domingo, 27 de mayo de 2012

La Audiencia Nacional pide a la CAM que identifique a todos sus directivos entre 2001 y 2011

MADRID.- La Audiencia Nacional ha solicitado a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que remita al juzgado un listado con los nombres de las personas que ocuparon los puestos directivos de la entidad entre 2001 y 2011, entre ellos el murciano y ex vicepresidente 1º de la entidad, Javier Guillamón Álvarez (en la imagen), según una providencia dictada el pasado 9 de mayo.

   "Líbrese de oficio a la CAM a fin de que sea remitida certificación de las personas que integraron la comisión ejecutiva, el comité de dirección y las comisiones de riesgos, auditoría, inversiones y retribuciones durante el periodo 2001-2011", según la providencia dictada por el juez Eloy Velasco, en sustitución de Fernando Grande-Marlaska.
   Además, el magistrado encomienda a la Unidad de Apoyo de la Guardia Civil adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada la labor de "ejecución" de la orden.
   Según fuentes jurídicas solventes, esta petición de nombres supone el primer paso para que los directivos de la entidad alicantina sean llamados a declarar como testigos o imputados por las presuntas irregularidades cometidas en la gestión.
   Estas diligencias de investigación las asumirá previsiblemente el juez Javier Gómez Bermúdez en junio, después de su nombramiento como titular del Juzgado Central nº 3 de la Audiencia Nacional en sustitución de Grande-Marlaska, que pasa a presidir la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, lo que supone un intercambio de cargos entre ambos.
   El pasado mes de noviembre, Grande-Marlaska admitió a trámite la denuncia presentada por el abogado Diego de Ramón contra la exdirectora general de la CAM, María Dolores Amorós, por presunta estafa, delito societarios y falsedad documental.
   En marzo, el juez admitió la personación como acusación particular de unos 300 clientes de la entidad, representados también por De Ramón, que denuncian la presunta estafa sufrida por la adquisición de productos financieros como las cuotas participativas o las participaciones preferentes, entre otros.
   La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB).
   En los informes emitidos por el Banco de España y los administradores del FROB se describen numerosas irragularidades, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario. En marzo de 2011, los gestores de la CAM comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.
   Además, se investigan las causas del despido disciplinario impuesto el pasado 28 de septiembre por el Banco de España a Amorós (directora entre noviembre de 2010 y agosto de 2011) por haber pactado con el expresidente de la caja Modesto Crespo una pensión vitalicia de 369.497 euros por ejercicio, con una revalorización del 2% desde su jubilación, y un sueldo de 593.040 euros.

UPyD pide al Gobierno decidir las inversiones del AVE con criterios de rentabilidad

MADRID.- Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha presentado una proposición no de ley para su debate en el Pleno del Congreso en la que pide al Gobierno que decida las inversiones que se destinan al AVE en función de criterios de rentabilidad económica y que fomente de manera más decidida la red de ferrocarril convencional por ser la que utiliza la población de manera mayoritaria.

   En el texto, la formación magenta señala que la inversión en Alta Velocidad de los últimos años ha supuesto un "gasto excesivo" para las arcas públicas y critica que las decisiones han sido "muchas veces injustificadas" y tomadas por criterios "partidistas" y no de "rentabilidad económica", dando lugar a un sistema "insostenible" y "subvencionado mayoritariamente".
   En paralelo, esto ha conllevado el "abandono" del ferrocarril convencional de media distancia, que es el "utilizado por la mayoría de los usuarios".
   Por eso, pide al Gobierno que "reconsidere las inversiones en el AVE" y que "sean otorgadas exclusivamente con criterios de rentabilidad económica a través de un análisis obligatorio de viabilidad económico-financiera y social".
   También reclama la redacción de un Plan de Ferrocarriles que promocione "con especial atención" los regionales, Cercanías y de Larga Distancia, así como un plan de impulso de transporte de mercancías para hacer una red "moderna, eficaz y competitiva".
   "Si las inversiones realizadas en AVE hubieran sido o se destinaran a la red de ferrocarril convencional, las mejoras en velocidad y servicios ferroviarios hubiera conllevado más beneficios para la sociedad y menor coste de inversión para el Estado. Además, el impulso del transporte ferroviario de mercancías conlleva ventajas como la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, ahorro de costes a las empresas y la descarga de carretera de la circulación de transportes de camiones", concluye la propuesta.
   Además de proponer su debate en el Pleno de la Cámara, esta iniciativa está incluida en el orden del día de la Comisión de Fomento que se celebrará este miércoles, 30 de mayo.

El Gobierno "no descarta" ninguna fórmula de colaboración público-privada para Paradores

MADRID.- El Gobierno "no descarta" ninguna fórmula de colaboración público-privada para la cadena hotelera del Estado, Paradores, si bien matiza que eso "en modo alguno significa la privatización" de la red, imcluido el de Puerto Lumbreras.

   El ministro de Industria, Energía y Turismo ha cifrado en 110 millones de euros el 'agujero' de déficit que se encontró en la compañía cuando asumió la cartera ministerial.
   Actualmente, de la red de Paradores, que cuenta con 93 establecimientos, 23 de ellos presentaron pérdidas durante el último ejercicio, un 25% del total.
   La Sociedad Paradores de Turismo ingresó entre 2008 y 2011 un total de 1.006,1 de euros, de los cuales 985,75 millones procedían de ingresos de explotación, según consta en una respuesta al diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví.
   En concreto, las ventas de los establecimientos alcanzaron su nivel más alto en 2008, con 259,9 millones de euros de ingresos y, a partir de ese momento, comenzaron un declive sostenido hasta cerrar 2011 con 238,22 millones de euros.
   Los ingresos totales han seguido una senda similar, con el punto más alto en 2008 (265,06 millones) y el más bajo en 2010 (243,24 millones), si bien el pasado ejercicio las cifras se recuperaron y Paradores cerró el año con unos ingresos totales de 251,1 millones de euros, aunque registró pérdidas por 83 millones de euros.
   Sin embargo, estos datos no son óbices para que el Gobierno se plantee otras fórmulas de gestión, entre las cuales "no se descartan fórmulas de colaboración público-privada", aunque eso no suponga de forma automática la privatización de la red.
   Paradores registrará en 2012 pérdidas por valor de 25,5 millones de euros, según figura en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentado por el Gobierno.
   Según las mismas estimaciones, la empresa presidida por Ángeles Alarcó generará unas ventas de 235,1 millones de euros, mientras que su partida de gasto principal serán los gastos de personal, por valor de 129,5 millones de euros, por delante de otros gastos de explotación por valor de 65,8 millones de euros.
   Alarcó ha reconocido que Paradores no atraviesa por un buen momento, tras acumular un déficit de 110 millones de euros, y que ante la falta de presupuesto solo continuarán adelante las obras que ya se han iniciado. No obstante, estimó recientemente que la cadena podría volver a beneficios en "tres años".

Hacienda retendrá el 50% de la financiación a los ayuntamientos que no han aprobado un plan de saneamiento

MADRID.- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas retendrá el 50 por ciento de la participación en los ingresos del Estado (PIE) a los ayuntamientos con deudas a proveedores que no han presentado el correspondiente plan de ajuste o que, habiéndolo presentado, se les rechazó.

   Un total de 4.623 entidades locales se han sumado al plan de pago a proveedores por el que saldarán la deuda con empresas y autónomos acumulada hasta el 31 de diciembre de 2011. Para ello, han tenido que aprobar un plan económico-financiero en el que aseguran cómo van a devolver el préstamo a lo largo de los años y, después, firmar el crédito con alguna de las 26 entidades que participan en la operación. El tipo ha quedado fijado en el 5,939 por ciento.
   Sin embargo, de ese total, y según precisó el propio Beteta en una conferencia reciente, 2.004 consistorios no han elaborado el obligado plan de ajuste y otros 315, que sí lo presentaron, han obtenido una valoración negativa.
   La retención de la mitad de la financiación estatal se mantendrá hasta la amortización de la operación. Los proveedores podrán cobrar las facturas pendientes con estos consistorios y ese dinero detraído servirá de aval.
   Entre esos planes de ajuste rechazados Beteta ha asegurado que figuran "datos escalofriantes" como los de un ayuntamiento de Guadalajara (Pioz, según confesó luego su alcaldesa) que necesitaría 7.058 años para saldar la deuda, y otro de Teruel que pasaría 462 haciéndolo.
   El secretario de Estado ha subrayado que esta situación de incumplimiento sin embargo no es nueva. En 2008, 3.222 ayuntamientos de los más de 9.000 que existen no rindieron cuentas anuales ante el Tribunal de Cuentas; en 2007, habían fallado 2.629 y el año anterior, 2.496.
   Resueltos estos trámites, cientos de grandes empresas, de pymes y de autónomos podrán cobrar a partir del 1 de junio las 1,62 millones de facturas pendientes de pago por parte de los ayuntamientos que se han acogido a este plan; la deuda total suma 9.750 millones de euros.
   La segunda pata de este programa es autonómica. Los gobiernos regionales tienen una vía paralela a la municipal para financiar también el pago de esta deuda. En estas fechas, los proveedores están revisando y aceptando los datos de las facturas penduentes y a lo largo de junio, las comunidades deberán cerrar y firmar los créditos con los bancos para que empresas y autónomos puedan empezar a cobrar.
   Todas las autonomías se han sumado a este plan salvo Galicia, Navarra y el País Vasco. Presentan en total casi cuatro millones de facturas, por valor de 17.255 millones de euros.

Advierten que Bankia "va a contaminar" al resto del sistema bancario español

LEÓN.- El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, ha afirmado hoy en León que no se conoce una "gestión peor" por parte del Gobierno que la nacionalización de Bankia, y ha advertido de que "se ha hecho tan mal" que el proceso iniciado "va a contaminar" al resto del sistema financiero español.

López ha criticado en su intervención durante la apertura del XII Congreso del PSOE de León que el Ejecutivo nacionalizase el cuarto banco del país un lunes por la mañana, y que cada día se haya ido conociendo una nueva cifra para salvar a la entidad.
El secretario de Organización de los socialistas ha denunciado que nadie del Gobierno haya explicado cómo se ha llegado a la situación actual, y ha incidido en que el PSOE va a pedir "transparencia" para saber quiénes son los responsables de esa "mala gestión" y garantías para que los recursos aportados por el Estado "no tengan un coste para los ciudadanos".
López ha añadido que hablar de banca pública no significa socializar las pérdidas de los bancos, un día después de que el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, presentara el plan de recapitalización de la entidad y solicitara al Estado 19.000 millones de euros.

El socialista Iglesias defiende a ultranza a las CCAA y augura que ninguna será intervenida

MADRID.- El portavoz socialista en el Senado, Marcelino Iglesias, ha hecho una cerrada defensa de modelo territorial del Estado, ha considerado "injusto" responsabilizar a las autonomías de los problemas económicos y ha augurado que ninguna comunidad será intervenida.

Así lo ha señalado en sintonía con el líder de su partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha reclamado al Gobierno la convocatoria de la Conferencia de Presidentes porque el Estado autonómico "no funciona bien si periódicamente" los presidentes de las comunidades y el del Gobierno "no comparten estrategias generales".
Se ha referido a la situación económica y ha recordado que hay tres autonomías gobernadas por el PP -Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla y León- "que han hecho aflorar un déficit unos meses más tarde que otras", lo que ha provocado una nueva desviación al alza de cuatro décimas del déficit de 2011, hasta el 8,9 % del PIB.
En concreto, ha considerado "imposible" que el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, no supiera que había "una desviación del déficit de más de mil millones en Madrid", ya que fue consejero de Hacienda de esta comunidad.
Sin embargo, el portavoz del PSOE ha señalado que "no será necesario" intervenir ninguna comunidad y ha hecho hincapié en que es "injusto" responsabilizar a las autonomías de los problemas económicos.
Así, ha recordado que son las comunidades las que tienen las competencias en la salud de los ciudadanos, la educación, los servicios sociales y la dependencia, y que "es mucho más difícil" hacer los ajustes en estas políticas "que dejar de construir trenes de alta velocidad".
"Es extraordinariamente injusto que carguen contra las comunidades por el hecho de que tienen más dificultades para ajustar sus déficits y sus presupuestos, porque cerrar un hospital es muy complicado y no deberíamos hacerlo, cerrar una escuela es muy complicado y no deberíamos hacerlo, y estas son responsabilidades autonómicas", ha señalado.
Por otro lado, Iglesias ha considerado que si hay un momento en los últimos 30 años, "desde el primer despliegue de las autonomías", en el que el Estado y las comunidades, y estas entre sí, deberían ser capaces de cooperar más, es el actual.
Por este motivo, el portavoz del PSOE ha recalcado que sería "muy importante" que se convocara una Conferencia de Presidentes que, como en las celebradas anteriormente, debe acoger el Senado.
"El Estado autonómico no funciona bien si periódicamente los presidentes autonómicos y el jefe del Gobierno de la nación no comparten estrategias generales. No funciona bien si no somos capaces de tener un espacio, como es el Senado, donde las comunidades autónomas puedan debatir, encontrarse, coordinarse", ha manifestado.
También se ha referido a la reforma del Senado, para la que se ha constituido una ponencia en la comisión de Reglamento de la cámara que mañana celebrará su segunda reunión, y ha asegurado que debería haberse hecho "hace mucho tiempo, pero el PP no ha querido".
"Ahora parece que hay una actitud distinta", ha continuado el portavoz del PSOE, quien ha avanzado que su partido, al igual que el PP, es partidario de que el Senado sea cámara de primera lectura para las leyes territoriales y de "tener un modelo similar al alemán".
"Nuestro modelo territorial es similar al alemán y, por tanto, deberíamos tener una cámara territorial similar al Bundesrat", ha opinado Iglesias, para quien la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado no ha funcionado, especialmente en las dos últimas legislaturas, "porque ha habido poca generosidad por parte del PP, que no ha querido avanzar en los temas territoriales".
"En este momento en que hay una gran mayoría de comunidades autónomas dirigidas por el PP, ellos tienen toda la capacidad para hacer estas reformas. Se han comprometido y quiero pensar que ese compromiso es firme. Nuestro apoyo para esa reforma ya saben que lo tienen", ha concluido.

La financiación local, la eterna reivindicación municipal

MADRID.- Los alcaldes llevan años pidiendo insistentemente un nuevo sistema de financiación local para mejorar su autonomía financiera, pero no han conseguido que sus demandas se materialicen a pesar de las buenas palabras del resto de administraciones. ¿Se aprobará por fin durante esta legislatura?

El Gobierno y los ayuntamientos son conscientes de que, antes de acometer una reforma de la Ley de Haciendas Locales, hay que resolver una cuestión vital para los consistorios: el reparto de competencias.
El propio ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha apostado por revisar la ley de Bases de Régimen Local (1985) dentro de la ordenación administrativa que pretende el Gobierno para hacer efectiva la máxima de "una administración, una competencia".
Con esa norma se quiere poner freno a las llamadas "competencias impropias" de los consistorios, aquellas que prestan los ayuntamientos a pesar de que no son titulares de las mismas, como la construcción de guarderías o de otros servicios sociales.
Estas "competencias impropias" representan hasta el 26% del presupuesto total de los 8.116 ayuntamientos, como recuerda el vicepresidente segundo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Fernando Martínez Maíllo.
"Esta vez sí", responde el también presidente de la Diputación de Zamora cuando se le pregunta si esta será la legislatura definitiva para la financiación local, cuyos últimos cambios datan de 2004, con una serie de modificaciones a la ley aprobada en 2002.
Para Maíllo, es "imprescindible" y "necesario" que el Ejecutivo lleve a cabo una reforma de la Ley de Haciendas locales, que debe venir precedida por la también anhelada reforma competencial.
Una queja extendida entre los alcaldes es que se ha prestado más atención a la situación económica de las comunidades que a la de las corporaciones locales.
"No ejercemos la suficiente capacidad de presión", explica, por su parte, el alcalde de Zaragoza y portavoz socialista en la Comisión de Entidades Locales del Senado, Juan Alberto Belloch, quien pide que la FEMP sea mucho "más enérgica como sujeto interlocutor" con el Gobierno.
Belloch afirma que hay un cierto "escepticismo" entre los alcaldes sobre si en esta legislatura se aprobará una nueva ley. "Ojalá sea así. Yo, desde luego, lo dudo", apostilla el alcalde.
Advierte además de que este proceso de reforma sería "tan largo y extenso en el tiempo" que se deben tomar "medidas urgentes" para paliar la situación de las entidades locales.
Insiste en que lo primero que hay que hacer es aclarar las competencias impropias, pero no para "pelear por más", sino para que estén bien financiadas aquellas que correspondan a los consistorios.
En este proceso, continúa Belloch, hay que hacer una reforma para que no haya duplicidad de competencias y que los ayuntamientos tengan sentido de la "responsabilidad", para evitar los "excesos manifiestos que ha habido" anteriormente.
Coincide con Belloch el presidente de la Comisión de Entidades Locales de la Cámara Alta y alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), quien cree que esta modificación debe hacerse en "el marco de ese esquema que el Gobierno está pensando y ha comprometido de una administración, una competencia".
De la Torre apuesta por una estructura municipal similar a la de otros países europeos como Francia, Italia o Alemania.
El alcalde de Málaga subraya que la problemática actual de los ayuntamientos va ligada a "dos cuestiones: financiación y competencias".
Las modificaciones en estos ámbitos deberían ir acompañadas de una "política muy seria, rigurosa y austera" de los ayuntamientos y de la "sensibilidad del Estado y las autonomías" para mejorar la situación de los consistorios, agrega De la Torre.
Las comunidades son objeto de crítica por parte de muchos ayuntamientos al considerar que el proceso de descentralización se paró en las regiones y que estas no han querido ceder competencias e ingresos a los municipios.
El alcalde de Málaga llega a decir que este "mal proceso" de descentralización ha llevado a que haya más déficit público y que España tenga un "municipalismo más débil" que el del resto de países europeos.
En palabras de Belloch, los ayuntamientos se sienten "absolutamente" discriminados frente a las autonomías y el municipalismo "se está convirtiendo en un producto que solo sostiene quien está en la oposición".
"Quién esté libre de pecado que tire la primera piedra, porque no ha habido ni un solo Gobierno municipalista hasta ahora. Ninguno, ni del PSOE, ni del PP", asevera el regidor zaragozano.
Martínez Maíllo recuerda que los ayuntamientos no están recibiendo fondos a través de las PICAS (la participación de los municipios en los ingresos de las comunidades autónomas), algo reivindicado históricamente por los alcaldes.
El modelo estaba pensando para un reparto en los ingresos de un 33% para cada uno de los niveles de la Administración (general, autonómica y local), pero los ayuntamientos apenas llegan al 13%, comenta el vicepresidente de la FEMP.
Ante estos datos, se ha reforzado el consenso en la vida municipal, que se ha reflejado en la aprobación en el Senado en febrero de una moción con el apoyo de todos los partidos, a excepción de la abstención de Amaiur.
El texto, presentado por CiU, pedía al Gobierno que apruebe este año una nueva ley de financiación local y una norma de gobierno municipal para clarificar las competencias.
Los ayuntamientos siguen esperando estas dos leyes para afrontar su difícil situación, y mientras tanto tapan sus agujeros con medidas como el plan de pago a proveedores, con el que liquidarán 1.967.000 facturas por un importe total de 9.750 millones de euros.

El Fiscal Jefe Anticorrupción ordena recopilar las investigaciones abiertas contra bancos y cajas

MADRID.- El Fiscal Jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, ha dado una orden a los delegados de la Fiscalía en todas las provincias para que le remitan información de todas las investigaciones que tienen en marcha sobre posibles irregularidades en bancos y cajas de ahorros, según informaron hoy fuentes jurídicas.

   Salinas ha cursado la petición hace unos días a través de una nota interna de servicio, en la cual reclama a los delegados Anticorrupción que le remitan información sobre las investigaciones de cualquier operación económica que están llevando a cabo ellos y también las que han puesto en marcha, si las hay, las Fiscalías de todas las provincias, tanto en anticorrupción como en delitos económicos.
   La Fiscalía que dirige Antonio Salinas centraliza en estos momentos las investigaciones de las presuntas irregularidades y de las operaciones dudosas de la Caja Castilla La Mancha (CCM), intervenida por el Banco de España en marzo de 2010 y las relativas a las indemnizaciones millonarias de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y las denuncias por venta de cuotas participativas y preferentes en esta caja valenciana. Ambos procesos están ya judicializados en la Audiencia Nacional.
   El Fiscal Anticorrupción también tiene abiertas, desde noviembre de 2010, diligencias de investigación contra los antiguos directivos de Novacaixagalicia por las prejubilaciones e indemnizaciones millonarias cobradas, así como por las presuntas irregularidades en las cuentas presentadas al Banco de España.
   Una historia que se repite en Caixa del Penedés - integrada en Banco Mare Nostrum (BMN)- , donde también la Fiscalía investiga "una posible responsabilidad penal" en relación con las pensiones millonarias que se asignó la cúpula de la entidad financiera y que en conjunto superaba los 20 millones de euros. Estas dos últimas investigaciones aún no se encuentran judicializadas.
   Pero, además de estas investigaciones que centraliza la Fiscalía que dirige Salinas, también puede haber otras en curso en las fiscalías provinciales en virtud de la orden que dio en abril el Fiscal General del Estado al fiscal superior de Castilla y León para que la fiscalía de cada provincia de esa CCAA investigara las presuntas indemnizaciones, prejubilaciones y créditos de los ex directivos de cajas ya fusionadas como Caja Segovia, Caja España, Caja Duero, Caja Burgos y Caja Avila, tras una denuncia de IU en esta región.
   De hecho, la Audiencia Provincial de Segovia ha ordenado reabrir el caso, que archivó un juzgado de instrucción de Segovia, por las presuntas irregularidades cometidas por directivos de Caja Segovia antes de la incorporación de la entidad en Bankia. Se trata de las prejubilaciones otorgadas al exdirector general Manuel Escribano --de unos 12 millones de euros-- y al resto del Comité de Dirección, que sumarían otros 30 millones.
   También la Fiscalía de León abrió a finales de 2011 diligencias de investigación por las indemnizaciones recibidas de Caja España por el ex alcalde de la capital leonesa y que ascendieron a 554.000 euros.
   Ahora, el Fiscal Jefe Anticorrupción quiere tener una fotografía de las investigaciones que se han iniciado en cada una de las fiscalías y para ello cursó hace unos días la orden de servicio, una petición interna para recopilar la información de lo que está en curso.

El PSOE impulsará mociones en ayuntamientos para que la Iglesia pague el IBI de inmuebles

MADRID.- El PSOE impulsará mociones en todos los Ayuntamientos españoles para que la Iglesia y otras confesiones religiosas paguen el IBI de los inmuebles no destinados al culto, así como para que se presente una ley de libertad y conciencia religiosa y una revisión de los acuerdos de España con El Vaticano.

    Esta fue la decisión que tomó la comisión permanente de la ejecutiva federal en su última reunión, en la que solicitó al responsable de política municipal que pusiera en marcha las iniciativas correspondientes de los socialistas en los plenos municipales.
   De esta manera, el partido socialista ha preparado un documento modelo en el que se incluye una exposición de motivos para justificar esta moción. Así, recuerda que "la regla básica de un sistema fiscal justo" es que todos los ciudadanos e instituciones contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos "de acuerdo con su capacidad económica".
   A día de hoy, la Iglesia Católica está exenta de tributar por el IBI a raíz del Concordato con la Santa Sede (1979), y las confesiones judía, protestante y musulmana también lo están a través de los respectivos Acuerdos de Cooperación (1992).
   Estos beneficios fiscales totales o permanentes, recogidos a su vez en la vigente Ley de Haciendas Locales, se aplican a templos y lugares de culto, dependencias o edificios anejos destinados a la actividad pastoral o asistencia religiosa, locales destinados a oficinas, casas y conventos de órdenes y congregaciones religiosas.
   Sin embargo, los socialistas consideran que esta exención legal, que sólo está referida a las finalidades vinculadas al culto, debe ser revisada, ya que en las décadas precedentes "se ha realizado una aplicación extensiva de la misma", de forma que ha alcanzado a bienes inmuebles no vinculados al culto y no estipulados por la ley vigente como pisos, plazas de garaje o lonjas, entre otros.
   En ese sentido, el secretario de ciudades y política municipal, Gaspar Zarrías, ha señalado que el PSOE apuesta por una legislación que "evite privilegios y discriminaciones" por razón de convicciones y creencias, y que establezca un tratamiento fiscal de las distintas confesiones "igual que el del resto de instituciones".
   "Los socialistas defendemos que la fiscalidad debe ser el mayor instrumento de redistribución económica y social de los poderes públicos y es la manera más directa para que los poderes públicos puedan ejercer la solidaridad, contribuyendo a la cohesión social y a la prestación de servicios públicos a sus vecinos", ha resaltado.
   Por el contrario, Zarrías ha criticado la política fiscal del Gobierno ya que, a su entender, pretende condonar las deudas "a los que defraudan" y aumentar los impuestos a los trabajadores. Así, ha asegurado que "fruto de esa política" es el reciente Real Decreto de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, que insta a las corporaciones locales a una subida del IBI entre el 4% y el 10% y cuya aplicación "obliga a incrementar la presión fiscal sobre los ciudadanos e instituciones".
   El dirigente socialista ha salido también al paso de las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Rouco Varela, en el sentido de que el pago del IBI por parte de la Iglesia Católica "puede afectar a otras acciones de la Iglesia como la que desarrolla Cáritas".
   Así, Zarrías ha pedido a Rouco "que no amenace" en nombre de esta ONG, ya que "son precisamente los impuestos de todos los ciudadanos" los que a través de subvenciones permiten a Cáritas "hacer la magnífica labor que hace". Además, ha pedido a Rouco Varela que diga "cuánto ha puesto la Iglesia Católica en los últimos años del presupuesto de Cáritas porque a lo mejor supone una sorpresa".

Ahora resulta que no falta agua en la Cuenca del Segura, según el presidente de la CHS


MURCIA.- El nuevo presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Miguel Ángel Ródenas, ha mandado un mensaje de tranquilidad a la sociedad de cara a cómo se presenta el verano. Según ha confirmado, se plantea "con plenas garantías para agricultores y ayuntamientos, ya que las reservas actuales de agua permiten asegurar los riegos y los envíos para abastecimiento". 

   Actualmente, ha puntualizado, los embalses de la cuenca del Segura cuentan con 635 hectómetros cúbicos de agua, "estando previsto que concluya el año hidrológico con 348 hectómetros (contando sólo con los recursos del Segura, no los del trasvase del Tajo)".
   De ahí que Ródenas haya dejado claro que este verano no será peor que el pasado, sino "similar", ya que "se cumplirán todos los compromisos con los usuarios de la cuenca".
   El agua acumulada en los embalses de la Cuenca del Segura permite garantizar la campaña de riegos del próximo verano al regadío tradicional con 270 hectómetros cúbicos del río Segura, lo que supone que los agricultores podrán disponer de todos los recursos programados para sacar adelante sus cultivos.
   Todo hace prever que los embalses del Segura terminarán el año hidrológico con 348 hectómetros cúbicos de reservas, siempre que se mantengan las previsiones de consumo aprobadas en la última comisión de desembalses y no haya una situación meteorológica excepcional.
   Sin embargo, ha advertido, "no podemos olvidar que las reservas de los embalses nos ayudan a empezar mejor el año hidrológico", por lo que ha hecho un llamamiento "al uso responsable del agua en todos los ámbitos, agricultura y abastecimiento".
   Ródenas también ha rechazado que puedan haber cortes de aguas en este año hidrológico, "ni siquiera reducción en los derechos de los usuarios", por lo que los agricultores "pueden muy tranquilos, pero con responsabilidad".
   Y es que, ha insistido, "en el horizonte del presente año hidrológico no hay razón para la intranquilidad de los agricultores".
   Pese a esto, ha considerado que hay que tener en cuenta que durante el último periodo de sequía se llegó a reservas inferiores incluso a la reducción prevista este año.
   Por ello, ha subrayado que "resultan de vital importancia las reservas que se han acumulado en los años precedentes, gracias al aumento de las aportaciones y a la red de embalses que gestiona la CHS, y que convierte a la Cuenca del Segura en una zona muy regulada".
   Aunque no declina prever qué va a ocurrir más adelante, ha advertido que "si no se producen lluvias de importancia antes del final del año hidrológico, la cuenca del Segura comenzará el año 2012-2013 en situación de Pre-Alerta, lo que implica que la Confederación deberá tomar ciertas medidas de precaución".
   En cualquier caso, ha asegurado que tiene la seguridad de que la cuenca del Segura, gracias a las infraestructuras (embalses) con las que cuenta y la experiencia atesorada de anteriores sequías, "es una de las zonas más preparadas para hacer frente a la escasez de agua".
   En la actualidad, la Cuenca del Segura está sufriendo uno año muy seco, lo que implica una reducción gradual de las reservas con las que cuenta.
   En concreto, en lo que llevamos de año hidrológico (de octubre de 2011 a abril de 2012) ha sido el tercer periodo más seco de la década. En cifras, se puede observar que ha llovido un 21 por ciento menos que el año pasado (151 litros por metro cuadrado de precipitación acumulada en 2011-2012 frente a los 191 l/m de 2010-2011) y un 34 por ciento menos que la media de los últimos diez años (227 l/m).
   En esta situación de Pre-Alerta se aspira a movilizar la inercia de los hábitos del consumidor, empezando a crear conciencia social del uso del agua.
   Las medidas tendentes a reducir la demanda se planificarán de forma que al inicio del siguiente estado se haya conseguido una reducción del 5 por ciento en los usos de abastecimiento y regadío.
   Se realizará el seguimiento rutinario de la demanda analizando mensualmente la evolución de la misma y verificando el grado de cumplimiento de las previsiones de consumo; y se constituirá la Oficina Técnica de la Sequía por técnicos de la Comisaría de Aguas, Dirección Técnica y Oficina de Planificación Hidrológica.
   Para los usos urbanos las medidas previstas son la redacción de los informes de definición de la situación de la cuenca, una vez alcanzado este nivel se incrementará, de las tres fechas del año (trimestrales) 1º de octubre, 1º de diciembre, 1º de abril y 1 de julio, pasándose a realizar con carácter mensual mientras se esté en esta situación.
   También se incluye, entre otras acciones, preparación de campañas de difusión del uso racional del agua; prohibición de usos que no exijan agua potable; y campaña de difusión del uso racional del agua.
   Además de optimizar la utilización de desembalses de presas destinadas a la generación de electricidad; y las escorrentías no reguladas.

El Ayuntamiento de Murcia sigue apoyando una prostitución avanzada

MURCIA.- El Ayuntamiento de Murcia mantiene su colaboración con el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS), asociación sin ánimo de lucro que defiende los derechos de los trabajadores sexuales, según han informado fuentes municipales en un comunicado.

   Desde esta asociación se atiende gratuitamente a personas que trabajan en calles y carreteras, clubes, pisos y de forma autónoma. El Ayuntamiento viene colaborando desde 2005 con esta asociación, a la que aporta una subvención de 50.000 euros para apoyar sus actividades de carácter social
   CATS acude semanalmente a los lugares de prostitución tanto en calle como en club para informar, apoyar y dar a conocer los servicios de la asociación y ofrece un servicio de atención telefónica. Asimismo realiza labores de sensibilización y de prevención de infecciones de transmisión sexual.

La Región de Murcia amplía los aceites amparados con la Marca de Calidad Agroalimentaria

MURCIA.- La Región ha aumentado el número de aceites amparados con la Marca de Calidad Agroalimentaria Control Región de Murcia, que es la figura de calidad de la que es propietaria la Comunidad Autónoma, con la concesión del uso de este sello de garantía en el etiquetado del aceite de oliva virgen extra a la almazara Olmo Vega

   Así, el director general de Industria Agroalimentaria y Capacitación Agraria, Ángel García Lidón, explicó que "esta marca certifica que el aceite de oliva virgen extra de la marca comercial 'De Olmo Vega', posee una calidad diferenciada y está sometido a un procedimiento adicional de control que garantiza que este aceite llega al consumidor en óptimas condiciones físico-químicas y organolépticas".
   De este modo, la zona de producción se encuentra ubicada en el municipio de Jumilla, en el paraje conocido como Cañada de Albatana, según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.
   Con la marca comercial se puede envasar el aceite extraído de las variedades Picual, Cuquillo y Arbequina. Las aceitunas que dan origen a estos aceites son recolectadas con el mayor esmero directamente del árbol, con el grado de madurez adecuado y son molturadas antes de las 24 horas posteriores a la recolección.
   El aceite procedente de la variedad Picual presenta gran estabilidad, aromas frutales, ligero amargor y un matiz picante. El aceite elaborado con la variedad Arbequina es denso, afrutado, entre verdoso y amarillo, con aromas frutales, suaves y dulces. Por su parte, la variedad Cuquillo produce aceites de color amarillo pálido, sabor dulce y muy fluido.
   La Región de Murcia apuesta por la calidad diferenciada que ya se está obteniendo tanto con las variedades tradicionales, tales como Cuquillo y Cornicabra, sobre todo, como con otras recientemente introducidas, como Picual, Arbequina y Hojiblanca, o en los aceites Virgen Extra convencionales obtenidos por molturación conjunta de distintas variedades, o en 'coupages' de diseños propios de algunas empresas.
   García Lidón señaló que "dicha promoción debe pasar por explotar adecuadamente todo el potencial de calidad de los aceites, a través de una estrecha colaboración entre agricultores, empresas implicadas en la producción y distribución, y el sector de la hostelería, restauración y establecimientos afines".
   Y es que, la producción regional de aceite de oliva en la presente campaña ha sobrepasado las 8.000 toneladas, según datos de la Agencia para el aceite de oliva. La superficie de cultivo del olivar para la producción de aceite de oliva es de 21.925 hectáreas.
   De ellas, 3.011 están ya en cultivo ecológico y 1.396 en producción integrada. La superficie regional de olivar se completa con las 1.204 hectáreas dedicadas a la producción de aceituna de mesa (Mollar de Cieza y Cuquillo, sobre todo), de las que 11 hectáreas son de cultivo ecológico.
   La comarca con mayor superficie de olivar es el Altiplano, con 8.828 hectáreas, seguida del Valle del Guadalentín, con 5.160 y del Noroeste, con 3.641, según la última estadística agraria regional. Las variedades predominantes son Cuquillo y Cornicabra, con destino, principalmente, a la producción de aceite.
   En la comarca del bajo Guadalentín, en la última década, se ha ampliado el cultivo del olivar, mayoritariamente con la variedad Arbequina, en plantaciones superintensivas, porque permiten la recolección mecanizada a muy bajo coste y registran altas producciones por hectárea los primeros años de cultivo.
   La Consejería de Agricultura y Agua sigue potenciando la mejora continuada de los aceites de oliva a través de la Marca de Calidad Agroalimentaria Control Región de Murcia, el Panel de Cata Regional, la Red Dacus para el control de la Mosca del Olivo, el Programa 'Agricultura Limpia', la Mejora Nutricional del Olivar, los cursos de formación y la transferencia tecnológica, principalmente.

El alcalde de Murcia se encuentra desprestigiado ante la Oposición por su opacidad e ineficacia

MURCIA.- El portavoz del grupo municipal de Unión Progreso y Democracia en el Ayuntamiento de  Murcia, muestra su alarma porque los acuerdos de Pleno "no se cumplan". Y es que denuncia que dos meses después de presentar una moción, --aprobada en Pleno por todos los grupos políticos--, para que se estudiara que los ruegos y preguntas se contestaran de forma oral, el PP les ha trasladado su intención de no llevarla a la práctica, porque, explica, "ahora consideran que no procede".

   Según Serna, "esta es una acción democrática buena, participativa, un signo de transparencia que hace más cercana la actividad municipal y que se hace en muchos otros ayuntamientos españoles". Por lo que lamenta la situación de "indefensión" con la que se encuentran como oposición y critica la falta de transparencia del equipo de Gobierno de Miguel Ángel Cámara.
   Además, "el Pleno es el mayor órgano de Gobierno que tiene el municipio, y desligitimar los acuerdos tomados allí es peligroso y debe empujar a la reflexión", ha añadido Serna, quien ha especificado, "que presentamos una serie de preguntas o solicitamos información para realizar nuestro trabajo como oposición, con todo el derecho que nos otorga la legislación como concejales a conocer detalles de la actividad municipal, que finalmente no se nos aporta sin mayores explicaciones".
   De hecho, ha recordado, "denunciamos que en numerosas ocasiones hemos requerido información y formulado preguntas que no se nos responden o no se nos facilitan".
   Por ejemplo, ha señalado, cuando la formación política solicita conocer los destinatarios de las entradas de determinados eventos regaladas a terceras personas, el coste de los alquileres que paga el Ayuntamiento por los inmuebles que tiene arrendados, el presupuesto ejecutado del año 2011 y de 2012 de las Juntas Vecinales y Juntas de Distrito o el número de pasajeros que el tranvía de Murcia tiene por parada.
   Ésta última "es una información que he pedido hace cuatro o cinco meses y no se nos ha facilitado porque parece que al equipo de Gobierno no le interesa dar a conocer que hay determinadas paradas del tranvía que tienen un bajo número de pasajeros", ha destacado Serna, quien ha añadido que esto demostraría "el error de haber diseñado unas líneas con un trayecto por zonas que no tienen densidad de población".
   Con lo que parece, ha continuado, "que el Consistorio municipal no realiza una gestión todo lo adecuada que el equipo de Gobierno debiera, o que incluso no da la información por dejadez o incluso por obstruir la labor de la oposición, algo que no queremos terminarnos de creer".
   Esto es "absolutamente grave" porque, según ha expuesto el portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Murcia, "si a los concejales no se nos contesta lo que preguntamos ni se nos da la información solicitada, la labor democrática de un Consistorio no funciona".
   A su parecer, esto demuestra que "no se está cumpliendo uno de los principios básicos de cualquier sociedad democrática, y es que los partidos políticos, mediante la representación que le han otorgado los ciudadanos, realicen sus funciones en las administraciones".
   "Están haciendo un daño a la institución, a la actividad política municipal y a la salud democrática", ha concluido Serna, que pide al equipo de Gobierno municipal "un poco de seriedad, rigor y conciencia política y democrática".

Los gestores de las Cajas quebradas se han llevado 93,2 millones de euros

MADRID.- La reciente nacionalización de Bankia ha despertado numerosas suspicacias. Aparte de la lógica preocupación por sus ahorros, muchos ciudadanos se preguntan por qué el Estado tiene que hacer tamaño esfuerzo cuando son muchos los directivos que han abandonado las Cajas de ahorro con elevadísimas indemnizaciones tras una dudosa gestión, que ha obligado al Estado a inyectar ayudas públicas, se pregunta 'Intereconomía'. 

No faltan voces que incluso piden la intervención del Fiscal General del Estado para que investigue dichas liquidaciones, además de los créditos que muchos de ellos mantienen con las entidades que abandonan. Los ex directivos han recibido ya más de 93 millones en indemnizaciones. Una cifra que sobrepasaría ampliamente los cien millones si se suman las cantidades pendientes de recibir. 
Antiguos gestores siguen reclamando un resarcimiento, como el que fuera director general de Caixa Penedés –entidad que hoy forma parte de Banco Mare Nostrum–, que reclama por vía judicial los 3,7 millones de euros que no le han dado a su salida de la entidad. Otros directivos han llegado incluso a blindar su futuro nada más incorporarse a su nueva responsabilidad. Es el caso del ex director general de Catalunya Caixa, Josep María Loza, que pactó una indemnización de diez millones de euros a su salida. Una suma escandalosa para una entidad nacionalizada desde septiembre. 
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que tiene casi el 90% de su capital, ha iniciado la venta de la firma, aunque, por el momento, el proceso no ha despertado gran interés.
Bankia, que ha protagonizado el mayor rescate de la historia de España, con cerca de 25.000 millones de euros, está ya en manos de José Ignacio Goirigolzarri, consejero delegado del BBVA hasta octubre de 2009, cuando abandonó la entidad tras recibir una liquidación por valor de 52 millones de euros, que puso fin a los desencuentros con el presidente del Banco, Francisco González. 
Al antiguo presidente de Bankia, Rodrigo Rato, que presentó su dimisión el 7 de mayo, le corresponde un plan de pensiones de 1,2 millones de euros, que según fuentes del sector podría percibir en acciones.
El panorama de las Cajas de ahorro en España ha dado un vuelco de 360 grados. El interés de los políticos por financiar proyectos innecesarios muchas veces y su exposición al ladrillo las han empujado al abismo. Su presunta solvencia ha dejado al descubierto profundos agujeros en sus cuentas. 
Sólo unas cuantas entidades han sobrevivido a esta hecatombe.

La Audiencia Nacional ya acumula tres denuncias contra la antigua cúpula de la CAM

ALICANTE.- El rosario judicial de los antiguos gestores de Caja Mediterráneo (CAM) no ha hecho más que empezar. El Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional ya acumula tres denuncias distintas interpuestas contra la anterior cúpula de la entidad financiera. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska admitió a trámite el pasado mes de noviembre la querella presentada por el abogado Diego de Ramón contra la ex directora general María Dolores Amorós por presunta estafa, delito societario y falsedad documental.

A través de la Plataforma CAM, a esta querella ya se han adherido como acusación particular cerca de 500 clientes de la caja que perdieron sus ahorros en productos financieros como las cuotas participativas, cuyo valor ha quedado reducido a cero tras la intervención. Del medio millar de demandantes, un centenar son extranjeros: fundamentalmente británicos, pero también algunos alemanes, italianos y suizos.
Por su parte, los sindicatos que representan a la plantilla de la caja, agrupados en la Plataforma Unidad Sindical de CAM, presentaron el pasado 26 de diciembre ante la Fiscalía Anticorrupción de Alicante una denuncia contra el ex presidente Modesto Crespo y los ex directores generales Dolores Amorós y Roberto López Abad. En su denuncia, que la Fiscalía ya ha remitido a la Audiencia Nacional, los sindicatos piden que se investiguen las pensiones vitalicias que se asignaron los miembros de la comisión ejecutiva de CAM. 
También la Asociación por la Preeminencia del Derecho, representada por el abogado José Luis Mazón, ha presentado una denuncia contra la antigua cúpula de Caja Mediterráneo, por presuntos delitos societarios, de falseamiento de cuentas y acuerdos abusivos con ánimo de lucro.
Tras ser nombrado presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el juez Grande-Marlaska ha abandonado el Juzgado Central de Instrucción nº 3. Actuando como sustituto, el juez Eloy Velasco dictó el pasado día 9 un auto en el que acumula las tres denuncias en una misma causa e insta al Banco de España a paralizar, hasta que se resuelva el proceso judicial que puede prolongarse durante varios años, el expediente disciplinario abierto a 49 exconsejeros y directivos de la caja.
 Por su parte, el administrador del FROB José Antonio Iturriaga ha anunciado que la entidad presentará otra denuncia para anular las pensiones vitalicias que se asignaron el equipo directivo de la caja. De hecho, el Juzgado de lo Social de Alicante que confirmó el despido de María Dolores Amorós y rechazó todas sus pretensiones ya estableció que el pago de dichas prestaciones sociales es «injusto e ilegal», tal como recuerda 'Abc'.

General Electric y Aegon reclaman 1.100 millones de € por la quiebra de la CAM

ALICANTE.- Dos multinacionales, la aseguradora holandesa Aegon y el grupo norteamericano General Electric (GE), reclaman cerca de 1.100 millones de euros para ejecutar la cláusula de rescisión de los contratos que mantenían con la antigua caja de ahorros, según publica 'Abc'.

CAM constituyó en 2004 una alianza estratégica con Aegon para desarrollar el negocio de los seguros y, en 2005, con GE para ofrecer financiación a los clientes de la eléctrica. En ambos contratos se introdujo una cláusula según la cual si en algún momento se producían cambios en la titularidad de CAM la relación quedaría disuelta y la caja se vería obligada a abonar indemnizaciones millonarias a sus socios.
Un supuesto que ya se planteó cuando Caja Mediterráneo pactó constituirse como Banco junto a Cajastur y otras dos cajas de ahorros, y que finalmente se ha concretado con el desembarco del FROB como accionista único del Banco Base.
Según un informe elaborado por el Banco de España el pasado mes de julio —escasas horas antes de que acordara intervenir la caja— el cambio de titularidad de CAM obligará a la entidad financiera alicantina a pagar a Aegon una cifra que ronda los 736 millones de euros, mientras que la ruptura con General Electric supondrá otros 384 millones.
Las fuentes consultadas por Abc indicaron que ambas multinacionales ya han planteado su demanda ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, que todavía no ha emitido su dictamen.
La alianza con la aseguradora se llevó a cabo mediante la creación de un holding —en forma de sociedad tenedora de cartera— al que CAM aportó la totalidad de las acciones de su filial Mediterráneo Visa, mientras que Aegón realizó dos aportaciones: una dineraria de 150 millones de euros y otra en especie, en forma de valores de renta fija por un importe de 250 millones de euros.
En aplicación de la cláusula de rescisión de contrato, CAM debe devolver a Aegon los valores de renta fija aportados —o activos por un valor equivalente— y recomprarle sus acciones en el holding, cuyo precio deberá ser estimado por un experto independiente. Un informe elaborado por Tower Watson en diciembre de 2010 estimó en 736 millones el coste que tendría para CAM la ruptura del contrato: 383 millones por la compra de las acciones del holding y 353 por los bonos que Aegon aportó a la alianza. En el consejo de administración de CAM celebrado el pasado 30 de junio —tres semanas antes de la intervención—, la directora general, María Dolores Amorós, informó a los consejeros de que Aegon había presentado ante la Corte Internacional de Arbitraje una demanda para ejecutar la cláusula de rescisión de su contrato con la caja, que se encontraba inmersa en el proceso para transformarse en Banco CAM. La entidad financiera alicantina encargó al despacho de abogados Uría y Menéndez su representación en el litigio, mientras que Aegon contrató los servicios de Garrigues.
Tras conocer estos datos, uno de los consejeros preguntó a Dolores Amorós cuánto reclamaba Aegon como indemnización en el conflicto. Significativamente, la directora general afirmó que «lo que se discute en el arbitraje es la ruptura del acuerdo exclusivamente» y, por tanto, dio a entender a los consejeros que la operación no iba a tener ningún coste para la caja. Un coste que el Banco de España cifra en más de 700 millones de euros.
Pero Aegon sólo es la mitad del problema. Según las fuentes consultadas, también General Electric ha presentado ante el Tribunal de Arbitraje una demanda para ejecutar la cláusula de rescisión del contrato que firmó con CAM en 2005.
En este caso, la ruptura del contrato provocada por la quiebra y cambio de titularidad de la caja tendría un coste de 384 millones de euros para CAM, según las estimaciones del Banco de España. Caja Mediterráneo deberá recomprar las acciones de la sociedad conjunta Camge que posee General Electric, por un importe estimado de 295 millones de euros, además de comprarle participaciones preferentes por un valor de 89 millones, según el informe elaborado por el regulador.

La Oposición cree que el cobro de vados responde al afán recaudatorio del Ayuntamiento de Murcia

MURCIA.-  Los grupos de la Oposición en el Ayuntamiento de Murcia coinciden en criticar el nuevo sistema de cobro de la tasa del vado en las pedanías de Murcia "por su afán recaudatorio".

   Según el portavoz de UPyD en Murcia, Rubén Serna, "responde más a sacar dinero que a dar un servicio o cumplir una petición de los vecinos". Y es que, ha explicado, "lo que se está denunciando por parte de las pedanías es que se está haciendo sin ser solicitado".
   Tras lo que ha puesto en duda, desde el punto de vista legal, que se pueda reclamar no sólo el pago del año en curso, sino también de años anteriores.
   A su juicio, "es casi surrealista que se intente cobrar por algo que ni se está usando ni se ha pedido, es el caso por ejemplo, del vecino que tiene un bajo, una puerta de cochera que no lo usa como tal, sino como almacén".
   "Este afán recaudatorio excesivo contrasta con el gasto millonario en contratos de transporte como el tranvía o instalaciones como Terra Natura", ha exclamado Serna, que entiende que dicha tasa les llegue "al que de forma periódica vaya renovando la placa de su cochera, pero cuando uno no tiene coche o no la utiliza para ello, no necesita ese espacio de la carretera".
   Aparte, ha señalado, el servicio de grúa "muchas veces no tiene la efectividad que sería deseable, pues resulta imposible que la grúa llegue a tiempo para quitar el vehículo que molesta de un domicilio que está a unos 15-20 kilómetros del depósito municipal".
   Serna ha criticado, de tal forma, "esa política recaudatoria de poquito a poquito y al ciudadano corriente, cuando hay contratos del Ayuntamiento que son absolutas hipotecas para futuras generaciones".  
   El coordinador de IU-Verdes en Murcia, Francisco Muñoz, entiende que hay que pagar los vados, aunque no está a favor "de que se cobren con carácter retroactivo por la dejadez del Ayuntamiento de Murcia".
   Así anuncia que presentarán una moción en los plenos de las Juntas Municipales donde se muestran, asimismo, de acuerdo con el pago de los vados "pero no con su carácter retroactivo".
   Muñoz demanda así al alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, "que haga su trabajo, inspeccione y haga pagar a los ciudadanos los impuestos correspondientes", tras lo que considera que el Consistorio debería hacer pagar a la Iglesia el Impuesto de Bienes Inmuebles.
   Mientras, desde el Ayuntamiento de Murcia apuntan que están dando facilidades para que todos los vecinos que cuentan con vado en situación anómala "se pongan al día y la regularicen". Es decir, informan, "que quien tenga salida de vehículos debe darse de alta voluntariamente si no lo ha hecho cuando lo puso".
   Recuerda que el pago se puede realizar de manera fraccionada y que todos los vecinos "estamos obligados a abonar nuestros impuestos porque ello redunda en beneficio de todos; pues si todos pagamos, pagamos menos".

El cultivo del cerezo en Jumilla es ya una realidad económica alternativa a otros frutales

MURCIA.- El director general de Industria Agroalimentaria y Capacitación Agraria, Ángel García Lidón, destacó que "el cultivo del cerezo en Jumilla es ya una realidad económica alternativa a otros frutales", según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

   García Lidón realizó estas declaraciones con motivo de la celebración de la X Jornada técnica sobre el proyecto I+D de introducción del cerezo en la Región de Murcia, celebrada el pasado jueves en la finca experimental 'La Maestra' del citado municipio.
   El responsable autonómico señaló que "la cereza jumillana ya es demandada en el mercado nacional y viaja a otros mercados lejanos como producto exportable de alta calidad", y añadió que las características calizas de los suelos de Jumilla y el clima soleado, "dan lugar a una cereza de alto contenido en azúcares y de firmeza de fruto muy apreciada por los consumidores".
   Y es que, en Jumilla, el período de recolección de esta fruta se extiende desde mediados de mayo hasta la primera decena de julio. Los asistentes a la Jornada técnica comprobaron sobre el terreno la colección de 70 variedades que la Consejería de Agricultura y Agua tiene implantadas en la finca 'La Maestra', cuyos árboles se encuentran ya en su quinto verdor.
   Asimismo, observaron el comportamiento de la variedad Newstar sobre diversos patrones que han permitido el cultivo del cerezo en los particulares suelos de la zona, en comparación con algunas selecciones de patrones introducidos de otros centros de investigación nacionales y extranjeros.
   El encuentro incluyó también una visita a la plantación comercial de la finca Toli, en la que se han alcanzado producciones medias superiores a 25.000 kilos por hectárea en 2011. Este año se espera también una cosecha abundante y de alta calidad de mercado.
   Por otro lado, el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA) lidera este proyecto de I+D sobre introducción del cerezo en la Región de Murcia. En el marco de esta iniciativa, tiene establecidas tres colecciones de variedades situadas en zonas con diferentes condiciones climáticas, que se ubican en La Alberca, El Chaparral (Bullas) y Jumilla, así como plantaciones de referencia, parcelas de seguimiento y de observación extendidas por las diversas comarcas murcianas.
   Los resultados anuales del proyecto se presentan a través de Jornadas técnicas organizadas en las distintas comarcas de la Región en las que puede ser de interés este cultivo. En ellas se recogen las opiniones de los asistentes y permiten evaluar el interés que muestran sobre las distintas variedades, tras conocer su comportamiento en calidad y producción.

La Denominación de Origen Yecla impulsa los vinos de producción ecológica

MURCIA.- El secretario general de la Consejería de Agricultura y Agua, Francisco Moreno, destacó el impulso de la DO Yecla a la producción ecológica de vino de esta zona, que alcanza las 2.000 hectáreas, "lo que contribuye a la diversificación de su oferta para llegar a todos los mercados y dar respuesta a las nuevas demandas".

   Moreno presidió junto con el alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, la toma de posesión de Pascual Molina, reelegido presidente de la Denominación de Origen Yecla. El acto se celebró en el Ayuntamiento, en el marco de las celebraciones organizadas con motivo del V Certamen de Vinos de Yecla San Isidro 2012.
   El secretario general de la Consejería de Agricultura calificó al responsable de la DO Yecla como "una persona comprometida con la viticultura y el medio rural, que ha sido una parte fundamental en el proceso de difusión de los vinos de esta denominación", según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.
   Pascual Molina es, desde 2008, presidente de este Consejo Regulador, del que fue también vocal durante siete años. Es presidente de Bodegas La Purísima, una de las ocho bodegas inscritas a esta denominación.
   Asimismo, ha sido vicepresidente de COAG, vocal de la Cámara Agraria Regional y ha participado en la Conferencia de los Consejos Reguladores del Vino. Actualmente, forma parte del Consejo de Fecoam.
   La Denominación de Origen Yecla abarca una superficie de 6.150 hectáreas de viñedo, situadas dentro de los límites de este término municipal, y ocho bodegas asociadas al Consejo Regulador, así como 570 viticultores adscritos.
   Y es que, la producción de vino de Yecla es de 6,3 millones de litros de vino anuales, de los que un 90 por ciento se exporta, principalmente a Canadá, Estados Unidos, Dinamarca, Reino Unido y Alemania.