lunes, 27 de febrero de 2012

Almunia avala que titulares de cuotas participativas de la CAM pierdan su inversión

BRUSELAS.- El vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, ha avalado que los titulares de las cuotas participativas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) pierdan su inversión tras su compra por parte del Banco Sabadell por considerar que deben contribuir a los costes de reestructuración de la entidad.

   "La Comisión es consciente de la pérdida de valor de las cuotas participativas emitidas por la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Las cuotas participativas son instrumentos equivalentes a acciones concebidas específicamente para las cajas de ahorros españolas y constituyen, al igual que otras participaciones tales como los valores, un instrumento financiero de absorción de riesgo", ha dicho Almunia en respuesta a una interpelación parlamentaria del eurodiputado de ICV, Raül Romeva.
   El vicepresidente del Ejecutivo comunitario ha dicho que una de sus "principales preocupaciones" al evaluar los planes de rescate de entidades financieras es "es aplicar el principio de 'reparto de cargas', en virtud del cual el coste de la reestructuración de una institución financiera beneficiaria de ayudas no solo corresponde al contribuyente, sino también a sus accionistas y, en particular, a los titulares de acciones e instrumentos subordinados".
   Almunia asegura no tener "una opinión específica con respecto a la emisión de esas acciones por la CAM en 2008" y se limita a señalar que "corresponde a las autoridades nacionales garantizar que los inversores, en especial los minoristas, sean plenamente conscientes de los riesgos que corren al invertir en productos financieros".
   En su interpelación, Romeva recordaba que la CAM colocó en bolsa un total de 155 millones en cuotas participativas en 2008 y que unos 54.000 inversores se han visto afectados por su pérdida total de valor.

Banco Sabadell iniciará acciones comerciales con impositores de la CAM afectados por preferentes

ALICANTE.-  El Banco de Sabadell iniciará acciones comerciales en las próximas semanas con impositores de la CAM "afectados" por las participaciones preferentes, y ha manifestado su disposición de atender en primer lugar a los afectados que tengan "problemas urgentes".

   La Asociación de Impositores Valencianos de CAM (AIVCAM) ha informado en un comunicado a sus sindicados de la reunión que mantuvieron este jueves cinco miembros de la asociación con el director general y responsable de la puesta en marcha de la CAM, Miquel Montes, en Barcelona.
   Según AIVCAM, de la reunión con los directivos del Sabadell se desprende que los "clientes de la CAM afectados con productos paralizados representan un fondo de comercio que tiene un valor intangible que se traduce en euros en el balance y que el Banco Sabadell no quiere perder".
   Por ello, ha añadido, pretende iniciar en unas dos semanas una serie de "acciones comerciales" con los "clientes afectados" por diversos productos comercializados por la CAM. El objetivo es "recuperar a los impositores y los fondos de aquellos que los sacaron".
   Así, según trasladaron desde el Sabadell a la asociación, están "estudiando cada caso" y "propondrán de mutuo acuerdo las soluciones comerciales", para las que tendrán prioridad los impositores con "problemas urgentes".
   En este sentido, AIVCAM apunta que el Banco Sabadell propone "amortizar con acciones las participaciones preferentes y resto de productos de renta fija", en un plazo estimado entre mayo y junio.
   No obstante, la asociación alerta de que el "tratamiento individual puede plantear el problema de que, independientemente de las instrucciones que vengan de la dirección, cada uno de los comerciales puede tener criterios subjetivos que pueden afectar a los más débiles".
   "La desconfianza no la podemos evitar dado que el mismo personal que ha colocado productos a personas inadecuadas es el mismo que ahora habrá de aplicar las acciones comerciales", ha dicho.
   Así, ha resaltado que hay "impositores con importantes fondos que no están dispuestos a que se les rebaje ni un euro de la pequeña cantidad --en comparación con lo que tienen-- de lo que entienden se colocó de manera no ética y si no es restituida la pequeña cantidad, retirarán todos sus fondos". Sin embargo, según la asociación, "otros impositores más humildes tal vez no estén en estas condiciones".
   Por ello, AIVCAM ha apostado por "defender colectivamente el fondo de comercio" que representan los impositores. Para ello, creará "un foro estricto para sindicados en la página web de www.impositorscam.com para intercambiar información de lo que esté sucediendo para homogeneizar al máximo el proceso", al tiempo que convocará una nueva asamblea para el próximo 10 de marzo en el Centro de Congresos Elche.

Ana Pastor dice que no hará obras públicas "innecesarias"

MADRID.- La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha asegurado que no hará obras "innecesarias", aunque ha señalado que las infraestructuras seguirán siendo la columna que vertebra España y ha aventurado una etapa "llena de posibilidades", que supondrá una "gran clarificación" y un incremento de la transparencia.

   Así lo ha señalado Pastor en la toma de posesión del secretario general de Infraestructuras, Gonzalo Ferre, el presidente de Ineco, Pablo Vázquez, y el presidente de Senasa, Pablo Fernández, donde la ministra ha asegurado que continuará con las obras iniciadas por el anterior Gobierno y ha pedido "confianza" en la nueva etapa que comienza.
   Pastor ha adelantado que en los próximos meses entrará en vigor un nuevo código ético que afectará a todos los funcionarios públicos y que mejorará la transparencia que necesita un ministerio tan inversor como el de Fomento.
   Por otro lado, ha resaltado la importancia de la transformación que tiene que vivir la inversión del Departamento que dirige, que debe incorporar la participación del sector privado para seguir invirtiendo con "austeridad, determinación y respeto a la equidad".
   Pastor ha felicitado a los nuevos altos cargos del Ministerio y ha agradecido la labor realzada por sus antecesores, sobre todo por el apoyo prestado desde su toma posesión como ministra porque le ha permitido trabajar "de forma continuada" a lo largo de estos meses.
   Ha garantizado que Ferre, Vázquez y Fernández trabajarán con "la voluntad de hacerlo bien, el esfuerzo y la dedicación" de quien sabe que tiene "algo importante entre manos". De hecho, ha asegurado que el nuevo Ministerio de Fomento trabajará con "lealtad" a los funcionarios y a todo el sector, con "transparencia" y teniendo en cuenta siempre que están cumpliendo una "labor" del Estado como dinamizador, regulador y garante.
   En concreto, Pastor se ha referido a Ferre y ha asegurado que su nueva labor como secretario general de Infraestructuras le va a suponer "mucho trabajo", plagado de jornadas "intensas y agotadoras", aunque le ha garantizado su apoyo para que el sector de las infraestructuras siga siendo "clave" para el país.
   Al nuevo presidente de Senasa, Pablo Fernández, le ha dado las gracias por aceptar la tarea de abordar algo tan importante como la seguridad aeronáutica, mientras que al nuevo presidente de Ineco, Pablo Vázquez, le ha recordado que su trabajo consistirá en hacer que el Ministerio tenga conocimiento de nuevos modos de infraestructuras pioneras y eficientes.
   "Gracias a los tres y mi más sincero agradecimiento", ha dicho Pastor, quien ha recordado a los nuevos miembros del Ministerio que hoy es el día "más feliz" del cargo, ya que a partir de mañana tendrán que abordar los diferentes problemas de la economía, aunque ha asegurado que no les faltará "espíritu de equipo y ayuda".

Un jurista avisó de las graves consecuencias para la CAM de abandonar el SIP

ALICANTE.- Los consejeros de Caja Mediterráneo (CAM) eran conscientes en noviembre de 2010 de que la «fusión fría» que estaban negociando con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria constituía su última tabla de salvación: si el proyecto fracasaba, la caja de ahorros alicantina sería intervenida por el Banco de España. Un pronóstico que, efectivamente, se cumplió ocho meses después, el pasado 22 de julio, según 'Abc'.

El consejo de administración de CAM se reunió el 26 de noviembre de 2010 para estudiar las consecuencias legales del contrato de integración en el Sistema Integral de Protección (SIP) que el presidente de la entidad, Modesto Crespo, se disponía a firmar con los máximos responsables de las otras tres cajas implicadas. Durante la sesión, los consejeros analizaron un «informe confidencial» —al que ha tenido acceso 'Abc'— elaborado por el letrado del consejo, el murciano Juan Martínez-Abarca, sobre las consecuencias que la fusión tendría para la caja.
En su dictamen el letrado constataba que, tal como había sido redactado, el contrato de integración en el SIP constituía una «auténtica cesión de soberanía», mediante la cual CAM entregaba al Banco Base todo su negocio financiero y casi todas sus atribuciones, salvo la gestión de la Obra Social.
Pese a mostrar su desacuerdo con algunas cláusulas del contrato, el letrado constató que ya no había marcha atrás: a Modesto Crespo no le quedaba otra alternativa que aceptar las condiciones impuestas por el Banco de España, pues en caso de romper la fusión, Caja Mediterráneo se exponía a severas sanciones, dado que el acuerdo ya había sido ratificado por dos de las partes afectadas: Cajastur y Caja Extremadura.
El informe indica literalmente que «una negativa nuestra a firmar a estas alturas, podría ser considerada como un incumplimiento grave de la cláusula 23.1 del Contrato de Integración, que daría lugar a las penalizaciones y medidas de intervención» previstas. La cláusula citada del contrato establecía que si cualquiera de las cuatro cajas decidía desvincularse de la fusión tendría que afrontar una penalización equivalente al 30% de los recursos propios del Banco Base.
Dado que los recursos del banco resultante estaban estimados en 7.400 millones de euros, si Caja Mediterráneo decidía romper la fusión tendría que abonar a sus socios una multa de 2.220 millones de euros, una cifra completamente inasumible en esos momentos para la caja alicantina. De hecho, los 2.800 millones de euros que el Banco Base solicitó al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) se destinarían luego a sanear íntegramente Caja Mediterráneo, que había sufrido un grave proceso de descapitalización como consecuencia de la fuga de depósitos y de los créditos multimillonarios otorgados al sector de la promoción inmobiliaria, que resultaron fallidos.
Por tanto, si CAM abandonaba la fusión tendría que afrontar un pago de 2.200 millones de euros que haría inevitable su rescate por parte del Banco de España. Pese a todo, la firma del contrato de integración, rubricado por Crespo un mes después, el 28 de diciembre de 2010, sólo sirvió para retrasar este desenlace.
La fusión pactada quedó definitivamente rota en marzo de 2011, después de que el presidente de Cajastur, Manuel Menéndez, conociera los informes desfavorables que el Banco de España había emitido sobre la situación financiera de Caja Mediterráneo. Y finalmente, cuatro meses después, el Banco de España intervino la CAM y sustituyó a su consejo de administración por tres administradores designados por el FROB.
En la sesión celebrada el 17 de noviembre, los consejeros de CAM se interesaron por conocer si se les podía exigir alguna responsabilidad penal por las decisiones del Banco Base, una vez le hubieran cedido todas sus atribuciones. El letrado de CAM argumentó que «están exentos de responsabilidad quienes actúan en virtud de la obediencia debida».

La CAM garantizó la solvencia de la caja a sus consejeros una semana antes de quebrar

ALICANTE.- La cúpula directiva de Caja Mediterráneo (CAM) garantizó a sus consejeros la «solvencia» y «viabilidad» de la entidad sólo una semana antes de que la caja tuviera que ser intervenida por el Banco de España porque estaba en una situación de quiebra técnica.

Así lo acredita el correo electrónico que los máximos responsables de CAM remitieron a los miembros de su consejo de administración el 15 de julio de 2011, una semana antes de que todos ellos se vieran obligados a dimitir de sus cargos para que el Fondo de Reestructuración Ordenada bancaria (FROB) se hiciera cargo de la gestión de la caja.
El documento, al que ha tenido acceso 'Abc', fue enviado desde la dirección secorgob@cam.es, que corresponde a la secretaría de los órganos de gobierno de la CAM, que en aquel momento estaban encabezados por el presidente Modesto Crespo y la directora general, María Dolores Amorós. Bajo el título «El FROB ha confirmado a CAM que, como entidad viable, le continuará apoyando en su plan de recapitalización», pretendía enviar un mensaje de confianza a los directivos de la entidad, en medio de las informaciones cada vez más inquietantes que se estaban difundiendo sobre su futuro.
El FROB acababa de confirmar que inyectaría a Caja Mediterráneo 2.800 millones de euros para que pudiera cumplir los requisitos de recursos propios exigidos por el Banco de España y hacer frente a sus compromisos inmediatos de pago. Algo que, en la práctica, suponía la «nacionalización» de la caja, al convertirse el Estado en su accionista mayoritario. No en vano, las informaciones sobre el estado de CAM y sobre la ruptura de la fusión fría pactada con Cajastur habían causado una evidente alarma pública y provocado que la entidad con sede en Alicante perdiera más de 5.000 millones de euros en depósitos, retirados por sus clientes, en los siete meses precedentes.
En su correo electrónico, la cúpula de CAM recalcaba que la entrada del FROB en su capital «aporta fortaleza y seguridad, y refuerza la confianza en CAM de los mercados y de sus más de 3,3 millones de clientes». La nota dirigida a los miembros del consejo de administración insistía en que la inyección de capital público no afecta al normal funcionamiento del negocio y constituye, si cabe, una mayor garantía para nuestros clientes porque supone que contamos con uno de los socios más potentes que podemos tener»: el propio Estado español.
El escrito elaborado por la cúpula de la caja abundaba en el mismo argumento al afirmar que «los fondos del FROB se otorgan a entidades viables y solventes. CAM no ha dejado de obtener beneficios durante todos los ejercicios», para agregar que, «durante 2010, CAM obtuvo un beneficio de 244 millones de euros y continúa en esa misma línea durante el presente ejercicio». La dirección de la caja concluía su escrito dando instrucciones a sus consejeros para dejar claro que en absoluto nacionalización es sinónimo de intervención. Nacionalización supone garantía, confianza y futuro, ya que el Estado participa en nuestro proyecto».
Tan sólo una semana después de difundir esta nota, el 22 de julio de 2011, el consejo de administración de CAM presidido por Modesto Crespo dimitió en bloque y pidió la intervención del Banco de España ante la situación insostenible que atravesaba la caja, descapitalizada por la fuga de depósitos y por los créditos al sector del «ladrillo» que resultaron impagados. Tras asumir su gestión, los administradores del FROB constataron que la caja había perdido 1.135 millones en el primer semestre, en lugar de presentar 81 millones de beneficio como sostenía el equipo de Amorós.

Durante 2011 desaparecieron 1.500 empresas familiares en la Región

MURCIA.- La destrucción neta de empresas en la Región de Murcia durante el pasado se elevó a 1.466, lo que supone un incremento del 103 por ciento respecto a 2010. A escala nacional, este aumento se situó en el 71 por ciento, según datos de la Asociación Murciana de Empresa Familiar (Amefmur).

  En 2011 Murcia registró un peor comportamiento en este parámetro que en el resto de España en el cómputo por CCAA.
  Amefmur ha reconocido que 2011 "ha sido uno de los peores años, si no el peor, de la historia moderna en cuanto a destrucción de empresas y empleo".
"Hemos llegado a la peor situación en la que podíamos estar. Hay que tener en cuenta que la destrucción de empresas conllevó igualmente una destrucción del empleo en Murcia que podría situarse entre las 9.000 y 10.000 personas que acabaron en la cola del paro", según un portavoz.
   Por sectores, el 44,8 por ciento de las empresas que han cesado su actividad pertenecían al sector de la construcción y casi un 22 por ciento estaban dedicadas a actividades inmobiliarias. Por tanto, dos de cada tres empresas estaban estrechamente ligadas a la vivienda.
   En este sentido, el citado portavoz ha explicado que "la construcción prácticamente estaba en el 50 por ciento y se sumó por afinidad del sector la actividad inmobiliaria, con más del 60 por ciento, mientras que solo una de cada tres no estaba relacionada con la construcción".
   Por contra, a nivel regional un total de 3.160 empresas comenzaron o reanudaron su actividad (un 13,4 por ciento más que el año anterior), mientras que las bajas llegaron hasta 4.606 (31,7 por ciento más).
   Los concursos de acreedores en la Región fueron 152, suponiendo un incremento del 15,5 por ciento respecto al año anterior, porcentaje algo inferior al nacional.
   En el último Barómetro de la Empresa Familiar se establece que de cara al ejercicio 2012, las previsiones macroeconómicas del Proyecto de Ley de Presupuestos para 2012 elevan el crecimiento del PIB regional al 1,1 por ciento, lo que supone una rebaja de 3 décimas respecto a la previsión de comienzos de año, al 0,4 por ciento en el caso del empleo y al 0,7 por ciento en el número de desempleados.
   En el barómetro, los investigadores de la Cátedra de la Empresa Familiar de la UMU y Amefmur también hacen referencia a las previsiones de Funcas cuya actualización, realizada a finales del mes de diciembre, sitúa a la Región en el "furgón de cola" del crecimiento por Comunidades Autónomas con una caída del 0,9 por ciento.
   Previsiblemente, sólo el sector primario (agricultura, ganadería y pesca) crecerá en términos reales en 2012 en Murcia (0,4 por ciento), pero en cuantía "claramente insuficiente" para compensar las caídas de industria (-0,6 por ciento), construcción (-5,8 por ciento) y servicios (-0,5 por ciento). Con estos resultados, la tasa de paro se elevará hasta el 27,1 por ciento de la población activa y la renta disponible se reducirá un 2,1 por ciento.
   Por otro lado, desde Amefmur se ha adelantado que "se han empezado a pagar las deudas de menor cuantía a proveedores".