miércoles, 16 de mayo de 2012

Montoro y Cospedal analizarán con los consejeros de Hacienda del PP los planes de ajuste antes del CPFF

MADRID.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, analizarán este jueves con los consejeros de Hacienda de este partido los planes de ajuste que han presentado sus comunidades.

   Esta reunión, en la sede nacional del PP de Madrid, se producirá unas horas antes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que se someterán a examen los planes de todas las CC.AA. para cumplir con el déficit máximo del 1,5 por ciento del PIB para 2012.
   El encuentro previo de Montoro y Cospedal con sus consejeros de Hacienda servirá además para coordinar posiciones y unificar el mensaje del Partido Popular antes del 'examen' que deben pasar todas las comunidades en la reunión del CPFF.
   Por lo pronto, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha reconocido que esos planes de saneamiento son "satisfactorios en general", aunque no se descarta que algunas autonomías tengan que introducir aún algunos cambios. De hecho, está previsto un segundo CPFF para dentro de dos semanas con el objetivo de dar el aprobado definitivo a las cuentas autonómicas.
   Aparte del ministro de Hacienda y la secretaria general del PP, está previsto que la reunión de 'Génova' cuente además con la asistencia de los portavoces parlamentarios en el Congreso y en el Senado, Alfonso Alonso y José Manuel Barreiro, así como los de Andalucía, Asturias, Canarias y Cataluña (autonomías en las que no gobiernan los 'populares').

Medio Ambiente anuncia una "profunda revisión" del sistema de evaluación ambiental

MADRID.- El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha anunciado una "profunda revisión" en el sistema de evaluación ambiental para corregir "solapamientos, incoherencias y trabas administrativas", como parte de una nueva política que cumplirá unos objetivos de conservación "exigentes", pero que "no será un lastre" para las nuevas actividades que creen empleo y riqueza.

   "Las políticas medioambientales no pueden ser ajenas a la reforma que está emprendiendo el Gobierno pero creemos que puede haber una sinergia con otras medidas. A estos efectos vamos a revisar toda la normativa medioambiental en materia de aguas, costas, evaluación ambiental y medio natural", ha agregado.
   Así lo ha adelantado Ramos durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en la que ha detallado la líneas generales que determinarán su actividad al frente de esta secretaria de Estado.
   "Promovemos certeza y confianza frente a incertidumbre e inseguridad", ha defendido Ramos, quien ha subrayado que un marco normativo "claro y seguro" favorecerá que la sociedad avance hacia prácticas más respetuosas con el medio ambiente. Con ello, ha avisado de que el "desorden jurídico" existente en la actualidad puede ser "igual de devastador y generador de ineficiencias y desigualdades" que la ausencia de recursos económicos.
   En este sentido, ha destacado que el futuro modelo normativo proporcionará seguridad jurídica a los agentes económicos, especialmente a las empresas, para que puedan programar sus inversiones y, más concretamente, a las que tienen objetivos de reducción de la contaminación y de gestión de residuos.
   Además, ha detallado que, respecto a las distintas actuaciones en el ámbito de la calidad, la evaluación ambiental y el medio natural, éstas se trabajarán "estrechamente" con las comunidades autónomas, para establecer procedimientos homogéneos.
   Por otro lado, ha garantizado el compromiso de cumplir el Protocolo de Kioto, a pesar de la "lamentable" situación de partida que a su juicio arrastra el país por la anterior gestión medioamebiental y lejos de cumplir el protocolo, a pesar de que se vaya a comenzar el segundo.
   "Nuestras emisiones se han reducido pero por efectos de la crisis, que no es para sentirse muy orgulloso. En 2011 subieron por efecto del decreto del carbón que tuvo un coste muy importante y no sólo en millones de euros sino en emisiones", ha agregado.
   Con ello ha recordado que las estimaciones actuales apuntan a que para cumplir el primer periodo de Kioto se necesitarán 194 millones de toneladas, es decir, "faltan entre 500 y mil millones de euros" para cumplir con las obligaciones a las que España se había comprometido.
   Para ello, ha señalado que el ministerio ultima una nueva estrategia de compra de unidades de carbono, que permitirá cumplir con los compromisos adquiridos y que los retornos a las empresas españolas sean "reales", es decir, que se concreten en proyectos ante los "pobres resultados" de la anterior legislatura.
   Asimismo ha planteado la necesidad de establecer la plataforma de Durban para la adopción antes de 2015 de un nuevo instrumento legalmente aplicable a todos los países a partir de 2020, así como la puesta en marcha del Fondo Verde para el Clima y la continuación de Kioto, a través de un segundo periodo de compromiso.
   En relación a la política de Costas, Ramos ha abogado por lograr una mejora de la regulación y de la actuación administrativa sobre el dominio público marítimo-terrestre y por emprender acciones que refuercen la garantía de derechos.
   Para ello, ha dicho que se aumentará la transparencia y la seguridad jurídica de la política de costas mediante acciones como la publicación de la línea de deslinde en la web además de que la secretaría de Estado elaborará un inventario de ocupaciones en la costa española.
   Ramos ha subrayado así que la futura Ley, en la que trabaja el ministerio, hará posible que la protección del litoral sea compatible con la creación de empleo y con la conservación de los recursos naturales. También, ha adelantado que la secretaría de Estado ultima un código de buenas prácticas para los titulares de concesiones en las playas, que serán también los "principales aliados" en la protección, conservación y desarrollo sostenible de estos espacios.
   Entre otros ejes de actuación y en relación a la biodiversidad marina, Federico Ramos ha indicado que se consolidará la Red Natura 2000 y que se propondrán nuevos Lugares de Importancia Comunitaria y se declararán zonas de Especial Protección para Aves marinas.
   Igualmente, ha apostado por la simplificación normativa en materia de medio natural para evitar el solapamiento sobre un mismo espacio de distintas figuras de protección, cada una con su propio régimen de ordenación. Esta simplificación, según ha puntualizado, no supondrá "en ningún caso" una merma en la protección medioambiental.
   Sobre la revisión del Plan Nacional de Mejora de Calidad del Aire, como otra de sus prioridades, Ramos ha indicado que van a incluirse medidas "realistas y eficientes", así como el desarrollo de una estrategia que permita cumplir con los objetivos europeos de prevención y reciclado de residuos.
   En materia de aguas, el secretario de Estado ha propuesto una política "seria, realista y proyectada a largo y medio plazo" porque, en su opinión, es lo que garantiza la sostenibilidad de un recurso "tan escaso como necesario".
   De hecho, ha recordado el "desorden de la etapa socialista" en la planificación, así como el retraso en el cumplimiento de la directiva marco de agua, que a su juicio ha provocado que España haya perdido crédito frente a la UE y que se hayan puesto en riesgo la ejecución de nuevas obras con fondos europeos.
   Así, ha puntualizado que con el decreto ley de medidas urgentes en medida de medio ambiente, que se aprobará este jueves en el Congreso, el Gobierno pretende resolver el desorden con distintas actuaciones en materia de agua y que, según ha avanzado, se completarán con una reforma de la Ley de Agua.
   Respecto a las acciones previstas con las desaladoras, Ramos ha indicado que por el coste de su producción es "difícil" emplearlas de forma masiva en la agricultura, aunque sí puede ser útil para el suministro urbano y turístico.
   Para hacer sostenible esta red el ministerio trabaja en la incorporación de volúmenes de agua desalada para consumo urbano, por lo que se han planificado obras necesarias para poner en producción las plantas y ligarlas al consumo urbano.

El Príncipe insta a las CCAA a actuar con "solidaridad" para salir de la crisis

MADRID.- El El Príncipe de Asturias ha instado a las Comunidades Autónomas a que actúen con "solidaridad con mayúsculas" para contribuir a que España pueda salir de la crisis y vuelva a crear empleo. 

   "Creo que todos sentimos que la recuperación económica y la imperiosa necesidad de creación de empleo en estos tiempos de crisis depende en gran parte de la solidaridad con mayúsculas: entre las personas, las generaciones y todas las Comunidades de España", ha subrayado en un acto de entrega de becas de postgrado, acompañado por la Princesa de Asturias.
   Este llamamiento de solidaridad a las Comunidades Autónomas del Heredero de la Corona se produce en vísperas del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que tendrá lugar mañana, y en el que las CCAA tendrán que presentar sus planes de ajuste para contribuir a reducir el déficit.

  

Los hispanobonos se desinflan

MADRID.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado que vigilará a todas las comunidades autónomas y ha garantizado que las que no cumplan en estos momentos los objetivos lo acabarán haciendo en el futuro.

   "El que no esté, no está, pero va a estar", ha dicho Montoro en un almuerzo organizado por PwC y la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), donde ha afirmado que el Gobierno aplicará la Ley, aunque las comunidades van por buen camino.
   Así, ha explicado que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de mañana examinará los planes de cada territorio, en lo que será una "operación política de gran envergadura". "Será un Consejo importante, clarificador", ha indicado.
   A su parecer, no hay que acercarse al encuentro de mañana con "recelos y rechazos" porque la intención política es justo la contraria: mostrar que el estado de las autonomías en España es "viable". Según Montoro, la reunión del CPFF supone una "oportunidad formidable" para clarificar donde está España y hacia dónde "puede y debe llegar".
   El ministro ha celebrado las últimas medidas anunciadas por algunas comunidades y ha reconocido que hay algunas dudas sobre otras, aunque los propios responsables políticos de esos territorios están resolviendo esas dudas, lo que pone de manifiesto la "madurez" de los mismos.
   En cualquier caso, Montoro ha asegurado que lo "realmente importante" es que los planes que se presenten mañana se cumplan, motivo por el que el Gobierno central será "muy exigente" a la hora de vigilar a las comunidades. "Aplicaremos la Ley de Estabilidad con todo el rigor", ha asegurado.
   En cuanto a la posibilidad de poner ya en marcha los hispanobonos, como reclaman algunas comunidades, Montoro ha explicado que el Gobierno buscará una fórmula de apoyo paras las comunidades, pero sin repartir el riesgo.
   En este sentido, ha explicado que cada comunidad tiene que aguantar las consecuencias de sus decisiones políticas, tal y como ocurre en la UE con los países miembros. "Que cada uno sea maduro y responsable", ha indicado.

Las provisiones de la banca podrían cubrir sólo la mitad del stock inmobiliario

MADRID.- El Gobierno admite que, tras la nueva reestructuración del sector financiero aprobada el pasado viernes en el Consejo de Ministros, las entidades bancarias cubrirán únicamente la mitad de su stock inmobiliario si se diera un escenario "muy pesimista" en el que hasta el 75% de las exposiciones de riesgo normal se convirtieran en "dudosas o subestándar".

   Según se reconoce en la memoria económica que acompaña al decreto ley sobre Saneamiento y Venta de los Activos Inmobiliarios del Sector Financiero, a la que ha tenido acceso Europa Press, "las nuevas previsiones suponen que en un escenario muy pesimista, en el que el 75% de las exposiciones de riesgo normal se convirtiesen en dudosas o subestándar, la tasa final de cobertura del stock de activos problemáticos sería del 50%".
   "Ello implicaría que un 90% de los activos ligados al sector promotor y constructor tendrían una cobertura media del 50%", continúa el documento, que valora que las medidas incluidas en el decreto ley permitirán, no obstante, reforzar de forma "considerable" la "confianza y solvencia del sector".
   Además, el Gobierno destaca en la memoria que "la creación de sociedades gestoras de activos a las que se les exige un alto grado de profesionalización añadidos a los incentivos que supone la dotación de provisiones fomentarán la puesta en venta de los inmuebles en manos de las entidades", algo "esencial" para "reajustar los precios" de la vivienda.
   Por otra parte, el documento recoge que el impacto presupuestario máximo derivado de este decreto ley será de 15.000 millones de euros derivados del "incremento de la dotación del FROB" y que se financiarán con cargo a la partida de activos financieros de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
   Esto es así porque algunas de las entidades que no sean capaces de cumplir con las nuevas obligaciones exigidas por el Ejecutivo tendrán que acudir al FROB para cubrir las provisiones. Pese a este coste para el erario público, el Gobierno defiende su decisión de optar por esta vía alegando que la posibilidad alternativa de implantar un esquema de protección de activos suponía una "mayor complejidad" y un "posible mayor coste para el contribuyente".
   Además, asegura que el decreto ley no tendrá impacto sobre las leyes de la competencia ya que, aunque incentiva las integraciones de las entidades financieras por la vía de la fusión fundamentalmente, estos ajustes serán "consecuencia de los nuevos requerimientos prudenciales exigidos".
 "Los efectos singulares de cada operación de integración se evaluarán en aplicación de la normativa de competencia correspondiente", concluye la memoria.

El Gobierno pedirá mañana más medidas a algunas CC.AA. para evitar las sanciones y la intervención

MADRID.- El Ministerio de Economía y Hacienda pedirá más medidas a algunas comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este jueves para evitar las sanciones que incluye la Ley de Estabilidad Presupuestaria y, en último término, la intervención.

   Precisamente, el Gobierno ha convocado el CPFF este jueves para analizar los planes de ajuste económico-financiero que han tenido que elaborar todas las comunidades ante las desviaciones del déficit en el año 2011 y la necesidad de cumplir lo pactado con Bruselas.
   El Gobierno ya ha puesto de manifiesto que algunas comunidades no podrán obtener el visto bueno de Hacienda, por lo que activará todos los mecanismos que incluye la Ley de Estabilidad Presupuestaria, desde la exigencia de nuevos ajustes hasta la intervención.
   De hecho, el Departamento que dirige Cristóbal Montoro ya ha encargado a la Abogacía del Estado y a la Intervención General que estudie la posible tutela de las cuentas de Asturias, ante la preocupación de que el Gobierno regional en funciones no pueda alcanzar el objetivo de situar su déficit por debajo del 1,5% del PIB.
   Durante los últimos días, algunas comunidades como Andalucía o Cataluña han anunciado nuevas medidas de ajuste para evitar la intervención, que han sido positivamente valoradas por el Gobierno.
   El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha asegurado este miércoles que los planes de saneamiento son satisfactorios en general, aunque no ha descartado cambios.
   En esta misma línea, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha mostrado convencido de que las comunidades cumplirán antes o después, ya que el Gobierno convocará una nueva reunión del CPFF dentro de quince días para aprobar los objetivos de estabilidad del año 2013 y los planes de saneamiento pendientes.
   De esta forma, el Gobierno de Mariano Rajoy quiere garantizar el compromiso de las comunidades con la reducción del déficit pactada con Bruselas y enviar así un mensaje de confianza a los mercados, que siguen teniendo dudas sobre la capacidad del país para reducir el déficit público.
   Las nuevas medidas que planteen las CC.AA. se añadirán a las ya presentadas por algunas de ellas, que han reducido sus Presupuestos en unos 8.000 millones. Esta cifra se obtiene de la suma de ajustes a los funcionarios, recortes en educación y sanidad y liquidación del sector público empresarial, así como de ingresos procedentes de nuevos impuestos y tasas.
   Sin embargo, no todas las comunidades han hecho públicos sus planes de recorte en 2012, a la espera de aprobar unos presupuestos definitivos; son los casos de Madrid, Castilla-La Mancha, Asturias, Cataluña, Aragón y La Rioja.
   En cualquier caso, todas las comunidades acudirán a la reunión con la confianza de que sus planes de ajuste para registrar un déficit del 1,5% en 2012 será aprobados y que los recortes que han planteado serán suficientes para lograr ese objetivo.

Miles de personas se manifiestan por las calles de Murcia en defensa de la universidad pública

MURCIA.- Miles de personas, entre 10.000 y 15.000 según los organizadores, han recorrido este miércoles el centro de Murcia en defensa de la universidad pública y, más concretamente, en protesta por las medidas de "recortes" que implica la aplicación del Real Decreto 14/2012 del Gobierno central, que consideran una "agresión" que compromete el futuro de la educación superior.

   Los manifestantes, convocados por el autodenominado Comité de Resistencia en Defensa de la Universidad Pública, han salido a las 12.30 horas de las puertas de la Convalecencia, sede del rectorado, y han recorrido la avenida Teniente Flomesta y la Gran Vía Escultor Salzillo hasta San Esteban, sede del Gobierno regional, donde tenían previsto proceder a la lectura de un comunicado.
   Los manifestantes han cubierto el recorrido tras una pancarta en la que podía leerse 'La Universidad pública no se vende, se defiende. Comité de Resistencia en Defensa de la Universidad Pública', y coreando eslóganes como "Valcárcel, Sotoca, la enseñanza no se toca"; "Mariano, Mariano, no llegas al verano"; "No, no, no al tasazo"; y "Sanidad y Educación, en peligro de extinción".
   Los participantes en la movilización, que portaban pancartas como 'Más esfuerzo mental y menos recorte social' o 'Valcárcel, si no buscas alternativas eres parte del problema', han detenido su marcha a la altura del edificio en el que tiene su residencia el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, donde han comenzado a aplaudir y han gritado "el pueblo, unido, jamás será vencido".
   Una vez descontados los servicios mínimos, un 95 por ciento de los trabajadores de la UMU y prácticamente un 100 por ciento de los alumnos han secundado la huelga, a excepción de quienes han tenido que asistir a las prácticas obligatorias que "se han impuesto en algunos casos o que venían previstas desde antes de la huelga", según las organizaciones convocantes.
   Cabe recordar que la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) llegó tarde a sumarse a la convocatoria por no poder cumplir los diez días de antelación prescriptivos, de huelga por problemas de calendario de su propio claustro y de los nombramientos del rector y de la constitución del Comité de Resistencia, aunque Urralburu ha mostrado su esperanza en que su seguimiento será "un éxito el próximo día 22 de mayo, día de la convocatoria de huelga nacional".
   El vicepresidente del Comité de Empresa del Personal Docente e Investigador (PDI) de la UMU y portavoz del sindicato Sterm-Intersindical, Óscar Urralburu, ha afirmado que la jornada de huelga en la UMU "ha sido un éxito" y la comunidad universitaria ha manifestado un "profundo rechazo al Real Decreto 14/2012 de recortes, de incremento de las tasas para los estudiantes y de incremento de jornada laboral para el personal docente e investigador".
   Asimismo, la comunidad universitaria "ha mostrado su rechazo al recorte que ha planteado el Gobierno regional a los presupuestos de la Universidad de Murcia para 2012", ya que "este no es el camino, así no se puede seguir avanzando y haciendo una universidad pública de calidad para todos, que sea igualitaria y que dé oportunidad para toda la ciudadanía en la Región".
   "Lo único que nos queda es pedir con esta manifestación al ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, que derogue el Real Decreto, que no ha sido negociado, que no ha sido consensuado y que no ha tenido en cuenta en absoluto las necesidades de las universidades públicas", según Urralburu.
   Ha estimado que, si se aplican los "recortes" anunciados por el Gobierno regional, así como los recogidos en el título segundo del Real Decreto 14/2012, "se podría reducir la plantilla de la UMU entre las 400 y las 500 personas, entre el PDI y el Personal de Administración y Servicios, lo que haría inviable el mantenimiento y la sostenibilidad del modelo actual de la universidad pública".
   Urralburu no ha descartado la posibilidad de que se introduzca alguna mejora en el Real Decreto por medio de alguna enmienda parlamentaria con el apoyo del PSOE y de IU, ya que se trata de un reglamento que es "un auténtico disparate, porque no atiende para nada las necesidades de la universidad española". Incluso, recuerda que hay gente del PP que "se ha pronunciado en contra".
   El presidente del Consejo de Estudiantes, Ignacio García, ha afirmado en la manifestación convocada por el 'Comité de Resistencia en Defensa de la Universidad Pública', y con respecto al respaldo del Rectorado, que "actualmente, tras la postura que llevó ayer el equipo rectoral en el claustro extraordinario en el que además se llevó a cabo un pronunciamiento, creemos que el camino que están tomando es mucho más adecuado que hace unas semanas" añadiendo que "si siguen esta vía vamos a estar detrás de ellos a lo que haga falta".
   Ignacio García insiste en que "estamos aquí para protestar por las medidas que se han aprobado por parte del Gobierno y también por las que pueden venir".
 "Entendemos que no es el camino que debe seguir"
   El presidente del Consejo de Estudiantes mantiene que a largo plazo es esta institución docente la que puede "sacar a este país de la crisis como principal motor de conocimiento y de investigación y de formación de profesional".
   Respecto a la rebaja del recorte de las universidades públicas, "es una noticia, dentro de lo que cabe buena", no obstante, "evidentemente sigue siendo insuficiente".
   "Estamos hablando de que con este recorte que en caso de la Universidad de Murcia afecta en 10,8 millones de euros habría que reducir un montón de servicios, habría que despedir a un montón de personal y sobre todo a la larga estaríamos hablando de un recorte en calidad en detrimento de la universidad que no esta nada claro que podamos asumir".
 "Es un poco mejor pero sigue siendo un problema muy serio", concluye el presidente del Consejo de Estudiantes.
   Para el próximo 22 de mayo hay convocada una nueva jornada de Huelga en todos los sectores educativos y en todo el Estado contra los recortes en Educación.

El seguimiento de la huelga en las aulas de la UMU se sitúa en el 90%, y el 75% del PAS secunda la movilización

MURCIA.- La Universidad de Murcia (UMU) sólo ha impartido este miércoles el 10 por ciento de las clases programadas, lo que ha sido motivado por la falta de asistencia de los alumnos o de los profesores, según ha informado el gerente de la institución docente, Pedro Gálvez, en base a datos recabados a las 9.30 horas.

   Gálvez ha explicado que no está definido si este seguimiento del 90 por ciento se debe a la falta de asistencia de los alumnos, de los profesores, o de los dos colectivos al mismo tiempo, aunque asegura que el porcentaje es fiable y se calcula en base a las informaciones del personal de servicios mínimos en cada uno de los aularios.
   Asimismo, ha secundado la huelga el 75 por ciento el Personal de Administración y Servicios (PAS), que sí que está obligada a fichar todos los días, por lo que el control de asistencia es más directo, explica el gerente.
   En cualquier caso, el gerente explica que el seguimiento de la huelga por el alumnado es "mayoritario". Asimismo, explica que el seguimiento del 90 por ciento en la actividad docente es superior al registrado, por ejemplo, en la huelga general del pasado 29 de marzo, cuando se suspendieron en torno al 50 por ciento de las clases.
   El colectivo de PAS también ha aumentado su porcentaje de seguimiento de la huelga, que el pasado 29 de marzo se situó en el 50 por ciento.

Piquete informativo

Un piquete informativo compuesto por unas 200 personas ha obstaculizado el tráfico en el acceso principal del Campus de Espinardo de la Universidad de Murcia (UMU) durante una hora aproximadamente, entre las 8.44 horas a las 9.30 horas, según han informado fuentes de la Policía Local.
   Al parecer, los manifestantes estaban ocupando la calzada de la puerta principal que conecta a el Campus de Espinardo con la autovía y con el centro comercial El Tiro, dificultando el tráfico.
   No obstante, la retención no ha llegado a afectar a la circulación de la autovía, según la Guardia Civil, y se ha derivado a los vehículos retenidos a los otros dos accesos del Campus, ha añadido la Policía Local.
   Al lugar se han desplazado personal del Cuerpo Nacional de Policial, de la Guardia Civil y de Policía Local que finalmente, no han tenido que intervenir, según fuentes de los citados cuerpos.
   El piquete, que según la UMU estaba entregando folletos informativos a los vehículos, se ha retirado finalmente de forma voluntaria.

También peligra la sede de la UNED en Cartagena

CARTAGENA.- El Centro Asociado de la UNED en Cartagena no podrá hacer frente a los gastos necesarios para su normal funcionamiento, tanto en nóminas de personal y tutores como en gasto corriente, si "a partir de este mes no se hacen efectivas las subvenciones que están pendientes de abono correspondientes a 2010 y 2011, que ascienden a más de 600.000 euros". 

   De este modo, CCOO ha advertido, a través de un comunicado, que "la enorme deuda que las Administraciones Públicas mantienen con la UNED bloquea su funcionamiento, que afecta a los más de 6.200 alumnos matriculados".
   A esta situación se ha llegado, según el sindicato, "por el impago sistemático de las subvenciones que deberían haber hecho efectivas tanto la Administración regional, como las diversas Administraciones locales que la financian y que en su mayoría pertenecen al año 2011".
   En concreto, la deuda de la Comunidad Autónoma de años anteriores "asciende a más de 500.000 euros, la del Ayuntamiento de Lorca a 71.000 euros y la de la Empresa Centro de Nuevas Profesiones (Escuela de Turismo) a casi 70.000 euros".
   Mientras que del presente ejercicio de 2012 "solo se han recibido las partes proporcionales de las aportaciones del Ayuntamiento de Cartagena y de la UNED, pero no del resto de las administraciones, ni pago por el convenio con la Escuela de Turismo".
   El pasado 1 de marzo, según CCOO, "se iniciaron los trámites para contratar una operación de tesorería que ayudara a paliar transitoriamente los problemas de liquidez derivados de estos impagos, operación que dos meses y medio después está aún sin aprobar".
   "La imposibilidad de recibir la segunda parte de la subvención de la UNED correspondiente al presente año, prevista para este mes, es debido a que, interpretando de aplicación al Centro Asociado una norma que solo afecta a la Sede Central de la UNED de Madrid, no se convoca reunión de la Junta Rectora que tiene que aprobar la liquidación del presupuesto de 2011, requisito imprescindible para que se reciba la citada subvención".
   Todo esto, advierte, "causará enormes problemas a los más de 6.200 alumnos matriculados en este Centro Asociado, ya que al no poder hacer frente no solo a los pagos a tutores y proveedores, ya vencidos, si no a los que se deriven de las nóminas y los suministros necesarios para el normal funcionamiento del Centro Asociado, harán que se haga imposible tanto la atención al alumno vía Internet o teléfono como el normal desarrollo de las tutorías que se imparten".
   Por todo ello, desde CCOO reclaman "el pago inmediato de las deudas contraídas con el Centro Asociado de la UNED, en especial la de la Administración Regional", además de "la inmediata convocatoria de la Junta Rectora del Centro Asociado, así como que se tramiten y abonen las correspondientes subvenciones del presente año para su futuro cobro, que impida la repetición de esta situación a corto plazo".

Diego de Ramón pide a Bruselas la suspensión de Valcárcel como futuro presidente del CdR

MURCIA.- El abogado Diego de Ramón ha pedido al Parlamento Europeo,  en Bruselas, la suspension de Ramón Luis Valcarcel como futuro presidente del Comité de las Regiones (CdR) a partir de julio, "al no dar ejemplo e imagen en cumplir el objetivo de déficit económico público de la Ley de Estabilidad presupuestaria inducida por la Comisión Europea a instancias de la canciller alemana Angela Merkel y del presidente del Eurogrupo,  Jean-Claude Juncker".

Diego de Ramón adjunta copia del escrito enviado a la actual presidenta del CdR, la socialista italiana Mercedes Bresso,  para que se le haga un 'exámen riguroso' al candidato y 'así despejar cualquier duda de incertidumbre' desde el punto de vista de la imagen pública y eficiencia en su gestión política al frente de la Región de Murcia y, más en concreto, de los fondos europeos destinados a Lorca con motivo del terremoto del 11 de mayo del pasado año.

El conocido letrado, citando recientes recomendaciones del presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, en el sentido de que la reducción del déficit público español depende de que las CC AA 'hagan su trabajo' y que 'espera resultados esta misma semana', revela en su escrito al presidente del Parlamento Europeo, el socialdemócrata alemán Martin Schulz (en la imagen), que la Región de Murcia es la segunda de España en déficit presupuestado (- 4,27% del PIB) y la primera por déficit en la Contabilidad Nacional (- 4,63% del PIB), por lo que de esta forma de actuar "parece ser que no escucha las recomendaciones desde el Eurogrupo y del resto de las instituciones económicas comunitarias".

A su juicio, lo anterior 'evidencia una posible falta de subordinación, obediencia o aceptación de dichas indicaciones por parte del presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia', por lo que sería aconsejable "indicar o recomendar, sin imposición, que se tome este ejemplo para la rápida intervención (...) por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas".

En sus conclusiones, Diego de Ramón dice en el escrito a Martín Schulz, que 'de ser así,  no sería recomendable lo contrario a una imagen impecable, distinguida, prestigiosa y ejemplar de cara a las mas de 235 regiones e instituciones europeas', donde el presidente de cualquiera de ellas, 'debe ser un gran ejemplo de gestión política, económica y social de cara a todos los ciudadanos europeos'.


En consecuencia, para Diego de Ramón, 'sería conveniente suspender dicho nombramiento, hasta tanto se investigasen estas actuaciones' del señor Valcárcel 'si se considerase oportuno'.  Y cree que, en este caso, puede existir crisis 'de toda la clase de virtudes que deben rodear a una persona antes de nombrarle para dicho cargo, por su propio bien y de dicha institución europea', en clara referencia al CdR.


Finalmente, este letrado muestra su satisfacción, como ciudadano europeo, de poder colaborar 'en la prevención de posibles acontecimientos que pudieran distorsionar o confundir a la opinión pública" y previamente actuando como 'protocolo de prevención en la designación de cargos con rango comunitario y que nada tiene que ver con la designación de cargos políticos nacionales'.

La culpa, de López Abad

ALICANTE.- Los exconsejeros de la antigua Caja Mediterráneo (CAM) se lavan las manos en la quiebra de la que una vez fue la cuarta caja de España. Tal como hizo en su comparecencia la semana pasada el expresidente de la entidad Modesto Crespo, los tres exvicepresidentes citados ayer en la comisión de investigación de las Cortes Valencianas eludieron su responsabilidad y la trasladaron al equipo directivo que comandaron Roberto López Abad y —desde finales de 2010— María Dolores Amorós.

A tenor de lo que declararon los tres exvicepresidentes —Armando Sala, Ángel Martínez y Benito Nemesio— cabe inferir que el consejo de administración no estaba capacitado para asumir decisiones financieras, y que los consejeros aceptaban sin reparos todo cuanto decían los exdirectivos. Al menos, esa fue la versión que sostuvieron los tres a preguntas de los diputados que forman parte de la comisión.
El primero en declarar fue el murciano Ángel Martínez, que ocupó la vicepresidencia primera hasta la intervención de CAM por el Banco de España. Martínez —nombrado a propuesta del presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel— defendió que «nunca» recibieron presiones de los gobiernos autonómicos para invertir en determinados proyectos, pero al mismo tiempo aseguró que quien tomaba esas decisiones era la Dirección. Según el exdirectivo, el consejo se limitaba a «informar los expedientes de acuerdo con la documentación».
Martínez defendió que la información que les facilitaba la dirección «cumplía cada uno de los ratios establecidos por el Banco de España», y las auditorías «se presentaban sin ninguna salvedad». Cabe recordar que, tal como desveló Abc el pasado 2 de mayo, López Abad trató de presionar a la auditora para que no incluyese una salvedad sobre Tenedora de Participaciones e Inversiones (TIP) por operar en paraísos fiscales a través de una filial de Valfensal.
El que fuera vicepresidente segundo, Benito Nemesio, siguió la línea trazada por su excompañero murciano. Nemesio fue más allá y llegó a admitir que no tenía ni idea de lo que estaba aprobando, ya que llegaba «con todas las bendiciones de no sé cuántos comités técnicos». En este sentido, aseguró que votaban a favor de las operaciones de crédito «muy tranquilos» porque los que les informaban tenían «un conocimiento más profundo». A cambio, admitió que percibía más de 60.000 euros al año como vicepresidente.
El último exvicepresidente en comparecer fue el alicantino Armando Sala. Fue el más crítico de los tres con la gestión de la caja, aunque se amparó también en el desconocimiento. Según Sala, los consejeros no tuvieron constancia de la auténtica situación en que se encontraba la entidad hasta que el Banco de España se dirigió en julio de 2011 al consejo para «llamar la atención» días antes de la intervención.
Según Sala, los consejeros «solo sabíamos lo que nos querían contar», tanto de la situación como de la búsqueda de socios para una fusión. El alicantino, que sí se siente «responsable», puso en duda también que las actas de los consejos recojan lo que realmente sucedía en las reuniones.

Juncker: el cumplimiento del déficit en España depende de las CC AA


BRUSELAS.- El presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, ha dicho este martes que el cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit por parte de España dependerá de que las comunidades autónomas hagan su trabajo y que espera resultados en este sentido esta misma semana. 

"El Gobierno español confía en que va a alcanzar los objetivos de déficit para 2012 y 2013", ha asegurado Juncker a la entrada de la reunión del Ecofin.
"Esto depende principalmente de que los Gobiernos regionales hagan su trabajo y esto va a ocurrir a lo largo de esta semana", ha agregado, en referencia a la reunión del consejo de política fiscal y financiera que se celebra el jueves, y en el que se analizarán los planes de ajuste de las comunidades autónomas.
España sólo logrará reducir su déficit del 8,5% hasta el 6,4% este año y el 6,3% en 2013, según las previsiones económicas de primavera publicadas por la Comisión el pasado viernes. Estas cifras quedan muy lejos de los objetivos pactados con la UE del 5,3% y el 3%, respectivamente.

El Movimiento 15-M organiza en Murcia una asamblea general y un pasacalles para celebrar su primer aniversario

MURCIA.- El Movimiento 15-M ha organizado en Murcia una asamblea general y un pasacalles este martes por la tarde para celebrar su primer aniversario, según ha informado uno de sus portavoces.

   En concreto, el pasacalles recorrerá a partir de las 20.00 horas las calles del centro de Murcia y tendrá un componente satírico para denunciar la situación de crisis actual, mientras que la asamblea se celebrará posteriormente, sobre las 21.00 horas.
   Además, cabe recordar que entre 40 y 50 personas del Movimiento 15-M permanecen encerradas desde este lunes por la noche como acto de protesta en el patio del Campus de la Merced de la Universidad de Murcia (UMU). Esta acción va a permanecer en marcha, al menos, hasta este miércoles, 16 de mayo, coincidiendo con la huelga convocada en la universidad.

Estudiantes de la UMU se encierran en el Campus de La Merced y exigen la dimisión de Wert, Valcárcel y el rector Cobacho

MURCIA.- Estudiantes de la Universidad de Murcia (UMU) se encierran en el Campus de La Merced hasta este miércoles, día en que tendrá lugar la huelga educativa y exigen la derogación del Real Decreto 14/2012 y la dimisión inminente del ministro de Educación, José Ignacio Wert.

   Así como la del presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, por adeudar a la UMU más de 60 millones de euros y la dimisión del equipo rectoral en general y, en particular, del rector José Antonio Cobacho "por su irresponsabilidad a la hora de no exigir el pago de dicha deuda".
   Y es que, explican en nota de prensa, "este decreto impuesto a la comunidad universitaria supondrá una subida abusiva de los precios de matrícula, que oscilarán entre 1.500 y 3.000 euros en primera matrícula (un 66% más de lo que pagamos ahora) para estudiantes comunitarios y entre 6.000 y 12.000 euros para estudiantes no comunitarios".
   Además, supondrá un endurecimiento del acceso a las becas, una pérdida de la autonomía universitaria en lo que respecta a la gestión y a los contenidos, y un despido masivo de trabajadores "que afectará a la ya escasa calidad de la educación, de la investigación y al funcionamiento de la propia institución".
   "Estamos ante un atentado contra la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación universitaria y a la carrera docente, que perpetuará y ensanchará la brecha entre ricos y pobres", señalan, al tiempo que recuerdan que "la educación es un derecho fundamental cuyo cumplimiento no puede estar sujeto ni a intereses mercantiles ni al devenir económico".
   Según los estudiantes de la UMU, "asistimos a una privatización encubierta de las universidades españolas con la excusa de la crisis y de los ajustes, donde una vez más las grandes empresas obtendrán beneficios a costa de los derechos sociales que tanto han costado".
   Por todo ello, comunican que permanecerán encerrados en el Campus de La Merced preparando los exámenes, estudiando el Real Decreto y organizando el 16 de mayo, día en el que tendrá lugar la huelga educativa en la Universidad de Murcia.
   Tras lo que hacen un llamamiento a toda la sociedad murciana a que apoye y asista a la manifestación que tendrá lugar este miércoles a las 12,30 horas en el Rectorado de la Universidad de Murcia. "No pararemos nuestras acciones de protesta hasta que no se consigan los objetivos exigidos", advierten.

Las universidades públicas murcianas verán reducido sus presupuestos en 15 millones este año

MURCIA.- El rector de la Universidad de Murcia (UMU), José Antonio Cobacho, ha asegurado que las universidades públicas de la Región de Murcia verán recortados sus presupuestos este año en 15 millones de euros, 10,8 para la UMU y 4,2 millones para la UPCT; la mitad de lo que se había previsto inicialmente.

   Cobacho ha asegurado que la reunión mantenida este lunes por la tarde entre los rectores de la Universidad de Murcia y la Politécnica de Cartagena con los consejeros Juan Bernal y José Ballesta, fue "muy positiva" y acabó, tal como han adelantado hoy los medios escritos, en un principio de acuerdo.
   El acuerdo final, según ha detallado el rector de la Universidad de Murcia, se cerrará en breve, quien ha acentuado que aunque el recorte "está ahí y sigue siendo elevado", hemos dado, en cierta medida, "un paso importante".
   Asimismo, ha señalado, "hay una perspectiva muy buena" en cuanto a la deuda de la Comunidad con las universidades --de 66 millones de euros en el caso de la UMU--, porque "hay un reconocimiento de la misma y de abono, más o menos, inmediato".
   Por lo que "la reunión de ayer fue positiva dentro de una situación difícil", ha matizado.
   En cuanto a la petición de Estudiantes de la Universidad de Murcia (UMU), que han pedido su dimisión, así como la del presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel y la del ministro de Educación, José Ignacio Wert, Cobacho ha apuntado que están en su derecho, aunque "los problemas no se solucionan así".
   Esta es una visión muy particular, ha añadido, "pero también yo estoy en mi derecho de hacer lo que mi sentido del deber y responsabilidad me dicten".
   Sobre la jornada de huelga de este miércoles, día 16, en la Universidad de Murcia, el rector ha recordado que es un derecho constitucional y muestra su respeto, al tiempo que espera que "transcurra de manera ordenada y adecuada".

IU-Verdes exige una investigación "amplia" de la CAM en la Región y de las entidades involucradas en el "ladrillo"

MURCIA.- El coordinador de IU-Verdes de la Región de Murcia, José Antonio Pujante, ha exigido una investigación "amplia" en la Región de Murcia sobre Caja Mediterráneo (CAM) y de todas aquellas entidades financieras "que se han visto involucradas en el proceso especulativo del ladrillo".

   En una rueda de prensa ofrecida junto al coordinador federal de IU, Cayo Lara, Pujante ha deplorado que el PP de la Región de Murcia "se haya negado sistemáticamente a que se investigasen las actuaciones inmobiliarias de la CAM en la Comunidad".
   A su juicio, resulta "sorprendente que el antiguo director territorial de la CAM en la Región, Ángel Martínez, haya declarado en una Comisión de investigación en las Cortes Valencianas y, sin embargo, aquí no se haya dado ningún tipo de explicación".
   Ha recordado que se trata de una exigencia que están planteando "las propias instituciones europeas" y que, desde un punto de vista de transparencia democrática, "sería conveniente en la Región de Murcia conocer operaciones especulativas como las de Polaris World y la repercusión que ha tenido desde el punto de vista financiero".

El Ministerio de Hacienda devuelve al Ayuntamiento de Beniel su plan de ajuste

MURCIA.- El Ministerio de Hacienda ha devuelto al Ayuntamiento de Beniel su plan de ajuste porque, según ha explicado el alcalde, Roberto García, "los ingresos que se han reflejado en dicho plan no son lo suficientes para atender a los gastos que tenemos en los presupuestos, que se han tenido que meter en este plan, que es a 10 años".

   García, quien ha justificado este hecho resaltando que le ha pasado lo mismo a "mil" ayuntamientos, ha considerado que el hecho de que no haya sido aceptado "es mejor, dado que nos van a retener el 50 por ciento del fondo estatal que se nos abona mensualmente, unos 70.000 euros, que al año son 840.000 euros".
   Y es que, ha explicado, en caso de que hubiera sido aceptado "hubiéramos tenido que acceder al préstamo para pagar a los proveedores, a los que va a pagar el Estado, con un 7 por ciento de interés y no con un 5 por ciento como dijo Cristóbal Montoro".
   De forma que el préstamo que obtendrán los ayuntamientos para pagar a los proveedores con este plan "está superando el 7 por ciento, ya que la prima de riesgo es la que marca este tipo de intereses a pagar por los consistorios".
   Esto supondría al Ayuntamiento de Beniel "desembolsar anualmente 1,6 millones de euros, 800.000 euros por encima de lo que nos retendrán anualmente".
   Aunque reconoce que le hubiera gustado entrar dentro del Plan de Ajuste, ha asegurado que "se va a cumplir la Ley de estabilidad presupuestaria y nos supondrá una carga menor para las arcas municipales".

El Gobierno murciano asegura que mantiene la tranquilidad porque "se ha actuado con firmeza en el ajuste fiscal"

MURCIA.- El portavoz del Gobierno regional, José Ballesta, ha asegurado que desde la Consejería de Economía y Hacienda "se mantiene la absoluta tranquilidad, ya que se ha actuado con mucha firmeza en este ajuste fiscal".

   Ballesta, preguntado sobre la posible intervención de Murcia y la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para este jueves, ha lamentado que "en momentos en los que cunde la preocupación, parece ser que la impaciencia es dar malas noticias", por lo que ha pedido esperar al jueves, ya que "el tiempo dará y quitará razones".
   Según ha subrayado, Murcia "se está ajustando para crecer y no es el ajuste por el ajuste, ya que el objetivo final es generar empleo y riqueza en la Región".
   Al hilo, ha recordado que el Centro de Estudios del BBVA constató que la Región "será una de las pocas que cumpla con el 1,5 por ciento de déficit a final de año, no así una gran mayoría de otras CCAA".

Asturias remite su Plan Económico Financiero a los consejeros de Hacienda de todas las CCAA

OVIEDO.- El Gobierno del Principado de Asturias ha remitido este martes su Plan Económico Financiero (PEF) para el periodo 2012-2014 a los consejeros de Hacienda de todas las Comunidades Autónomas. 

   Así lo ha indicado el Ejecutivo en funciones presidido por Francisco Álvarez-Cascos, ante las informaciones "falsas" difundidas por el Ministerio de Hacienda en nota de prensa el 12 de mayo.
   De este modo, el consejero de Hacienda y Sector Público del Principado, Ramón del Riego, ha enviado el contenido completo del Plan Económico Financiero (PEF) 2012-2014 presentado el pasado 11 de mayo ante el propio Ministerio de Hacienda, con objeto de que "pueda ser estudiado y analizado" antes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo jueves, y de esta manera "despejar cualquier duda económica" e "impedir cualquier maniobra política" sobre la situación presupuestaria del Principado. Además, ha remitido los datos del superávit de las cuentas de Asturias.

Cerca del 72% de los alumnos murcianos optaron por cursar la asignatura de religión durante este curso 2011/12

MURCIA.- Un total de 145.000 alumnos murcianos, 71,98 por ciento, optaron por cursar la asignatura de religión durante este curso 2011/12, cifra que está por encima de la media nacional que se sitúa en el 70,4 por ciento, según datos de la Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Cartagena. Se trata de un "dato para estar de enhorabuena" según ha apuntado el Delegado Episcopal de Enseñanza, Juan Carlos García. 

   Desglosado por etapas, en Educación Infantil la cifra alcanza el 81,92 por ciento y en Primaria asciende al 83,14 por ciento. Los datos descienden en la ESO, con un 53,36 por ciento y mucho más en Bachillerato con un 25,87 por ciento.
   En este sentido, la coordinadora de Secundaria de la asignatura de Religión, Victoria Martí, se ha lamentado de este descenso en los cursos de bachillerato y ha explicado que el motivo es que en segundo  de bachillerato, la asignatura de religión está fuera del horario lectivo.
   Victoria Martí ha ilustrado su argumentación con los datos del año 2007, cuando esta asignatura si estaba en horario lectivo, de los que se extrajo que el 45,03 por ciento de los alumnos de bachillerato escogieron la asignatura de religión.
   Con la campaña 'Apúntante a la clase de religión' y bajo el lema "Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el maestro", la Iglesia Católica insta a padres y alumnos a que escojan la asignatura de religión, ahora que empiezan los procesos de matriculación.
   Esta clase "aporta humanidad y cultura", además "fortalece el carácter de los alumnos, les aporta creencias, valores y virtudes y ayuda al autoconocimiento y la autoestima personal", en palabras de el Delegado Episcopal de Enseñanza.
   Por su parte, el Obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, ha destacado que "nosotros tenemos mucho interés en que la gente sepa que nos tomamos muy en serio la formación", por lo que "la Delegación Episcopal de Enseñanza está para apoyar ay defender los derechos de los padres", ha concluido.

El Gobierno pedirá más medidas a algunas CC.AA. el jueves

MADRID.- El Ministerio de Economía y Hacienda pedirá más medidas a algunas comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este jueves para evitar las sanciones que incluye la Ley de Estabilidad Presupuestaria y, en último término, la intervención.

   Precisamente, el Gobierno ha convocado el CPFF este jueves para analizar los planes de ajuste económico-financiero que han tenido que elaborar todas las comunidades ante las desviaciones del déficit en el año 2011 y la necesidad de cumplir lo pactado con Bruselas.
   El Gobierno ya ha puesto de manifiesto que algunas comunidades no podrán obtener el visto bueno de Hacienda, por lo que activará todos los mecanismos que incluye la Ley de Estabilidad Presupuestaria, desde la exigencia de nuevos ajustes hasta la intervención.
   De hecho, el Departamento que dirige Cristóbal Montoro ya ha encargado a la Abogacía del Estado y a la Intervención General que estudie la posible tutela de las cuentas de Asturias, ante la preocupación de que el Gobierno regional en funciones no pueda alcanzar el objetivo del 1,5% del PIB.
   En cualquier caso, las comunidades con más dificultades contarán con quince días para plantear nuevas medidas de ajuste, que serán analizadas en una nueva sesión del CPFF que se celebrará previsiblemente a finales de mayo o principios de junio.
   De esta forma, el Gobierno de Mariano Rajoy quiere garantizar el compromiso de las comunidades con la reducción del déficit pactada con Bruselas para enviar así un mensaje de confianza a los mercados, que siguen teniendo dudas sobre la capacidad del país para reducir el déficit público.
   Las nuevas medidas se añadirán a las ya planteadas por algunas comunidades, que han reducido sus Presupuestos en unos 8.000 millones. Esta cifra se obtiene de la suma de ajustes a los funcionarios, recortes en educación y sanidad y liquidación del sector público empresarial, así como de ingresos procedentes de nuevos impuestos y tasas.
   Sin embargo, no todas las comunidades han hecho públicos sus planes de recorte en 2012, a la espera de aprobar unos presupuestos definitivos; son los casos de Madrid, Castilla-La Mancha, Asturias, Cataluña, Aragón y La Rioja.
   En el caso del País Vasco, el Gobierno ejecutó en marzo una retención de crédito cautelar por más de 400 millones en sus presupuestos de 2012, para hacer frente a un eventual empeoramiento de la situación económica.
   En números absolutos, los mayores recortes conocidos ya para este año son los de Andalucía (2.700 millones), Comunidad Valenciana (2.260), Canarias (800 millones) o Murcia (623 millones)
En términos relativos, también son sustanciales los recortes presupuestarios de Navarra (54 millones), de Baleares (348 millones) o Castilla y León (366).