lunes, 16 de julio de 2012

El Gobierno considera la ampliación horaria comercial un "primer paso"

MADRID.- El Gobierno considera la ampliación de los horarios comerciales aprobada para 2013, de 72 a 90 horas semanales en días laborables y de ocho a diez el mínimo de aperturas anuales en domingos y festivos, un "primer paso en un camino que ha empezado a recorrer", por lo que no descarta la adopción de "medidas de más alcance" en esta materia.

   "Hemos buscado el más amplio acuerdo posible con las comunidades autónomas, pero esto no significa que con este Real Decreto Ley se agote la liberalización", ha afirmado el secretario de Estado de Comercio Interior, Jaime García-Legaz, durante la presentación de un estudio de la UNED encargado por el Ministerio de Economía.
   El estudio, realizado por el profesor de Economía Aplicada y Estadística Pedro Cortiñas el pasado mes de junio, analiza el impacto sobre el PIB, el empleo y la red comercial que tendrían distintos escenarios de liberalización horaria en el comercio. Cortiñas subrayó que cuanta más libertad se dé en aperturas en festivos mejores resultados se obtiene sobre la demanda.
   El escenario que más se acerca a las medidas aprobadas por el Gobierno el pasado viernes contempla una ampliación de 72 a 90 las horas de apertura semanal y de 8 a 16 los festivos, una medida que podría favorecer un incremento del PIB nacional del 0,78%, lo que supone una estimación de valor de unos 8.263 millones de euros.
   Además, generaría 162.272 puestos de trabajo directos e indirectos en el conjunto de la economía, con lo que el paro disminuiría un 2,86%, y propiciaría la creación de 17.310 nuevos locales comerciales. Estos incrementos se sustentan en un incremento del gasto en consumo final de los  hogares de un 1,3%.
   Según el informe, solo en el sector del comercio minorista se generarían de forma directa 60.262 puestos de trabajo, que en términos equivalentes de tiempo completo serían 47.945. De estos, 7.651 corresponderían a las grandes superficies y cadenas y 40.295 al pequeño comercio.
   En el caso de la liberalización horaria total, una iniciativa que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid, el estudio señala que se podría traducir en un incremento del PIB del 1,63%, lo que supondría un valor estimado de 17.187 millones de euros; en la generación de 337.581 empleos en la economía, y en la apertura de 31.670 locales comerciales.
   Estas estimaciones no recogen el posible impacto del incremento del IVA, pero, según el autor del estudio, si afectara al consumo, una mayor liberalización puede actuar como atenuante o freno a los efectos que tuviera sobre el empleo y la facturación del sector en las cantidades señaladas.
   Frente a los recursos anunciados por comunidades autónomas como Cataluña y Andalucía contra la nueva norma, García-Legaz defendió que los informes jurídicos del Estado "son concluyentes" en el sentido de que éste puede legislar en defensa del interés de la economía.
   Para García-Legaz, la ventaja de la libertad total de aperturas en la Comunidad de Madrid es que "dentro de unos meses se podrá medir" el resultado y permitirá que otras comunidades autónomas "basen sus decisiones en resultados concretos".

Fitch ve "improbable" que las CCAA cumplan los objetivos de déficit sin recortes

LONDRES.- La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings considera que los nuevos objetivos de déficits marcados para las comunidades autónomas españolas para 2013 y 2014 son "muy ambiciosos" y ve "improbable" que se alcancen sin más recortes en el gasto, según apunta la agencia en un comunicado. 

   "Creemos que es improbable que las regiones sean capaces de cumplir con este objetivo sin más recortes en el gasto, incluso aunque se beneficien (aparentemente solo en 2014) de mayores ingresos tras la subida del IVA anunciada recientemente por el Gobierno", señala Fitch, que recuerda que las comunidades autónomas reciben el 58% de la recaudación de este impuesto.
   El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó en su reunión celebrada la semana pasada que las comunidades tendrán que reducir su déficit desde el 1,5% de 2012 al 0,7% en 2013 y al 0,1% en 2014, en comparación con el 1,1% y el 1% exigido hasta ahora.
   La agencia de calificación señala que estos objetivos parecen "muy ambiciosos" teniendo en cuenta los resultados de 2010 y 2011 y el actual entorno económico, y añade que el Gobierno central aún no ha anunciado las razones de este cambio en el objetivo de déficit.  
   Fitch subraya además que el "ansia" del Ejecutivo central en respetar los objetivos de déficit se refleja en el anuncio del CPFF de que las autonomías deberán informar cada mes al Gobierno sobre su posición presupuestaria y en que se celebrarán encuentros regulares para evaluar cualquier potencial de desviación.
   Respecto al mecanismo para aliviar las dificultades de las comunidades autónomas a la hora de financiarse, con la creación de un fondo que atenderá determinados vencimientos de sus emisiones, Fitch cree que es un elemento positivo para el rating de las autonomías, porque puede reducir los costes de financiación e indica un mayor apoyo del Gobierno.
   "Consideramos que la condicionalidad del programa va a ser positiva, ya que se alinearán los gobiernos central y regionales en su compromiso para alcanzar los objetivos marcados", añade.

De Guindos asegura que no pretende recentralizar los servicios de las CCAA

BARCELONA.- El ministro de Economía y Competitividad, Luis De Guindos, ha asegurado este lunes que el Gobierno no pretende recentralizar servicios de las comunidades autónomas hacia el Estado y ha considerado que servicios como la sanidad y la educación deben proveerse desde las comunidades. 

   En una conferencia en Iese en Barcelona, el ministro ha argumentado que "hay medidas buenas y medidas malas, tanto en la administración central como en las autonomías", pero ha reiterado que no hay que apostar por el centralismo, sino por la mejora de la eficiencia y la eliminación de solapamientos.
   "La solución no es la recentralización, sino que la toma de decisiones conjunta se haga de forma eficiente", ha añadido, y ha sostenido que el Estado es el responsable de las cuentas públicas de todas las administraciones.

Cospedal niega una "rebelión" de algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP

MADRID.-   La secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha negado este lunes una posible "rebelión" de algunas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y ha asegurado que pedir que se suavicen los objetivos de déficit no quiere decir que no vayan a cumplir con el objetivo marcado.

    Cospedal se ha pronunciado así después de que el presidente extremeño, José Antonio Monago haya reclamado suavizar el objetivo de déficit para 2013 alegando que en su región "poco más recorrido hay para el ajuste".  Además, Extremadura ha anunciado que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la llamada 'ecotasa'. Esta comunidad y Castilla y León se abstuvieron el pasado jueves en la votación  del objetivo de déficit durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), mientras que Galicia dio un "sí crítico".
    En una rueda de prensa, la 'número dos' de PP ha rechazado una posible "rebelión" de algunas autonomías del Partido Popular y ha dicho que sólo se trata de una comunidad que defiende que se suavice el objetivo de déficit. "Otra cosa es que sea posible o no sea posible hacerlo", ha indicado, para añadir que "no comparte" el término "rebelión".
    La secretaria general del PP ha afirmado que el propio Gobierno central ha comunicado a las comunidades autónomas que "lo mejor" que pueden hacer en estos momentos para salir de la crisis "es cumplir con el objetivo de déficit que se ha puesto desde el Gobierno".
    En cuanto a si ve probable una intervención de  Cataluña como ha reconocido el propio presidente de la Generalitat, Artur Mas, Cospedal no ha querido hacer "ninguna interpretación" de esas declaraciones porque Mas "sabe mejor que nadie cuál es la situación económica y financiera" de su comunidad.

Una Asamblea Regional estancada se moderniza en telecomunicación

CARTAGENA.-   La Asamblea Regional de Murcia - estancada desde hace mucho tiempo en su función estatutaria- y la empresa Telefónica de España ultiman un sistema integrado de comunicaciones que, además de aportar considerables ventajas va a convertir a la Asamblea en el parlamento autonómico de España pionero en su implantación, según ha informado la institución en comunicado.

   Javier Castro, director territorial de las zonas de Murcia, Valencia y Baleares de Telefónica de España, empresa ganadora del concurso de comunicaciones convocado por la Asamblea, informará al presidente de la Asamblea, en la visita que le realizará el próximo jueves día 19 a las 12,00 horas, de la puesta en funcionamiento de este nuevo sistema.
   Un sistema, según las mismas fuentes, que está siendo considerado por los expertos como un auténtico hito tecnológico, ya que consigue la integración en un solo dispositivo de correo, voz, datos e Internet.

Montoro llama a capítulo a Bernal pero Ballesta le resta importancia a la cita

MURCIA.- La reunión del vicepresidente de la CARM y Consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, gira "entorno a una cierta normalidad", en palabras del portavoz del Gobierno regional, José Ballesta, "similar a lo que sucede en España en relación Bruselas" ya que "hay permanente contacto para intercambio de información".
 
   El encuentro está previsto para esta semana, aunque el portavoz regional no ha confirmado fecha concreta. Lo que sí ha recordado que a lo largo de estos días Montoro mantendrá contactos con todos los consejeros del ramo de las comunidades autónomas.
   De este modo, el objetivo de estas reuniones es "ver la situación y cómo marchan los Planes de Reequilibrio de las distintas CCAA". Ballesta sostiene que "hay que verlo en ese entorno de normalidad y colaboración en una tarea común que es afrontar la crisis y aportar soluciones a la misma".
Lo deja, sin embargo, por mentiroso el conseller valenciano de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, quien ha confirmado este lunes que la Comunitat Valenciana es una de las ocho que fueron amonestadas por desviarse de los planes de déficit en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
 "Teniendo en cuenta que es una comunidad que siempre era de las que más déficit se decía, es decir, nosotros, Murcia y Castilla-La Marcha, de tres hemos pasado ya a ocho, por lo que el problema es generalizado", ha dicho.

El PSRM revela que la Comunidad Autónoma "tiene sin pagar más de 1.000 millones de 3.613"

MURCIA.-   La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Begoña García Retegui, ha afirmado que el Gobierno regional "tiene comprometido un gasto, a 30 de junio, por 3.613,9 millones, de los que tiene sin pagar 1.033,9 millones".

   En una rueda de prensa que ha ofrecido en la sede del PSRM para dar a conocer la publicación de la cuenta general de la Comunidad a esa fecha, García Retegui ha puesto de manifiesto que "los ingresos han caído nuevamente y continúan manteniéndose fundamentalmente aquellos gastos que no controla el Gobierno regional".
   En concreto, ha explicado, "de un presupuesto que ha quedado reducir a poco más de 4.000 millones, el Gobierno regional tiene comprometido gasto por 3.613,9 millones a 30 de junio, teniendo sin pagar más de 1.000 millones".
   "Prácticamente, ha continuado, sólo ha pagado las nóminas de los funcionarios, los colegios concertados, una parte de los servicios sociales", de manera que el Gobierno regional "tiene acumulada una deuda de pago ejecutado que tendría que haber abonado ya de 1.033,9 millones, que se ha cerrado un plan de pagos para intentar anular la bola que se había hecho hasta 31 de diciembre de 2011 y ya tenemos una bola de 1.000 millones encima de la mesa del consejero Juan Bernal".
   Por ello, ha puesto de manifiesto que "hemos comprometido gasto por 3.613 millones porque nos hemos endeudado tres veces más que hace un año".
   Y es que, ha señalado, "si hace un año, de enero a junio, se había pedido nuevo endeudamiento por valor de 141,9 millones, ahora en 2012 nos hemos endeudado por 427,5 millones de euros".
   Tras lo que ha recordado que el presidente Ramón Luis Valcárcel "adelantó que no se cumpliría el objetivo de déficit y hace un año lo decía, porque esto significaba recortar derechos y prestaciones y un año después y seis meses después de que Bernal haya llegado al Gobierno regional las cuentas de la Región son esas".
   En su opinión, Valcárcel y Bernal "tienen paralizada la Administración Regional desde hace seis meses y pese a eso, no han conseguido contener el gasto, porque el problema no está solo en el gasto, sino en los ingresos".
   Por ello, no ha dudado en afirmar que la Comunidad "está en riesgo, ya que a la mala gestión del Gobierno de Valcárcel se le ha unido la decisión de Rajoy de castigar a las CCAA, porque no les permite flexibilidad en el objetivo del déficit, no les va a dar ni un euro del aumento del IVA, y han puesto recortes brutales en materia de empleo, sanidad y dependencia".
   Asimismo, ha indicado que Valcárcel "confiaba en que los hispanobonos le permitieran seguir endeudándose para cuadrar las cuentas, pero para que nos permitan el aval a la deuda de la Región tienen que venir los hombres de negro de Montoro a Murcia, intervenir no solo nuestros ingresos sino también nuestros gastos y tomar decisiones por nosotros, acabar con la autonomía de la Comunidad".
   En su opinión, "una intervención del Estado va a significar más recortes y ajustes por la misma vía que Rajoy ha hecho desde el Gobierno de España".
   Para concluir, Retegui ha criticado que Valcárcel "lleve tres años presentando planes de reequilibrio, incumpliendo los planes de reequilibrio".

El sector de la construcción de Murcia es el que tarda más en pagar a sus proveedores, con 203 días

MURCIA.- Las empresas del sector de la construcción son las que presentaron unos plazos de pago a proveedores más dilatados en la comunidad autónoma de Murcia durante 2010. Según el estudio 'La Morosidad de las Empresas en España', elaborado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) a partir de los datos de 13.000 empresas depositados en el Registro Mercantil, los pagos de las organizaciones de este ámbito alcanzaron los 203 días en nuestra Comunidad Autónoma.

   En lo que se refiere al resto de grandes sectores de actividad, en la región murciana los plazos de pago del sector privado a sus proveedores se situaron en el sector servicios en 87 días; en industria, 118; y en el primario, 93. De media en Murcia, el plazo de pago a proveedores por parte de las empresas fue de 107 días, frente a los 85 que establecía la Ley para ese año 2010.
   En este sentido, Rafael Barón, presidente de la PMcM, entidad impulsora de la Ley 15/2010 de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales, ha alertado que en el año en curso el límite está fijado en nuestro país en 75 días y que en 2013 la Directiva Europea nos exigirá pagar en un máximo de 60 días.
   Asimismo, ha añadido que "se hace más que necesario exigir ya el cumplimiento efectivo de la Ley española e implementar las medidas previstas en la misma, entre otras, la creación del Observatorio de la Morosidad".
   Del análisis de la PMcM por comunidades autónomas y sectores, se extrae la conclusión de que en todas las regiones españolas las empresas del sector de la construcción son las que presentan unos plazos de pago más largos.
   Respecto a las empresas del resto de sectores, existe una gran variabilidad en el plazo medio de pago dependiendo de la región. Por ejemplo, "aunque Navarra (69 días) y Cantabria (77) tienen los mejores promedios en general, las empresas de estas comunidades no son las mejores pagadoras en todos los sectores, y lo mismo sucede con las dos peores comunidades globalmente, esto es, Madrid y Andalucía, con 120 y 119 días respectivamente", explica Barón.
   En términos generales, las empresas de las comunidades autónomas de la mitad norte peninsular presentan mejores plazos medios de pago que las del sur. De este modo, las regiones con el sector privado mejor pagador son Navarra (69), Cantabria (77), y Aragón (79), mientras que las que más dilatan sus plazos de pago son Madrid (120), Andalucía (119) e Islas Baleares (112).
   Las empresas del resto de CC.AA. presentaron los siguientes plazos de pago a proveedores: Castilla-La Mancha (83); Comunidad Valenciana (90); Galicia (90); La Rioja (91); Asturias (95); País Vasco (95); Cataluña (96); Islas Canarias (105); Murcia (107); Castilla y León (108); y Extremadura (110). 
Atendiendo a la segmentación por sectores de actividad, las comunidades con menores plazos de pago en las empresas del sector primario son Madrid (18), Cataluña (34), Navarra (43) y Comunidad Valenciana (45), mientras las peores son Galicia (122), País Vasco (122) y Asturias (105).
   En el sector industrial, las comunidades con empresas mejor pagadoras son Navarra (57), Asturias (64), Cantabria (64), Madrid (67) y Aragón (67), mientras las que tienen plazos más largos son Murcia (118), Castilla-La Mancha (110), Andalucía (92) y La Rioja (92).
   Por su parte, en el sector de la construcción destacan con plazos más pequeños las empresas de La Rioja (139) y Cantabria (176), mientras que los peores plazos medios de pago los tiene el sector privado de Madrid (293), Asturias (285), Cataluña (262) y Extremadura (256).
   En el sector servicios, los plazos más cortos corresponden a las empresas de Castilla y León (56), La Rioja (59) y Castilla-La Mancha (69); con los plazos más largos figura el sector privado de Madrid (123), las Islas Canarias (113) y Baleares (110) y País Vasco (106).
   Desde que se inició la crisis, la PMcM estima que de unas 500.000 empresas que han desaparecido (200.000 pymes y 300.000 autónomos), un tercio ha sido debido a la morosidad.
   Para acabar con esta lacra, el portavoz de la PMcM, Antoni Cañete, propone, "además de la creación del Observatorio de la Morosidad (que permitiría conocer con rigurosidad el comportamiento en los pagos); crear un régimen sancionador con multas de hasta 900.000 euros; implantar medidas no coercitivas de intermediación extrajudicial como la figura del mediador, que tanto éxito cosecha en Francia; y la aplicación del criterio de caja en el devengo del IVA de pymes y autónomos".
   Esta última se trata de una medida que el Gobierno prometió en campaña electoral y que ahora retrasa alegando problemas técnicos rechazando de este modo la proposición de Ley presentada recientemente por CiU", ha agregado en comunicado.
   "La PMcM ha trasladado estas propuestas al Gobierno y a los partidos políticos y esperamos poder empezar en breve la ronda de reuniones para debatirlas y poder entrar en detalles", manifiesta Cañete.