miércoles, 21 de marzo de 2012

Trabajadores de BMN se concentran en toda España para pedir la retirada del plan de reestructuración

MADRID.- Los trabajadores de Banco Mare Nostrum (BMN) se han concentrado este miércoles ante los centros de trabajo de toda España para pedir la retirada de la segunda reestructuración laboral necesaria para cumplir los requisitos apuntados por el Gobierno, que contemplan la extinción de 530 contratos --nuevo recorte que se suma a los 120 del ERE en vigor hasta las 650 extinciones--, el cierre de 120 oficinas, una reducción salarial del cinco por ciento durante dos años, y la suspensión rotatoria durante dos años de 800 contratos durante tres meses cada uno, entre otras medidas.

   Fuentes sindicales han indicado que se han registrado concentraciones en Madrid, Granada, y en todos los centros de trabajo de las diferentes entidades que forman BMN, esto es, CajaMurcia, CajaGranada, Caixa Penedés y Sa Nostra.
   De esta forma, los trabajadores han parado su actividad durante diez minutos y se han concentrado delante de los centros de trabajo y apagando el ordenador.
   Asimismo, las fuentes han indicado que mañana jueves se celebrará otra concentración en todos los centros de trabajo, incluido Madrid, pero sólo con los delegados sindicales, quienes organizarán un "almuerzo o picnic reivindicativo" en contra de esta reestructuración.
   En el caso de CajaGranada, los trabajadores tienen previsto instalar mesas de recogidas de firmas en defensa de "lo que dice el Estatuto de CajaGranada, donde se garantiza y se respeta el empleo y las condiciones laborales y salariales de los trabajadores de la entidad".
   Por otro lado, Comfia CCOO ante la falta de acuerdo para que la dirección retire su propuesta de "aplicación de la reforma laboral" en esta segunda reestructuración de Banco Mare Nostrum, ha acordado y con las otras secciones sindicales aumentar la intensidad de las movilizaciones que se están llevando a cabo en los centros de trabajo y mantiene la convocatoria de huelga en BMN para el próximo 19 de abril.
   Asimismo, este sindicato se ha sumado a la huelga general del día 29 de marzo y animan a secundar la huelga contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno, en la que los trabajadores de BMN "tenemos la primera oportunidad de exigir la retirada de la propuesta y una negociación de medidas para el ajuste equilibradas, no traumáticas y basadas en la voluntariedad".
   Comfia-CCOO-BMN hace un llamamiento a la dirección a "reconducir las negociaciones con responsabilidad, transparencia y sentido común". Considera que "la vía del conflicto que la dirección ha escogido, fruto de una propuesta absolutamente injusta y desequilibrada, compromete no solo el futuro de cientos de puestos de trabajo en la actualidad, sino la estabilidad de muchos más en un futuro que, por ahora, se muestra muy incierto".

Fomento contempla rescatar autopistas en quiebra, como la Cartagena-Vera

MADRID.- El Ministerio de Fomento contempla quedarse con alguna de las autopistas actualmente en riesgo de quiebra en caso de que sus cuentas no logren reequilibrarse con las medidas que este Departamento prevé tener listas en "un máximo de seis meses", entre las que figura la promoción de fusiones entre estas vías, según anunció la ministra, Ana Pastor.

   El rescate de las autopistas se realizaría a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa) y en cumplimiento de la responsabilidad patrimonial que el Estado tiene ante estas concesiones, según detalló Pastor durante su intervención en el Nueva Economía Forum.
   Seittsa es un ente público dependiente del Ministerio de Fomento, que hasta ahora contrata determinadas obras de carreteras y ferrocarriles.
   Fomento se ha fijado así el rescate como medida de último recurso al que acudirá para el caso de que no funcione ninguna de las que el Ministerio prevé tener listas en "un plazo máximo de seis meses" para evitar la quiebra de una decena de autopistas.
   Entre estas iniciativas figura la ampliación de los periodos de explotación de la vía que se otorga a las empresas concesionarias, fomentar las fusiones entre autopistas y la concesión de créditos participativos.
   En la actualidad, nueve autopistas están en riesgo de declararse en concurso de acreedores, como consecuencia del sobrecoste que sufrieron en las expropiaciones y la caída de los tráficos por la crisis. Entre ellas, figuran las radiales de Madrid, la que une la capital con el aeropuerto de Barajas, la Madrid-Toledo y la Cartagena-Vera.
   Las concesionarias de estas vías, que suman un pasivo de unos 3.000 millones de euros,  están participadas por los principales grupos constructores y de concesiones del país, como son Acciona, Abertis, Globalvía (FCC y Bankia), Ferrovial, Sacyr y OHL.
   La ministra de Fomento avanzó que además de solventar el problema de estas vías abordará un "profundo cambio en la legislación sobre concesiones", cuyo eje principal será determinar la asunción de los riesgos de la infraestructura. Además, busca que permita abrir la financiación de obra pública a los fondos de pensiones.
   Todo ello con el fin último de que el capital privado juegue un importante papel en la financiación del Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) en el que ya trabaja el Ministerio para presentarlo el próximo mes de julio.
   Por contra, Pastor descarta lograr financiación con medidas como la implantación de la Euoviñeta (peaje que se cobra a camiones que circulan por las autovías) o la imposición de tasas en carreteras, como acaba de anunciar Reino Unido.

Los empleados en ayuntamientos deben ganarse el puesto, a juicio del ministro de Hacienda

SEVILLA.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha advertido de que los ayuntamientos y la administración pública "no son oficinas de colocación" y que los funcionarios tienen que "ganarse su puesto de trabajo como todos los españoles".

   En el Punto de Encuentro Económico de la Fundación Antares Foro, Montoro ha impartido una conferencia bajo el título 'Las reformas que impulsan el cambio', y ha señalado que "los ayuntamientos no están para contratar gente sino para contratar gente que sirva a la ciudad y no al revés".
   Asimismo, como funcionario de carrera, Montoro ha dicho no concebir "nunca" la función pública como "una seguridad en el empleo".
 "En la función pública se está al servicio de los demás y hay que quitarse esta mentalidad de que el que trabaja para un servicio público lo tiene todo hecho", ha subrayado.
   "Hay que trabajar desde las administraciones públicas y el que tiene que tener miedo es aquel que ha sido contratado para darle un puesto de trabajo y tener los brazos cruzados", ha subrayado, a lo que ha añadido que "eso es lo que hay que evitar de una vez por todas".
   De igual manera, ha indicado que del plan de ajuste que tienen que presentar los ayuntamientos que se han acogido al pago de proveedores "no se desprende una situación negativa para los funcionarios", y ha señalado que le hubiera gustado ver titulares cuando "se estaban despidiendo cientos de miles de personas porque desde los ayuntamientos no se pagaban las facturas".
   "Ningún funcionario está cómodo sabiendo que su ayuntamiento es insolvente. Estamos buscando que los servicios públicos tengan ingresos recurrentes, desaparezca ese déficit público de naturaleza estructural y que, por tanto, el funcionario tenga absoluta seguridad en su puesto de trabajo", ha señalado.
   En este sentido, ha apuntado que el Gobierno lo que está haciendo es mantener el sueldo de los funcionarios y "vamos a promover esos cambios y esos ahorros públicos manteniendo el sueldo de los funcionarios".
 "Estamos trabajando para que el sueldo de los funcionarios no se reduzca si no es para dar viabilidad al ente público, que pueda tener sobredimensión de plantilla, pero eso ya cada uno tiene que juzgarlo y valorar", ha subrayado.
   El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas ha señalado que a través del plan de proveedores las facturas pendientes de pago de las administraciones locales, ayuntamientos y comunidades estarán pagadas "antes de que entremos en verano".
 "En el mes de mayo estaremos pagando ya facturas de ayuntamientos y a finales de mayo y junio pagando las de administraciones públicas", ha detallado.
   "Esto significa una inyección económica fundamental en el tejido empresarial. Vamos a salvar muchas empresas, vamos a proteger muchos puestos de trabajo, vamos realmente a atender las necesidades de muchas empresas que teniendo deudas con administraciones no pueden acceder a financiación bancaria para compensar y financiar su circulante", ha subrayado.
   De esta manera, ha asegurado que supondrá "la mayor inyección económica de nuestra historia" y estará en torno a los 30.000 millones, aunque aún falta que termine el plazo de reclamaciones de proveedores para las corporaciones locales y la suma de las comunidades.
   Por último, ha apuntado que "hay que decirle a la UE que España es transparente, fiable" y que "España se ha desviado del objetivo de déficit público de la Unión Europea (UE) por una mala política, por una manera de concebir el gobierno".

Los ayuntamientos deberán detallar si piensan recortar personal

MADRID.- Los ayuntamientos que se acojan al plan de pago a proveedores deberán detallar en sus planes de ajuste qué partidas de gasto contemplan reducir, entre las que se encuentran el recorte de personal o la reducción de los salarios del mismo, según el 'Modelo de Plan de Ajuste' publicado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

   Estos ayuntamientos están obligados a presentar antes del 30 de marzo al departamento de Cristóbal Montoro un plan de ajuste en el que deben detallar los ingresos y los gastos previstos hasta el año 2022 y demostrar que sus cuentas serán viables hasta entonces.
   En el formulario que Hacienda les ha enviado figura un conjunto de posibles medidas que pueden adoptar y, entre ellas y por el lado del recorte de gastos, figura la reducción de costes de personal, tanto reducción de sueldos como de efectivos, así como posibles medidas de ahorro en el régimen retributivo de las empresas públicas o la limitación de salarios en la alta dirección.
   Asimismo, figuran otras medidas de ahorro de gasto como la reducción del número de consejeros de administración de las empresas del sector público, reducción del número de personal de confianza, contratos externalizados que pueden ser prestados por el personal municipal actual, disolución de aquellas empresas que presenten pérdidas, reducción de celebración de contratos menores o la reducción en la prestación de servicios de tipo no obligatorio.
   El formulario también contempla las nuevas implicaciones de la reforma laboral y una de las medidas de ahorro que figuran es si los ayuntamientos prevén aplicar la regulación de las cláusulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral en proceso, dando así por hecho que el nuevo coste por despido es inferior tras dicha reforma.
   Por el lado de los ingresos, los ayuntamientos tienen que especificar si tienen previsto elevar los impuestos, suprimir exenciones o bonificaciones voluntarias, adoptar medidas para reforzar la recaudación ejecutiva y voluntaria o potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no gravados.
   También deberán publicar anualmente en las memorias de las empresas las retribuciones que perciban los máximos responsables y directivos, así como una estimación realista de los derechos de dudoso cobro.
   Por último, Hacienda pide en el plan de ajuste que tendrán que enviar los ayuntamientos el detalle de la financiación de los servicios públicos prestados hasta el año 2022, como el abastecimiento de agua, servicio de alcantarillado, de recogida de basuras, de tratamiento de residuos, saneamiento, servicios hospitalarios, sociales y asistenciales, educativos, deportivos o culturales, entre otros.

El capitalismo más ramplón se ceba con una Lorca arruinada

LORCA.- El Ayuntamiento de Lorca ha lanzado un nuevo mensaje de tranquilidad a los lorquinos afectados por los terremotos y confirma que ha habido casos particulares en la que las entidades financieras saldaba el pago de la hipoteca que previamente tenían contraídas los damnificados con el dinero del Consorcio de Compensación de Seguros, pero destaca que la mayoría de los casos sobre los que ha tenido conocimiento "se han solucionado".
   "Pero si existe algún caso concreto de problema con los bancos el Ayuntamiento se compromete a mediar", han subrayado hoy fuentes municipales.
   A este punto, el Ayuntamiento ha recordado que hace meses se llegó al acuerdo con las entidades financieras de crear una cuenta a plazo fijo en la que se ingresa el dinero de la indemnización del cliente.
   De esta forma, explicó el alcalde del municipio, Francisco Jódar, el banco o la caja cuenta con el aval de que mantendrá su derecho sobre el bien hipotecado cuando éste se reconstruya y, por otro, los ciudadanos tienen garantizado el dinero que debe ir a la reconstrucción, ya que sólo se pueden sacar fondos a medida que se vayan presentando certificaciones de obra.
   No obstante, añadió el primer edil, si los afectados lo desean podrían utilizar la indemnización para cancelar completamente la hipoteca.
   Así las cosas, el Ayuntamiento de Lorca, que fue consciente de esto a través de la apertura de una oficina municipal de Gestión y Recuperación con motivo de los seísmos, insta nuevamente a los ciudadanos que estén en una situación similar a que se pongan en contacto con el Consistorio.
   De hecho, Interviú publica hoy la historia de varios lorquinos afectados por esta situación. Es el caso, por ejemplo, de Juan Pérez Gazque, quien explica en la revista que el Consorcio de Compensación de Seguros le ingresó 76.647 euros de indemnización el 31 de agosto que su banco no le permite tocar, pero, señala, "si me retraso un día en pagar la hipoteca de la casa derruida, me avisan del recargo".
   "Ellos tienen mis 76.700 euros desde hace siete meses y no me permiten ponerlo a plazo fijo para que me dé intereses que me ayuden a pagar el préstamo", dice este lorquino de 28 años, padre de un bebé.
   Al hilo, Juan Carlos Carrillo, presidente de la Plataforma Lorca, 11 de Mayo, precisa que "los bancos han ido a por los colectivos más desprotegidos. Con el dinero de las indemnizaciones quieren liquidar las hipotecas de todos aquellos a los que hoy no darían un crédito".
    El Defensor del Pueblo de Murcia, José Pablo Ruiz Abellán, ya avanzó en diciembre del pasado año que las entidades financieras se estaban quedando con el dinero que el Consorcio de Seguros pagaba a aquellos lorquinos que habían perdido su vivienda o ésta había quedado muy deteriorada, para amortizar la deuda del préstamo hipotecario.
   Se trata, criticó entonces el Defensor del Pueblo, de un doble problema, por un lado, especificó que el propietario o ex propietario de esa vivienda "no sabe como comenzar a construir una nueva vivienda" ya que se ha quedado sin vivienda y prácticamente sin dinero.
   De esta forma, lamentó Ruiz Abellán, tras la queja de los lorquinos, "tampoco hay dinero para reactivar la actividad económica que supone la construcción de nuevas viviendas".
   A juicio del Defensor del Pueblo, las entidades financieras debían considerar como garantía hipotecaria el dinero que llega del Consorcio, en lugar de la vivienda.
   Según Ruiz Abellán, deberían mantener el dinero del Consorcio en plan finalista, que sirva de garantía de la deuda que tenía el propietario de la vivienda con el banco, e ir dándoselo conforme se vaya construyendo la nueva".
   Así, apostilló, "solucionamos el problema en los dos sentidos, desde el punto de vista de reactivación económica que Lorca tanto necesita y de darle una nueva vivienda al ciudadano".
   Esta, ha destacado al respecto el alcalde del municipio de Lorca, "ha sido la solución aplicada".
   El Defensor del Pueblo tiene previsto mantener este jueves, día 22, una reunión, a las 11.00 horas, con el portavoz de la Asamblea de Vecinos Afectados por los Terremotos de Lorca, José Alberto Larios, aunque no ha trascendido más sobre el encuentro.
   Precisamente, la asociación, compuesta por vecinos del municipio lorquino, ha organizado para el próximo domingo, 25 de marzo, una manifestación en el Jardín de Floridablanca de Murcia bajo el lema 'Las ayudas embalsadas y Lorca estancada, soluciones ya'.
   Cabe recordar que en el municipio de Lorca han surgido varios movimientos tras los seísmo, se trata, por ejemplo, de la 'Plataforma Lorca, 11 de mayo', o de la Asamblea de Vecinos Afectados por los Terremotos de Lorca.

Proyecto europeo estudia cómo compartir flujos de mercancías entre diferentes empresas para ser más rentables

VALENCIA.- Un consorcio de centros de investigación, consultoras, gestores de transporte y compañías de prestigio como Procter & Gamble lideran el proyecto europeo 'Conceptos de colaboración para la Co-modalidad (CO3)", en el que España está representada a través de Itene y ZLC en el que se estudiará cómo compartir flujos de mercancías entre diferentes empresas para ser más rentables, según ha informado Itene en un comunicado.

   El proyecto CO3, financiado por el VII Programa Marco de la Unión Europea, trabaja en el desarrollo de un modelo que supere los obstáculos a la 'colaboración horizontal' entre diferentes cargadores. El próximo 11 de mayo de 2012 celebrará un taller en Valencia.
   Esta iniciativa se ha llevado a cabo porque la capacidad del sistema de transporte europeo está siendo infrautilizada, ya que según reflejan las estadísticas, un cuarto del total de camiones viajan vacíos y el resto solo están cargados al 57 por ciento de su capacidad máxima en promedio.
   En este contexto ha surgido el concepto de 'colaboración horizontal' o combinación inteligente de flujos de mercancías de diferentes empresas, que ofrece una "potente e innovadora" solución para afrontar este problema.
   Las empresas que colaboren e integren sus flujos logísticos pueden alcanzar "importantes" beneficios a nivel económico, social y ambiental, ya que comparten gastos de transporte, lo que a su vez genera menos emisiones. Sin embargo, los cargadores dispuestos a llevarlo a cabo han encontrado frecuentemente una serie de obstáculos y dificultades.
   Uno de los objetivos del proyecto se basa en eliminar dichos obstáculos. CO3 está financiado por el Séptimo Programa Marco de la EU, y su misión estimular la 'colaboración horizontal' entre diferentes cargadores, para fomentar una "mayor competitividad y sostenibilidad" de la logística Europea.
   Para alcanzar este objetivo, se desarrollarán una serie de casos de estudio basados en la agrupación horizontal de flujos y en diferentes escenarios comodales diseñados para ser adaptados o modificados a la realidad de cualquier compañía.
   Los cargadores que deseen transportar sus mercancías por Europa de una forma más eficiente y sostenible, tienen una buena oportunidad de participar en CO3 para identificar potenciales empresas colaboradoras y establecer pruebas piloto. Para lograr esto, CO3 proporcionará a las entidades participantes las herramientas operativas necesarias y ofrecerá formación activa durante la implementación de la colaboración horizontal.
   El consorcio desarrollará en paralelo un marco legal para garantizar la neutralidad de los agentes de consolidación e intermediación administrativa/legal, quienes aparecen como nuevos actores esenciales en la creación de la colaboración horizontal. Adicionalmente, se desarrollarán y validarán conceptos innovadores de "beneficios compartidos" que permitan estandarizar contratos de transporte multilaterales.
   Los primeros casos de estudio y seminarios de CO3 están ya en fase de preparación. Las empresas españolas que deseen participar en algún caso de estudio o que deseen aprender más sobre colaboración horizontal, tienen la opción de participar en un taller gratuito que se celebra en las instalaciones de Itene en Valencia el próximo 11 de mayo de 2012.
   Contará con la participación de expertos europeos en el ámbito de la colaboración horizontal como Sven Verstrepen y Kurt Jacobs, de la empresa TRI-VIZOR, que presentarán casos reales en la implantación de este modelo con éxito entre entidades europeas.
   El proyecto CO3, cuyos trabajos concluirán en 2014, cuenta con un consorcio de 18 entidades. Sus resultados estarán continuamente monitorizados por una junta de alto nivel industrial formada por más de 35 empresas europeas de diferentes sectores.