miércoles, 31 de octubre de 2012

El Gobierno italiano aprueba la reducción del número de provincias de 86 a 51

ROMA.- El Gobierno italiano ha dado luz verde este miércoles a la ley que prevé la reducción del número de provincias del país de 86 a 51 a partir de 2014 con el objetivo de ahorra gastos al Estado, según ha anunciado el ministro de Función Pública, Filippo Patroni Griffi. Según el Gobierno, la medida ahorrará 40 millones de euros al año.

   El consejo de ministros ha aprobado el decreto ley de reforma y con ello se ha puesto en marcha el "proceso irreversible" de reducción del número de provincias, ha explicado. "A partir de enero, y en coherencia con la gobernanza, se reducirán la juntas provinciales", ha indicado el ministro, si bien la supresión definitiva de las provincias tendrá lugar en enero de 2014.
   Según ha explicado Patroni Griffi, en noviembre de 2013 se celebrarán las elecciones para elegir los gobiernos de provincias, que serán "completamente nuevas tanto por sus dimensiones como por sus funciones".
   El objetivo del Gobierno de Mario Monti, además de reducir gastos, es racionalizar competencias como la gestión de las carreteras o de la educación, y además permitirá que algunos ayuntamientos puedan pasar a otra provincia más cercana y con la que tienen mayor afinidad.
   La nueva ley también prevé la creación a partir del 1 de enero de 2014 de las ciudades metropolitanas que sustituirán las provincias de los principales núcleos urbanos del país. En concreto, se constituirán diez ciudades metropolitanas: Roma, Turín, Milán, Venecia, Génova, Bolonia, Nápoles y Reggio Calabria.

La Audiencia Nacional investiga las inversiones hoteleras de CAM

MADRID.- La Audiencia Nacional investiga las inversiones hoteleras que realizó Caja Mediterráneo (CAM) a través de la sociedad Valfensal, participada en un 30 % por la entidad financiera y en un 70 % por los empresarios Juan Ferri Guardiola y José Salvador Baldó.

Según confirmaron fuentes jurídicas, el Juzgado Central de Instrucción nº 3 ha llevado a cabo registros en Benidorm y Altea con el objetivo de obtener documentación de los domicilios particulares de los dos empresarios y de la principal oficina de Vanfensal, cuya sede social se encuentra sin embargo en Madrid.
La investigación liderada por el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez se inició a raíz del informe encargado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a Deloitte sobre las operaciones de CAM con Valfensal, que desveló la existencia de múltiples irregularidades, constitutivas de delitos de apropiación indebida y blanqueo de capitales, entre otros.
Según Deloitte, Ferri y Baldó constituyeron un entramado de una treintena de sociedades, algunas de las cuales estaban radicadas en paraísos fiscales, gracias en buena medida a la financiación sin condiciones de CAM, donde supuestamente contaban con el apoyo del ex director general Roberto López Abad.
De hecho, en la documentación anexa al informe, CAM señala que el ex director general conocía a los propietarios mayoritarios de Valfensal desde la crisis de 1992 y que en 2004, cuando la entidad financiera creó TI Participaciones, "los clientes establecen contacto con Roberto López, Daniel Gil y Agustín Llorca para ofrecernos en (sic) los proyectos que van a desarrollar en América".
Entre 2004 y 2009, CAM financió con 194,56 millones de dólares a Valfensal para comprar en el Caribe el Hotel Sandos Caracol, el Hotel Playacar (antiguo Hotel Gala) y el Hotel Rivera, así como varias parcelas en Rivera Maya y República Dominicana.
Tras la concesión de los préstamos, CAM y Valfensal renegociaron la ampliación del período de carencia del capital, que quedó fijado hasta febrero de 2014, aunque el vencimiento se mantuvo en 2018.
Los registros fueron realizados el pasado 16 de octubre por la Guardia Civil sin que de momento el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3, que lidera la investigación sobre las irregularidades cometidas por los antiguos gestores de CAM, haya imputado a los dos empresarios.

El Banco de España prevé que BMN necesitará ayuda pública para subsistir

MADRID.- El Banco de España, sobre la base del estudio de los planes presentados, ha llegado a la conclusión, compartida por los servicios de la Comisión Europea de que Banco Popular e Ibercaja, serán capaces de cubrir las necesidades de capital por sus propios medios, siguiendo los términos previstos en el MoU, para finales de 2012. 

Se espera que el resto de entidades bancarias -Banco Mare Nostrum, Caja3, Ceiss y Liberbank- recurran a ayudas públicas en el marco de sus procesos de recapitalización. 
Estas cuatro entidades tendrán que traspasar sus activos al 'banco malo', tal como adelantó ayer martes El Confidencial, y quedarán encuadradas en el llamado grupo 2, que son las que necesitan ayudas públicas para recapitalizarse. Estas ayudas incrementarán el importe del rescate europeo por encima de los 40.000 millones estimados por el Gobierno para las cuatro entidades nacionalizadas. 
BMN (Mare Nostrum, fusión de las cajas de Murcia, Granada, Penedès y Sa Nostra) ha incluido en su plan de recapitalización una inyección de fondos públicos inferior a 500 millones pese a que su déficit es de 2.208 millones. Por tanto, también tendrá que traspasar sus activos al banco malo, que suponen en términos netos -una vez aplicados los descuentos de este vehículo- 6.244 millones, 4.890 millones en crédito promotor y 1.354 en adjudicados (estas cifras se afinarán puesto que los descuentos exactos varían de una entidad a otra).
Banco Mare Nostrum, Caja3, Ceiss y Liberbank han presentado sus planes de reestructuración al Banco de España y a la Comisión Europea, tal y como establece la legislación española y la normativa europea de ayudas públicas, y según los términos del MoU. Antes de finales de año se adoptará una decisión al respecto.
"De esta manera se asegura que todas las entidades sometidas a las pruebas de resistencia estarán plenamente recapitalizadas al final de este año", señala el Banco de España.
El Banco de España prevé pues que Banco Mare Nostrum (BMN), Banco Ceiss, Caja 3 y Liberbank recurran a ayudas públicas para completar sus procesos de recapitalización, mientras Banco Popular e Ibercaja serían capaces de cubrir sus déficits de capital por "sus propios medios" para finales de 2012.  
   El organismo liderado por Luis María Linde hace estas consideraciones tras examinar las medidas previstas en los planes de recapitalización presentados por las entidades durante este mes.
   Las pruebas de resistencia realizadas por la consultora Oliver Wyman destaparon un déficit de capital para un escenario adverso de hasta 2.208 millones en BMN, de hasta 2.063 millones en Banco Ceiss, de hasta 1.198 millones en Liberbank y de hasta 779 millones en Caja 3.
   El Banco de España anticipa que antes de finales de este año se adoptará una decisión al respecto. Las ayudas que se podrían articular a través de bonos contingentes convertibles, los conocidos en el argot financiero como 'cocos'.
   "De esta manera, se asegura que todas las entidades sometidas a las pruebas de resistencia estarán plenamente recapitalizadas al final de este año", explica el instituto emisor.
   Los planes de recapitalización presentados han seguido los términos previstos en el Memorándum de Entendimiento (MoU) suscrito por las autoridades españolas y Bruselas para liberar la ayuda a la banca española por hasta 100.000 millones de euros.

El coste de buscar la realidad

  Las pruebas de solvencia realizadas por diferentes consultoras y firmas auditoras a la banca española entre mayo y septiembre han supuesto un coste de 31,39 millones de euros, según ha informado este miércoles el Banco de España, que ha precisado que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que se nutre de aportaciones de los bancos, le reembolsará el importe íntegro de dichas pruebas.
   Dentro de esta cantidad se encuentran las pruebas efectuadas por Roland Berger, Ernst&Young, PwC, Promontory Financial Group, Boston Consulting, Deloitte, KPMG y Oliver Wyman.
   Precisamente, Oliver Wyman, firma encargada del ejercicio de evaluación individualizada a las entidades financieras y una de las artífices, junto a Roland Berger, de la prueba de resistencia global, es la que más ha ingresado por su trabajo, con más de 10,5 millones de euros.
   Deloitte, Ernst&Young, KPMG y PwC fueron los encargados de hacer la valoración de la cartera crediticia de las entidades analizadas. Por este trabajo, Deloitte se embolsó 1,8 millones de euros; Ernst&Young 7,4 millones; KPMG 4,6 millones y PwC 5,3 millones.
   Estos test también incluían gastos para la asesoría en evaluación de la prueba de resistencia global, por la que la firma Promontory Financial Group ingresó 88.500 euros. A ello hay que sumar las cantidades de apoyo a la oficina del proyecto, realizada por Boston Consulting Group por 954.930 euros.
   El Banco de España ha señalado que el conjunto del ejercicio sobre la banca española realizado entre el 21 de mayo y el 30 de septiembre, incluyendo las pruebas agregadas e individualizadas, han implicado la realización de cerca de 240.000 horas de trabajo.
   En concreto los consultores han empleado 32.000 horas de trabajo para realizar las pruebas de resistencia, los valoradores inmobiliarios han trabajado 33.000 horas para desarrollar el informe y los consultores del Comité de Dirección del proyecto se han dejado cerca de 2.000 horas para realizar su labor.
   Por otra parte, los 400 auditores de las firmas que han participado en este análisis han empleado 172.000 horas de trabajo en la realización de las pruebas, de las que más de 40.000 han sido extras o en días festivos.