cierva, ex redactora de 'Diario 16 de Murcia' cobra 67.553 euros anuales como directora de Comunicación del Ayuntamiento, mientras Paloma Manzano, ex jefa de prensa del PP de la Región de Murcia, cobra 65.567 ahora como jefa de relaciones con los medios.

Completan este elenco de privilegiados salarialmente unas tales Maria Trinidad Abellán, Ana García Salvago y María Soler, completamente desconocidas en el periodismo murciano, y que por un extraño motivo que no alcanzo a ver, se llevan cada una 50.557 euros al año en su calidad de apoyo a todos los anteriores.

Creo que el abogado Diego de Ramón está a punto de solicitar por registro una auditoría externa para dar mayor transparencia a esta situación y conocer, de paso, el destino concreto de los 42 millones de euros prestados recientemente por el ICO al Ayuntamiento de Murcia. Y lo hace porque ese dinero iba destinado a pagar facturas pendientes a proveedores cuando lo cierto es que no ha cobrado ninguno de ellos en todo lo que llevamos de año 2012 mientras sí se suben los impuestos municipales a todos los vecinos y se mantienen pagas extraordinarias a asesores de políticos.

Todavía hay concejales, como la de Hacienda precisamente, Isabel Martínez Conesa, que la austeridad la aplica a otros pero no a su entorno. Sus asesores fiscales cobran 60.000 euros al año y su secretaria 12.000 anuales más otros 300 al mes por ser la de ella, que maneja los dineros. Y firmando facturas de 1.500 euros, como la presentada por el Círculo de Economía (?), a modo de subvención.

Con todo lo anterior todavía vigente y el sospechoso silencio -¿cómplice?- de la Oposición socialista no hay objetivo de déficit que no termine saltando por los aires ni cantidad de dinero que pueda pagar lo que se debe y poner punto y seguido hacia una verdadera austeridad que revierta esta situación de cierto despilfarro pese a las reiteradas advertencias del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la dejadez más que evidente que ya se palpa en algunas pedanías en cosas fundamentales por ausencia de gestión.

Los sindicatos temen que Bruselas imponga el despido de 20 días en la banca nacionalizada

MADRID.- Los sindicatos temen que Bruselas imponga el despido con una indemnización de 20 días por año, tal y como establece la reforma laboral, en toda la banca nacionalizada, según han informado fuentes sindicales.

   Esta sería una de las condiciones que la CE impondría para liberar la ayuda de 37.000 millones de euros que servirá para recapitalizar a las entidades nacionalizadas. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha avanzado que la banca con ayudas tendrá cinco años para reducir sus plantillas y desprenderse de oficinas.  
   Desde Comfia-CC.OO. se denuncia la posición "sectaria y doctrinaria" del Banco de España en las negociaciones de los planes de reestructuración de las entidades controladas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), en las que trata de imponer los principales preceptos de la última reforma laboral.
   Según De Guindos, los planes de recapitalización de la banca nacionalizada ya cuentan con el aval del organismo liderado por Luis María Linde. Desde alguna entidad implicada se limitan a remitirse al próximo miércoles, cuando el comisario de Competencia de la CE, Joaquín Almunia, hará públicas las líneas de reestructuración de la banca rescatada.    
   Los sindicatos fundamentan sus temores en el ERE presentado en Banco de Valencia, y avisan de que imponer 20 días de indemnización para las salidas laborales en las entidades nacionalizadas podría desembocar en un conflicto. 
También advierte de que podría derivar en un incremento de los costes de la extinción de contratos, pues interpondrían recursos ante los juzgados que podrían acabar reconociendo la improcedencia del despido. 
En tal caso, el grueso de las indemnizaciones se elevaría a los 45 días por año trabajado.
   Para los sindicatos, existe "margen de maniobra" para articular planes específicos en cada una de las entidades nacionalizadas, al tiempo que han criticado que el Banco de España se niegue a aplicar alternativas de mayor flexibilidad interna o incluso de recolocación de personal.

El cultivo de peces genera empleo y riqueza en la Región de Murcia


CARTAGENA.- La costa de Murcia "se sitúa entre las primeras de las regiones de España en el cultivo de peces, y la segunda en el cultivo de dorada y lubina, que se producen en las 13 instalaciones acuícolas que hay en la Región y que emplean a más de 320 trabajadores directos y generan 1.500 empleos indirectos".

   La acuicultura murciana"es una actividad de futuro en la Región", tras lo que ha recordado que "en los últimos 30 años el ritmo mundial de crecimiento de esta actividad ha sido de un 8 por ciento anual", se dice desde la Consejería competente.
   En concreto, España se sitúa, con el 20 por ciento del total de la producción acuícola europea, "en el primer puesto en volumen de producción y el segundo en valor de capturas entre todos los países comunitarios".
   La acuicultura "surgió como actividad complementaria a la pesca extractiva que compensara la limitación de los recursos pesqueros", aunque en los últimos años "se ha convertido en una actividad estratégica", ya que el consumo medio de productos acuáticos en España es de 45 kilos por habitante y año, "lo que ha hecho aumentar la producción de peces".
   Y se ha subrayado que la acuicultura en la Región de Murcia "es un sector altamente tecnificado y proporciona una importante cantidad de pescado sano, nutritivo y trazable", y se ha resaltado que "ha realizado un gran esfuerzo en promover y lograr una gestión sostenible y una explotación equilibrada del medio marino".
  Se remarca que este sector en Murcia "es muy estable", y que la costa murciana "reúne todas las condiciones para el cultivo de peces, y hay empresas competitivas y comprometidas con el medio marino para producir en las mejores condiciones". 
Las 13 instalaciones acuícolas que hay en la Región se encuentran repartidas por San Pedro del Pinatar (7), Cartagena (3) y Águilas (3).
   Por ello, se subraya que la actividad acuícola tendrá un "trato especial" en el Fondo Europeo Marítimo Pesquero para el período 2014-2020, "lo que va a permitir que este sector siga recibiendo ayudas". Se destaca, asimismo, que el Gobierno de España, junto con las comunidades autónomas, "están trabajando en una estrategia para el desarrollo sostenible de la acuicultura", que culminará en un Plan Estratégico Nacional para el año 2020.
   Las actividades programadas por la Federación de Acuicultura de la Región permitirán desde este martes hasta el próximo jueves visitar las diferentes instalaciones de acuicultura en mar abierto. El viernes, 30 de noviembre, tendrá lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de la Universidad Politécnica de Cartagena un ciclo de conferencias sobre la sostenibilidad en la acuicultura marina y la reproducción del atún rojo en cautividad.
   Asimismo, los comedores de las universidades de Murcia y Cartagena ofrecerán en sus menús durante esta semana productos derivados de la acuicultura, según la Comunidad.
   El próximo viernes habrá en la explanada del muelle de Alfonso XII del Puerto de Cartagena una exhibición de corte de productos de acuicultura marina y su degustación. El programa de actividades puede consultarse en 'www.fedacuimur.es'.

PSOE Murcia presenta un conjunto de enmiendas al Presupuestos 2013 para crear 1.700 empleos

MURCIA.- El edil socialista Juan Patricio Castro ha presentado este lunes un conjunto de enmiendas al presupuesto municipal para 2013 con las que el PSOE pretende disminuir el problema del desempleo creando unos 1.700 empleos y hacer "más equitativo" los efectos de la crisis. 

   Y es que ha explicado en una rueda de prensa junto al portavoz del PSOE de Murcia, Pedro López, "lo razonable es que se produzca una reducción de los gastos corrientes del Consistorio y de los préstamos", así como aumentar las inversiones para que se estimule la actividad económica local y se pueda disminuir la alta tasa desempleo que roza en el municipio los 45.000 parados.
   De los casi 25 millones de euros que prevé pedir a los bancos la concejal de Hacienda, Isabel Martínez Conesa, el edil del PSOE propone hacer un recorte de 8,5 millones de euros y apuesta por disminuir los gastos y transferencias corrientes en unos 23,5 millones de euros en partidas como publicidad y propaganda, atenciones protocolarias, asistencias técnicas, festejos populares o la reducción de 7,5 millones de euros de Tribugest al ser asumida esta función por los funcionarios públicos, entre otras.
   Con estos gastos liberados menos la menor capacidad de endeudamiento propuesta, ha detallado Castro, "conseguimos unos 15 millones de euros que nos van a ayudar a incentivar la productividad de los funcionarios públicos (2 millones de euros), incrementar la actividad económica local y reducir el desempleo (7.284,801 euros)".
   Además de aumentar las transferencias de servicios sociales y bienestar social para repartir los efectos de la crisis de forma más equitativa (1 millón de euros), potenciar las infraestructuras en pedanías y mejorar la movilidad entre centro y pedanías mediante el transporte público (4,5 millones de euros).
   Según ha detallado el portavoz del PSOE de Murcia, algunas de las cuantías y propuestas concretas serían 2,7 millones de euros destinados a un programa de transformación y creación de nuevos empleos en pymes en el municipio.
   Se trata, ha especificado, de dar ayudas directas a empresarios que conviertan un trabajador temporal en indefinido o que efectúen nuevas contrataciones fijas. Estas ayudas serían de 2.500 (para trabajadores en general) a 3.000 (para los menores de 30 años).
   Un millón de euros para la creación de un fondo que sirva para la transformación del pequeño comercio de la ciudad para hacerlo más competitivo, otro millón para otro fondo que permita la transformación del pequeño negocio de hostelería y restauración.
   Así como 2,5 millones para fomentar las infraestructuras viarias de barrios y pedanías, dos millones para el fomento del transporte interurbano del municipio, implantación del Unibono y billete único,  500.000 euros para aumentar la dotación prevista de inversión en las plazas de abastos en el municipio y otros 500.000 euros para la puesta en valor del yacimiento de San Esteban.
   Otras propuestas, ha detallado Pedro López, son un millón de euros para la puesta en valor del edificio de la Cárcel Vieja para un centro de la otra economía, el comercio justo y la economía social; 284.801 euros destinados al Concurso Proyectos Empresariales del Ayuntamiento para 2013; 300.000 euros para poner en marcha una Escuela Taller para la rehabilitación del patrimonio de la Huerta y 100.000 euros para posibilitar una transferencia a la Fundación Museo Salzillo.
   "Un conjunto de enmiendas que permiten meter el bisturí en el presupuesto de gasto para así fomentar el empleo", ha subrayado el portavoz socialista, pues "en momentos difíciles no se puede elaborar un presupuesto con el único objetivo de cuadrar ingresos y gastos".
   A juicio del edil Juan Patricio Castro, "hay que ir más allá para lograr suavizar el problema del desempleo y la mala redistribución de la renta".

IU-Verdes expresa su solidaridad con los trabajadores de Latbus

MURCIA.-   IU-Verdes de Murcia ha expresado este lunes su solidaridad con los trabajadores de Latbus, que han decidido iniciar una huelga indefinida, y ha exigido al Ayuntamiento que medie para reducir las consecuencias de un expediente de regulación de empleo anunciado por la empresa.

    El concejal de la formación de izquierda, José Ignacio Tornel, ha indicado que "ni los trabajadores ni los ciudadanos que usan el servicio de autobús se pueden ver afectados por la ineficaz gestión e incapacidad de la empresa, el Ayuntamiento y el Gobierno regional", y ha considerado que "hay razones sobradas para que los trabajadores inicien una huelga en defensa de sus empleos".
   Tornel también ha adelantado que ha presentado una pregunta al Pleno del próximo jueves sobre el gasto de la carta que el consistorio ha enviado a los ciudadanos para dar a conocer "las indescifrables bondades de la nueva concesionaria del transporte en el ámbito urbano".
    A su juicio, "es necesario que la ciudadanía sepa quién ha financiado los gastos de la carta, una nueva forma de publicidad engañosa e indecente para sostener un fiasco marcado por la pérdida de acceso a la movilidad, la remodelación de las líneas y el aumento de precio".
   El edil ha señalado que su grupo va a pedir el texto de la intervención del alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, en la Cumbre sobre Ciudades y Cambio Climático celebrada la pasada semana en Bogotá (Colombia), por considerar que "no se ajustan a la realidad" del transporte público en el municipio
   En este sentido, Tornel ha afirmado que la información publicada en medios de comunicación sobre la intervención del primer edil "solo pueden provocar indignación y sensación de ridículo", tras lo que ha recordado que la concejalía de Transporte ha reducido su presupuesto.
   "Cámara es aficionado a utilizar este tipo de actos fuera de la ciudad para decir públicamente lo que en Murcia no se sostiene. Si la famosa 'Marca Murcia' se basa en informaciones sin la menor rigurosidad, aderezadas con aires triunfalistas, mal vamos".
   Para IU-Verdes, "cualquier persona, sin necesidad de venir a Murcia, puede conocer el espectáculo bochornoso de una empresa que despide a trabajadores y reduce salarios solo un mes después de iniciar su actividad", en referencia a la nueva concesionaria del servicio de transporte urbano.

Sindicatos científicos reclaman al CSIC el informe de Economía sobre la situación de la agencia

MADRID.- CC.OO, UGT y CSIF del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), donde se integra el CEBAS, de Murcia, han pedido al presidente del máximo órgano de investigación de España, Emilio Lora Tamayo, que les envíe el informe del Ministerio de Economía y Competitividad que Tamayo presentará este miércoles ante el Consejo Rector y que servirá de base para un plan de ajuste de la institución. 

   Según han confirmado hoy fuentes del Ministerio de Economía, el próximo miércoles Tamayo presentará este informe a los miembros del Consejo Rector, formado por representantes del ministerio, sindicatos y altos cargos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se anunciará dicho plan de ajuste.
   Por su parte, fuentes sindicales han señalado que fue el propio presidente del CSIC el que solicitó este informe cuando llego a la Agencia a comienzos de 2012.
   Estas fuentes han explicado que quieren realizar sus aportaciones al futuro plan de ajuste que, según han señalado, no incluiría un expediente de regulación de empleo, sino medidas de ahorro, de racionalización de gasto, así como vías para incrementar los ingresos, después de que el Consejo haya alcanzado un déficit de 140 millones de euros.
   La principal preocupación de los sindicatos radica en que, según sus previsiones, tras los recortes emprendidos a la I+D+i desde 2009 y por consiguiente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2013 será un año en el que la institución deberá debatirse entre pagar los salarios a sus trabajadores o bien abonar los gastos ordinarios del CSIC, como son el agua y la luz.
   Por otro lado, este lunes ha tenido lugar la segunda reunión del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde se han encontrado la secretaria de Estado del ramo, Carmen Vela, junto con altos cargos del Ministerio de Economía y Competitividad, de la CEOE, CEPIME, sindicatos y científicos de prestigio, como el expresidente de COTEC Juan Mulet.
   Esta reunión es meramente técnica para evaluar la evolución de la Estrategia española de Ciencia, actualmente en fase de elaboración, y donde los distintos agentes están realizando sus aportaciones, para una planificación de la Ciencia en España hasta 2020.
   Según ha señalado la delegada de CC.OO de I+D+i Salce Elvira, existe un consenso generalizado en cuanto a que la Ciencia en España corre peligro ante la falta de medios financieros.
   "La estrategia estará previsiblemente el mes que viene, aunque hemos incidido en que es muy difícil hacer estrategias si no hay fondos. La ciencia en España está en la mínima supervivencia", ha sentenciado.

Un excontrolador de la CAM: no podíamos "averiguar" si los datos eran "verídicos"

VALENCIA.-   El exintegrante de la comisión de control de CAM José Ruzafa ha asegurado este lunes que los miembros de este órgano preguntaban sobre aquellas cuestiones que se traban en las reuniones y que les llamaban la atención, pero ha indicado que ni él ni ningún otro vocal "podíamos averiguar si los datos que nos daban eran o no verídicos".

   Ruzafa, que tiene 79 años, fue vocal de la comisión de control de la CAM entre 2004 y 2009, donde entró a propuesta del alcalde de Crevillente, César Augusto Asencio, tras un requerimiento de la caja indicando que precisaba un consejero de este municipio, según ha explicado él mismo durante su intervención en la comisión de investigación de la CAM en las Cortes Valencianas.
   Preguntado por su profesión, ha explicado que tiene estudios básicos que pudo adquirir yendo a una escuela por las noches después de trabajar, ya que tuvo que empezar en el mundo laboral a los seis años. "En mi vida prácticamente no he tenido tiempo de tener un estudios como me hubiera gustado", ha destacado.
   Cuando entró en la comisión de control, le comentaron que los cargos en los órganos de gobierno no eran remunerados, aunque posteriormente ha señalado que cobraban dietas por cada reunión de la comisión de control, que se realizaban después del consejo de administración.
   José Ruzafa ha explicado que de aquellos asuntos que se trataban y que les llamaban la atención "tomaban nota y preguntábamos", pero ha indicado que ni él ni ningún otro vocal "podíamos averiguar si los datos que nos daban eran o no verídicos".
   El exintegrante de la comisión de control se ha mostrado "sorprendido" de la "movida" ocurrida en la CAM, ya que las auditorías "estaban perfectamente, todo estaba correcto". Además, ha indicado que, según el Banco de España, hasta 2009 --cuando él salió de la entidad-- y "a pesar de la crisis que ya existía" la caja "tenía muchos beneficios, millones de beneficios".
   Ruzafa ha explicado que, durante su estancia en la comisión de control, se crearon las cuota participativas y que personalmente planteó "algunas pegas, bastantes"
"No me parecieron suficientemente correctas" y, de hecho, el nunca adquirió por entender que se daba "mucho por muy poco".  
"Pero la mayoría aceptó y las pusieron en funcionamiento", ha añadido.
   Preguntado por las retribuciones de los dirigentes, ha indicado que nunca he hecho ninguna propuesta al respecto ni ha "escuchado" ninguna. Respecto a las cantidades a percibir por el entonces presidente de la caja, Modesto  Crespo, ha asegurado que no se vieron en la comisión de control.
   Inquirido por el diputado 'popular' Vicente Betoret sobre el papel del Banco de España, ha señalado que fue "muy riguroso" en una entidad "que cada año estaba dando beneficios" que tenía "todo perfecto". Durante su estancia en la entidad alicantina, Ruzafa ha dicho que la actuación del Banco de España "no me pareció rigurosa, sino rigurosísima".
   El excontrolador de la CAM ha criticado que el Banco Sabadell "parece que ahora no quiere asumir las cuotas participativas o preferentes porque las ha hecho la CAM", pero ha destacado que si va a quedarse con el "patrimonio multimillonario" de la caja "también debe asumir las deuda o los compromisos que tenía". Al respecto, ha asegurado que muchos de sus familiares y amigos "tienen gran cantidad de cuotas participativas y no hay manera que se las devuelvan".
Víctimas de la propaganda
El exmiembro del consejo de administración de Caja Mediterráneo (CAM) Manuel Muelas ha asegurado este lunes que, ante los rumores de la ruptura del Sistema Institucional de Protección (SIP) con Cajastur y otras entidades, desde la dirección les decían que "no había motivos de agachar la cabeza", sino que podían "sacar pecho".    En este sentido, ha destacado que señalaban que todo "era muy bonito" y, por lo tanto, tenían "confianza". Muelas, que ha comparecido en la comisión de investigación de la CAM en las Cortes Valencianas, ha explicado que de la inspección del Banco de España no conocían "muchos detalles", pero que estando en la caja se sentía "tranquilo de que las cosas se hacían bien".
   El exconsejero, preguntado por el diputado de EUPV Lluís Torró, ha negado que en el consejo de administración se leyera el requerimiento del Banco de España del 21 de diciembre de 2010, en el que advertía de problemas en la caja. Ha explicado que el consejo de administración de diciembre de 2010 fue "muy tenso" y en él se trataron diversos asuntos.
   No obstante, ha indicado que no se leyó ningún requerimiento del Banco de España y que si así hubiera sido, "hubiera salido en la prensa al día siguiente". Al respecto, ha criticado la "falta de privacidad" en temas que "hacían mucho daño a la caja".
   Muelas, licenciado en ciencias matemáticas y técnico en gestión empresarial, ha explicado que estuvo en la CAM desde febrero de 2010 hasta julio de 2011, donde entró como representante de los impositores.
   Natural de Cuenca, ha asegurado que le extrañó que eligieran a alguien de fuera de la Comunidad Valenciana y de Murcia para formar parte de la asamblea de la caja, pero ha señalado que le dijeron que les había gustado su currículum y que buscaban a gente de otras autonomías.
   Preguntado por el diputado socialista Ángel Luna sobre cómo llegó a ser consejero, ha explicado que fue gracias "al empeño de la territorial centro sur que querían tener a un impositor que representara a la zona". Personalmente, le pareció "una oportunidad de conocer cómo funciona una caja por dentro", así como de viajar a Alicante, de donde eran sus abuelos.
   Manuel Muelas ha señalado que de CAM y de Gestimed cobró, en concepto de dietas, 15.000 euros netos en 2010 y 8.800 en 2011, más desplazamientos. Ha asegurado que cuando entró en la caja "no sabía ni que existía Gestimed" y, respecto a las retribuciones de esta empresa, ha indicado que creía que eran "absolutamente legales".
 "No cabe en ninguna cabeza que en una caja de ahorros se hicieran cosas ilegales", ha subrayado.
   Muelas ha indicado que las sesiones de las comisiones ejecutivas "se hacían en cinco minutos, no eran nada" y ha explicado que en la que él participaba "se hablaba de la obra social de fuera de la Comunidad Valenciana y de Murcia".
 "Eran puros trámites", ha apostillado.
   Respecto a su relación con la CAM, ha señalado que era "simplemente impositor, no tenía ni he tenido ningún crédito en esta entidad". No obstante, ha dicho que sí cuenta con cuotas participativas. Su mujer tenía entre 3.000 y 4.000 euros en cuotas y él, cuando ya estaba en el consejo de administración, compró unos 6.000 euros. "No valen para nada, pero aún tengo las cuotas", ha manifestado.
   El exconsejero ha afirmado había "tensiones" en el consejo de administración de la entidad alicantina, sobre todo por un carácter "más territorial que político", pero que él las vivía "de forma neutral".
   Inquirido por el diputado del PP Vicente Betoret sobre si la deuda de la Generalitat con la CAM ha sido una de las causas del hundimiento de la entidad, Muelas lo ha negado, y ha considerado que la caída de la caja se debió "a exponerse tanto al sector inmobiliario".
Profesora de gimnasia
La exmiembro de la comisión de control de la CAM Olaya Pérez ha señalado que cuando entró en este órgano le explicaron que su función era "el seguimiento y control del consejo de administración". Al respecto, ha dicho que no es economista, pero ha indicado que no era "condición sine qua non para formar parte de los órganos de gobierno de la CAM". "Cualquier persona impositora tiene el mismo derecho, sepa más, sepa menos, tenga un nivel alto o bajo", ha apostillado.    Olaya Pérez, en su primera intervención en la comisión de investigación de la CAM en las Cortes, ha explicado que el Banco de España incoó expediente disciplinario en el que inicialmente apareció relacionada y se formuló pliego de cargos a determinadas personas, pero se le excluyó por haber cesado en su cargo en la caja antes de los ejercicios investigados.
   Profesora de Educación Infantil y Primaria, fue vocal de la CAM de enero de 2002 hasta febrero de 2007, y ha asegurado que no le consta que "en ninguna reunión se adoptara colegiadamente ninguna decisión irregular, con beneficio para nadie". Olaya Pérez ha pedido a las Corts que le paguen la dieta correspondiente al día de hoy y el desplazamiento.
   Asimismo, ha solicitado que se tuviera por cumplida su obligación de informar lo que es objeto de esta investigación. El presidente de la comisión, Rafael Maluenda, le ha informado de que podía incurrir en un delito de desobediencia.
   Pérez, a pesar de su aparente reticencia inicial, ha respondido a preguntas de los grupos parlamentarios en sus posteriores intervenciones. Ha explicado que entró en la CAM por sorteo de impositores y que estuvo en la comisión de control cinco años.
   Según ha asegurado, las reuniones de la comisión de control se hacían a posteriori de los consejos de administración y desde la caja enviaban a casa un dossier sobre los asuntos a tratar. Asimismo, ha indicado que la secretaria de actas ponía "todo a nuestra disposición; en ningún momento se nos negó información".
   Preguntada por la diputada de Compromís Mireia Mollà y por el parlamentario del PP Vicente Betoret por si asistió a reuniones de la caja en el extranjero, Pérez ha indicado que las comisiones de control se hacían tanto en Alicante, como en otros sitios de la Comunidad Valencia, así como "en territorios en expansión".  
"Se hicieron muchas citaciones en muchos sitios, y yo asistí a todas las que pude", ha manifestado.
   Pérez, que no ha querido precisar en qué lugares se hicieron estas reuniones, ha subrayado que las que se hacían en Alicante y las que se hacían "fuera" tenían "la misma seriedad" y "la misma importancia"
   En cuanto a las retribuciones, ha aseverado que todo lo que cobró fue en concepto de dietas. Los grupos de la oposición le han preguntado cómo llegó a ser consejera general de la CAM por parte de la Generalitat valenciana elegida por las Cortes. Pérez ha destacado: "nunca jamás el PP se ha puesto en contacto conmigo para nada, absolutamente para nada".