domingo, 4 de marzo de 2012

La mitad de los expertos avalaría una nueva subida del IVA

MADRID.- La mitad de lo expertos y empresarios avalaría una subida de IVA para contener el déficit y el 69,7% aprobaría la introducción del copago en la sanidad pública, mientras que el 69% vería bien la devolución al Gobierno de algunas competencias transferidas a las comunidades y el 60,8% estaría de acuerdo con la introducción del copago en la Justicia (60,8%), según el consenso económico de PricewaterhouseCoopers (PwC). 

   Pese a estar a favor de estas iniciativas, las dos medidas más valoradas para contener el déficit son la reducción de los gastos de gestión de las administraciones públicas (97,9%) y la congelación de los salarios públicos, junto con la introducción de restricciones sobre el empleo público (83%).
   Además, el 92% de los panelistas considera que la Unión Europea debería suavizar los objetivos de déficit para que España no entre en una recesión "más profunda" de la prevista por los organismos internacionales, el Banco de España y el propio Gobierno.
   Los encuestados creen que el mayor problema de la deuda de la economía española reside en el sector privado (70,8%), por delante del sector público (33%). Además, el consenso cree que el mayor esfuerzo para contener la deuda lo está realizando el Estado central (75,4%) y el 61,1% culpa de la desviación del déficit a las CC.AA. En cambio, el 50,4% cree que se debe a una coyuntura económica peor a la prevista.
   En cualquier caso, la gran mayoría, el 89% del total, coincide en que las medidas de austeridad emprendidas por el Gobierno están condenadas al fracaso si no se acompañan de acciones "efectivas" de apoyo al crecimiento económico.
   En cuanto al suministro de liquidez del Banco Central Europeo (BCE) a las entidades financieras, el 67% asegura que "no está sirviendo en absoluto" para aumentar el flujo de crédito a empresas y familias, mientras que un 82,7% afirma que solo está sirviendo para que los bancos atiendan a sus propios vencimientos de deuda.
   Sobre la reforma del sector financiero, el 60,2% dice que cumplirá sus objetivos y solo un 3% cree que no lo hará en absoluto. Eso sí, más del 60% tiene la impresión de que el saneamiento de activos por valor de 50.000 millones se quedará corto.
   Para el 56,7% la reforma favorecerá la concentración en el sector financiero, aunque queda un amplio margen de recorrido hasta que el proceso se culmine de forma definitiva. El 58,7% cree que la reforma disipará las dudas sobre la valoración de los activos inmobiliarios, lo que se traducirá en una reducción "bastante significativa" del precio de la vivienda.
   Respecto a la situación económica, se ha elevado en casi 30 puntos el porcentaje de expertos y empresarios (hasta el 49,5%) que califican como "muy malo" el momento actual de la economía, aunque un 48,1% espera que la economía mejore. Para el conjunto de 2012, el 64,8% de los panelistas asegura que la economía se contraerá más allá del 0,5%. En 2013, el 35% estima que el PIB se situará entre el -0,5% y el 0,5% y el 38,8% cree que lo hará entre el 1% y el 1,5%.
   En cualquier caso, el 71% no ve una recuperación del consumo privado en los próximos seis meses ni de la demanda de vivienda (el 58,3%). Además, el 62% considera mala la situación económico-financiera de las empresas y no creen que vaya a mejorar en los próximos meses.
   Además, el 46,2% cree "desfavorables" las perspectivas de los mercados exteriores y el 55% asegura que lo seguirán siendo en los próximos seis meses. En concreto, los panelistas esperan una mala evolución en la economía de la UE, aunque el 54% piensa que la situación de EE.UU. mejorará en el futuro.

Sindicatos de cajas de ahorro piden a los diputados que se apliquen también ellos las nuevas indemnizaciones

MADRID.- El presidente de la Confederación de Sindicatos Independientes de Cajas de Ahorros (CSICA), Luis Alameda, ha registrado esta semana en el Congreso de los Diputados una carta dirigida a todos los grupos parlamentarios españoles en la que reclama a diputados y senadores que se apliquen también a sí mismos las nuevas indemnizaciones de 20 días por año trabajado con un máximo de doce mensualidades que recoge la reforma laboral aprobada por el Gobierno, y que será convalidada el jueves por el Pleno del Congreso. 

   La misiva reclama a los parlamentarios que apliquen la reforma "con coherencia y credibilidad", lo que a juicio de CSICA pasa por aplicar los nuevos criterios de indemnización a todos los parlamentarios que "renuncien al cargo o no sean reelegidos".
   "El cambio legislativo aprobado, susceptible de ser corregido, resulta de tan hondo calado que nos parecería razonable que su convalidación definitiva, en los términos que acaben siendo resultantes, esté sustentada en la coherencia y la credibilidad por parte de aquellos a quienes la ciudadanía ha otorgado su confianza representativa", justifica Alameda.
   Así, insta a diputados y senadores a aceptar esta petición porque "contribuiría a eliminar la incoherencia y el agravio comparativo que resultaría acordar medidas aplicables a los trabajadores para, supuestamente, mejorar la flexibilidad y la eficiencia de las empresas y, en cambio, eso no fuese aplicado a las instituciones" donde, según recuerda, los parlamentarios "pueden acceder  a la pensión máxima acreditando sólo el ejercicio de dos legislaturas completas".
   La Confederación de Sindicatos Independientes de Cajas de Ahorros agrupa a 20.000 empleados del sector que, según denuncia, se verán "especialmente perjudicados por la reforma propuesta por el Gobierno".

UPyD exhorta al Gobierno de Rajoy a tomar medidas contra el "despilfarro", como las televisiones autonómicas

MADRID.-   Unión, Progreso y Democracia (UPyD) quiere que el Gobierno central adopte de una vez medidas para evitar el "despilfarro" y las duplicidades en el conjunto de las administraciones públicas a tenor de la actual coyuntura económica y, entre otras propuestas, el partido de Rosa Díez aboga por eliminar diputaciones provinciales y por fusionar municipios.

   Éste es uno de los asuntos que UPyD ha venido reivindicando en los últimos años y el próximo miércoles lo volverá a reclamar en el Congreso con la interpelación que dirigirá al Gobierno y que dará lugar a la votación de una moción en el Pleno del próximo día 13.
   En su iniciativa, la formación magenta considera que las políticas de recortes que está adoptando el Ejecutivo de Mariano Rajoy, y que recaen principalmente sobre el Estado central, no son "la solución ideal" al problema.
   "El Gobierno se está contentando con recortar de donde resulta más fácil, que muchas veces es en servicios públicos esenciales, ahondando en las desigualdades entre los españoles, cuyos derechos y prestaciones son cada vez más diferentes en función de la región en la que vivan", subraya.
   Así las cosas, UPyD defiende la necesidad de elaborar un plan nacional para "racionalizar" el entramado institucional autonómico y eliminar los miles de organismos --entre los que cita las televisiones autonómicas-- entidades, fundaciones, patronatos y observatorios "que pueblan el paisaje institucional autonómico y su tupida red clientelar".
   Y es que, en opinión de la portavoz nacional de UPyD, la supresión o fusión de determinados organismos reguladores de ámbito nacional, medida aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros, tan sólo suponen cuantitativamente una reducción significativa del gasto.
   Por ello, frente a un modelo de Estado "insostenible e ingobernable" y para evitar más "despilfarro" y "corrupción", UPyD propone fusionar municipios, eliminar diputaciones provinciales y adoptar medidas legales que permitan un "verdadero" control presupuestario por parte del Estado respecto de las comunidades autónomas, que son actualmente las responsables de dos terceras partes del déficit total del Estado.
   Según cálculos de la formación magenta, si el Gobierno del PP opta por llevar a efecto estas medidas, se podría llegar a ahorrar hasta 40.000 millones de euros. "Aunque el ahorro fuera menor, es por ahí por donde hay que empezar y no subiendo impuestos y tocando lo imprescindible", ha resumido el portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo.

La ministra de Fomento, tajante: "Ni un euro para cosas superfluas" ni para "obras faraónicas que no sirven para nada"

PONTEVEDRA.- La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha asegurado que el Gobierno va a presentar unos Presupuestos Generales del Estado para 2012 "austeros", así como "serios y rigurosos", en los que "no se gaste ni un euro en cosas que sean superfluas", después de que el líder del Ejecutivo, Mariano Rajoy, haya anunciado que se fijarán con un objetivo de déficit del 5,8% del PIB.

   "Vamos a hacer un presupuesto austero", ha dejado claro Ana Pastor, en declaraciones a los medios previas a su participación en la fiesta de la Arribada de Bayona  -que celebra el 519º aniversario de la llegada de la carabela Pinta a esta villa gallega--, para remarcar que: "tiene que ver con lo que nos está pasando, con los datos de paro que desgraciadamente tenemos".
   Así, preguntada por el anuncio del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que el déficit público de este año cerrará en el 5,8% del PIB, Pastor ha destacado que el Ejecutivo central "está trabajando" en este sentido.
   En concreto, Pastor ha destacado que en "la línea de reformas" del Gobierno con el fin de "crear empleo" se ha aprobado el proyecto de Ley de estabilidad presupuestaria, que "significa que no se puede gastar más de lo que se tiene como ha pasado hasta ahora".
   Por ello, ha identificado "el rigor, la seriedad y las reformas" con "los objetivos del Gobierno de España", para lo cual ha puesto a modo de ejemplo, la Ley de estabilidad presupuestaria y el techo de gasto fijado en la Constitución. "Y desde luego, no destinar en el caso mío, recursos a obras faraónicas que no sirven para nada", ha defendido la ministra de Fomento.

Nuevos protectorados / Ignacio Ramonet


El 21 de febrero será recordado en Grecia como la jornada de la Gran Capitulación. Ese día, a cambio de la promesa de un segundo plan de rescate financiero,  el gobierno heleno aceptó las humillantes condiciones exigidas por el “clan europeo de la triple A” liderado por Alemania: draconianos recortes del gasto público, rebaja del salario mínimo, reducción de las pensiones, despido de 150.000 funcionarios, subida de impuestos y privatizaciones masivas.

De nada ha servido que los griegos lleven ya cuatro años de terapia de choque y de sacrificios sociales muy duros, ni que hayan tenido que someterse, el pasado 10 de noviembre, a un “golpe de Estado financiero” mediante el cual Berlín impuso, sin ninguna consulta democrática, al banquero Lukas Papademos (exvicepresidente del Banco Central Europeo) como Primer ministro de un gobierno tripartito compuesto de social demócratas, conservadores y extrema derecha.

Esta vez la afrenta ha sido mayor. Lo que se le ha exigido a Atenas es claramente una enorme cesión de soberanía, “probablemente la mayor realizada por un país en tiempos de paz” (1). De hecho, Grecia ha sido colocada bajo tutela europea, y dispone ahora, para todo lo que concierne a su presupuesto y a su economía, de un estatuto de soberanía limitada.

Semejante agresión se veía venir. Como una advertencia además a los otros países en dificultad de la zona euro, entre ellos España. En julio de 2011, ya Jean-Claude Juncker, primer ministro de Luxemburgo y presidente del Eurogrupo (2), había avisado: “La soberanía de Grecia será enormemente restringida” (3). Y el 27 de enero pasado, el diario británico Financial Times reveló un documento alemán que exigía el envío a Atenas de un Comisario con derecho de veto para dirigir el presupuesto público de esa nación y bloquear cualquier gasto no autorizado por sus acreedores. La víspera, en una entrevista al semanario Der Spiegel, el jefe del grupo parlamentario de la Unión Cristiano-Demócrata (CDU), Volker Kauder, fue aún más lejos: reclamó el envío a Grecia de “funcionarios alemanes que ayuden a construir una administración financiera eficiente”. Cosa que también pidió el propio ministro alemán de Economía, el muy liberal Philipp Rösler.

A tanto no se ha llegado, pero el acuerdo del 21 de febrero prevé “una presencia permanente en Grecia de una misión de la Comisión Europea” para controlar y vigilar sus cuentas, así como “una presencia reforzada de la troika [Comisión Europea, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional] para supervisar permanentemente el pago de la deuda”. Los fondos transferidos en el marco del Plan de ajuste serán ingresados en una cuenta bloqueada que sólo la troika gestionará, no el gobierno griego. Y que únicamente servirá para reembolsar la deuda soberana, no para pagar los salarios de los funcionarios, por ejemplo, o las pensiones de los jubilados. Los nuevos bonos del Estado heleno no serán de derecho griego sino de derecho británico... En caso de conflicto entre Atenas y los acreedores privados, el litigio será juzgado en Luxemburgo, no en Grecia... Aunque no es oficial, la República Helénica ha dejado de ser un Estado soberano.

De modo encubierto, la Unión Europea (UE) ha entrado en una nueva etapa en la que los Estados fuertes (“el clan de la triple A” más Francia) exigen de los demás, y en particular de los Estados de la periferia, un cambio de régimen. No se trata directamente de un estatuto colonial. Pero se asemeja bastante a un tipo de administración que las grandes potencias establecieron durante la era colonial: el de protectorado.

Para los colonizadores, el protectorado era una manera de extender su influencia política y económica, y de colocar bajo tutela territorios extranjeros a los que se deseaba extraer las riquezas, sin asumir los inconvenientes y los gastos que acarrea habitualmente una anexión pura y simple. La diferencia con la colonia, es que el “Estado protegido” conserva formalmente sus instituciones, pero cede a la “potencia protectora” su política exterior y, sobre todo, su economía y su comercio exterior.

No puede sorprendernos pues que, desde el comienzo en 2008 de la crisis financiera, hayamos asistido, en el seno de la UE, y más particularmente en la Eurozona, a una pérdida manifiesta de soberanía de los Estados más deprimidos (Irlanda, Grecia, Portugal, Italia, España).

Como fase preliminar del nuevo estatuto de “protectorado europeo”, al que acaba tristemente de acceder Grecia.

Angela Merkel acuñó en septiembre pasado el concepto de “marktkonforme demokratie (democracia en conformidad con el mercado). Lo definió de la manera siguiente: “La elaboración del presupuesto del Estado es una prerrogativa fundamental del Parlamento, pero hay que hallar vías para que ese requisito democrático esté en conformidad con el mercado” (4). El mercado es ahora la pauta. Lo cual significa que ya no son los electores los que determinan las decisiones legislativas sino las Bolsas, los especuladores y los bancos (5).

Esta nueva filosofía antidemocrática triunfa hoy en Europa. Se está traduciendo ya en normas, leyes y tratados que limitan los márgenes de maniobra de los gobiernos y funcionan como un “piloto automático” para domesticar a las sociedades. A ese respecto, Grecia funciona como un modelo de lo que amenaza a los demás países de la periferia. Y que el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) va a establecer, a partir del proximo mes de julio, como norma legal en la Unión Europea.

Concebido por Angela Merkel y aprobado ya, en su principio, por el Presidente del Gobierno español Mariano Rajoy, el MEDE es un nuevo organismo intergubernamental, una suerte de FMI europeo. Está siendo ratificado por los Parlamentos de los países  europeos sin ningún debate público, a pesar de que sus características podrían tener consecuencias nefastas para los ciudadanos. En efecto, el MEDE prevé la concesión de ayudas financieras a países en dificultad, a condición de que cedan soberanía, acepten colocarse bajo la tutela de una troika europea y apliquen despiadados planes de ajuste.

El MEDE está articulado con el “Pacto fiscal” adoptado el pasado 30 de enero por 25 de los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la UE. Este temible Pacto (cuyo nombre verdadero es “Tratado sobre Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Económica y Monetaria”) es también una exigencia de Alemania, y obligará a los Estados firmantes a incluir en sus Constituciones la llamada “regla de oro”, que impone mantener el déficit estructural anual por debajo del 0,5 % del PIB. Los países que no incluyan en sus Constituciones ese techo de gasto podrán ser denunciados ante el Tribunal de Justicia de la UE por cualquier otro de los Estados miembros.

Carlos Marx decía que los gobiernos, en la era industrial, no eran más que los consejos de administración de la burguesía. Hoy podríamos decir que, en la Europa “austeritaria” de Angela Merkel, los Gobiernos se están convirtiendo en los consejos de administración de los mercados. ¿Hasta cuándo?

(1) El País, Madrid, 21 de febrero de 2012.#
(2) El Eurogrupo coordina y supervisa las políticas y estrategias económicas comunes de los Estados de la zona euro (eurozona). Una vez al mes congrega a los ministros de Economía y Finanzas de esos Estados.
(3) Entrevista al semanario alemán Focus, 4 de julio de 2011.
(4) Declaración a la radio pública alemana Deutschlandfunk, 1 de septiembre de 2011.
(5) Léase Rafael Poch, “Un documento alemán pide un comisario para Grecia”, La Vanguardia, Barcelona, 28 de enero de 2012.

Exconsejeros de la CAM acusan a la cúpula de la caja de falsear actas

ALICANTE.- El hundimiento de Caja Mediterráneo (CAM) ha dejado a los pies de los caballos a los representantes del Consejo de Administración y de la Comisión de Control. A todos, aunque a unos más que otros, los envuelve un manto de sospechas por el cúmulo de irregularidades, descontrol y mala gestión que llevó a la caja a ser intervenida por el Banco de España en julio de 2011. Y el aspecto de mayor impacto social tiene que ver con los elevados sueldos y millonarias indemnizaciones con las que un grupo de directivos salió de la caja antes de su intervenida, a juicio de 'El País'.

 El primer muro que tendrán que superar los exdirigentes de la CAM es el expediente disciplinario del Banco de España. El grueso de los afectados, 49 excargos que formaron parte de los órganos de gobierno entre 2008 y 2011, han optado por defenderse de manera individual a pesar de que el expediente del supervisor es genérico y no concreta las acusaciones individuales. En líneas generales, los exvocales de estos órganos podrán en el acento en el escaso poder decisorio que tenían frente a la cúpula, principalmente ante los directores generales, Roberto López Abad y su sucesora, María Dolores Amorós. Y, además, alegarán que el consejo, presidido por Modesto Crespo, falseó al menos dos actas de las reuniones. Una relativa al sueldo de Crespo y otra a la obligatoriedad de informar sobre una circular del supervisor. Entre las actas supuestamente falseadas está la de la reunión del 21 de diciembre de 2010 (once días después de que Amorós fuera nombrada directora general).
El 14 de diciembre previo el Banco de España remitió una circular a Amorós de obligatoria lectura en el consejo. Ni Crespo ni Amorós dieron cuenta de la carta en esa reunión, según distintos exconsejeros. Pero, paradójicamente, la misiva apareció posteriormente incluida en el acta de ese consejo. En la comisión de control se informó escuetamente de que había concluido la inspección del supervisor sin más detalles, a pesar de que en el acta posterior de esa reunión la referencia es mucho más amplia, agrega un vocal del mismo. Otra acta que algunos consejeros esgrimirán que se falseó es una reunión del consejo en 2009, al poco de llegar Crespo a la presidencia. Allí, nadie informó de que Crespo iba a tener un sueldo (300.000 euros) a través de una participada de la CAM . E igualmente, en el acta posterior se incluyó que sí se había dado cuenta de ese extremo nada baladí (antes ningún presidente había cobrado). Además, en los últimos meses se enviaron numerosas circulares internas “en las que Amorós encubre la situación de la caja”, dice un afectado por el expediente. “Ha sido un engaño detrás de otro”, agrega esta fuente, que al igual que otras asegura que el resultado del juicio por el despido de Amorós afectará al expediente. Si la juez que instruye el caso da la razón a los administradores del Banco de España que despidieron fulminantemente a Amorós libera indirectamente de cierta responsabilidad a los órganos de gobierno de la caja. Si le da la razón a Amorós, sobre ellos recaería más responsabilidad.

Mala imagen

Amorós acentuó la mala imagen que ha proyectado la entidad al reclamar hace una semana en el juicio por su despido laboral 10 millones de euros más de indemnización. El Banco de España, en su carta de despido, la acusa falsear las cuentas de la caja mediante artificios financieros y adjudicarse una pensión vitalicia de 369.497 euros a espaldas de los órganos de control. En líneas generales, los afectados comparten algunas pinceladas en las estrategias de defensa. Esgrimen que las cuentas de la caja estaban auditadas por KPMG y eran revisadas por el Banco de España. Y algunos recuerdan que los órganos de gobierno están compuestos por vocales a menudo ajenos al sector financiero, cuya labor es controlar los temas generales de la caja, no revisar la veracidad de cada paso que se da, entre otras cuestiones porque carecen de conocimientos para ello. “Das por supuesto que determinadas cosas se hacen bien”, resume un exconsejero. Varios vocales también coinciden en asegurar que entre sus alegaciones destacarán que votaron en contra de determinadas decisiones o que preguntaron por algunos asuntos al dudar sobre ellos. Uno de esos asuntos a los que se opusieron estos consejeros fue la renovación de préstamo de la CAM a Terra Mítica por indicación expresa del Gobierno Valenciano.
A partir de ahí, hay muchos matices en la defensa. Hay vocales de distintos años, decisiones de los primeros ejercicios o de los momentos previos a la intervención, medidas acordadas en distintos órganos de gobierno, o afectados que tenían responsabilidades además en otras comisiones de la entidad. Los 49 exdirectivos empezaron esta semana a presentar sus alegaciones, aunque la mayoría lo hará esta.