lunes, 9 de abril de 2012

Diego de Ramón pide que declaren los responsables políticos últimos de Urbanismo en el 'caso Umbra'

MURCIA.- El abogado Diego de Ramón ha pedido esta noche al juzgado de instrucción nº 8 de Murcia que, en diligencias previas del 'caso Umbra', llame a declarar a los responsables últimos de Urbanismo de la Comunidad Autónoma en julio de 2006: el consejero de Obras Públicas y Vivienda, el director general de Urbanismo y el presidente de la Comunidad Autónoma que sancionó el día 20 con su firma los convenios urbanísticos de la zona norte del municipio de Murcia, según ha confirmado el propio letrado.

En su escrito solicita, igualmente, la comparecencia de los consejeros regionales que formaron parte del Consejo de Gobierno que adoptó o aprobó dichos convenios urbanísticos así como los informes jurídicos previos. En esa fecha Ramón Luis Valcárcel presidía las reuniones de dicho órgano, el actual delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, era el consejero responsable y Alfonso Guerrero Zamora, el director general correspondiente.

De Ramón expresa la salvedad de que sean desaforados al efecto quienes mantengan dicha situación para poder comparecer judicialmente y declarar sobre la aprobación de dichos convenios urbanísticos ya que los considera responsables de la aprobación definitiva de los ámbitos suspendidos de la adaptación del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Murcia a la Ley del Suelo de la Región.

El célebre letrado sostiene en su escrito al juez instructor que 'la interpretación que hace la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia del suelo especialmente protegido (coincide plenamente con los intereses de los grandes propietarios de suelo) y habida cuenta que esta categoría de suelo es la única que legalmente tiene la consideración de no urbanizable, conduce al disparate urbanístico de dar viabilidad legal a que todo un territorio municipal pueda tener aprovechamiento urbanístico ya sea como suelo de sistema general de protección, urbanizable o urbano'.

El Ayuntamiento Murcia afirma que el TSJ de Murcia y el Tribunal de Cuentas avalaron la legalidad de los convenios Zona Norte

MURCIA.- La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, Nuria Fuentes, ha afirmado este lunes, a través de un comunicado, que la legalidad de la tramitación de los convenios de la Zona Norte "ya fue avalada en su día por dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y el análisis riguroso del Tribunal de Cuentas".

   En concreto, las sentencias a las que ha hecho alusión son la del TSJ de Murcia de fecha 30 de diciembre de 2005, número 983/05; la de fecha del 16 de julio de 2006, número 461/06; y la resolución del Tribunal de Cuentas de fecha 3 de junio de 2009, número 8/09.
   Al respecto, Fuentes ha añadido que las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia confirmaron, por partida doble, "la plena validez del Plan General de Ordenación Urbana de Murcia, incluyendo la ordenación de la zona Norte, y muy detalladamente el convenio urbanístico del que se derivó el correspondiente plan parcial Nueva Condomina, aprobado con los votos favorables del PP y PSOE".
   Por ello, ha recalcado que todos los procesos administrativos que emanan del Consistorio "está avalados por informes favorables de técnicos independientes".
   Respecto al plan parcial Nueva Condomina, ha aclarado que "siguió la tramitación prevista en el PGOU y contó en el Pleno Municipal con los votos favorables de PP y PSOE".
   Por ello, ha salido al paso de las informaciones publicadas en los últimos días, manifestando que "todos los trámites administrativos municipales, en cumplimiento de la Ley, están avalados por los pertinentes informes favorables de técnicos independientes, sin que hasta la fecha se haya adoptado decisión alguna que no cuente con el visto bueno de los mismos".

España perderá hasta 2,87 millones de turistas por la subida de tasas aeroportuarias

MADRID.- La Alianza para la Excelencia Turística Exceltur dice que la "desproporcionada" subida de tasas aeroportuarias que contempla el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2012 podría provocar "una caída máxima de llegadas de turistas (entre españoles y extranjeros) de 2,87 millones", que dejarían de generar un gasto de 1.636 millones de euros de derrama turística durante un año, en los diferentes destinos españoles de su área de influencia.

   El 'lobby' ha expresado su "notable preocupación" por los "desfavorables efectos" que dicha subida pudiera generar sobre los resultados del sector turístico en el conjunto del año.
   Según sus cálculos, los aeropuertos más afectados por el descenso de turistas serán el de Barcelona-El Prat, con 1,16 millones menos de turistas, seguida de Madrid-Barajas, con 945.115 turistas menos, Palma de Mallorca con 268.567 turistas menos, Málaga con 146.616 turistas menos, Canarias, con 128.240 turistas menos, Alicante (-113.671) y Tenerife Sur con 100.390 turistas menos.
   En un comunicado, el 'lobby' de las principales empresas del sector turístico señala que según sus propios estudios de sensibilidad el promedio de la subida de tasas aplicables sobre los siete principales aeropuertos españoles sería del 50,3% en Madrid, del 53,6% en Barcelona y del 12,9% en Palma de Mallorca, Málaga, Gran Canaria, Alicante y Tenerife Sur.
   "Exceltur apela a las fuerzas políticas para que se reconduzca esta situación durante la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado, de manera que el turismo pueda seguir ejerciendo de locomotora de la recuperación económica y del empleo en España", señaló la alianza presidida por Fernando Conte.
   Según los informes realizados por Exceltur, en el momento actual la sensibilidad para el conjunto del sector turístico de cualquier subida en los costes y precios "es más alta que nunca", con un impacto negativo en la decisión final de viajar y en las cuentas de resultados de las empresas, con el consiguiente efecto sobre su capacidad de generación de empleo.
   Asegura que en el caso de los destinos vacacionales la subida de tasas puede provocar la eventual redirección de los vuelos por parte de los touroperadores hacia otros destinos competidores en países emergentes, especializados en el turismo de 'sol y playa' y con menores costes operativos "que han aplicado agresivas políticas de reducción de tasas para atraer demanda turística en este año 2012".
   "En el actual escenario macroeconómico de recesión en parte de las economías europeas --incluida España--, la subida de tasas aeroportuarias incide sobre el ya de por si débil consumo, reflejando la gran sensibilidad al precio del transporte aéreo en España y en Europa, así como en el resto de subsectores turísticos", subrayó el lobby .
   Los impactos finales sobre la actividad turística en España "estarán en función de la repercusión que las compañías hagan del incremento de las tasas sobre el precio que paga el consumidor".
   En este sentido, prevé que la subida de tasas se traduzca en un incremento del precio de los billetes debido a que las aerolíneas no podrán asumirla por la presión generada en sus márgenes derivada del encarecimiento del crudo.
   Se trata de un fenómeno que puede intensificarse a partir del último trimestre del año, en la medida en que cuando entre en vigor el aumento de tasas la programación de verano "estará muy avanzada".
   Es muy probable que a partir de entonces la redirección de vuelos a los países emergentes más especializados en el 'sol y playa' se acentúe, por sus menores costes asociados a la operativa de transporte.
   Esto es especialmente significativo, por cuanto los costes de operar son en estos países --principalmente los aeropuertos de Turquía, Egipto, Marruecos y Grecia-- mucho más bajos que en los destinos españoles, habiendo la mayor parte de estos países aplicado "drásticas medidas de reducción de sus tasas en 2012 para impulsar su atractivo turístico".
   Concretamente, y según los cálculos de Exceltur, el coste total por operación con tasas por pasajero de España asciende a 24,28 euros, por encima de Marruecos (23,19), Turquía (22,51) y Grecia (20,36 euros).

UPyD exige al Partido Popular que cumpla sus promesas con Cartagena

CARTAGENA.- UPyD Cartagena han denunciado públicamente la falta de cumplimiento de las promesas "populistas" del Partido Popular "que sólo ha perseguido la propaganda y la información mediática a fin de conseguir votos", según han informado fuentes de la formación magenta en un comunicado.

   Así, en relación a la continuidad en las construcción de los submarinos S-80, algo que UPyD considera vital para Cartagena, "al haber un recorte tan brusco en Defensa en los Presupuestos Generales del Estado, se queda en duda sobre su construcción a medio y corto plazo". Además, añaden que UPyD llevaba en su programa las inversiones en defensa, puesto que supone cerca de un 6 por ciento del PIB español.
   Del mismo modo, opinan que la construcción de unos nuevos juzgados unitarios, y no dispersados como en la actualidad; el Registro Civil o el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo deberían estar adheridos dentro del edificio principal.
   "La promesa eterna del AVE sigue sin concretarse, Valcárcel admitió que traería el AVE a Murcia, pero viendo el recorte tremendo en Fomento dudamos de que se pueda cumplir, máxime cuando todavía estamos muy lejos de las catenarias y de un sistema convencional de vía rápida que nos acerque a la capital en tres horas", han subrayado.
   Por último, han indicado que el Centro de Parkinson "que lleva en el congelador, desde las promesas del 2003, sin concretarse el lugar y fecha para su definitiva construcción, debería haberse hecho en su momento", pero confían en que la alcaldesa y diputada nacional, Pilar Barreiro, lo cumpla en esta legislatura.
   El Coordinador de UPyD Cartagena, Fulgencio Egea, opina que "estas promesas les van a pasar factura al PP por defraudar a todos los cartageneros. Tienen tanta preocupación a nivel nacional de cumplir con lo que Europa les ha mandado, que se olvidan de quien realmente ostenta la Soberanía Nacional, el pueblo".

El socialista Manuel Soler muestra su esperanza en que la corrupción se zanje "tanto en un partido como en otro"

CARTAGENA.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Manuel Soler, ha considerado que el tema de la corrupción "debería zanjarse tanto en un partido político como en otro".

   Soler ha contestado de esta forma en rueda de prensa al ser preguntado por la presunta imputación del alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara en el denominado caso 'Umbra', que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en la zona Norte del municipio.
   El diputado socialista ha reconocido que "también en algunas ocasiones en las filas del PSOE ha habido algo", pero ha indicado que "hay más problemas dentro del PP que en el PSOE".
   A su juicio, los partidos políticos "tenemos que poner más empeño en que no tengamos problemas", y ha esperado que lo consigan "por el bien de la sociedad".

El Gobierno prevé ahorrar otros 10.000 millones en sanidad y educación

MADRID.- El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha respondido este lunes a la inquietud de los mercados con un nuevo paquete de reformas en educación y sanidad con las que el Ejecutivo prevé un ahorro de 10.000 millones de euros.

   En concreto, Rajoy se ha citado en el Palacio de La Moncloa con la ministra de Sanidad, Ana Mato, y el ministro de Educación, José Ignacio Wert, para "definir el Programa Nacional de Reformas" y "determinar las reformas encaminadas a lograr una mayor racionalización, eliminación de duplicidades y eficiencia en la gestión de los grandes servicios públicos que se pondrán en marcha este mes", según ha informado el Ministerio de la Presidencia en un comunicado.
   Además, el jefe del Ejecutivo ha citado a su equipo económico para definir los contenidos del Programa de Estabilidad 2012-2015 y el Programa Nacional de Reformas de España para 2012, que se presentarán a la Comisión Europea en este mes de abril.
   A esa reunión han acudido la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro; y el de Economía y Competitividad, Luis de Guindos; y el director de la Oficina Económica, Álvaro Nadal.
   En el Programa de Estabilidad se establecerá "el firme compromiso" de reducir el déficit público al 3% del PIB en 2013. En el mismo, se introduce un cuadro macroeconómico que refleja que "la mayor estabilidad presupuestaria y las reformas estructurales dirigidas al crecimiento supondrán un cambio en la tendencia recesiva y de destrucción de empleo que ahora experimenta la economía española", según el Gobierno.
   Además, el Programa de Estabilidad "reafirma" el compromiso de reducción del déficit de las Comunidades Autónomas al 1,5% del PIB en 2012.
   En los próximos días, las comunidades autónomas, coordinadas por el Ministerio de Hacienda, adaptarán sus presupuestos a las previsiones de los Presupuestos Generales del Estado para 2012 y actualizarán sus planes económico-financieros al nuevo cuadro macroeconómico del Gobierno. Para ello, se convocará una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) a principios de mayo.
   En la reunión de Rajoy con sus ministros también se han abordado reformas en el ámbito financiero. En concreto, se ha decido proceder a la aceleración de la venta de las entidades financieras con participación mayoritaria del Sector Público y "avanzar decididamente en el proceso de consolidación del sector".
   Igualmente, se han estudiado medidas para poner a disposición de los sectores productivos un mayor volumen de crédito que reduzca la actual contracción financiera que vive la economía española.
   Según informa el Gobierno, todas estas decisiones suponen la adopción de un calendario de reformas estructurales para las próximas semanas que también incluirán privatizaciones y reformas en distintos ámbitos orientadas a la racionalización de los costes y la mejora de competitividad y la flexibilidad de la economía española, como en el sector energético, la unidad de mercado, el mercado de alquiler, el fomento de la actividad emprendedora o las actuaciones en I+D+i.

El alcalde de Murcia acaba imputado en el 'caso Umbra', según 'La Opinión'


MURCIA.- El titular del Juzgado de Instrucción nº 8 de Murcia enviará en los próximos días la citación como imputado en el 'caso Umbra' al alcalde de Murcia. El diario 'La Opinión' dice haber tenido constancia de que el juez ha decidido imputar a Miguel Ángel Cámara Botía en la trama de presunta corrupción de la zona Norte, puesto que su firma aparece en prácticamente la totalidad de los documentos investigados.

Esta determinación del titular del juzgado, solicitada por la Fiscalía, se fundamenta en la necesidad de interrogar al alcalde y a otros procesados respecto a los convenios presuntamente irregulares firmados por el primer edil. Puesto que las preguntas que se realizarán a Cámara no solo involucran a terceros, sino que tratan de esclarecer la legalidad de documentos rubricados por él mismo, es necesario garantizar su derecho de defensa, lo que justifica su imputación. Al acudir a los tribunales en calidad de imputado, el alcalde dispondrá de una serie de derechos que le amparan frente a una comparecencia como testigo; por ejemplo, podrá negarse a declarar y estará asistido por un abogado.

El alcalde tendrá que acudir a declarar como imputado el próximo mes de mayo. Fuentes cercanas al caso detallan que Cámara será interrogado por cada uno de los convenios firmados por el alcalde: Nueva Condomina, Casino de Murcia y otros promovidos por distintas empresas de construcción y ejecutados en la zona Norte del municipio. Especial hincapié harán las partes al interrogar al alcalde en las actuaciones que autorizó en la remodelación del Casino de Murcia, en el que según las fuentes, la actuación del alcalde como máximo responsable del Ayuntamiento fue mayor que en otros. Igualmente, en la comparecencia de Cámara se le preguntará sobre su aprobación del acuerdo firmado en 2001 por el empresario y presidente del Real Murcia Jesús Samper, que supuso la construcción del complejo deportivo y de ocio Nueva Condomina.

La imputación del alcalde a petición del fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, ya se dejaba entrever en un documento incluido en uno de los numerosos tomos del sumario, cuyo contenido adelantó hace unos meses este periódico. Dice Lozano, en referencia a los imputados Higinio Pérez Mateos y Renato de Noce, que «como profesionales contratados por promotoras que firmaron convenios urbanísticos con el Ayuntamiento, se acredita cómo a su vez tienen relaciones mercantiles o negocios inmobiliarios, tanto con el gerente de Urbanismo (impulsor de los convenios) como con el jefe de Planeamiento, que realiza valoraciones presuntamente perjudiciales para el Ayuntamiento y beneficiosas para los promotores sin la adecuada justificación, estando pendiente de acreditar el verdadero conocimiento que el concejal de Urbanismo y el alcalde (como firmantes) tenían al respecto».

Las referencias al Ayuntamiento por parte del fiscal continúan, y respecto a las presuntas irregularidades por las compensaciones al aumentar la edificabilidad en la zona Norte, añade Lozano que «resulta ingenuo pensar que el Ayuntamiento solo pretendía grandes equipamientos deportivos (¿por ejemplo, la Nueva Condomina?) y de ocio (¿por ejemplo, un campo de golf para que los jóvenes de Murcia puedan practicar este noble deporte?) de todos los propietarios de suelo en la zona Norte». En cuanto al ??? de cesión sobre la edificabilidad en los convenios, el fiscal la tacha de «absurda y perjudicial», y concluye que «el Ayuntamiento no solo incumple la Ley del Suelo, sino que burla de modo fraudulento su propia normativa, porque quien realmente financia las cesiones que debía recibir gratuitamente como donación es el propio Ayuntamiento en vez del dueño, como dice el PGOU».

«La interpretación de los técnicos municipales es absurda por artificiosa», concluía el fiscal tras revisar la documentación de la que es último responsable Miguel Ángel Cámara, que ahora tiene la oportunidad de defender su gestión urbanística ante el juez.

El alcalde Cámara se sorprende ante los rumores de su eventual imputación por el 'caso Umbra'

MURCIA.- El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, ha defendido que en el Ayuntamiento "se actúa siempre desde la legalidad, con la legalidad y por el interés general", según informaron fuentes del Consistorio en un comunicado.

   Cámara ha hecho estas declaraciones ante la información aparecida en el diario 'La Opinión', que apunta que el Juzgado de Instrucción nº 8 de Murcia tiene previsto imputarle en los próximos días en el denominado caso 'Umbra', que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en la zona Norte del municipio.
   Cabe recordar que esta operación comenzó en octubre de 2010, e investiga diversos convenios urbanísticos del Ayuntamiento de Murcia, como el desarrollo del complejo Nueva Condomina, el Casino del municipio y otros promovidos por distintas empresas de construcción en la citada zona norte.
   Respecto a esta información, Cámara dice estar "muy tranquilo, con la confianza que da saber que los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento se han tomado siempre con transparencia y publicidad, disponiendo de los informes favorables de los funcionarios municipales y buscando en todo momento el interés general".
   En este sentido, Cámara defiende que su participación en la tramitación de los expedientes administrativos, "al igual que sucede con el resto de concejales, responde exactamente a la establecida en la Ley".
   "He firmado los acuerdos de los órganos colegiados, bien sea el Pleno o la Junta de Gobierno, y siempre con los informes técnicos y jurídicos favorables. Si no lo hubiera sido así, nunca habría firmado", asevera el primer edil.
   Por ello, reitera su "total disponibilidad" para "cuanta aclaración" se le pueda solicitar, y ofrece su "disposición a prestar nuestra colaboración, como hemos hecho desde que presido el Ayuntamiento".
   "Los murcianos podemos estar tranquilos porque desde el Ayuntamiento de Murcia, con el Gobierno del Partido Popular, se actúa siempre desde la legalidad, con la legalidad y por el interés general", ha concluido.
   La operación Umbra comenzó el pasado 5 de octubre de 2010 con el registro de las dependencias de la Gerencia de Urbanismo en el Ayuntamiento de Murcia, así como despachos y domicilios de Murcia y Madrid, entre los que se encontraban el domicilio particular del presidente del Real Murcia, Jesús Samper, y la sede social de su empresa Sport Management & Project SL.
   En esta causa, en la que se investigan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios y otros, iniciado por una denuncia de la Fiscalía, están imputados el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia; así como el dueño del Real Murcia, Jesús Samper; y María Isabel Fernández, jefa de la Oficina de Gobierno Local de Murcia y mujer de Alberto Guerra.

El PSRM critica que los PGE de 2012 no prevén partidas para el Plan Lorca ni la reactivación del municipio

CARTAGENA.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Manuel Soler, ha lamentado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2012 no incluyen "ninguna partida económica" destinada al Plan Lorca, ni contempla dinero "que pueda reactivar la economía del municipio" tras los terremotos del pasado 11 de mayo.

   En una rueda de prensa, Soler ha mostrado "su sorpresa" por la ausencia de partidas para Lorca en los PGE, y se pregunta "qué hacen ahora el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, y el alcalde de Lorca, Francisco Jódar, cuando tanto han cacareado en contra del Gobierno anterior, diciendo que no apoyaba a los lorquinos y que no ponía dinero para los lorquinos".
   Soler ha recordado que el Plan Lorca "comenzó el mismo día 11 de mayo de 2011, cuando se produjeron los terremotos, con los planes de emergencia que se pusieron en marcha, y la publicación, sólo dos días después de los seísmos, de dos reales decretos, el 6/2011 y el 17/2011".
   Sin embargo, posteriormente, el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Lorca "elaboraron lo que se ha llamado Plan Lorca, cuantificado en 1.650 millones de euros".
   Soler indica que el PSOE ha planteado en la Asamblea Regional diferentes iniciativas encaminadas a que el Gobierno murciano "también tiene que arrimar el hombro con los desastres del terremoto de Lorca, y que su ayuda no se veía contemplada en los Presupuestos de la Comunidad para el ejercicio 2012".
   En este sentido, puntualiza que los presupuestos regionales "sólo contemplaban una partida de 206.000 euros para vivienda en Lorca, y una partida de 10.000 euros para patrimonio histórico cultural", que ha calificado de "ridículas" en comparación con las "necesidades del municipio tras los terremotos".
   El diputado regional ha recordado que el PP siempre contestaba que, al ser un problema de tal magnitud, "tiene que se atendidos con cargo a los presupuestos del Gobierno de la nación". Sin embargo, Soler lamenta que en los PGE de 2012 "no aparece el Plan Lorca ni aparecen partidas que puedan reactivar la economía del municipio".
   Por lo tanto, los socialistas se preguntan "dónde están aquellos compromisos", si el Gobierno murciano "no apoya económicamente a Lorca y tampoco el Gobierno de la nación". Todo ello, en contraste con las "afirmaciones insistentes" del PP de que "están con los lorquinos y que apoyan a las familias que han tenido problemas con los terremotos".
   Soler ha ironizado con que este apoyo "será moral, porque económicamente, los lorquinos no lo estamos notando".
   A su juicio, el Real Decreto 11/2012 que ha publicado recientemente el actual Gobierno de la nación, "lo que viene a decirle al Gobierno regional es que cumpla con su obligación y su compromiso de poner el 50 por ciento de las ayudas, tal y como firmó en un convenio con el anterior Ejecutivo socialista".
   "Como Valcárcel ha dicho que no tiene dinero, le dan un préstamo del Instituto de Crédito Oficial por una cuantía de 115 millones de euros para que pague lo que debe a los lorquinos damnificados por los terremotos", según los reales decretos 6/2011 y 17/2011, y según se comprometió el propio Valcárcel".
   Soler recuerda que el Gobierno murciano ha afirmado en "reiteradas ocasiones" que no tiene dinero y que "no pagaría". Sin embargo, el propio Gobierno central, de su mismo partido, le ordena ahora que pague "a través de un Real Decreto, y le da el dinero para que lo haga".
   En este sentido, Soler se pregunta "qué hacen ahora Valcárcel y el alcalde de Lorca cuando tanto han cacareado en contra del Gobierno anterior, diciendo que no apoyaba a los lorquinos y que no ponía dinero para los lorquinos".
   Sin embargo, el diputado socialista explica que, hasta finales de 2011 llegaron a Lorca "404 millones de euros" gracias al anterior Gobierno socialista. Por contra, critica que desde que el actual Gobierno ejerce sus funciones "no tenemos conocimiento de que haya llegado una nueva partida".
   El Real Decreto 11/2012 "solo ofrece un préstamo al Gobierno de Murcia "para que pague lo que debe y hace una prórroga en la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) para el ejercicio 2012".
   Asimismo, este Real Decreto "pide que se elabore un nuevo plan en el plazo de nueve meses, porque el que se ha hecho no es de su agrado". Así, ha indicado que ese plazo de nueve meses "coincide justo con el fin del ejercicio 2012".
   Por lo tanto, se pregunta "donde están esos mil millones aproximadamente que faltan, y que deberían estar contemplados, al menos, en una buena parte en los PGE de 2012, y el resto en los ejercicios siguientes".
   Soler recuerda que, cuando el actual presidente, Mariano Rajoy, visitó Lorca "dijo que el PP era consciente de la gravedad del problema, y que si llegaba al gobierno de la nación lo tendrían en cuenta y apoyaría a las familias lorquinas".
   Sin embargo, asevera que, esto al menos "no se va a cumplir en el ejercicio 2012", por lo que los lorquinos "nos sentimos engañados una vez más por el PP, porque nos han dejado abandonados, y solo nos dan buenas frases pero sin contenido económico".
   Soler ha manifestado su preocupación a este respecto porque Lorca "tiene ahora algo más de 3.000 familias que, o se ha destruido su vivienda o está catalogada en una situación de peligro y no puede ser habitada". Concretamente, ha recordado que hay 155 edificios para derribar pero que no se han demolido todavía porque "no se dispone de la partida económica suficiente" para ello.
   A este respecto, el diputado regional ha recordado que el anterior Gobierno socialista acordó la ejecución de 300 pisos que correrían a cargo de la Entidad Publica Empresarial de Suelo (SEPES), pero ha lamentado que "los lorquinos no han vuelto a saber nada de esos pisos desde hace ya muchos meses".
   Por ello, explica que está preguntando en la Asamblea Regional y en el Ayuntamiento sobre cuál es el motivo por el que el SEPES no inicia la construcción de esos 300 pisos "que vendrían muy bien a esas familias que han tenido que irse a alquilar un piso, incluso, fuera de la ciudad".
   Al ser preguntado por el nombramiento de la nueva comisionada del Gobierno para la Reconstrucción y Reactivación Económica de Lorca, Inmaculada García, Soler ha destacado que se le ha dado "rango de secretaria de Estado", al tiempo que se ha nombrado un director de oficina.
   En este sentido, se ha preguntado para qué quieren los lorquinos a estos cargos si no hay "contenido económico" para el Plan Lorca, y en segundo lugar se ha preguntado "dónde ha puesto Inmaculada García la oficina".
   A su juicio, esta oficina "debería estar en Lorca, para que sus responsables pudieran conocer el detalle al pie de calle y los lorquinos supieran a donde dirigirse". Así, ha recordado que el anterior Gobierno socialista "estableció una oficina en la sede de la Cámara de Comercio de Lorca" para que los lorquinos "pudieran depositar sus dudas".

En España sobran más de 41.000 empleados en banca, el 16% del total

MADRID.- La red bancaria en España debe reducirse en un 35% en los próximos tres años, hasta quedarse en unas 25.000 oficinas, según un estudio del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), que cifra el excedente de plantilla en el sector en 41.460 empleados, el 16% del total.

   El informe sostiene que es necesario adecuar el tamaño de la red de sucursales a la realidad del país y, de acuerdo a este esfuerzo, prevé el cierre de diez oficinas bancarias al día hasta 2014, un drástico recorte que tendrá efectos en el empleo en el sector.
   El 30% de las oficinas en España genera el 70% del negocio, lo que pone de manifiesto la existencia de un importante excedente de sucursales, sostiene el IEB, tras destacar que el país es el que más oficinas por habitantes tiene.
   Si se tiene en cuenta el tamaño de la red bancaria en 2007, cuando alcanzó un máximo de 46.000 oficinas, la reducción necesaria para racionalizarla será del 40%. "No tiene ningún sentido que España sea el primer país del mundo con más oficinas por habitante cuando ni siquiera estamos entre las diez potencias mundiales", argumenta.
   El estudio recalca que la necesidad de adelgazamiento de la red comercial del sector financiero puede ser incluso superior al 35% en función de los efectos de la crisis económica y del mapa definitivo que surja de la reestructuración bancaria en marcha.
   Según el IEB, la reforma financiera en España dará lugar a que solo haya una decena de grandes entidades.

El PP propone un nuevo reglamento de precios ante el acuerdo con Marruecos

MADRID.- El PP ha presentado una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Agricultura del Congreso en la que, entre otras medidas, pide al Gobierno que exija a la UE controles aduaneros "eficaces" y un nuevo reglamento de precios con el objetivo de "clarificar y minimizar el impacto en las producciones hortícolas españolas" del nuevo acuerdo de asociación aprobado entre la UE y Marruecos, así como compensaciones para los afectados por el mismo.

   Según el texto, "se hace preciso adoptar por parte del Gobierno una serie de medidas que contribuyan a clarificar y a minimizar el impacto en las producciones hortícolas españolas", especialmente en las que coinciden en el calendario de exportación a los mercados europeos con las producidas y exportadas por Marruecos.
   Así, los 'populares' apuestan por reclamar a la UE "un sistema eficaz de controles aduaneros que garantice que las cantidades previstas en el Protocolo Agrícola susceptibles de beneficios arancelarios preferentes, establecidos por el contingente no son rebasados en ningún caso", así como "el cumplimiento, control e inspección de los estándares fitosanitarios, de trazabilidad de los productos, así como de seguridad alimentaria que se exigen en las producciones europeas".
   Además, antes de que se elabore la nueva Política Agraria Común (PAC), el Gobierno debería presentar una propuesta de reforma del Reglamento de precios de entrada que "garantice su estricta aplicación" y también debería exigir "un seguimiento permanente del impacto de las consecuencias del acuerdo sobre los Mercados Comunitarios y sobre las rentas del sector hortofrutícola europeo".
   Si este acuerdo ocasiona perjuicios a los productores europeos, el PP pide que se ponga en marcha "medidas de apoyo" para "compensar y mejorar su competitividad", comenzando por ayudas del propio Ejecutivo español para incentivar la concentración de la oferta en origen, favoreciendo la fusión de cooperativas; modernizar y ampliar las instalaciones, y promover actuaciones de I+D+i encaminadas a nuevos productos, nuevas técnicas productivas y ahorros energéticos y de inversiones.
   Además, el PP reclama al Gobierno "contacto permanente" con el Gobierno francés para controlar la aplicación del control aduanero, con el sector productor español en Marruecos para evaluar información sobre el cumplimiento del Protocolo y la evolución del tomate marroquí en los mercados comunitarios, y con el Gobierno marroquí para controlar los productos exportados a la UE, así como su implicación para el mejor desarrollo de los intercambios de los productos contemplados en el Protocolo.
   El nuevo acuerdo agrícola entre la UE y Marruecos fue aprobado por el Parlamento Europeo el pasado 16 de febrero, provocando las críticas de prácticamente toda la oposición en el Congreso, así como de los partidos de las regiones más afectadas (Andalucía, Murcia, Valencia y Canarias, sobre todo), incluyendo al PP.
   Las asociaciones agrarias, por su parte, anunciaron su intención de recurrirlo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) por las consecuencias que tendrá su aplicación, entre ellas la pérdida de empleo y el agravamiento de la crisis.
   Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente responsabilizó al anterior Ejecutivo de los "efectos negativos" que pueda producir el acuerdo, dado que votó a favor del protocolo en diciembre de 2010. Asimismo, garantizó que se realizarían las actuaciones necesarias para que se respeten "estrictamente" los términos del acuerdo y para evitar que tenga un impacto negativo en la producción española.
   Así, el ministro del ramo, Miguel Arias Cañete, anunció en el Congreso que plantearía, en el marco de la reforma de la PAC, una "profunda modificación" de los mecanismos de precios de entrada para evitar la "competencia desleal" de países que exportan a la UE sin respetar los contingentes pactados y "hundiendo" los precios de las producciones españolas; así como el mantenimiento de los fondos de la PAC que recibe España y de los que dependen las subvenciones a los agricultores.
   Además, tras reunirse en Rabat con su homólogo marroquí, Aziz Akhanouch, Arias Cañete aseguró que España trabajará en colaboración con el reino alauí para analizar las eventuales crisis del mercado hortofrutícola e "instaurar, llegado el caso, medidas correctivas si son necesarias". En la misma comparecencia criticó sin embargo a quienes "magnifican los daños" del acuerdo y señaló que las proyecciones que tiene el Gobierno sobre el impacto de este protocolo "son muy limitadas".
   El pasado 13 de marzo la mayoría del PP en el Congreso rechazó una iniciativa del PSOE --que aglutinó el apoyo del resto de la Cámara-- para que el Gobierno aprobara compensaciones a los agricultores por los "perjuicios" que la prórroga del acuerdo de la UE con Marruecos les causará si no se "aplica de forma correcta, equilibrada y justa" y si no se toman "medidas complementarias".
   En su propuesta, los socialistas pedían, entre otras medidas, colaboración del Ejecutivo con los agricultores españoles ante los "bajos precios de sus productos en el mercado comunitario" y la puesta en marcha de un fondo para ayudar al sector a acometer nuevas inversiones que mejoren su competitividad.
   También reclamaban, "de forma inmediata y sin esperar a la próxima reforma de la PAC, una propuesta de reforma del reglamento de precios de entrada que garantice su estricta y eficiente aplicación" así como controles de los contingentes que entran en Europa, y sus condiciones fitosanitarias e higiénicas.
    Sin embargo, los 'populares' rechazaron la iniciativa y propusieron una enmienda que recogía prácticamente todos los puntos excepto las compensaciones, alegando que era necesario esperar a la entrada en vigor del acuerdo para evaluar los perjuicios y rechazando poner la tirita antes de la herida.

Las CCAA se han comprometido ya a ahorrar 10.000 millones

MADRID.- El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha asegurado que las comunidades ya se han comprometido a ahorrar 10.000 millones de euros en los planes de saneamiento que actualmente está estudiando el Gobierno.

   En declaraciones a Onda Cero, Beteta ha considerado que este nivel de ahorro demuestra que hay "voluntad" en los dirigentes de las comunidades para reducir el déficit desde 2,9% del año 2011 al 1,5% comprometido con Bruselas.
   En cualquier caso, Beteta ha recordado que el Gobierno está a la espera de que se apruebe definitivamente la Ley de Estabilidad Presupuestaria en las Cortes para que empiece a funcionar la "enorme batería" de posibilidades que incluye para garantizar el equilibrio presupuestario, desde la advertencia hasta la intervención.
   En este sentido, ha dicho que las medidas que ha puesto en marcha Cataluña se enmarcan en este ahorro de 10.000 millones que ya se ha planteado, aunque habrá que esperar a que la normativa de estabilidad esté en vigor para tomar las medidas necesarias que garanticen que Cataluña cumple la ley como las otras comunidades.
   "Nadie puede salirse del marco de la ley", ha dicho Beteta, tras asegurar que "sí o sí" todas las comunidades van a cumplir el objetivo fijado para este año. "Si hay que llegar a la intervención financiera se llegará", ha advertido, tras admitir que esto sería "muy grave", a pesar de ser una de las posibilidades que fija la nueva ley.
   Preguntado por la situación de Andalucía, Beteta ha asegurado que hay datos facilitados por empresas que demuestran que la Junta "no es transparente", aunque ha confiado en que la entrada en vigor de la ley permita acabar con estas situaciones, un elemento "imprescindible".
   El secretario de Estado ha señalado que el Estado de las autonomías ha sido un "éxito", aunque ha permitido ciertos "excesos" en su desarrollo que han llevado a un "sinfín" de gastos duplicados que al final han provocado que las comunidades hayan tenido un comportamiento "muchísimo peor" que el Estado durante la crisis.  
   En este sentido, Beteta ha resaltado la importancia de conseguir el equilibrio presupuestario y aplicar el "gran principio" que planteó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el debate de investidura: una administración, una competencia, sin gastar más de lo que se ingresa.
   De hecho, ha recordado que los Presupuestos del 2012 ya incluyen una "importantísima reducción" de las subvenciones del Estado a las administraciones territoriales para que pueda dedicar sus "escasos" recursos a materias de su "estricta competencia", tal y como debe ocurrir en las comunidades y corporaciones locales.
   En este sentido, el Gobierno está negociando la redefinición de las competencias con comunidades y ayuntamientos, uno de los "ejes" necesarios en la búsqueda del equilibrio presupuestario en un país en el que el endeudamiento ascenderá al 79,8% del PIB. "Hay que ganar en credibilidad y confianza", ha dicho.
   A su parecer, el equilibrio presupuestario es un "objetivo prioritario" en los Presupuestos y la obligación de reducir el déficit público al 3% en el año 2013, tal y como exige Bruselas, es "absolutamente ineludible".

De Guindos atribuye la mala evolución de la prima a las dudas sobre CCAA

MADRID.- El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha señalado este lunes que la incertidumbre que pesa ahora sobre España y que se ha trasladado a su prima de riesgo y a su mercado bursátil se deben a los temores de que Europa, que ya se encuentra en recesión, no pueda cumplir con los objetivos de déficit, además de a las dudas sobre la situación de las comunidades autónomas españolas, que fueron responsables de buena parte de la desviación del objetivo de déficit en 2011.

   "A lo largo de la semana pasada, España ha visto cómo se ha ampliado su prima de riesgo y la Bolsa ha tenido una caída importante. Existe un factor general y un factor específico. El factor general es el temor de que la recesión en Europa dificulte el cumplimiento de los objetivos de déficit y que una nueva vuelta de rosca a los Presupuestos vuelvan a afectar al crecimiento y nos metamos en una especie de círculo vicioso. Y el factor específico en España es que existen dudas sobre la situación de las comunidades autónomas porque gran parte de la desviación del año pasado se debió a ellas", ha explicado.
   No obstante, De Guindos, en declaraciones a la SER, ha asegurado que "puede ser posible" que las comunidades cumplan este año con el objetivo de déficit que se les ha marcado y ha insistido en que lo que no puede ocurrir es lo que pasó en 2011, cuando los gobiernos autonómicos fueron responsables de dos tercios de la desviación total sobre el objetivo de déficit.
   El ministro ha apuntado a las comunidades autónomas que España "se juega mucho" y que el Gobierno central "no es el policía malo" que las va persiguiendo para que cumplan sus compromisos. "Es que todos estamos en el mismo barco, en la misma situación y tenemos los mismos compromisos. Y eso es algo importantísimo desde el punto de vista de los mercados", ha indicado De Guindos, que ha recordado que el Estado seguirá mucho más de cerca la evolución del gasto autonómico.
   El titular de Economía ha reconocido que ha hablado este fin de semana con la Comisión Europea y también "con algún colega", algo que ha considerado "lógico" porque es lo que suele hacer un ministro de Economía.
   En todo caso, De Guindos ha subrayado que aunque este año "va a ser muy difícil", después "saldrá el sol", pues la economía española volverá a crecer en 2013 e incluso en el último trimestre de este año, la situación del mercado laboral será "mucho mejor".
 "Iremos viendo cómo se estabiliza lo que está siendo una hemorragia tremenda desde el punto de vista de la destrucción de empleo", ha añadido.
   El ministro de Economía cree que no habrá este año subidas de impuestos adicionales a las ya anunciadas (IRPF, IBI y Sociedades) y ha insistido en que estas medidas no han sido "plato de gusto" para nadie, tampoco para el Gobierno.
   Tampoco lo ha sido, ha admitido, la aprobación de una amnistía fiscal, una medida "que no ha gustado a nadie" pero que De Guindos ha defendido por la excepcionalidad de la situación. El ministro ha recordado que se han puesto incentivos para aflorar el fraude y ha subrayado que quien no lo haga, sabe que tendrá toda la presión de la Inspección de Hacienda.
   De Guindos ha indicado que el presupuesto aprobado para 2012 es "corto" y ha afirmado que el compromiso de España "no es tanto" el objetivo de déficit para este año (5,3% del PIB) como el de 2013, fijado en el 3%.

Carrefour congela el sueldo a más de 6.000 trabajadores de supermercados

MADRID.- Carrefour ha decidido congelar este año el sueldo los más de 6.000 trabajadores de sus cadenas de supermercados 'Express' y 'Market', antiguos 'Champion', como consecuencia de la caída de ventas registrada en dichos establecimientos durante el pasado ejercicio. 

   "Resulta evidente que los resultados de 2011 son inferiores a los de 2010, por lo que se concluye que no procede incremento para el año 2012 de los salarios base del grupo", según recoge una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
   En concreto, los salarios base se situarán este año entre los 12.100 euros anuales del grupo de profesionales y los 14.411,29 euros al año del grupo de mandos. Por su parte, el grupo de especialistas se embolsará una retribución anual de 12.826 euros y el de técnicos y gestores, 13.595,56 euros.
   La medida afectará a unos 6.400 trabajadores de unos 154 establecimientos de sus enseñas 'Carrefour Express', 'Carrefour Market' y mini-hipermercados de entre 2.500 y 4.000 metros cuadrados, informaron fuentes sindicales.
   En el transcurso de la negociación del convenio, las mismas fuentes apuntaron que la compañía mantendría las tablas salariales durante los años 2011 y 2012 teniendo en cuenta la situación económica actual y las previsiones de futuro en un entorno comercial fuertemente competitivo y de grave contracción del consumo.
   De esta forma, según las mismas fuentes, la empresa reconocía que no era posible asumir un incremento de los costes si no existía una correspondencia con los resultados de ventas y manifestaba que ya había adoptado otras medidas de control del gasto en distintos capítulos como la renegociación de alquileres o medidas de ahorro energético.