viernes, 27 de julio de 2012

Fitch no descarta que sea necesario aumentar la cuantía del fondo de liquidez para las CCAA en 2013

MADRID.- La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings considera que el Fondo de Liquidez Autonómico creado por el Gobierno español es "positivo" y supone una solución "temporal" a las restricciones de liquidez de las comunidades autónomas, pero advierte de que si la mayoría de las regiones recurren a él, es probable que sea necesario aumentar su dotación en 2013.

   "El establecimiento del Fondo de Liquidez Autonómico es un ejemplo del fuerte apoyo del Gobierno central de España a sus regiones en la medida en que se enfrentan a desafíos de liquidez sin precedentes", destaca la agencia, que añade que este apoyo ya se tiene en cuenta en los ratings de las regiones más débiles.  
   Sin embargo, Fitch advierte de que la situación fiscal y de liquidez de las comunidades autónomas es "extremadamente complicada", con un riesgo real de que no cumplan los objetivos de déficit marcados para 2012. "Sin embargo, consideramos que el fondo de liquidez y otras recientes medidas del Gobierno son positivas", insiste.
   En su opinión, este fondo, dotado inicialmente con 18.000 millones de euros, representa una solución "temporal" a las restricciones de liquidez de las autonomías españolas, acrecentadas por los fuertes aumentos de la deuda y el cierre de los mercados de capital, y alivia nuestra preocupación en el corto plazo sobre su nivel de liquidez.
  Fitch apunta que las necesidades de refinanciación de las comunidades autónomas en los próximos seis meses, incluida la deuda adicional para cubrir los déficits previstos en sus planes económicos y financieros, es de 16.000 millones de euros, por lo que la cuantía del fondo de liquidez será "suficiente" para este año.
   En cambio, cree que es probable que se deba aumentar su dotación en 2013 si un gran número de regiones recurren a él, ya que hasta la fecha ya han anunciado su intención de apelar al fondo Valencia, Cataluña y Murcia, cuyas necesidades de financiación ascienden a 9.000 millones de euros antes de finales de año.
   Respecto a los objetivos de déficit marcados para las comunidades autónomas, el 1,5% en 2012 y el 0,7% en 2013, la agencia considera "sumamente difícil" que se alcancen, especialmente en la actual situación económica, lo que complica la recuperación fiscal.
   "Aunque se han adoptado una serie de drásticas medidas tanto el lado de los ingresos como de los gastos, existe un elevado riesgo de que se superen los límites de déficit para este año", señala Fitch, que ve "esencial" que el Gobierno central mantenga una fuerte vigilancia sobre las finanzas de las autonomías y actúe con rapidez en caso de desviación de los objetivos.

Bernal cuestiona la "neutralidad" del Colegio de Economistas por tener miembros del PSOE

MURCIA.- El consejero de Economía y Hacienda y vicepresidente del Gobierno regional, Juan Bernal, se ha preguntado si el Colegio Oficial de Economistas "está teniendo la debida credibilidad y la debida neutralidad" al haber miembros de su Junta Directiva "muy señalados" en la presentación de sus informes y barómetros que "pertenecen al PSOE".

   En este sentido, ha considerado que los últimos informes que emite el Colegio "se apartan del rigor técnico y de la neutralidad que debe mantener una institución como esta", a la que él pertenece con "muchísimo honor", ha aseverado.
   Bernal ha contestado de esta forma en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, al ser preguntado por el resultado del Barómetro del Colegio de Economistas correspondiente a los meses de junio y parte de julio de 2012, que refleja que el 40,8 por ciento de estos profesionales prevé que el déficit público regional de finales de 2012 se situará entre el 2,5 y el 3,5 del PIB regional.
   El consejero de Economía ha mostrado su respeto por la opinión del Colegio sobre que el Gobierno regional no va a cumplir el Plan de Reequilibrio Económico-Financiero, y ha recordado que él mismo es economista y ha participado "como uno más" en esos barómetros y opiniones.
   No obstante, ha asegurado que el Gobierno murciano "va a hacer todos los esfuerzos habidos y por haber" para cumplirlos, aceptando que "efectivamente es un objetivo muy difícil".
   De todas formas, Bernal ha señalado que el Barómetro que han presentado tiene toda una serie de afirmaciones que, a su juicio, "no están soportadas".
   Por ello, aunque ha reiterado su "pleno respeto al Barómetro y la opinión de todos los economistas", ha considerado no obstante que "si se quiere opinar del mecanismo de financiación, si quiere hablar del Plan de Reequilibrio o si se quiere hablar de cualquier cuestión que tenga que ver con la situación de la Comunidad, en primer lugar, hay que hacer estudios más rigurosos".
   En segundo lugar, ha señalado que "hay que evitar que esos estudios sean emitidos por personas que están claramente vinculadas al PSOE".
   Al ser preguntado por la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se ha convocado el próximo martes para concretar el objetivo de déficit para los años 2013 y 2014, así como para concretar el límite de endeudamiento.
   Bernal ha resaltado el "escenario complicado en el que nos encontramos". Por ello, ha reconocido que el objetivo de déficit para la Región de Murcia "es muy exigente", por cuanto tiene que bajar del 4,3 al 1,5 por ciento, y "todavía en 2013 se nos va a exigir ir del 1,5 al 0,7 por ciento".
   Por tanto, ha avanzado que el CPFF va a "determinar y concretar" esos objetivos, para trasladar a las Comunidades también la obligación que tienen de determinar su techo de gasto para 2013, antes de elaborar los Presupuestos del año que viene en base al déficit.
   Bernal ha señalado que el hecho de confirmar que el objetivo de déficit es "muy exigente", constituye una ocasión más para "recordar el dificilísimo camino que estamos recorriendo", lo que exige "sacrificios, medidas difíciles y hacer cosas que son obligatorias".

El consejo de Gobierno estipula que los funcionarios no podrán alargar su edad de jubilación

MURCIA.- El consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, ha informado este viernes la resolución del consejo de Gobierno de inscribir una nueva medida en el Plan de reequilibrio de la Ley de ajuste presupuestario por la que se va a regular la no prolongación de los servicios de aquellos trabajadores públicos de las administraciones y de los centros sanitarios y educativos que estén en edad de jubilación.

   En este sentido, el consejero ha manifestado que durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de la Ley presupuestaria se prohíbe alargar "la permanencia en el servicio activo" de los mayores de 65 años, "salvo algunas excepciones", lo que significa que "se deberá proceder a la jubilación conforme se llega edad estipulada".
   En relación ala situación de los trabajadores que tienen concedido este permiso actualmente, Bernal ha explicado que se "procederá a sus suspensión con fecha límite a 31 de agosto de 2012", en relación a los docentes, "y en un plazo máximo de 9 meses", en referencia a los otros trabajadores públicos. Así, esta medida afectará a un total de 400 profesionales.
   Al mismo tiempo, el vicepresidente ha concretado que existen "excepciones que se podrán conceder a título personal" y ha añadido que quienes forman parte ya de esta prolongación "dispondrán de un plazo de dos meses para solicitar" .
   Entre la excepciones que el Gobierno regional han precisado, se da que, se permitirá en aquellas situaciones que "sea necesario para adquirir el derecho de pensión de jubilación", por falta de años a la contribución de Estado y durante "el periodo de tiempo imprescindible". Igualmente, han señalado que "se excepciona también a el personal investigador de reconocido prestigio en el comunidad científica".
   La junta de gobierno también ha señalado entre estas excepciones aquellos casos en los que se de "la falta de un especialista en un determinado rango y perfil profesional" que permita su sustitución, ya que no dispone de la formación suficiente. Así, Bernal ha explicado que se prolongaría, siempre de forma voluntaria del trabajador.
   Por ultimo, en el ámbito de la asistencia sanitaria serán excepción aquellos "profesionales que desempeñen jefaturas de servicio y unidades de similar responsabilidad", en los últimos cinco años anteriores a su jubilación y que "dirijan proyectos sanitarios de interés estratégicos" para la organización.

El PSRM pide la dimisión de Sotoca y que comparezca en la Asamblea Regional ante la situación de los docentes murcianos

MURCIA.- El Partido Socialista en la Región de Murcia (PSRM-PSOE) ha pedido este viernes la dimisión del consejero de Educación, Constantino Sotoca, así como su comparecencia en la Asamblea Regional ante la situación de los docentes murcianos. 

   La secretaria de Educación, Choni Ludeña, denuncia el "destrozo del sistema educativo público" de la Región de Murcia. Afirman que 2.500 profesionales de la enseñanza "no van a trabajar el próximo curso escolar". Concretamente, "1.500 de ellos pertenecen a secundaria y son los que han trabajado hasta junio de 2012" y los 1.000 restantes "pertenecen al cuerpo de maestros".
   Por otro lado "los brutales recortes del PP" afectan a que "más de 160 funcionarios de carrera, profesores de secundaria, no tienen centro para comenzar el próximo curso". Son docentes que tiene su plaza aprobada pero no tienen destino definitivo.
   La Consejería ha publicado un documento que señala que "el 3 de septiembre tienen que incorporarse al centro de destino en el que han estado, a la espera de nueva orden".
   La socialista Choni Ludeña critica que "estas son las políticas del Partido Popular, un Gobierno que miente, que aumenta el número de niños por aula, que disminuye las modalidades de bachillerato, que margina a los niños con más necesidades sociales educativas, con menos ayudas, menos becas y menos apoyo".
   Insiste en que el consejero Sotoca está "ninguneando y jugando con las expectativas y el futuro profesional de cientos de docentes" de la Región. Añade que "además de mentir, juega con el pan de las familias" de estos profesionales.
   La secretaria de Educación afirma que "lo de la herencia no nos vale como excusa" y recuerda que "las competencias en educación las tiene la CARM desde el año 1999". Por lo que "en este caso tendrán que hablar de su herencia".
   Por todo esto "pedimos la dimisión del consejero Sotoca por incapacidad para gestionar su Consejería y por mentir".
   Además, el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea ha registrado "una petición de comparecencia urgente del consejero Sotoca", como explica la diputada Mª Carmen Moreno.
   "Ante los graves hechos y ante el desastre que está ocurriendo con los actos de adjudicación de interinos tanto de primaria como de secundaria en este mes de julio".
   Mari Carmen Moreno pide "que dé la cara ante los cientos y cientos de funcionarios interinos que no se van a poder incorporar en septiembre". Insiste en "que dé la cara por mentir y que pida perdón por mentir en Sede Parlamentaria el pasado 25 de abril".
   Ese día Sotoca compareció "para hablar de los recortes en materia de educación" en la Región. La diputada socialista recuerda las palabras textuales del titular del Gobierno, apuntando que Sotoca dijo que "las medidas que contiene el Plan de Reequilibrio, según nuestras estimaciones, afectará a 242 interinos de secundaria y a 122 interinos de infantil y primaria". Es decir, un total de 364 interinos. "Y dijo -apunta la diputada-: una cifra muy inferior a la que se está dando por ahí".
   Mari Carmen Moreno recrimina que "el consejero nos acusó a nosotros, a los sindicatos de mentir cuando decíamos que más de 2.500 docentes se iban a ir al paro en septiembre".
   Por ello la diputada socialista insiste en que Sotoca "tendrá que pedir perdón por esas mentiras en Sede Parlamentaria" y también "tendría que dimitir, que irse a su casa, por la situación en la que va a dejar a cientos de familias de esta Región", concluye.

La tasa murciana de paro aumenta hasta el 26,19% de la población activa, con 195.000 desempleados

MURCIA.- El paro bajó en 5.400 personas en la Región de Murcia en el segundo trimestre de 2012, lo que supone un descenso del 2,71 por ciento respecto al trimestre anterior, con lo que el número total de desempleados se situó en 195.000 personas y la tasa de paro aumentó hasta el 26,19 por ciento, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) hecha pública este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   En los últimos doce meses el volumen de desempleados aumentó en la Región en 15.200 personas, (+8,43 por ciento), mientras que el número de ocupados disminuyó en 4.800 personas, lo que supone un descenso porcentual del 0,86 por ciento en relación con el trimestre del año anterior.
   De abril a junio la cifra de ocupados aumentó en 6.800 personas en relación con el trimestre anterior, lo que supone un aumento del 1,24 por ciento de forma que la cifra total de ocupados alcanza los 549.700 personas.
   Por su parte, el número de activos aumenta en 1.300 personas en el segundo trimestre, un 0,18 por ciento más, con lo que la población activa quedó constituida por 744.700 personas. En los últimos doce meses el volumen de activos aumentó en 10.400 personas, lo que representa un incremento del 1,41 por ciento.
   La tasa de paro masculino se situó en 26,05 por ciento en el segundo trimestre de 2012 en la Región de Murcia, casi 1,5 puntos por encima de la media nacional, que se situó en el 24,57 por ciento; mientras la tasa del paro femenino fue del 26,36 por ciento frente al 24,71 por ciento de la media nacional.
   Por lo que respecta a la tasa de actividad regional alcanzó el 62,33 por ciento, 2,25 puntos por encima de la media nacional, que se situó en el 60,08 por ciento.
   La Región tuvo en el segundo trimestre de 2012 la octava tasa de paro más alta del país con un 26,19 por ciento, encabezando el ranking Ceuta (39,47 por ciento), Andalucía (33,92 por ciento), Extremadura (33,38 por ciento), Canarias (33,14 por ciento), Melilla (30,27 por ciento), Castilla-La Mancha (28,72 por ciento) y Comunidad Valenciana (27,10 por ciento).

Unas 300 personas se concentran ante la Consejería de Educación para protestar contra el "recorte" de plazas docentes

MURCIA.- Unas 300 personas, según los convocantes, se han concentrado este viernes ante las puertas de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, para protestar por el "escandaloso recorte de plazas docentes" que se ha puesto de manifiesto en los actos de adjudicación de esta semana, y que puede afectar a miles de interinos de Educación Primaria y Secundaria.

   Los concentrados --convocados por la Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia (Aidmur) y los sindicatos CCOO, UGT, SIDI, CSI-F y ANPE-- han protagonizado una 'cacerolada' y han hecho sonar sus pitos para protestar al grito de 'Manos arriba, esto es un atraco' e intentando acceder a la Consejería, obligando a los bedeles a bajar las persianas de las puertas.
   Posteriormente, han ocupado la avenida de la Fama, donde han procedido a cortar el tráfico en ambos sentidos mostrando carteles en los que se pedía la dimisión del consejero del ramo, Constantino Sotoca, y clamando contra el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel. Esto ha obligado a la Policía Local a acudir a la zona para desviar el tráfico.
   El vicepresidente de la Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia (Aidmur), Ángel L. Hernández, ha explicado que el número de personas movilizados iría incrementándose a lo largo de la mañana, porque muchos de los interinos estaban este viernes, precisamente, en las oficinas del Inem pidiendo las prestaciones por desempleo.
   Hernández ha indicado que la concentración es una respuesta a "las mentiras del consejero de Educación, que desde marzo estaba afirmando que los recortes no iban a afectar a más de 364 personas".
   Posteriormente, subió la cifra a 700, pero los interinos han constatado esta semana, mediante los actos de adjudicación de plazas en Educación Secundaria, que la Consejería "no ha convocado a ningún interino en las especialidades tradicionalmente más numerosas, como Lengua, Matemáticas e Inglés, incumpliendo su promesa de que se iban a reincorporar al trabajo".
   Hernández lamenta que la situación no sólo afecta a los interinos, sino que a la Consejería también le sobran "funcionarios de carrera", es decir, personas que "tienen su plaza en propiedad pero no tienen destino ni puesto de trabajo para el próximo curso, desconociendo lo que va a ser de ellos".
   En este sentido, ha señalado que las perspectivas de más de 3.000 familias en la Región de Murcia son "desastrosas" por culpa de la Consejería de Educación.
   Ha hecho hincapié en que el resultado de la adjudicación de plazas en Primaria se tenían que conocer el pasado martes y, desde entonces, "no se sabe nada". La Consejería "no da explicaciones, no escribe ni una sola nota informativa, mientras que los interinos están todo el día pendientes del ordenador para ver si van a trabajar y si sus familias van a poder comer".
   Por ello, ha reprochado el "ocultismo de la Consejería". "No sabemos si el objetivo es colocar a la gente que ellos quieren en detrimento del resto", según Hernández, quien sospecha que estos retrasos se deben a la intención del Gobierno regional de desplazar este tipo de adjudicaciones a momentos en los que la movilización es más difícil, como el verano y fechas cercanas al mes de agosto.
   El vicepresidente de la Asociación ha indicado que el consejero no les va a recibir, y el director general de Recursos Humanos y Calidad Educativa, Joaquín Buendía, les ha emplazado a una reunión el próximo lunes, pero los interinos no confían en el resultado del encuentro, ya que su interlocutor ha "incumplido todas las promesas que ha hecho".
   Los interinos tenían previsto reunirse en asamblea este viernes a las 12.00 horas en el IES Miguel de Cervantes, con el fin de estudiar y convocar nuevas movilizaciones.

Cuanto más ganan las cajas de ahorro, menos invierten en obra social / Manuel Ansede

MADRID.- Uno de los pilares de las cajas de ahorros españolas, la obra social, está corrompido. Entre 1996 y 2006, cuando el llamado milagro económico español asombraba al mundo y las cajas amasaban dinero, cuanto mayor fue la rentabilidad económica y financiera de las cajas, menor fue su inversión en obra social. Al contrario de lo que sucede en otros países, en España se cumplió al dedillo la llamada “hipótesis del oportunismo de los directivos”, según explican en un nuevo estudio investigadores de la Universidad de León.

Esta hipótesis sostiene que los directivos de las empresas pueden perseguir sus intereses privados al margen de los del resto de accionistas de la compañía. En el caso de las cajas de ahorros, el sueldo de los altos cargos está vinculado a los beneficios a corto plazo, por lo que “los directivos podrían reducir las actividades de responsabilidad social corporativa para maximizar sus ingresos personales a corto plazo”, sostiene el trabajo, firmado por los economistas Almudena Martínez, Laura Cabeza y Federico Marbella.
Los recursos económicos destinados a obra social por el conjunto de cajas de ahorros españolas pasaron de 515 millones de euros en 1996 a casi 1.693 millones en 2006, un 229% de crecimiento acumulado. Sin embargo, estas cifras son un espejismo. En términos relativos sobre el beneficio neto de las cajas, la inversión en obra social cayó un 7,4% en plena época de vacas gordas.

Más recortes

Los autores creen que con la crisis y el actual proceso de reestructuración de las cajas siguen los recortes en la dotación a obra social, como constata el último informe de la Fundación Empresa y Sociedad, y “parece razonable esperar que tales recortes se potencien todavía más” en el futuro inmediato.
Los economistas de la Universidad de León hacen un llamamiento a “la adopción de medidas oportunas por parte de las instituciones públicas a fin de evitar o, al menos, controlar el posible oportunismo directivo en este sector”. Las cajas de ahorros se definen a sí mismas como “fundaciones de carácter privado que combinan dos funciones, una financiera y otra social”. No tienen obligación legal de invertir en obra social, pero es una tradición y su marketing se basa en proclamar que “el carácter social orienta cualquier actividad de las cajas”. Además, obtienen beneficios fiscales por ello.
La primera autora del trabajo, Almudena Martínez, subraya que ese descenso del 7,4% en la inversión en pleno boom económico “no es una caída sutil, porque aplicando la técnica estadística a las bases de datos hemos visto que las relaciones negativas entre obra social y rentabilidad económica y financiera son relevantes y se sostienen en el tiempo”. Martínez cree que la evolución del porcentaje de los beneficios dedicados a obra social “ha ido a peor desde 2006″, a medida que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha dejado a las cajas con menos ingresos. Ayer,  la Confederación Española de Cajas de Ahorros reconoció que invirtieron un 23% menos en obra social en 2011, solo 1.125 millones de euros, sin hablar de términos relativos sobre su beneficio neto. Esta cifra tan baja de inversión no se veía desde 2003.
Los investigadores han manejado datos del periodo entre 1996 y 2006, año en el que en España había 47 cajas de ahorros. Ahora, tras las fusiones, son 15 grupos. “El panorama ya no tiene nada que ver, pero nuestros resultados sirven para ayudar a explicar cómo hemos llegado a la situación económica actual”, añade Martínez. El saneamiento de la banca española puede generar unas pérdidas de 41.000 millones de euros para los ciudadanos, unos 868 euros por persona, según un reciente estudio de la Fundación Ideas.

Dinero para el ladrillo

Martínez recuerda que la teoría más aceptada dice que la responsabilidad social corporativa mejora el resultado financiero de una empresa. La sorpresa saltó al aplicar este marco teórico general al marco concreto de las cajas de ahorros españolas. “Pensábamos que nos íbamos a encontrar una relación positiva, pero salió todo lo contrario. Luego, indagando en la peculiaridad del sector, tiene sentido”, explica Martínez.
El trabajo, que se publica en Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa, asegura que “ante unos buenos resultados económicos, los órganos de gobierno de las cajas optarán por reducir los gastos en obra social a fin de optimizar su función de utilidad particular”, sin dar muchos más detalles. Por teléfono, Martínez es más clara. “A los directivos les compensaba más invertir en otro tipo de actividades, como el sector inmobiliario, con más beneficios a corto plazo y réditos políticos”, explica.
Así ocurrió, por ejemplo, con la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que financió los megaproyectos del Gobierno de la Comunidad Valenciana de Francisco Camps, como la Ciudad de las Artes, Terra Mítica y la Ciudad de la Luz. Ahora la Comunidad Valenciana ha sido la primera autonomía en pedir el rescate al Gobierno central y la Caja de Ahorros del Mediterráneo ha sido intervenida y cinco de sus directivos están imputados por estafa. En Madrid, 33 directivos de Bankia, tanto del PP como del PSOE e IU, están imputados en el juicio a la entidad. Entre todos, ganaron 14 millones de euros en 2011.

Una “madeja de relaciones”

El economista Félix López Iturriaga, de la Universidad de Valladolid, da la bienvenida al trabajo de sus colegas. “Este análisis muestra que se puede llegar a una situación en la que los directivos gestionan una entidad en beneficio personal”, señala. López Iturriaga, autor de un análisis sobre la obra social de las cajas de ahorros, recuerda la “madeja de relaciones” que aparece en los órganos de gobierno de estas entidades financieras.
Estos órganos rectores funcionan como un “coto cerrado de intereses políticos y económicos” dejando de lado a las personas que ingresan dinero en las cajas, según llevan años denunciando grupos como la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros. Así ocurrió por ejemplo en Caja Madrid, donde el exvicepresidente económico de Aznar, Rodrigo Rato, alcanzó la presidencia en 2010 tras una guerra interna en el PP. En el caso de Caja Castilla-La Mancha, primera caja intervenida por el Banco de España, su presidente, Juan Pedro Hernández Moltó, era un exdiputado del PSOE. Ahora es investigado por la Fiscalía Anticorrupción.
Francisco Abad, uno de los padres de la Fundación Empresa y Sociedad, admite que los nuevos datos son “bastante lamentables”, pero llama a “no generalizar”. A su juicio, La Caixa y Kutxabank son ejemplos de entidades que sí lo han hecho bien. “Otras cajas de ahorros prefirieron dedicar menos a obra social y más al sector inmobiliario o a grandes eventos con mucho retorno político. Hay que hacer borrón y cuenta nueva”, propone.


Un círculo vicioso

Los economistas de la Universidad de León no sólo culpan a los directivos de las cajas. En España, un país con poca tradición en el consumo responsable, un mayor gasto en obra social no se tradujo en un mayor número de clientes para las cajas de ahorros, así que se produjo un círculo vicioso. “Un menor gasto en obra social conduce a un mejor resultado financiero de las cajas, lo que a su vez incentiva a sus directivos a abordar una menor inversión en obra social en pro de la función financiera”, resumen los autores.
Los estudios internacionales muestran que debería ocurrir al revés.  La mayor parte de estos trabajos concluye que la responsabilidad social corporativa y el resultado financiero se relacionan en un círculo virtuoso: más obra social, mejor imagen, más dinero y así sucesivamente. Un metaanálisis de investigadores de las universidades de Iowa (EEUU) y Sídney (Australia) ya sugería este círculo virtuoso en 2003.

Ecologistas en Acción denuncia que el Ayuntamiento de Murcia ha calificado ilegalmente 20 millones m2

MURCIA.- Un estudio de Ecologistas en Acción ha desvelado que el Ayuntamiento de Murcia ha calificado, desde 2001, unos 20 millones de metros cuadrados en el municipio mediante una fórmula "ilegal" que consiste en que los promotores trasladan la edificabilidad de zonas forestales de monte protegidas y las adscriben al valle y al campo de Murcia como si fueran urbanizables.

   Se trata de 20 millones de metros cuadrados que estaban calificados como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y como parque regional, que la Ley del Suelo impedía calificar, según ha denunciado en rueda de prensa la autora del estudio, Ángeles Moreno, acompañada por el portavoz de Ecologistas en Acción Región de Murcia, Pedro Luengo.
   Al parecer, los promotores compraban a precios "ridículos"  barrancos o fincas forestales que no servían "para nada", pero adscribían esa superficie al plan parcial desarrollado en la zona del Valle. El Ayuntamiento lo calificaba como sistema general y le otorgaba la misma edificabilidad que en el campo de Murcia, según ha explicado Moreno.
   De esta forma, a la edificabilidad permitida en el valle, de 300 metros construibles por cada mil, el promotor podía añadir otros 300 metros, con lo que podía aumentar su superficie edificable a 600 metros cuadrados. Al mismo tiempo, las zonas verdes, de ocio y recreo que estaban obligados a ejecutar, la trasladaban a la zona del monte y su titularidad pasaba a ser municipal, con lo que obtenían un doble beneficio.
   Moreno explica que esta práctica, que permitía aumentar la rentabilidad, estaba prohibida por la Ley del Suelo desde 2001 a 2004, porque recogía específicamente que el suelo no urbanizable protegido no podía tener edificabilidad.
   El cambio legislativo introducido en 2004 tampoco daba amparo a estas prácticas, porque las restringía a espacios naturales calificados como urbanizables, algo que sólo se puede hacer mediante el Plan General de Ordenación Urbana, de competencia municipal, que no puede calificar suelo protegido por normas estatales y europeas.
   En definitiva, Moreno señala que el municipio "no tenía competencia sobre la costa ni sobre zonas calificadas como LIC o ZEPA", pero critica que el Ayuntamiento de Murcia siguió amparándose en este cambio de la Ley, que "no era suficiente".
   En 2006, Moreno recuerda que el Ayuntamiento se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, y ante la sospecha de la investigación en el caso 'Barraca', introdujo un artículo en el que sólo iban a poder trasladar la edificabilidad del suelo que no estuviera especialmente protegido. De esta forma quedaban excluidas las zonas calificadas como LIC y ZEPA, pero quedaban incluidas zonas forestales protegidas por el planeamiento, una figura municipal.
   El problema es que Ecologistas en Acción ha detectado que el Ayuntamiento no aplicó esta última restricción y no hizo diferencia entre lo protegido por el planeamiento y por los planes estatales y europeos, de forma que han ido "metiéndolo todo en la misma bolsa y adscribiendo la edificabilidad en los planes parciales".
   Moreno explica que hace unos meses el TSJ emitió una sentencia en la que zanjó que "no se podía trasladar suelo protegido específicamente a suelo urbanizable", una práctica "que también es aplicada por los ayuntamientos de Águilas y Lorca en Marina de Cope", lamenta.
   En total, hay 25 planes parciales afectados por esta fórmula, seis de los cuales están aprobados y ejecutados, como 'Solera El Trampolín', 'Los Cañares', 'Tres Molinos Sur', 'El Valle', 'Hacienda Riquelme' y 'Finca Ochando'.
   En este caso, el aprovechamiento de los planes parciales ya ejecutados suman un total de 820.651 metros cuadrados, de los cuales, 224.000 provienen de la indebida adscripción de suelos con protección específica, es decir, un 27,38 por ciento de lo edificado es ilegal. Teniendo en cuenta que cada vivienda ha sido planificada con 100 metros cuadrados, resultaría que ya se han construido 8.206 viviendas, de las cuales, 2.447 serían ilegales.
   En estos casos en los que las viviendas ya están hechas y cuya edificabilidad procede del monte, Ecologistas en Acción señala que "sólo cabría dejarlas fuera de ordenación", con lo que "serían ilegales" y "no se podrían arreglar ni se puede hacer nada con ellas, por lo que se tienen que derruir y tirar cuando queden obsoletas". En caso de que ya estén en manos de particulares, Moreno dice que "tendrá que decidir el juez".
   Otros cinco planes parciales tienen la aprobación definitiva, pero no se han ejecutado, una situación en la que se encuentran las promociones 'La Naveta', 'Los Granados', 'Carthago', 'Sucina Golf' y 'La Loma'.
   En este caso, estaba previsto construir 13.967 viviendas, de las cuales, 6.819 serían ilegales, es decir, el 48,82 por ciento del total. Puesto que estas casas no se han levantado, Moreno dice que lo único que tendría que hacer el Ayuntamiento es revisar los planes parciales y anularlos.
   Los 14 planes parciales restantes que están afectados se encuentran ahora en exposición pública y están siendo tramitados, entre los que se encuentran 'Las Veredas', 'Residencial Puerto de la Cadena', 'Campo Sol', 'Bordes Serranos Costera Sur' y 'Viento Cortado', entre otros.
   De estos 14 planes con adscripción de suelo no urbanizable, Ecologistas en Acción ha podido tener acceso al expediente de cinco de ellos, que suman un total de 781.920 metros cuadrados de edificabilidad, de los cuales, 451.000 metros cuadrados provienen de la indebida adscripción de terreno protegido, por lo que el porcentaje aumenta al 57,72 por ciento.
   En este caso, Moreno dice que el Ayuntamiento debería "simplemente "tirar para atrás estos planes y anularlos", ya que todavía no han sido aprobados. Ecologistas en Acción no ha tenido acceso a los expedientes de los otros nueve planes, pero ha podido consultar un documento en el que aparecen reflejadas las superficies de adscripción.
   La evolución del 28 al 48 y al 57 por ciento de terreno adsritos como no urbanizables, según Moreno, demuestra que "se han vuelto más codiciosos y ambiciosos en la Gerencia de Urbanismo".
   Este estudio se ha enviado a la Fiscalía para su ayuda en la investigación de los casos 'Umbra' y 'Barraca', al tiempo que se ha presentado al Premio Nacional de Urbanismo, donde ha conseguido la mención especial, por lo que tiene el respaldo de los juristas expertos en urbanismo "más importantes de España", según Moreno.
   En este sentido, Ecologistas en Acción ha anunciado que va a presentar un recurso de revisión extraordinaria en el registro del Ayuntamiento, y el Consistorio dispondrá de un mes para iniciar los trámites de revisión, anular la edificabilidad y quitar los 20 millones de metros cuadrados que se han otorgado de forma "ilegal".
    Moreno ha amenazado que, si el Ayuntamiento no ha iniciado los trámites pertinentes en el plazo de un mes, Ecologistas en Acción acudirá a los juzgados, donde iniciará un proceso contencioso por la vía Penal contra los responsables de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, y advierte que incluirá al alcalde, Miguel Ángel Cámara, si es necesario.
   Moreno ha recordado que el exconcejal de Urbanismo, Fernando Berberena, se comprometió hace unos años a que el Plan General sería revisado para ver si algo se había "traspapelado", pero como no se han puesto "manos a la obra" en el último año, Ecologistas en Acción ha elaborado este estudio.

Decenas de empleados públicos protestan ante el Ayuntamiento de Murcia contra los "recortes"

MURCIA.- Decenas de empleados públicos, más de 400 según los sindicatos convocantes, han realizado este jueves una concentración en la puerta del Ayuntamiento para protestar contra los "recortes" y contra la "imposición" por parte del Consistorio de otras medidas que "van más allá" de los ajustes previstos en el Real Decreto 20/2012.

   La concentración, que ha transcurrido de forma pacífica, ha contado con un gran número de funcionarios de diferentes servicios, como policías, bomberos y personal de administración, y se ha desarrollado entre las 10.30 y las 12.00 horas, finalizando con la asistencia al pleno que se estaba celebrando en el Ayuntamiento, en el que se iban a aprobar dichas medidas.
   Los sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Murcia SIME, CCOO, SPLRM-ATABAM-, UGT y CSI-CSIF dicen no entender "la necesidad de aplicar estas medidas adicionales mientras el Ayuntamiento continúa con su política de despilfarrar el dinero público".
   Ha citado como ejemplo "la cesión de terrenos públicos a empresas privadas, asesores, coches oficiales, escoltas, dietas por asistencias a plenos y comisiones, tranvía ruinoso y un largo etcétera, y mientras anuncia a bombo y platillo que el Ayuntamiento obtuvo el año pasado un superávit de 40 millones de euros".
   Asimismo en la Junta de Gobierno de este miércoles quedó aprobada de forma "unilateral" la aplicación de la jornada de 37,5 horas y los horarios que se derivan de esta ampliación.
   Los sindicatos critican que, a diferencia de lo ocurrido en otros ayuntamientos, como el de Molina de Segura, donde el equipo de gobierno municipal ha optado por una aplicación lo menos gravosa posible para sus empleados públicos, en el caso del Ayuntamiento de Murcia, "no solo aumenta el cómputo horario sino que además reduce el número de los días de descanso semanales de diferentes servicios como Policía Local, Bomberos, Plazas y Mercados, Cultura, Bibliotecas, Deportes, entre otros".
   "Con esta concentración pretendemos plantar cara no solo a las medidas específicas tomadas por el Ayuntamiento sino a las agresiones para todos los ciudadanos previstas en el Real Decreto 20/2012", añaden.
   Los sindicatos explican que diversos compañeros de la Policía Local dicen que se les ha comunicado verbalmente "que si la Concejala de Seguridad y Recursos Humanos ve a Policías manifestarse el próximo jueves tienen previsto eliminar el Complemento (CRJ) que supone por término medio alrededor de 200 euros".
   No obstante, han advertido que durante el mes de septiembre "se intensificarán las movilizaciones por parte de estos sindicatos llevando a cabo caravanas de coches y otras acciones por determinar".

Ferrmed prevé una inversión de 10.000 millones para tramo sur del Corredor Mediterráneo

MURCIA.-   La Asociación Ferrmed prevé una inversión de 10.000 millones de euros para la ejecución del sector sur del Corredor Mediterráneo, esto es, desde Algeciras hasta Alicante, con una rentabilidad de 677 millones que podría llegar a elevarse a 750 en función del tráfico ferroviario, lo que haría amortizar el capital invertido en un plazo de 15 años.

   Así lo ha hecho saber el secretario general de la asociación empresarial Ferrmed, Joan Amorós, tras mantener una reunión con el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, a quien han presentado las conclusiones del estudio argumental y provisional sobre el sector sur del gran eje Ferrmed, es decir, el que transcurre desde Alicante a Algeciras.
   Amorós ha recordado que la parte sur del trayecto es una zona "estratégica" que, por no tener unas buenas conexiones ferroviarias, no puede explotar todo su potencial.
   Este estudio ha analizado los trazados de tres líneas nuevas, una primera que va de Monforte (Alicante) a Murcia y continúa hasta Lorca (Murcia) y Almendricos (Almería); una segunda línea que va desde Almendricos a Baza, Guadix y Granada, y una última que ya está en marcha, de alta velocidad y que va desde Alicante hasta Almería pasando por Murcia y que se da por estudiada.
   Asimismo, la asociación Ferrmed ha estudiado la línea de la costa en Andalucía, es decir, tener una alternativa a la línea del interior, por la costa, desde Almería a Motril y Málaga, entre otras localizaciones.
   Al ser preguntado por la posibilidad de que la Comisión Europea introduzca alguno de los tramos propuestos por Ferrmed, Amorós ha señalado que es una "historia que nunca acaba", pero ha manifestado que lo importante es tener en cuenta que se trata de un proyecto "rentable".
   En cualquier caso, ha señalado que la decisión final "depende mucho del Gobierno de España y, por eso, Ferrmed envió hace un mes a el documento a la ministra de Fomento, Ana Pastor, y ha pedido también a Valcárcel que apoye la inclusión del proyecto en el Plan de Infraestructuras de Transporte y Vivienda que prepara el Ministerio".
   Si este Plan recoge la petición de Ferrmed, Amorós dice que "será mucho más fácil que la Comisión Europea apruebe el proyecto", probablemente, antes del final de año. No obstante, ha señalado que la Comisión "está muy a favor del Corredor Mediterráneo".
   Amorós ha señalado que el informe presentado a Valcárcel es un estudio previo que no examina todos los pormenores, pero que sí analiza los túneles que habría que hacer o los viaductos, por lo que las inversiones reflejadas son, a su juicio, "bastante fidedignas".
   En lo que respecta a la inversión prevista, Ferrmed no ha considerado los puestos de trabajo que se crearían ni el impacto en términos de PIB, porque sería más difícil de evaluar.
   La rentabilidad socioeconómica, evaluada en base al cambio de la carretera al ferrocarril y por tanto, el ahorro en energía y en mano de obra. Asimismo, ha tenido en cuenta el ahorro en tiempo y en costo al tener unas líneas y conexiones más cortas y eficientes, así como las consecuencias medioambientales.
   Las líneas, que están pensadas tanto para pasajeros como para pasajeros, arrojan en base a estos cálculos, una rentabilidad de 677 millones de euros al año, frente a una inversión de más de 10.000 euros, lo que considera que es "bastante bueno".
   Amorós ha señalado que Ferrmed también ha sido conservadora a la hora de calcular el tráfico ferroviario, que en España se sitúa actualmente en el cuatro por ciento. En el estudio se prevé el ocho por ciento, es decir, el doble, mientras que la media europea en el tráfico ferroviario de mercancías se sitúa en el 15 por ciento.
   El objetivo de este cálculo "conservador" es que la gente no pensara que esto no es una entelequia. De todas formas, si la cuota alcanzara la media europea, Amorós ha previsto que los 677 millones de retorno se elevarían a los 750 millones de euros.
   En todo caso, Amorós ha señalado que este estudio demuestra que el trazad sur del Corredor Mediterráneo "es rentable" y hay que ponerla en el mapa, así como la conexión del puerto de Cartagena con el centro de España pasando por Albacete de la forma más directamente posible.
   Y es que, según Amorós, el puerto de El Gorguel ofrece unas posibilidades de desarrollo "increíbles", porque será probablemente el puerto de mayor calado del Mediterráneo y admitirá portacontenedores enormes que no podrían acceder a otros puertos, y aunque muchas de las mercancías vayan a Europa, Cartagena "puede convertirse en un puerto significativo para Madrid".
   En este sentido, el estudio recoge la construcción de un tercer entre Murcia y Cartagena, para utilizar la línea de alta velocidad, aunque sea "de una forma precaria" para trasladar las mercancías hasta Alicante, utilizando a lo mejor dos locomotoras.
   Ha admitido que se puede discutir a Ferrmed las fechas y que, donde la asociación dice que la saturación tendrá lugar en 2015, a la hora de la verdad sea en 2017. En todo caso, el objetivo es que "esto se pinte en el mapa y se tenga en cuenta en las previsiones", ha añadido.
   Ferrmed está traduciendo el documento al inglés, y lo presentará en Bruselas en el que prevé contar con la presencia de Valcárcel como presidente del Comité de las Regiones (CDR), y también prevé presentarlo al Comité de Transportes del Parlamento Europeo y a la Comisión Europea.
   Sevilla ha señalado que este plan "recoge 10.000 millones de euros de inversión, lo que es una cantidad respetable pero muy adecuada al mundo ferroviario", mientras que la rentabilidad, calculada con patrones "conservadores", haría recuperar esa inversión "en 15 años".
   Sin embargo, el consejero manifiesta que estos cálculos no han tenido en cuenta "ni los avances que supondrían para el transporte, el sector agroalimentario e industrial", al tiempo que ha puesto en valor que esta infraestructura "daría servicio a 11 millones de residentes".