martes, 9 de octubre de 2012

La recentralización del Estado y sus consecuencias

MADRID.- Según el CIS, el 40% de los españoles está a favor de regresar al centralismo y devolver a Madrid las competencias de las autonomías. Pero esto implicaría reformar la Constitución, afectaría a la clase política y obligaría a seguir pagando los sueldos de cerca de medio millón de funcionarios sin tarea, según http://arndigital.com

El Estado autonómico vive sus horas más bajas de los últimos años. Por un lado, su viabilidad está siendo puesta constantemente en duda por los partidarios a favor de la separación de Cataluña o de la implantación de un modelo federal. Por el otro, cada vez están cobrando más fuerza las propuestas de aquellos que exigen lo contrario. Cuatro de cada diez ciudadanos entrevistados por el CIS se muestran favorables a la supresión de las comunidades, o, al menos, a que pierdan alguna de las competencias que les han sido transferidas. El principal argumento que esgrimen los partidarios de la recentralización es que esto supondría un importante ahorro y pondría fin a las duplicidades. Pero, según los expertos, dicho ahorro solo empezaría a notarse tímidamente al cabo de un mínimo de cinco años y, en el corto plazo, supondría duplicidades y serios problemas políticos, jurídicos y de deuda.
La pasada primavera, mucho antes del viraje hacia el soberanismo del Gobierno catalán, la por entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, propuso que se devolviesen al Gobierno central competencias como la Sanidad, la Educación o la Justicia. Tan sólo unos meses después, un estudio de la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) señalaba que la mayoría de los ciudadanos veía con buenos ojos una recentralización. Algo que, en un momento en que Madrid ha establecido límites de déficit y endeudamiento de las comunidades, y en el que casi todas las regiones con mayor peso en la economía española han acudido al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), podría ser visto por algunos como una oportunidad política inmejorable.


Un proceso políticamente imposible…


El problema es que, como señala el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo Ramón Punset, “salvo que se trate de llevar a cabo un cambio revolucionario, cualquier intento de suprimir una Comunidad Autónoma requeriría una reforma de la Constitución por la vía agravada del artículo 168”. Y, si lo que se pretende es que el Estado recupere competencias que han sido asumidas por una Comunidad, habría que modificar ineludiblemente su Estatuto, para lo que también sería necesario cambiar la Carta Magna, aunque, quizás, por el procedimiento del artículo 167, mucho más sencillo.


La reforma constitucional sólo podría eludirse en un número de casos muy limitado: en aquellos en los que, como sucede con la policía de tráfico en Cataluña, se haya utilizado una ley orgánica de transferencia o delegación.


Pero, según Punset, la recentralización es “políticamente imposible”. Esto se debería, como explica Juan Aitor Lago, director del Strategic Research Center de la escuela de negocios EAE, a que, si se viesen privados de todas sus competencias, lo más probable es que las instituciones de las comunidades autónomas dejasen de existir, lo que afectaría seriamente a la clase política. Según los expertos, si en España se adoptase un Estado centralista similar al francés, el número de políticos se reduciría de 400.000 a 100.000.


… y complicado para la economía


Éste motivo, el mismo que haría que la clase política española se opusiese en todo momento a una vuelta total al centralismo, es precisamente uno de los más utilizados por sus partidarios. Los otros dos son el ahorro y la supresión de duplicidades entre administraciones. Ahora bien, en el plano económico la recentralización también tendría una serie de consecuencias que no serían precisamente positivas.


Y es que, como señala el catedrático de Economía de la Universidad Complutense Mikel Buesa, “todo puede ser económicamente viable: todo depende de los costes y de los beneficios”. En la actualidad, las competencias que tienen un mayor peso en el gasto público del Estado y de las autonomías son, como se ha venido recordando insistentemente, las relacionadas con la Sanidad y la Educación, ya que la justicia mantiene aún un notable grado de centralización. Se calcula que el gasto público en estas dos materias ascendía en 2009, antes de los últimos recortes, a cerca de 110.000 millones de euros.


Si Madrid recupera la titularidad de estas competencias, el gasto repercutirá en la Administración central, y también quedarán a su cargo los empleados públicos autonómicos que hasta entonces las desempeñaban. Pero, como explica el también profesor de la Complutense Alfonso Utrilla de la Hoz, es muy posible que, en vez de generar ahorro, a corto plazo la vuelta al centralismo produzca más costes, derivados, paradójicamente, de la aparición de nuevas duplicidades.


Nuevas duplicidades


Esas duplicidades estarían causadas, según Juan Aitor Lago, porque, aunque se queden sin tarea, los funcionarios que ocupan puestos administrativos en las autonomías seguirán manteniendo sus plazas fijas de trabajo, y, por lo tanto, cobrando los salarios correspondientes del Gobierno central, aunque no desempeñen ninguna función. Esto se vería de una forma especialmente acusada en la Sanidad y en la Educación, sobre todo en las universidades públicas autonómicas.


En este sentido, otros especialistas añaden que, si bien una recentralización supondría inequívocamente el despido de gran parte del personal laboral, el problema de los funcionarios no tendría solución. Estos mismos analistas indican que, de acuerdo con el último Boletín de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el número de dichos funcionarios –descontando al personal sanitario y los maestros, cuya inserción en un sistema centralizado sería mucho más sencilla– ronda el medio millón de personas.


Pagar más por la deuda


El otro gran problema vendría asociado a la deuda autonómica, que este año ha ascendido a 140.000 millones de euros. De la Hoz apunta que, una vez se hubiesen visto privadas de sus principales competencias, las comunidades seguirían teniendo que hacer frente a sus endeudamientos millonarios, pero podrían muy bien no tener ingresos para ello. Para salvarlas del ahogamiento, los expertos coinciden en que sólo quedaría una solución: que la Administración central hiciese suya dicha deuda. El problema es que, entonces, los elevados intereses de los bonos autonómicos podrían hacer que el Tesoro español tuviera que pagar mucho más para colocarlos en los mercados.


¿Y el ahorro?


El proceso de recentralización sería especialmente complejo y dificultoso, ya que las comunidades podrían oponerse a perder unas competencias que les fueron transferidas a lo largo de quince años. Y además, en una situación de problemas de costes y pagos de los intereses de la deuda, únicamente podría esperarse una reducción de gastos en un plazo mínimo de un lustro. Y todo ello dependería, no obstante, de las condiciones que Alemania impusiese de cara a una posible petición de rescate por parte de España y del modo en que se llevasen a cabo las conocidas como ‘economías de escala’, es decir, conseguir que la actividad de la Administración llegase al mayor número de usuarios al menor coste posible. Lo malo es que, como recuerda Xavier Cuadras, profesor del departamento de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra, en determinados servicios, como la Sanidad, su elevada territorialidad hace muy difícil que estas ‘economías de escala’ puedan tener una gran implantación. Por todo ello, los expertos coinciden en que, en lugar de impulsar un proceso involutivo hacia el centralismo, la opción más adecuada estaría en apostar por la reducción de gastos y la coordinación entre entidades territoriales.

Más del 50% de los 1.400 empleos del recorte en la CAM son prejubilaciones

ALICANTE.- Algo más de la mitad de los 1.400 empleos que ha tenido que ajustar SabadellCAM por imperativo de la Comisión Europea a la hora de autorizar la adjudicación de la Caja murciano-alicantina son prejubilaciones voluntarias con el 80% del salario neto y con un tope de 240.000 euros.

 Esta noche, la plataforma sindical formada por el cien por cien de los delegados sindicales, firmaba el preacuerdo del ERE tras un mes de negociaciones. Fuentes del SabadellCAM consultadas por 'Las Provincias', que son conscientes del posible daño a su imagen del cierre de un acuerdo sin pacto, aseguraron que se firmaba un preacuerdo «muy favorable» para el colectivo laboral, dentro de lo traumático de estos ajustes.
Con la legislación laboral en la mano tras la última reforma del Gobierno, el despido colectivo supondría apenas 20 días de año trabajado como indemnización. Los sindicatos eran esta noche conscientes de que la ley jugaba en su contra, pero no había unanimidad.
Tras apurar hasta el último día legal, las diferencias sobre las indemnizaciones en las distintas modalidades de salidas eran el mayor escollo. Pese a que SabadellCAM ya decidió hace muchas semanas reducir hasta 1.400 el recorte frente a los 1.750 afectados inicialmente, el escollo parecía insalvable.
La última oferta de esta noche para las prejubilaciones voluntarias era del 80% del salario neto con el tope de 240.000 euros, aunque los sindicatos pedían que la cantidad se elevara hasta los 260.000 euros en función de la edad del prejubilado por las necesidades distintas hasta alcanzar la edad de jubilación legal.
En el capítulo de bajas incentivadas sin derecho a reincorporación, la última oferta del Sabadell residía hoy en los 35 días por año de indemnización con una prima de 10.000 euros, para los empleados que tengan salarios menores de 30.000 euros. Y para los salarios que sean mayores de 30.000 euros, 35 días por año, con una prima de 15.000 euros. En ambos casos con un límite máximo de 100.000 euros por trabajador.
En las suspensiones temporales, se ofrecía desde la entidad financiera una indemnización inicial de 20 días por año, con un mínimo de 10.000 euros de pago inicial. Si pasados los dos años, no se produce el reingreso del trabajador suspendido temporalmente, tendría derecho a la indemnización por despido improcedente según la legislación vigente actual, teniendo en cuenta el importe recibido al inicio. Las suspensiones se efectuarán como extinciones, explicó esta noche un portavoz del SabadellCAM.
Los sindicatos negociaron a última hora del plazo legal que esa indemnización en caso de no reincorporación no fuera de 35 días, sino de 45.
En los traslados con cambio de domicilio, la empresa ofrece 6.000 euros de pago único, y 700 euros al mes por dos años. Sin cambio de domicilio, se aplicará la misma normativa que en Banco Sabadell.

Por qué no quieren a los políticos / José Oneto

La crisis institucional se agrava conforme se complica la situación económica y social del país, según reflejan dos de las más importantes encuestas que se elaboran periódicamente: la del oficial CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) y la que para el periódico “El País”, realiza Metroscopìa.

Los datos de los dos sondeos proporcionan una radiografía bastante aproximada de la grave deriva económica, política, social, constitucional e institucional en la que está el país, hasta el punto que, por ejemplo, en la serie histórica que viene elaborando el CIS, la preocupación por la clase política ha ido en aumento y ha alcanzado su récord, ya que más de la cuarta parte de los españoles creen que los políticos y la denominada clase política, constituyen el tercer problema del país, después del paro y de la situación económica.

Pero es que, además, casi el 89 por ciento está convencido de que la situación económica del país es mala o muy mala, el 67 por ciento que es peor que hace un año, y el 77 % que el año que viene será igual o peor que éste, al tiempo que más del 77 por ciento piensa que la situación política es mala o muy mala, más del 87 por ciento que es igual o peor que el año pasado y el 76 por ciento que el año próximo será igual o peor que hoy.

El cuadro lo completa Metroscopia al señalar que quizás, debido a esa desconfianza en la clase política, se desploma la fidelidad de los ciudadanos a los dos grandes partidos, que se hunden respecto a los resultados de las últimas generales, mientras sus líderes cosechan un gran rechazo. Más el líder de la oposición, Pérez Rubalcaba, ya que el 90 por ciento de los encuestados confían poco o nada en él, frente al 84 por ciento de disconformidad frente a Mariano Rajoy. Dos cifras realmente preocupantes.

De los dos sondeos se deduce que el malestar social que ha provocado la crisis económica y sus devastadores efectos, han terminando dañando a los partidos políticos, a sus dirigentes, a los gobernantes, al sistema democrático, e incluso al modelo de Estado autonómico, al que se acusa de ser uno de los causantes del despilfarro que ha complicado, en alguna medida, la actual crisis, que ha terminado por condicionar el futuro político del país, en tanto hemos ido perdiendo soberanía frente a Europa a la que, para agudizar más la “gran crisis” en la que estamos, se quiere incorporar Cataluña, después de independizarse y escindirse de España, mientras tenemos que cumplir unas durísimas condiciones económicas -endurecidas en caso de un rescate de la Deuda soberana- que nos han conducido, por el momento, a una de las mayores recesiones económicas desde el final de la guerra civil de l936-1939. Aunque el ministro de Economía y Competencia, Luis de Guindos, acaba de asegurar en Luxemburgo, en la reunión del Eurogrupo, que “España no necesita más austeridad”.

Al final, ese gran despilfarro, la falta de un mínimo consenso para hacer frente a una crisis que se puede llevar todo por delante; los numerosos casos de corrupción que hace que, por ejemplo, en el Parlamento valenciano el tercer grupo parlamentario sea el de los “imputados” en numerosos casos de corrupción; que muchos imputados puedan volver a presentarse a las elecciones, como si no hubiese pasado nada; que representantes partidos políticos tengan una gran responsabilidad en el gran escándalo del hundimiento de las Cajas de Ahorros que han tenido que ser rescatadas con el dinero de los ciudadanos; que conocidos los datos de su desprestigio ante la ciudadanía, la única reacción que hayan tenido haya sido en vez de hacer la mínima autocritica, echarse la culpa uno a otro, el PP al PSOE, el PSOE al PP, Carlos Floriano a los gobiernos socialistas y Oscar López al gobierno de Rajoy, explica muy bien esa falta de sensibilidad con lo que realmente está pasando, ese desprestigio que está afectando gravemente al sistema, esa ausencia de liderazgo, en uno de los momentos más graves de nuestra democracia.

http://www.republica.com/2012/10/08/por-que-no-quieren-a-los-politicos_559523/

Los alcaldes del PP en Torre Pacheco y Fuente Álamo irán a juicio por los presuntos delitos de prevaricación y cohecho respectivamente

MURCIA.- Los alcaldes del PP en Torre Pacheco y Fuente Álamo, Daniel García Madrid y María Antonia Conesa, irán presumiblemente a juicio por varios supuestos delitos en el marco de las investigaciones que se iniciaron en 2008 de presunta corrupción urbanística, al entender el juez que existen indicios de criminalidad.

   En concreto, Conesa, junto con al promotor inmobiliario Facundo Armero, irían a juicio por un posible cohecho al recibir un sobre con 12.000 euros de éste. Mientras que el alcalde de Torre Pacheco sería por supuesta prevaricación y fraude, en términos globales.

   Según se ha podido saber, el terreno urbano que era municipal "lo permutaron por un terreno rústico privado, lo que supuso un perjuicio económico para el Consistorio con esa operación de 3,5 millones de euros" para favorecer a la empresa Polaris.
   Esta actuación se enmarca en el procedimiento que instruye el Juzgado de Instrucción nº 4 de San Javier, en la denominada operación 'Camelot', por los presuntos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, fraude, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y revelación de secreto.
   El regidor de Torre Pacheco fue detenido y permaneció en prisión por este caso, mientras que la alcaldesa de Fuente Álamo fue puesta en libertad con cargos tras declarar ante el jugado por presuntas irregularidades urbanísticas en su Ayuntamiento.
   Tras dictar resolución el Juzgado de Instrucción nº 4 de San Javier, con fecha de 24 de septiembre de 2012, confirmado hoy por fuentes judiciales, el juez entiende que la fase de instrucción concluye ya y los hechos a los que se refieren las diligencias pueden ser constitutivos de varios delitos: dos de prevaricación, dos de malversación, un delito de fraude, un delito de prevaricación por omisión, uno de cohecho y dos delitos de tráfico de influencias.
   El procedimiento continúa al existir indicios de criminalidad contra los alcaldes Daniel García Madrid y María Antonia Conesa, así como el empresario Facundo Armero; el funcionario y arquitecto técnico del Ayuntamiento de Torre, Pacheco Ramón Cabrera; y J.M.
   De este modo, se ha dado traslado a las partes para que en el plazo de diez días formulen el escrito de acusación para solicitar la apertura oral o el sobreseimiento de la causa.
   El juicio se celebrará previsiblemente y las defensas "posiblemente recurrirán el auto de procedimiento abreviado", por el cual se cierra la fase de investigación y pasa al Ministerio Fiscal para formular el escrito de acusación, que podría estar concluido en la primera semana de noviembre.
   Así, se prevé que el señalamiento del juicio, que se celebrará en Cartagena, podría fijarlo el Juzgado de lo Penal para no antes del próximo verano, en función de la agenda.

El 82% de personas que atiende Cruz Roja en la Región vive por debajo del umbral de la pobreza

MURCIA.- El presidente autonómico de Cruz Roja en la Región de Murcia, Aurelio Luna Maldonado, ha destacado este martes que el 82% de las personas que atienden dentro del Servicio de Intervención Social "vive por debajo del umbral de la pobreza". 

   De hecho, en base a datos del INE y la EPA, ha remarcado, el paro en la Región ha aumentado, superando los 200.000 desempleados "y el índice de pobreza se ha incrementado un diez por ciento en los dos últimos años, alcanzando casi al 36 por ciento de la población".
   Además, ha señalado, la tasa de paro es del 64 por ciento y de este porcentaje de personas desempleadas atendidas, el 50 por ciento lleva más de dos años en esta situación y el 51 por ciento carece de cobertura de desempleo o de rentas mínimas". A lo que se une que el 43,2 por ciento de las personas que atiende Cruz Roja no puede disponer de medios para la calefacción del hogar en invierno o que el 26,2 por ciento no se puede permitir una comida con aporte de proteínas tres veces por semana.
   Tras lo que el presidente de Cruz Roja en la Región, ha destacado, acompañado por su coordinador autonómico, Juan Antonio Balsalobre, que en los dos últimos años, el impacto de la crisis socioeconómica ha hecho que muchas personas que hasta hace poco se encontraban en contextos más seguros, "hayan entrado a formar parte de los colectivos más vulnerables".
   De hecho, ha comentado, Cruz Roja en la Región de Murcia ha atendido a más de 142.000 personas durante el año 2012, casi las mismas personas que en todo el pasado año, cuando fueron 147.164 personas. Este aumento de la vulnerabilidad, ha explicado en rueda de prensa, ya se percibió en 2011 cuando se produjo un incremento del 26 por ciento en el número de atenciones con respecto al año anterior.
   Por ello, Cruz Roja se ha visto obligado a realizar un llamamiento solicitando la ayuda de los murcianos, bajo la campaña 'Ahora + que nunca, tu apoyo es necesario' ya que, ha subrayado Aurelio Luna, "es necesario que los apoyos y ayudas trasciendan del ámbito familiar, construyendo un colchón más amplio, buscando un incremento del compromiso de la ciudadanía a través de las organizaciones sociales".
   La finalidad, ha indicado, "es convertirnos en intermediarios de la solidaridad de instituciones y ciudadanos", en esa acequia, ha proseguido, "que va a llevar el agua de los recursos a los más necesitados".
   Así, Cruz Roja ha puesto en marcha, un plan de actuación, desde las diferentes asambleas locales, con proyectos de ayuda a las personas en situación de necesidad, con el fin de atender a más de 40.000 personas. Al tiempo que se ofrece como intermediario de la solidaridad de la sociedad "para encontrar con la ayuda de la ciudadanía aquellos recursos que nos sean demandados y de los que no dispongamos, creando un puente en la red solidaria anónima que este momento de crisis requiere".
   En concreto, este plan pone en marcha proyectos de ayuda, para facilitar el acceso a la alimentación y cobertura de necesidades básicas de personas en situación de extrema vulnerabilidad, facilitar a las personas en situación de extrema vulnerabilidad que mantengan unas condiciones de habitabilidad e higiene saludables y establecer ayudas en el copago de recetas para la obtención de medicamentos, y el acceso a los cauces sanitarios de aquellas personas extranjeras que se encuentren en una situación irregular.
   Así como para facilitar la cobertura de necesidades extremas relacionadas con la vivienda, a través de ayudas de alquileres, recibos de luz, agua, electrodomésticos, facilitar a personas sin hogar o en asentamientos el acceso a la alimentación y a unas condiciones de higiene personal saludables.
   Además, potenciará su intervención en la calle en épocas de frío, facilitará la escolaridad de menores, a través de ayudas de material escolar, libros, transporte, comedor y ampliará las plazas de acogida, en sus centros de Cartagena y Lorca.
   Cruz Roja Murcia cuenta con 18.000 socios y 7.600 voluntarios, y gracias a la solidaridad de la ciudadanía "el porcentaje de fondos se incrementó un 20% respecto al año anterior", ha concluido Aurelio Luna.
Cualquier donación podrá realizarse al siguiente número de cuenta: 3058 0295 19 2720000870, en Cajamar.

El presupuesto de la Asamblea Regional se reduce un 13,3% con respecto a 2012 y alcanza los 9,6 millones

CARTAGENA.- El presupuesto de la Asamblea Regional de Murcia para 2013 se reducirá un 13,36 por ciento con respecto a 2012, pasando de los 11,1 millones de euros de que disponía en enero de 2012 a 9,6 millones en enero de 2013.

   Fue a mediados de 2012 cuando el presupuesto de la Asamblea pasó de 11,1 a 10,2 millones de euros. La minoración afectó a casi todas las partidas presupuestarias, incluido el sueldo de los diputados regionales y la financiación de las formaciones políticas, recuerda el Parlamento autonómico.  
   El nuevo recorte, que entrará en vigor en enero de 2013, reducirá el presupuesto de la Asamblea hasta los 9,6 millones de euros y afectará, fundamentalmente, al capítulo VI, de Inversiones, que baja un 70 por ciento; al capítulo II De Bienes y Servicios, que experimenta una reducción del 20,7 por ciento; y al IV, de Transferencias, capítulo en el que se incluyen las subvenciones a las formaciones políticas, que merma un 16 por ciento.
   Los sueldos de los diputados quedan congelados, tras el recorte del año pasado, que fue del 8,45 por ciento, con la bajada de sueldo y la supresión de la paga extra de Navidad.
   La nueva reducción será la quinta que experimente el presupuesto de la Asamblea Regional de Murcia desde 2009. Los 9,6 millones de euros con que contará en 2013 lo ratifica como uno de los parlamentos autonómicos que menos cuesta a sus habitantes: 6,5 euros por persona y año, frente a los 10,9 de Baleares, 11,9 de Extremadura, 12,8 de Asturias o 14,2 de Aragón, comunidades autónomas con una población similar a la de Murcia.

UPyD Murcia insta al Ayuntamiento a que asuma todas las competencias en materia de transporte

MURCIA.- El portavoz de Unión Progreso y Democracia en el Ayuntamiento de Murcia, Rubén Juan Serna, ha afirmado este martes que el anuncio de supresión de la Entidad Pública del Transporte (EPT) por parte de la Comunidad Autónoma "brinda una oportunidad ideal para atajar un problema histórico" como es el del transporte de ciudadanos dentro del municipio.

   Para Serna, con la inminente disolución de la EPT "pensamos que es el escenario ideal para que el Ayuntamiento retome y asuma todas las competencias" en cuanto a transporte, tal y como viene recogido en la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL).
   UPyD Murcia propone que la Comunidad Autónoma devuelva la gestión de las líneas interurbanas así como la aportación económica y presupuestaria, "como es lógico", ha remarcado Rubén Juan Serna, quien desea que sea el Ayuntamiento quién gestione a partir de ahora todo el transporte para que así "no tenga coartadas de ningún tipo o pueda echar la culpa a otras administraciones".
   Para UPyD sólo con un Consistorio gestionando y coordinando de manera única tanto líneas urbanas como interurbanas y el tranvía a través de una empresa única pública y municipal puede mejorar  la situación del transporte del municipio, "además de permitir más facilidad a la hora de la creación del billete único, por ejemplo".
   Como el propio Serna ha explicado "en estos momentos la situación desde el verano hasta ahora ha empeorado notablemente". Con la reducción de líneas, una frecuencia de paso menor, partes del municipio sin conexión y los billetes un 10 por ciento más caros "la situación es obviamente peor, aunque se venda otra diferente".

Valcárcel adopta en Bruselas el papel de 'gran pedigüeño' de las regiones europeas desfavorecidas

BRUSELAS.- El presidente de la Comunidad de Murcia y del Comité de las Regiones (CDR), Ramón Luis Valcárcel, mostró de nuevo su compromiso hacia las regiones europeas "para que sigan recibiendo fondos de cohesión con el objetivo de conseguir alcanzar el crecimiento y la creación de empleo de calidad". 

   Valcárcel hizo estas declaraciones durante su intervención en la primera sesión del pleno del Comité de las Regiones, celebrado en Bruselas, en el que también estuvo presente el comisario de Política Regional, Johannes Hahn, con quien el presidente murciano mantuvo un encuentro previo para informarle de los daños producidos por las lluvias del pasado 28 de septiembre en la Región de Murcia.
   En este encuentro, al que también asistieron el alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez, y el concejal de Economía del Ayuntamiento de Lorca, Luis Amador, el comisario europeo de Política Regional transmitió al presidente Valcárcel sus condolencias por las víctimas de las inundaciones ocurridas la pasada semana en el sureste español y su voluntad política de realizar todos sus esfuerzos para que llegue toda la ayuda posible a las zonas damnificadas.  
   Posteriormente, durante la inauguración de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades, conocida como 'Open Days', el jefe del Ejecutivo regional y presidente del Comité de las Regiones explicó que, en los últimos diez años, el Open Days "se ha convertido en una semana de referencia en la agenda de la Unión Europea", ya que, para las instituciones europeas "es un momento clave para hacer balance, escuchar y comprobar si las propuestas políticas y la financiación de la Unión Europea siguen adecuándose a las necesidades reales sobre el terreno".
   Los 'Open Days' constituyen la ocasión de "descubrir qué políticas funcionan en otras regiones, difundir  experiencias políticas y aprender las unas de las otras", manifestó el presidente, quien añadió que a través de estas jornadas "se hacen nuevos contactos y surgen nuevas redes".
   Valcárcel agradeció la presencia de las más altas autoridades de la UE, como el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schluz, y del Consejo Europeo, Herman Vam Rompuy, pues, según indicó, "significa que la política de cohesión es una herramienta fundamental para alcanzar los objetivos de la estrategia Europa 2020".
   Durante su intervención se refirió  al próximo marco financiero plurianual de la UE, que será debatido en pocas semanas por los líderes europeos, "por lo que estamos viviendo unos momentos decisivos para el futuro de Europa y sus regiones", aseguró.
   En este sentido, apuntó que desde el CDR "esperamos que las decisiones que adopten los jefes de Estado y de Gobierno en las próximas semanas sean una consecuencia congruente con la hoja de ruta acordada para alcanzar crecimiento y empleo de calidad".
   Igualmente incidió en que "deberíamos enfocar nuestras inversiones en proyectos que favorezcan el crecimiento, garantizar que los fondos europeos produzcan resultados para los ciudadanos y, en tercer lugar, que el presupuesto de la UE favorezca la cohesión territorial y permita que las regiones y ciudades se beneficien del mercado interior".
   "Sabemos que el fracaso a la hora de obtener resultados tangibles o la incoherencia entre las decisiones sobre el futuro presupuesto comunitario no sería entendido por los entes locales y regionales, ni por sus representantes políticos, ni por los ciudadanos", explicó Valcárcel, que indicó que el CDR ha sido "muy claro" en este sentido, pues "necesitamos una Europa que promueva tanto la responsabilidad como la solidaridad, que infunda esperanza, que conecte a las personas y que invierta en la gente".
   "Queremos una Europa innovadora, competitiva y lista para configurar el mundo interconectado del siglo XXI", manifestó el presidente. Por ello, en las negociaciones sobre el futuro presupuesto de la UE "hay que reservar a la política de cohesión el papel de inversión clave como herramienta que así concebimos para permitir que las regiones den apoyo al crecimiento y creen empleo".
   La prioridad política de Valcárcel durante su presidencia del CDR será la estrategia Europa 2020, "utilizando los fondos de la UE de forma inteligente para gastar mejor". Así, desde el CDR "se promoverá el uso eficiente del presupuesto publico y privado y se explotarán las complementariedades entre los distintos fondos europeos y los instrumentos de financiación innovadores, empezando por el Banco Europeo de Inversiones".  
   Según explicó Valcárcel, "minusvalorar el valor de la cohesión social no haría mas que restar posibilidades de superar la crisis". Por ello, en nombre del CDR, Valcárcel reiteró su petición de un futuro presupuesto de la UE "creíble" y "que vaya más allá del 1 por ciento del PIB, que se apoye en nuevos recursos propios, que tenga un efecto multiplicador y suficiente flexibilidad".
   Añadió que "reducir el presupuesto de la Unión Europea, que es un 95 por ciento de inversión, significaría poner en peligro los incipientes indicios de recuperación que pueden observarse en nuestras regiones". En este sentido, recordó que la política de cohesión "no solo ha ayudado a aumentar la competitividad de las regiones, sobre todo las de convergencia, sino que también las más competitivas de la Unión Europea se han beneficiado porque les ha permitido mejorar su excelencia cooperando con otros territorios".
   "Sé que no hay solución fácil a esta situación, pero lo claro es que toda solución debe pasar por implicar a los actores locales y regionales, y el nuevo acuerdo por Europa presentado por el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, debe presentarse respetando estos principios", apostilló Valcárcel.

La compraventa de viviendas repunta tras 17 meses de caídas

MADRID.- La compraventa de viviendas aumentó un 3% en agosto respecto a igual mes de 2011, hasta un total de 27.708 operaciones, de las que el 49,8% se realizaron sobre viviendas de segunda mano y el 50,2% sobre inmuebles nuevos, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   El repunte interanual de las compraventas de vivienda registrado en agosto pone fin a una racha de descensos que ya duraba 17 meses y se debe al empuje de las transacciones de pisos nuevos.
   En concreto, la compraventa de viviendas nuevas subió un 6,2% en agosto respecto al mismo mes del año anterior, hasta sumar 13.922 operaciones, mientras que la de usadas no registró variación alguna, con 13.786 operaciones.
   La mayor parte de las viviendas transmitidas por compraventa durante el octavo mes del año, en concreto el 90,3%, fueron viviendas libres. En total, la compraventa de este tipo de viviendas aumentó un 7,3%, hasta 25.022 operaciones, en tanto que las operaciones sobre viviendas protegidas sumaron 2.686, con un descenso del 25% respecto a agosto de 2011.
   En tasa intermensual (agosto sobre julio), la compraventa de viviendas se incrementó un 1,2%, frente al repunte del 7,8% que experimentó en julio. En los ocho primeros meses del año, las compraventas de viviendas acumulan un retroceso del 16,3%.
   En agosto, el mayor número de compraventas de viviendas por cada 100.000 habitantes se dio en La Rioja (106), Baleares (101) y Comunidad Valenciana (99).
   El 60,5% de las compraventas de viviendas efectuadas en el octavo mes de 2012 se registraron en Andalucía (5.526 operaciones), Comunidad Valenciana (4.073), Cataluña (3.835) y Madrid (3.343).
   Las comunidades que realizaron un menor número de compraventas de viviendas en agosto fueron Navarra (245 operaciones), La Rioja (273) y Cantabria (393).
   Las regiones donde más se incrementó la compraventa de viviendas en valores interanuales fueron Extremadura (+19,2%), Baleares (+18%) y Castilla-La Mancha (+16,9%), mientras que las que presentaron los mayores retrocesos fueron Cantabria (-16,3%) y Asturias (-12,3%).
   Sumando las fincas rústicas y las urbanas (viviendas y otros inmuebles de naturaleza urbana), el total de fincas transmitidas en agosto fue de 129.133, con un alza del 6,5% sobre agosto de 2011 y un descenso del 3% respecto al mes anterior.
   Por compraventa se transmitieron un total de 60.643 fincas, un 6,4% más que en agosto de 2011, mientras que 4.842 fincas se transmitieron por donación (+8,5%), 740 por permuta (-28,4%) y 28.917 inmuebles por herencia (+4%).
   En el apartado de compraventa, el 87,2% de las transacciones efectuadas en agosto correspondieron a fincas urbanas y el 12,8% a rústicas. Dentro de las urbanas, el 52,4% fueron compraventas de viviendas.
   Según los datos del INE, el número de compraventas de fincas rústicas aumentó un 2,5% en agosto, hasta las 7.752 operaciones, mientras que el de fincas urbanas repuntó un 7%, hasta las 52.891.
   El número total de fincas transmitidas en agosto por cada 100.000 habitantes fue mayor en Castilla y León (549), Castilla-La Mancha (521) y Aragón (519).
   Las comunidades con mayor tasa de variación interanual fueron Baleares (+28,9%) y Castilla-La Mancha y La Rioja (+28,8% en ambos casos), mientras que los mayores descensos se los anotaron Navarra (-33,1%), País Vasco (-20,5%) y Cantabria (-20,3%).

Las CC.AA. que se acojan al FLA podrán endeudarse

MADRID.- Las comunidades autónomas que se acojan a la línea de financiación directa ICO-CCAA 2012 y al fondo de liquidez autonómico podrán realizar operaciones de endeudamiento a través de certificados de deuda que se sometan a las leyes alemanas, según la disposición general que acaba de publicar el Ministerio de Economía.

   De esta forma, las comunidades autónomas que voluntariamente se adhieran al fondo de liquidez sólo podrán endeudarse a través de distintos instrumentos, entre los que se encuentran los certificados de deuda bajo ley alemana, los conocidos como 'schuldschein', instrumentos híbridos entre préstamos y bonos, que se rigen por el ordenamiento jurídico alemán y con plazos de devolución amplios, de entre diez y quince años.
   Pero las comunidades adheridas al fondo de liquidez no sólo podrán financiarse a través de este instrumento, sino que también podrán realizar operaciones de endeudamiento en valores negociables o no, emitidos mediante emisión pública o privada, en mercados mayoristas o dirigidos al segmento minorista, o bien instrumentos de financiación a corto plazo, préstamos a largo plazo u otros instrumentos que autorice expresamente la Secretaría General del Tesoro.
   Lo que no podrán hacer es acudir a los mercados para realizar operaciones instrumentadas en valores ni operaciones de crédito en el extranjero y, además, el coste total máximo de las operaciones de endeudamiento, incluyendo comisiones y otros gastos, no podrá superar en 250 puntos básicos el rendimiento de la deuda pública del Estado al plazo equivalente.
   En el caso de las operaciones en derivados financieros, Economía prohíbe a las comunidades que se adhieran al fondo de liquidez contratar derivados financieros sin un coste máximo cualquiera que sea el escenario, derivados donde se asuma el riesgo de cualquier índice de precios, derivados que supongan un diferimiento de la carga financiera o derivados contratados a precios fuera de los precios razonables de mercado.
   Asimismo, la realización de derivados financieros exigirá la firma de un contrato estándar por el que se recojan los derechos y obligaciones asociadas a estas operaciones, y se prohíben las cláusulas de resolución anticipada de cualquiera de los instrumentos de financiación como consecuencia de una bajada de la calificación crediticia.
   Igualmente, si las comunidades deciden realizar una emisión en divisa distinta del euro, el riesgo cambiario deberá cubrirse con un contrato de permuta financiera, cuyo coste se incorporará al coste total de la emisión.
   La resolución del Ministerio de Economía indica que con carácter excepcional se podrán autorizar operaciones de endeudamiento que no se ajusten a estas condiciones, siempre que la comunidad autónoma que lo solicite presente una memoria en la que se detallen las circunstancias extraordinarias de mercado y se justifique que la operación no pone en peligro su solvencia financiera.
   Por último, las regiones que se acojan al fondo de liquidez tienen la obligación de comunicar mensualmente las condiciones finales de todas las operaciones de endeudamiento, y dichas comunicaciones se acompañarán de un certificado del interventor general de la comunidad.