viernes, 23 de marzo de 2012

El Aeropuerto San Javier estrena este domingo la temporada de verano con 22 destinos, casi todos internacionales

SAN JAVIER.- El Aeropuerto de Murcia-San Javier estrenará este domingo la temporada de verano con 22 destinos, uno de ellos nacional y 21 internacionales. 

   En concreto, un total de siete compañías tienen previsto operar vuelos al Aeropuerto de Madrid-Barajas, a 15 aeropuertos del Reino Unido, 4 aeropuertos de Noruega, uno de Irlanda (Dublín) y al Aeropuerto de Charleroi en Bruselas.
   Las compañías que operarán esta temporada en el Aeropuerto de Murcia-San Javier son Air Nostrum, BmiBaby, EasyJet, Jetair Fly, Jet2.com, Ryanair y Norwegian Air.
   En la ruta con el Aeropuerto de Madrid-Barajas en alguna de las frecuencias se van a utilizar aeronaves con una mayor capacidad de pasajeros, lo que redundará en una mayor oferta de plazas en esta ruta.
   La programación de verano de las compañías aéreas que operan en los aeropuertos de la red de Aena Aeropuertos terminará el 27 de octubre, según fuentes del aeródromo murciano.
    El cambio de temporada en el transporte aéreo europeo se realiza coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo horario de verano en toda la Unión Europea.

Iberia Express despega con un primer vuelo Madrid-Alicante

MADRID.- La nueva Iberia Express, filial para el corto y medio radio al 100% de Iberia, que despegará este domingo, más de dos años después del anunciado proyecto, operará un total de 17 rutas --doce nacionales y cinco a destinos internacionales-- en 2012, primer año en el que prevé transportar 2,5 millones de pasajeros. 

   Durante su puesta de largo oficial, Gallego, que estuvo acompañado con el consejero delegado de Iberia, Rafael Sánchez-Lozano, destacó que se trata de "un proyecto ilusionante" que permitiará "precios asequibles" que nace "tras varios meses de trabajo" con "ilusión".
   Levantará el vuelo con cuatro destinos nacionales --Mallorca, Alicante, Málaga y Sevilla--, a los que se sumarán en mayo cinco nuevas --Vigo Lanzarote, Granada, Menorca e Ibiza--, y en los meses de junio y julio volará ya a destinos europeos como Dublín, Riga, Mikonos y Nápoles, además de destinos domésticos como Santiago, Fuerteventura y La Palma. En septiembre, se incorporará Ámsterdam.
   "Desde el primer momento tuvimos claro que para competir en el complejo panorama europeo teníamos que tener unos costes en la media europea en un entorno en el que la mayoría de las compañías están en 'números rojo's y otras quebrando. Nuestra filosofía es controlar los costes de forma eficiente, sostenible y garantizando la calidad del servicio y la seguridad", apuntó Gallego.
   Rafael-Sánchez Lozano fue más allá al incidir en que el objetivo es "ganar dinero desde el primer día". Iberia cifra en 100 millones de euros los ahorros derivados del lanzamiento de Express de cara a 2015. El 45% procederán de la diferencia del beneficio operativo proveniente de lastripulaciones, un 25% de los servicios de 'handling', otro 25% de ahorros en costes generales y un 5% por incremento de activos.
   La capitalización de Iberia Express alcanza los 20 millones de euros, invertidos por Iberia, precisó Sánchez-Lozano.
   La nueva 'low cost', que realizará su primer vuelo este domingo desde Barajas con destino a Alicante, contará inicialmente con 500 empleados y cuatro aviones A320, que alcanzarán los 14 este año --aeronaves procedentes de la flota de Iberia-- y aumentarán progresivamente hasta 16 aviones en 2013,  28 unidades en 2014 y 40 aviones en 2015.
   Los billetes de Express, de venta ya en agencias de viajes, no estarán disponibles en su web hasta la mitad de la semana que viene, ni a través de los call center, ya que para ello la compañía requiere de los códigos de la IATA y la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI) correspondientes, pero sí a través de Iberia, por lo que los precios hasta la próxima semana serán los mismos que los de Iberia.
   Las rutas anunciadas las operará Iberia Express pero en caso de que el usuario no quiera volar con la nueva compañía podrá solicitar la devolución del importe.
   La nueva compañía lanzará próximamente una campaña durante cinco días para volar a la Península y Baleares desde 25 euros, a Canarias desde 45 y a destinos internacionales a partir de los 59 euros desde el 10 de abril a la temporada de verano.
   Aunque no precisó si estos precios se estabilizarán en un futuro, ni el porcentaje de ahorro por vuelo teniendo en cuenta los nuevos costes.
   Ofrecerá dos clases 'turista y 'business' y si el pasajero lo requiere, con la alternativa de volar en clase turista desde una tarifa básica o otras tarifas a partir de 'servicios a la carta', si bien no se concretó el precio de la clase 'business'.
   Así, habrá cuatro tipos de tarifa 'expres' con precios "muy asequibles" y que no incluirá maleta, tarifa 'estandar' que incluirá una maleta y la selección de asientos, tarifa 'flexible' que permitirá cambios y la 'business' con todos los servicios de la clase.
   Gallego defendió que no se trata de una compañía 'low cost' al uso si no de una compañía de bajos costes, que contribuirá a facilitar la conexión de largo radio de Iberia en su 'hub', ya que el 70% de los vuelos de la compañía en Madrid son vuelos de interconexión.
Gallegó informó de que la nueva compañía cuenta ya con 41 pilotos contratados, la mayoría procedentes de Vueling, Air Europa, Air Nostrum o Air Arabian, el 40% de ellos de alta cualificación y experiencia, y con 80 tripulantes de cabina (TCP) procedentes de Spanair, Pullmantur, Air Comet, Air Nostrum, Vueling e Iberworld.
   El consejero delegado de Express reveló que el salario medio se situará en unos 6.000 euros netos volando 850 horas al año y 18 días al mes, en 2.800 euros netos para los copilotos, 1.250 euros netos para los TCP y 1.370 euros netos para los sobrecaros. "Estos salarios en estos tiempos no son muy 'low cost'", concluyó.
   En octubre de 2009, el consejero delegado de la compañía matriz, Rafael Sánchez-Lozano, anunció la intención de Iberia de crear una nueva compañía de bajo coste para las rutas de corto y medio radio, con base en Madrid, para contrarrestar la competencia de las aerolíneas 'low cost' en este mercado. En previsión de ello, la aerolínea registró la marca Iberia Express.
   La creación de la nueva compañía sembró los temores de los diferentes colectivos de Iberia, en medio de sus respectivas negociaciones de los convenios colectivos, lo que derivó en la inclusión de cláusulas y una serie de condiciones para los tripulantes de cabina (TCP) y el personal de tierra, vinculados a esta nueva marca, en el caso de que la nueva 'low cost' se lanzara.
   Con los pilotos no fue posible cerrar ningún acuerdo desde entonces. Tras 12 jornadas de huelga y ante el anuncio de 24 días más de huelga en fechas clave, la intervención de Empleo y Fomento propició un acuerdo por ambas partes para consensuar un mediador en la figura de Manuel Pimentel que facilite la negociación entre Iberia y sus pilotos.

Los cargos públicos que falseen datos podrán ser inhabilitados 10 años

MADRID.- Los gestores públicos que cometan infracciones muy graves en el ejercicio de su cargo, tales como falsear u ocultar datos contables, podrán enfrentarse a diez años de inhabilitación y una multa, según consta en el anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Además, esta norma establecerá baremos para fijar los sueldos de los cargos electos locales, que se recogerán cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

    En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha explicado que España es uno de los pocos países de la UE que no dispone de una norma de estas características y ha recalcado que su aprobación definitiva -no se prevé que sea antes del mes de junio-- permitirá "cumplir otros estándares de competitividad institucional" y "reforzar la confianza y la credibilidad de las instituciones españolas".
   "La norma busca reforzar la transparencia de las administraciones públicas y eliminar compartimentos opacos en el ámbito de la administración para que puedan ser consultados por los ciudadanos. También impone férreas obligaciones de buen gobierno y principios éticos de actuación, con el correspondiente régimen de infracciones y sanciones, incluso penales, para los malos gestores o los que incumplan las obligaciones previstas en la ley", ha destacado.
   La vicepresidenta ha explicado que la norma incorpora un procedimiento "novedoso" de audiencia pública, de forma que los ciudadanos dispondrán de 15 días a partir del próximo lunes para hacer aportaciones y sugerencias al texto de la ley a través de la web del Ministerio de la Presidencia. La norma se compone de tres bloques:  publicidad activa, derecho de acceso a la información pública y buen gobierno.
    En cuanto al primer bloque, la Ley de Transparencia "refuerza" las obligaciones de publicidad activa de todas las administraciones y, por lo tanto, deberá suministrarse en las webs de las administraciones la siguiente información: contratos adjudicados con indicación del objeto, importe de licitación y de adjudicación, procedimiento utilizado, adjudicatario, prórrogas o precios del contrato; la relación de los convenios suscritos por las administraciones con mención de las partes, el objeto y las obligaciones económicas convenidas; las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo, finalidad y beneficiario; y los presupuestos, con descripción de las partidas y datos actualizados sobre su ejecución.
    Igualmente, debería ofrecerse información sobre las retribuciones percibidas por los órganos superiores y directivos; las resoluciones dictadas por la Oficina de Buen Gobierno y Conflicto de Intereses sobre compatibilidad con actividades privadas a realizar por los cargos incluidos en la la Ley de Conflictos de Intereses; y la información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento de la ley, según ha precisado la vicepresidenta.
   Para cumplir con esa "obligación" de publicidad activa, el Gobierno creará un Portal de la Transparencia que, en el ámbito de la Administración General del Estado, centralizará toda la información que debe hacerse pública.  Se prevé que la Administración General del Estado, las Comunidades  Autónomas y las entidades locales puedan adoptar medidas de colaboración para el cumplimiento de las obligaciones de información.
    El segundo gran eje de la ley se refiere a la regulación del acceso de los ciudadanos a la documentación pública a través de preguntas y solicitudes de información dentro de los límites previstos en la Constitución, estableciendo un "equilibrio" entre la protección de datos de carácter personal y el derecho de acceso a la información pública. El plazo para responder a las peticiones de información de los ciudadanos será de un mes desde la recepción de la solicitud.
    En cuanto a los límites, no se proporcionaran datos si afectan a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la prevención, investigación y sanción de las infracciones penales, administrativas o disciplinarias. Tampoco está previsto que los ciudadanos puedan conocer el régimen de visitas de los  ministros o del presidente del Gobierno, algo que sí que ocurre en países como Estados Unidos.
    Sáenz de Santamaría ha indicado que la Agencia de Calidad de los Servicios y Evaluación de las Políticas Públicas pasará a llamarse ahora Agencia de Transparencia, encargándose de resolver las reclamaciones que se produzcan en caso de denegación de acceso  de información. 
    El tercer bloque de la norma es la aplicación de un "código de buen gobierno" por "primera vez" con rango legal" para todas las administraciones públicas, que incluye "principios éticos y de actuación que dejan de ser meras recomendaciones" porque "se constituyen en obligaciones de cumplimiento legal", por lo cual su incumplimiento acarreará sanciones.
    Entre las infracciones "muy graves" en materia de gestión económica-presupuestaria figurará: la administración de los recursos y demás derechos de la Hacienda Pública estatal sin sujeción a las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación o ingreso en el Tesoro; la utilización de compromisos de gastos sin tener crédito para hacerlo o en contra de la legislación aplicable; la ausencia de justificación de la inversión de los fondos con arreglo a la Ley de Subvenciones; el incumplimiento deliberado del nivel de deuda pública; no formular los planes económico financieros en los supuestos que figura en la Ley de Estabilidad; o el incumplimiento de medidas de corrección previstas en esa norma.
   Sáenz de Santamaría ha recalcado que esas infracciones "muy graves y algunas graves" podrán llevar aparejada la destitución en el cargo del gestor en cuestión y la imposibilidad de poder volver a ser nombrado por un periodo de entre cinco y diez años.
   Además, en el caso de que haya "un verdadero falseamiento u ocultación de datos de naturaleza contable", la conducta "será constitutiva de delito, pudiendo ser penada con una inhabilitación de hasta diez años y la correspondiente multa".  Aunque no se prevé en la norma la pena de cárcel, la portavoz del Gobierno ha recordado que si  no se cumple la pena de multa, ésta "se sustituye por una pena de prisión".
    El objetivo de esta norma es "complementar" la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria para que las administraciones públicas "cumplan y sean respetuosas en la gestión de los fondos públicos", de forma que los altos cargos "responden con carácter personal de esa conducta". Es más, ha subrayado que esta ley trata de "evitar" que "alguna administración diga que cumple el seis por ciento de déficit" y "acaba dejando el país en un ocho".
   La portavoz del Gobierno ha hecho hincapié que "el responsable sólo puede ser el competente". En este sentido, ha comentado que, por ejemplo, si un consejero es el responsable de enviar a Hacienda un plan de ajuste y no lo hace, sería "el responsable". "La competencia determina la responsabilidad", ha reiterado.
    Sáenz de Santamaría ha explicado también que la Ley de Transparencia "por primera vez hará públicas las resoluciones en relación con las compatibilidades e incompatibilidades", colgándose en la web "las autorizaciones o denegaciones que se den en este punto". 
  Además, el anteproyecto de ley fija un "primer paso" hacia la fijación de baremos en la retribución de los miembros de las entidades locales, que constarán en los Presupuestos Generales del Estado de cada año. Para fijar estos baremos, se tendrán en cuenta las características de cada entidad local, el tamaño y sus circunstancias económicas o administrativas.  

El Gobierno estudia crear una agencia para emitir 'hispabonos'

MADRID.- El Gobierno estudia la posibilidad de crear una agencia vinculada al Tesoro Público para emitir deuda y repartirla después entre las comunidades autónomas para reducir los problemas de las regiones a la hora de acceder a los mercados.

   Según han señalado fuentes financieras, ésta es una de la posibilidades que baraja el Ejecutivo, que esta misma semana se reunió con los bancos creadores de mercado para tratar este tema, entre otras cuestiones.
   Fuentes del Ministerio de Economía y Competitividad señalan que aún no hay una fórmula definida ni una fecha concreta, aunque ésta es una de las opciones que se barajan para la propuesta que el Departamento que encabeza Luis de Guindos tiene previsto hacer en las próximas semanas.
   La propuesta de Economía podría concretarse así en la puesta en marcha de los conocidos como 'hispanobonos', emisiones de deuda del Estado en representación de las regiones que muchos sectores económicos han reclamado en los últimos meses.
   El propio ministro de Economía se ha mostrado partidario de los 'hispanobonos' en reiteradas ocasiones, justificando esta medida en la necesidad de armonizar el coste de las emisiones en todo el territorio nacional.
   Incluso ha llegado a asegurar que las comunidades autónomas se podrían ahorrar unos 1.000 millones de euros en costes financieros si emitieran al tipo al que lo hace actualmente el organismo dependiente del Ministerio de Economía.
   De hecho, mientras que el Tesoro ha logrado reducir el coste de sus emisiones en lo que va de año y ha colocado más de lo previsto, algunas comunidades han tenido dificultades para cerrar sus colocaciones o se han visto obligadas a pagar tipos muy elevados.
   Éste es el caso de Castilla y León, que el pasado martes colocó poco más de 50 millones de los 200 millones que pretendía colocar, o de la Comunidad de Madrid, que tuvo que elevar considerablemente el interés para colocar 660 millones.
   Este tipo de situaciones ha disparado las alarmas del Ministerio, que ha decidido poner fin a esta situación con una propuesta concreta que presentará en las próximas semanas y que previsiblemente dará luz verde a los 'hispanobonos'.
   Esta medida, beneficiará a muchas comunidades con dificultades para financiarse, aunque queda la duda de si las regiones que han cosechado buenos resultados en sus emisiones recurrirán también a la nueva agencia del Estado o si, por el contrario, seguirán emitiendo su propia deuda.
   Los expertos alertan de que la medida, pese a ser positiva, puede elevar el coste de las emisiones del Tesoro, que mantiene una buena racha desde el pasado mes de diciembre y que ha logrado reducir notablemente el interés.
   Éste mismo motivo frenó a la anterior ministra de Economía, Elena Salgado, que siempre se opuso a que el Estado asumiera las emisiones de las comunidades para evitar el deterioro de las emisiones del Tesoro.
   Desde Ahorro Corporación, el director de la mesa de deuda pública, Javier Ferrer, admite que una medida de este tipo puede elevar el interés que paga el Tesoro actualmente, aunque no cree que acabe siendo perjudicial para España.
   En este sentido, considera que la puesta en marcha de los 'hispanobonos' puede ser muy "interesante" para el mercado y puede tener una "gran acogida" entre los inversores, sobre todo entre los españoles, aunque eleve el coste.
   Por su parte, desde Intermoney, José Carlos Díez, considera necesario que el Estado avale a las comunidades, aunque duda de la efectividad de la medida entre los inversores, que prefieren cosas más sencillas y acaban recurriendo al bono que ofrece el propio Tesoro.
   Díez asegura que hay ejemplos que demuestran que estas iniciativas no siempre funcionan, como las emisiones de la banca avaladas por el Tesoro, y cree que una medida de este tipo puede elevar el coste de las emisiones del Tesoro porque "socializa" la deuda. "Será algo que acaben teniendo en cuenta las agencias de rating", ha dicho.

Asociaciones de la Región crean una plataforma contra la ubicación del macropuerto en El Gorguel

 
CARTAGENA.- Un total de 18 asociaciones de vecinos, ecologistas y sociales de la Región de Murcia han creado una plataforma para aunar esfuerzos contra el desarrollo del macropuerto de contenedores en el Gorguel, para lo que desarrollarán campañas de movilización y están dispuestos a llegar "hasta el final" y recurrir a instancias europeas si fuera necesario.

   Así lo han hecho saber en rueda de prensa la miembro de Ecologistas en Acción, Natalia Martín, el miembro de Greenpeace, Feliciano Sáez, el coordinador regional de Ecologistas en Acción, Pedro Luengo, y el presidente de la Asociación de Vecinos de El Gorguel, Francisco Martínez.
   Se trata de la Plataforma 'Salvemos El Gorguel', que está integrada por ADESGA; la Asociación Eubacteria de la Universidad de Murcia; las asociaciones de vecinos de El Gorguel, La Unión y la Liga de Vecinos de Portmán; Ecologistas en Acción; Eplan; Foro Ciudadano; Foro Social; Fundación Sierra Minera; Greenpeace. Grupo Local de Murcia; Huermur; La Bola de Cartagena; Mujeres de la Tierra de Murcia; Murcia No Se Vende; Seo/ Biirdlife; Teatro de Bas; y WWF. Grupo Murcia.
   Asimismo, tienen el apoyo de profesionales del mundo de la ciencia y la educación como los profesores de la Universidad de Murcia Antonio Campillo Meseguer; Miguel Ángel Esteve Selma; José Antonio García Charton; Francisco Jarauta; Fernando Jiménez Sánchez; Julia Martínez Fernández; Joandomènec Ros Aragonés; Manuel Toval Arce.
   Además, también apoyan la Asamblea del movimiento 15-M en Murcia Sur y, concretamente, de los barrios de El Carmen, Infante, Ronda Sur, San Pío X, Barriomar y Santiago el Mayor; así como la Oficina verde. Asociación Eubacteria; el sindicato CGT; y las formaciones políticas EQUO; e IU-Verdes Región de Murcia.
   Igualmente, Martínez ha recordado que el alcalde de La Unión, Francisco Bernabé, también apoya la causa, así como las tres fuerzas políticas del Ayuntamiento, y confían en que el hecho de que el primer edil milite en el mismo partido que el del presidente de la Comunidad, el PP, puede servir a echar para atrás el proyecto.
   Las asociaciones se han unido para formar "un marco de lucha común" contra el macropuerto y, al mismo tiempo, realizar diversas actividades para dar a conocer a la sociedad murciana los valores ambientales y culturales de la zona de El Gorguel y el grave impacto medioambiental que conllevaría la ubicación del macropuerto.
   Así, la Plataforma tiene previsto iniciar su andadura este domingo con la celebración de una limpieza de la zona, debido al abandono intencionado al que está sometida la playa, reflejo de la "dejadez y falta de interés por la conservación de la naturaleza por parte de las administraciones competentes", denuncia Martín.
   La limpieza del lugar tendrá lugar el domingo a partir de las 11.00 horas, seguida de una ruta senderista a la Cala del Caballo o por la Sierra de la Fausilla. Ese mismo día, la Plataforma celebrará una comida con un bono solidario, cuyo coste ayudará a cubrir los 8.000 euros de sanción que se impuso a los ocho manifestantes que protestaron de forma pacífica en 2009 en las puertas de la Autoridad Portuaria de Cartagena.
   Con la creación de esta Plataforma, Martín ha indicado que la campaña contra el macropuerto trasciende a los colectivos ecologistas y pasa a ser una "lucha a todos los niveles", contra el "empeño de la Autoridad Portuaria de Cartagena y del Gobierno regional en ubicar el puerto de contenedores en esta zona", añade Martín.
   Y es que ha recordado que la zona de El Gorguel forma parte de la Red Natura 2000, que es una figura de protección europea, mientras que en el lugar se encuentra la Sierra de la Fausilla que es un lugar de Importancia Comunitaria y un lugar de especial protección para aves.
   Asimismo, la zona está catalogada como Lugar de Importancia Comunitaria en medios marinos, y la rambla de El Abenque y la rambla de El Gorguel son Lugar de Interés Geológico. Aparte, cuenta con un yacimiento arqueológico que el año 2011 fue declarado 'Bien de Interés Cultural'.
   Por ello, las organizaciones que conforman la Plataforma consideran que la ubicación adecuada para el macropuerto no es el Gorguel, sino que "existen otras alternativas que tienen que ser debidamente estudiadas de manera que no se dupliquen infraestructuras y se utilicen otras que están infrautilizadas".
   Por ello, solicitan "que se haga un análisis de alternativas en condiciones, que se vea si es necesario realmente un puerto y que se deseche la ubicación de El Gorguel".
   Por ejemplo, Martín recuerda que la Autoridad Portuaria de Cartagena "ya en 1996 amplió el Valle de Escombreras prometiendo la misma terminal de contenedores, pero a día de hoy, el proyecto no está terminado del todo y en la zona hay una explanada bastante grande que sería una posible ubicación si realmente hace falta un macropuerto".
   También se ha planteado como alternativa "un puerto seco en Los Camachos", según Martín, quien recuerda que el informe de sostenibilidad que está elaborando la Autoridad Portuaria "exije un examen de alternativas exhaustivo".
   Martín recuerda que, cuando el proyecto se planteó, hubo un cierto "rifirrafe entre Puertos del Estado y el Ministerio de Fomento", pero "a día de hoy hay una apuesta general del Gobierno regional y del Minsiterio por la ubicación en El Gorguel".
   En adelante, Martín anuncia que "irán hasta el final contra el proyecto" y cuando salga en firme harán alegaciones para tratar de luchar contra su ubicación".
   La Fundación Sierra Minera, que también está en la Plataforma, hizo un estudio con diversos profesores de la UMU, en la que hacían una recreación de lo que sería el antes y el después en relación al macropuerto, en la que queda claro que el impacto paisajístico "es notable", añade la portavoz ecologista.
   Los colectivos también critican que le proyecto va en contra de la regeneracón de la bahía de Portmán, que es una "deuda histórica de las administraciones. Así, añaden que si se quiere dar un desarrollo futuro a la bahía de Portmán "no es de lógica que se pretenda ubicar una infraestructura de esas características justo enfrente".
   Martínez, que representa a los aproximadamente 300 vecinos que ocupan las 57 casas que hay en la zona y que se elevan a 500 en las fechas de fiestas, ha indicado que "el destrozo ecológico y cultural que se quiere hacer es mucho mayor a todos los beneficios que pueda dar durante toda la vida", debido a los "valores culturales y ecológicos que tiene".
   La plataforma ha creado la página web 'http://salvemoselgorguel.com', donde se puede consultar con más detalle la actividad así como las opiniones de los expertos, noticias relacionadas y reportajes fotográficos. Asimismo, la Plataforma invita a todo aquel que esté interesado en conocer y conservar este bello paraje a participar en la actividad.

UPyD dice que el posible "rescate" financiero de la autopista Cartagena-Vera ejemplifica "descontrol"

MURCIA.- El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha criticado  el posible "rescate" de la autopista Cartagena-Vera que la ministra de Fomento, Ana Pastor, anunció indicando que el Ministerio asumirá las "autopistas ruinosas".

   Para Sánchez, "no es de recibo que ahora se socialicen las pérdidas de la concesionaria y que el coste del rescate recaiga sobre las cuentas públicas y los contribuyentes".
   De hecho, ha recordado, "que ya se están avalando desde hace año y medio créditos millonarios de emergencia a las concesionarias, que no han resuelto nada".
   Sánchez ha afirmado también que "esta infraestructura, de bajísima ocupación, es otra muestra más de los excesos en el sector de la construcción durante los últimos años en la Región, ya que se construyó al amparo de  la idea de un supuesto desarrollo urbanístico desmesurado en toda la zona".
   Asimismo, ha denunciado la complicidad del PP y del PSOE para ejecutar "una infraestructura que no era necesaria, tal y como el tiempo ha demostrado".
   Al tiempo que ha resaltado que "la autopista tiene salidas que no llevan a ninguna parte y terminan en un bancal. En estos terrenos se pensaban construir miles de viviendas, algo que, tras la ruptura de la burbuja inmobiliaria, finalmente no ocurrió".
   En este sentido, ha recordado que la obra fue licitada y adjudicada por el último Gobierno de Aznar, pero el PSOE, con la llegada al poder de Zapatero, la ejecutó e inauguró en un momento, 2.007, en el que ya se daban claros síntomas de la inviabilidad del modelo inmobiliario masivo que fue el que generó esta infraestructura fantasma.
   En opinión de Rafael Sánchez, "si todo hubiese salido según lo previsto, los posibles beneficios  de las empresas concesionarias no habrían repercutido en los contribuyentes, por lo que no parece justo que estos sean ahora los paganos de las pérdidas ocasionadas por una planificación errónea y desmesurada".
   Según el coordinador regional de UPyD, no es que haya habido un descenso de viajeros en la autopista, sino que nunca se ha llegado a niveles rentables de tráfico, "porque su construcción se basó en criterios puramente especulativos y no en criterios objetivos de intensidad de tráfico existente".
   Para concluir, Sánchez ha  insistido en "que esto es algo que avalaron, primero el PP y luego el PSOE, manteniendo la idea de que el litoral se iba a llenar con miles de casas que deberían estar comunicadas a través de esta autopista que ahora sólo tiene salidas a campos en barbecho. Ahora, todos los ciudadanos pagamos las consecuencias  de la imprevisión y del despilfarro".

Los afectados por el terremoto de Lorca llaman 'cínico' a Valcárcel

MURCIA.- La Asamblea de Vecinos de Lorca ha presentado este jueves al Defensor del Pueblo, José Pablo Ruiz Abellán, una queja por la gestión que está realizando la Comunidad en los asuntos relacionados con el terremoto, así como 6.500 firmas --recogidas en dos días en el municipio-- ante el "cinismo" que está llevando a cabo el presidente de la Región, Ramón Luis Valcárcel, "que raya el insulto hacia los damnificados".

   Y es que subraya el portavoz de la Asamblea, Juan Carlos Segura, "las ayudas prometidas del Real Decreto 6/2011 no llegan y estamos en una situación agónica".
   Actualmente, apostilló, "hay 10.000 personas desplazadas de sus domicilios habituales, unas 1.500 viviendas por reconstruir y decenas de familias viviendo en situaciones muy precarias".
   Por lo que la asamblea de vecinos de Lorca espera que Ruiz Abellán "inste" a la Administración regional, y al presidente Ramón Luis Valcárcel, "a que agilicen lo máximo posible la tramitación de esas ayudas".
   Ayudas, recordó Juan Carlos Segura en un contacto previo con los medios, "que el Estado envió a los damnificados de Lorca y están retenidas por la Administración regional". Tras lo que se pregunta "cómo es posible que en pleno Siglo XXI pasen estas cosas".
   "No hay un compromiso hacia Lorca", aseguró el portavoz de la asamblea de vecinos, al tiempo que recuerda que la Comunidad Autónoma tiene las competencias en Sanidad y Educación, "y tenemos dos institutos demolidos --I.E.S Ros Giner e I.E.S. Arcas Meca--, así como un centro sanitario --Lorca Centro--".
   De hecho, manifestó, "la partida presupuestaria que la Administración regional dota para el municipio es irrisoria, ridícula, solamente 206.000 euros para la reconstrucción de esos centros", cuando, puntualizan, "la Comunidad estimó que su reconstrucción costaría unos 22 millones".
   El Gobierno regional, continuó, "también eludió su compromiso con el Plan Lorca", 1.650 millones de euros, "con lo que trasladaba directamente su compromiso hacia el Estado". 
"No hay compromiso ninguno, las ayudas tampoco llegan y nos tienen asfixiados a los lorquinos", insistió Segura, quien afirmó que "no podemos más y no sabemos a quien recurrir".
   Así, solicitan que esas ayudas se desbloqueen, "que intervenga el Estado o quien corresponda, pero que llegue ya, de forma inmediata a los damnificados por los terremotos de Lorca".
   En concreto, la asamblea de afectados calcula que la Administración regional tiene retenido unos 26 millones de euros; pues, explicaron, "se han tramitado unos 7.000 expedientes de 15.000, pero esas ayudas aún no se han ingresado a los vecinos".
   "Es urgente que ese dinero vaya llegando ya a los damnificados", exclamó Segura, que ha solicitado a los políticos de las distintas administraciones que "resuelvan lo que tengan que resolver, hagan lo que tengan que hacer pero que ese dinero llegue ya a las familias, que están viviendo en situaciones muy precarias".
   Así las cosas, el Defensor del Pueblo se ha comprometido a "estar con los vecinos", iniciar la petición de información a las administraciones para agilizar, en la medida de lo posible, el flujo de información, a través de un documento oficial, el pago de las ayudas y una mayor implicación para que los lorquinos no se sientan "abandonados".
   Además, indicó, "de ver en qué situaciones están las administraciones para poder abordar la actividad necesaria, desde el punto de vista económico, para que los vecinos se encuentren más atendidos, y puedan iniciar la reconstrucción de su vivienda y concretar y definir el dinero que hace falta".
   A este punto, el Defensor del Pueblo ha recordado que la institución ha recibido una serie de quejas del municipio de Lorca tras el terremoto, algunas de las cuales ya se han resuelto.
   Es el caso de la queja de varios vecinos el pasado año en la que indicaban que las entidades financieras se estaban quedando el dinero del Consorcio de Seguros o la de aquellos padres, que se habían tenido que desplazar, y pedían un transporte público escolar para sus hijos.
   Aunque, manifiesta que están trabajando en otras, a través del Ayuntamiento de Lorca, como la queja de algunos vecinos que no consiguen llegar a un acuerdo con el Consorcio en cuanto a la cantidad a asegurar.
   La queja de la Asamblea de Vecinos de Lorca se enmarca dentro de las protestas que la organización está llevando a cabo contra la gestión del Gobierno regional, y que culminará este domingo, día 25, con una manifestación para mostrar su "pesar y disconformidad" con la "nefasta" gestión de la Comunidad.
   Una manifestación que será seguida, según los primeros cálculos de la Asamblea de Vecinos de Lorca, por unas 4.000-5.000 personas, ya que, de momento, se han habilitado 15 autobuses, "aunque muchos vendrán en sus coches y otros tantos se unirán desde la capital".
   Ésta partirá a las 12.00 horas, con salida en el Jardín de Floridablanca y recorrerá la Gran Vía de Murcia, para finalizar en el Palacio de San Esteban, donde, previsiblemente, los afectados leerán un comunicado de repulsa.

Torres-Dulce será "implacable" contra la corrupción política porque es un "cáncer de la convivencia"

BADAJOZ.- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, sostiene que la "corrupción política" e "institucional" se está "revelando como un verdadero cáncer de la convivencia y del propio Estado de Derecho", motivo por el cual se comprometió ante el Congreso a ser "absolutamente implacable" en los casos en los que apareciera. 

Torres-Dulce ha garantizado que la Fiscalía General del Estado y el Ministerio Fiscal estarán en "primera línea de batalla con respecto a todas formas de corrupción, no solamente la económica o la política, sino a veces incluso la denominada corrupción institucional".
El fiscal general ha advertido de que si la corrupción institucional "no se ataja, si no se da una respuesta, acaba corroyendo los cimientos del Estado y del Estado de Derecho, que es la base de la convivencia democrática en un país".

Según Rajoy, si hay enchufes saldrá el nombre y se explicarán las razones

OVIEDO.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que la Ley de Transparencia que hoy viernes aprobará el Consejo de Ministros hará que "la gente sepa en qué se gasta su dinero", y que "si se enchufa" a alguien "salga el nombre y apellidos y se explique cuáles son las razones por las que se contrata".

   En un almuerzo-mitin en Ribadesella junto a la candidata del PP a la Presidencia de Asturias, Mercedes Fernández, Rajoy ha recalcado que los cargos públicos deben ser "austeros y respetar cómo nunca el dinero de los ciudadanos".
   "La Ley de Transparencia pretende que se gobierne mejor, que se gestione bien y que la gente sepa en qué se gasta su dinero, que si se enchufa salga el nombre y apellidos y se explique cuáles son las razones por las que se contrata, si ha habido concurso público, o simplemente porque se le ha ocurrido al señor de turno", ha indicado.
   Rajoy ha enmarcado la Ley de Transparencia dentro de las reformas que el Gobierno está llevando a cabo y ha añadido que con esta norma "todos los ciudadanos tendrán derecho a saber en qué se gastan el dinero todas las administraciones".
   "Si dan subvenciones habrá que publicarlas, se sabrá lo que ingresa cada ayuntamiento, comunidad y gobierno; los impuestos que paga la gente, los sueldos de los dirigentes, un sistema de responsabilidad para todos los gestores que hagan un mal uso del dinero de todos los contribuyentes", ha afirmado.