jueves, 16 de febrero de 2012

La Defensora del Pueblo pide a la Policía medidas para "erradicar" identificaciones de inmigrantes

MADRID.- La Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, se ha dirigido a la Dirección General de Policía (DGP) para pedirle que adopte medidas tendentes a "erradicar" la "práctica policial detectada" por la que se realizan controles callejeros de identidad basados en perfiles étnicos y raciales.

   La actuación se deriva de una queja elevada por el abogado y presidente de CEAR Euskadi, Javier Galparsoro. En la respuesta, la Defensora explica que tras escuchar las alegaciones de la DGP, le ha dirigido un recordatorio de deberes legales y dos recomendaciones por este asunto.
   En concreto, solicita a la DGP que se impartan "las instrucciones oportunas a fin de erradicar la práctica policial detectada consistente en controles de identificación, basados en perfiles étnicos y raciales".
   En esta línea, recomienda que se arbitren "mecanismos de control a posteriori, que permitan verificar el número y la motivación de las identificaciones realizadas en la vía pública por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía".
   Asimismo, en otra de las recomendaciones, la Defensora del Pueblo solicita la modificación de la Circular 1/2010 de 25 de enero que pedía agilidad en la tramitación de los procedimientos sancionadores a inmigrantes sin permiso de residencia "a fin de que sean correctamente interpretados los supuestos de 'detención cautelar' y traslado a comisaría de ciudadanos extranjeros identificados".
   La Alta Institución recuerda a la DGP su "deber legal" de "no proceder a la detención y posterior traslado a dependencias policiales de ciudadanos extranjeros debidamente identificados si no se dan los presupuestos legales de una detención penal", de una retención en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana o de una de las detenciones cautelares contempladas en la Ley de Extranjería.
   Conforme recoge el escrito, cuando la Dirección General fue preguntada por este asunto remitió un informe argumentando que las identificaciones no están vinculadas a la Ley de Extranjería ni a la Circular 1/2010, porque obedecen a "labores preventivas que afectan tanto a ciudadanos extranjeros como españoles'".
   Además, la DGP, dependiente del Ministerio del Interior, explicó que "el traslado a comisaría de un extranjero debidamente identificado pero en situación irregular en España encuentra amparo legal", tanto en la Ley de Extranjería como en la de Seguridad Ciudadana.  
   "Este organismo considera que la conducción del extranjero a comisaría, aún llevando consigo la oportuna identificación, es una 'interpretación integradora del ordenamiento jurídico basada principalmente en los textos citados", explica la Defensora del Pueblo.
   En su informe, la DGP recuerda que "es obligación" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado velar por el cumplimiento de las leyes y disposiciones generales, y que la normativa atribuye al Cuerpo Nacional de Policía "las funciones previstas en la legislación de Extranjería, refugio, asilo, extradición, expulsión emigración e inmigración", obligación que, de no llevarse a cabo "podría ser objeto de responsabilidad disciplinaria por dejación de facultades o deberes".

El ministro Soria apoya una "reforma integral" de la Ley de Costas para impulsar el turismo

MADRID.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha mostrado su apoyo hacia una "reforma integral" de la Ley de Costas para dar impulso al sector turístico, ya que aunque aboga por o realizar una "utilización no abusiva" de las costas españolas, esta regulación debe ser compatible con incorporar "el valor" de las mismas, señaló durante su intervención en el Foro de Nueva Economía.

   Soria señaló que el sector necesita "impulso" para fidelizar el nivel de turistas registrados en 2011 ya que el aumento de la afluencia de visitantes extranjeros el año pasado se produjo principalmente por factores "exógenos", como el tipo de cambio libra-euro, la bonanza económica de Alemania y el desvío de turistas procedente de Egipto y Túnez por la denominada 'Primavera Árabe'.
   Es por ello que clamó por realizar reformas en el sector por el lado de la oferta, señalando que el 75% es de 'sol y playa', segmento en el que existe una gran competencia con otros países emisores y en el que no se debe competir a través de los precios, ya que por este camino se pierde "competitividad". "Los ajustes de precios no son la solución", declaró.
   La respuesta a la fidelización de clientes por el lado de la oferta tiene que venir de la mano de la parte alojativa, por lo que es necesario dotar de flexibilidad a los operadores, administraciones y resto de agentes implicados para que puedan "modernizar sin trabas". Además, el ministro se comprometió a "apoyar financieramente" estas iniciativas.
   Por el lado de la demanda, Soria apuntó a la existencia de una posición dominante de mercado de los touroperadores y atacó las prácticas de subvenciones a las 'low cost' por parte de ciertas comunidades autónomas. "Esto es pan para hoy y hambre para mañana", resaltó, ya que se trata de prácticas "discriminatorias" que "detraen recursos públicos" y deterioran la imagen del destino.

De Guindos eleva el saneamiento por activos inmobiliarios a 52.000 millones

MADRID.- El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha elevado el saneamiento necesario en el sector financiero por los activos vinculados al 'ladrillo' a unos 52.000 millones de euros, a 31 de diciembre de 2011. 

   "Es un esfuerzo muy sustancial", avisó el ministro durante su intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados. De Guindos defendió el decreto que aprobó la reforma financiera el pasado 3 de febrero, al enmarcarla dentro de una serie de "medidas profundas" para afrontar la "situación de emergencia" que sufre la economía.
   De Guindos recordó que las previsiones apuntan a un "empeoramiento" de la economía y del mercado laboral. Para el ministro, la caída prevista de la actividad del entorno del 1,5% se verá reflejada en el mercado de trabajo. "Los datos son alarmantes, hablan por si solos", enfatizó.
   El titular de Economía aconsejó por ello acometer medidas "profundas" de forma "rápida y decidida", entre las que destacó también la reforma laboral.
   De nuevo en su justificación de la reforma para sanear los balances bancarios, De Guindos avisó de que España es uno de los países donde más se contrae el crédito. "El sector financiero no ha conseguido cumplir con su papel canalizador del crédito", explicó.
   En este sentido, recordó que entre 2008 y 2011 la concesión del crédito se ha restringido un 6,5% hacia las empresas y un 3% hacia familias. "Si la caída del crédito se explica por la crisis, las cifras que estamos viviendo van más allá de lo razonable", subrayó.
   El ministro puso el acento en que las dudas en torno a los activos inmobiliarios lastraban la capacidad de las entidades financiera para acceder a los mercados mayoristas y por tanto a la economía.
   "El Gobierno actúa sobre la raíz del problema", aseguró, para después defender que el saneamiento persigue entidades "solventes y viables".
   De Guindos, quien se congratuló de la valoración de la reforma por parte del BCE, notificó una "cierta mejoría" tras la aprobación del decreto ley, como en las últimas colocaciones en los mercados y la "moderación" de los CDS.
   Por último, reiteró la intención del Ejecutivo de generar un "beneficio adicional", tendente a incentivar la venta de activos inmobiliarios y además hacerlo con "importantes descuentos".

Agricultores españoles recurrirán ante el TUE el acuerdo agrícola con Marruecos

MADRID.- Los productores españoles recurrirán el nuevo acuerdo agrícola con Marruecos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por las consecuencias que tendrá su aplicación, entre ellas la pérdida de empleo y el agravamiento de la crisis. 

   En concreto, la organización agraria COAG presentará dicho recurso al considerar que la ratificación del acuerdo es un "duro mazazo" para el campo español, ya que hipoteca el futuro de 250.000 explotaciones hortofrutícolas y amenaza 450.000 puestos de trabajo y más de 8.500 millones de euros en exportaciones al año.
   "No nos vamos a quedar de brazos cruzados viendo como la UE abandona a su suerte a los productores de frutas y hortalizas españoles, facilitando la entrada sin control de productos marroquís cultivados con sueldos de miseria, con nulas garantías sociales para los trabajadores y con la utilización de fitosanitarios para el tratamiento de plagas prohibidos hace décadas en la UE por su agresividad", ha afirmado el responsable de frutas y hortalizas de COAG, Andrés Góngora.
   El informe jurídico que están ultimando los Servicios Técnicos de esta organización recoge la vulneración de la normativa comunitaria, en materia de derechos fundamentales de los consumidores, al tiempo que atenta contra la legalidad internacional, en lo referente a la inclusión de los territorios del Sáhara Occidental.
   Por su parte, UPA ha considerado que la cámara europea asesta con esta decisión un "duro golpe" a los productores españoles de frutas y hortalizas, que "vuelven a ser usados como moneda de cambio y verán peligrar sus explotaciones por causa de un acuerdo injusto que perjudicará a muchos y beneficiará a unos pocos".
   Por ello, el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha exigido compensaciones para los agricultores más afectados por el nuevo acuerdo. "Somos los paganos de esta decisión europea, y es de justicia que seamos compensados por el perjuicio tan grave al que se verán sometidas nuestras explotaciones", ha afirmado.
   Ramos ha lamentado que una mayoría de eurodiputados haya hecho "oídos sordos" a sus reivindicaciones tras "años de trabajo y negociaciones" y ha considerado que el Parlamento justifica la aprobación del acuerdo en temas que "nada tienen que ver con la cadena agroalimentaria".
   Por su parte, Asaja también exigirá a la UE el establecimiento de compensación destinadas a paliar las pérdidas que sufrirán los productores españoles, así como el "máximo rigor y vigilancia extrema" para que las importaciones procedentes de Marruecos cumplan con todas las condiciones fijadas para acceder al mercado comunitario.
   Según Asaja, se trata de un "inmerecido castigo" a las producciones españolas, que ven como anualmente este acuerdo supone pérdidas para el sector de 2.240 millones de euros (un 16% de su facturación).
   Fepex ha señalado que el Parlamento Europeo no han tenido en cuenta las "graves consecuencias" que el actual acuerdo ya tiene en las zonas de producción españolas, ni los "reiterados incumplimientos" del protocolo en vigor por parte de Marruecos.
   "Hoy es un día triste para el sector hortofrutícola que afronta, ahora, un nuevo marco de competencia", ha afirmado Fepex.
   Una vez adoptado el acuerdo, Cooperativas Agroalimentarias ha indicado que "sólo queda minimizar sus consecuencias negativas" sobre el sector hortofrutícola. Para ello, ha apremiado a las autoridades comunitarias a reformar el régimen de precios de entrada "para impedir cuanto antes que los operadores eludan, como hasta ahora, pagar las tasas aduaneras".
   Asimismo, ha demandado a la Comisión que se implique "inmediatamente" en los procedimientos aduaneros para que los controles sobre los productos procedentes de Marruecos "sean rigurosos y eficaces".
   El valor de la producción de frutas y hortalizas en España en 2011 ha caído un 11% con relación al año anterior, pasando de 15.269 millones de euros a 13.616 millones de euros, según datos del Ministerio de Agricultura. Las frutas y hortalizas representan el 60% de la producción agraria española.

Rabat, satisfecho de la aprobación del acuerdo agrícola con la Unión Europea

RABAT.- El Gobierno marroquí se ha mostrado satisfecho de que  el pleno del Parlamento Europeo haya dado luz verde al nuevo acuerdo agrícola con Marruecos que permitirá una mayor entrada en el mercado comunitario de productos del país norteafricano y ha considerado que permitirá relanzar las relaciones bilaterales.

   El ministro de Agricultura y Pesca, Aziz Akhannouch, ha señalado en declaraciones a la agencia oficial MAP que tras la adopción de este acuerdo las "históricas" relaciones que mantiene Marruecos con la UE experimentarán una "dinámica nueva y positiva".
   "Todas las instancias europeas han comprendido que Marruecos y el lugar de los intercambios bilaterales deben ser objeto de un tratamiento muy positivo", ha subrayado el ministro. "Estamos satisfechos de los resultados logrados hoy", ha agregado, recordando que Marruecos se había movilizado a todos los niveles para lograr este  acuerdo.
   Por su parte, el presidente de la Confederación Marroquí de Agricultura y Desarrollo Rural (COMADER), Ahmed Ouayach, ha calificado de "señal fuerte" la enviada hoy por la Eurocámara a Marruecos y ha considerado que el acuerdo "abre una nueva página" en las relaciones y consolida la confianza entre ambas partes.
   Asimismo, ha considerado que el acuerdo "va a insuflar una nueva dinámica" a la agricultura marroquí y al sector de frutas y hortalizas en particular, que seguirá modernizándose.
   El pleno del Parlamento Europeo ha dado luz verde al nuevo acuerdo agrícola con Marruecos que permitirá una mayor entrada en el mercado comunitario de tomate marroquí. Los agricultores españoles critican el acuerdo porque creen que Rabat no respeta las reglas de precios y contingentes del convenio en vigor y los eurodiputados españoles de los distintos grupos anunciaron que votarían en contra.
   Los eurodiputados han aprobado el acuerdo por una mayoría de 369 votos a favor, 225 en contra y 31 abstenciones. Sin embargo, han rechazado una enmienda promovida por la socialista española Josefa Andrés que reclamaba compensaciones para los agricultores europeos. Todos los eurodiputados españoles han votado en contra del pacto, aunque por distintos motivos.
   Su entrada en vigor no se producirá antes del 1 de mayo ya que debe cumplirse un procedimiento formal en el Consejo, según han explicado hoy fuentes comunitarias, que han apuntado que tendrá una duración "de unos diez años", si bien las partes podrían retomar los contactos antes de que expire tal plazo.
   El nuevo régimen comercial para productos agrícolas y pesqueros ofrece una liberalización casi total para la mayoría de mercancías, pero prevé volúmenes más reducidos o contingentes arancelarios para una lista de producciones consideradas "sensibles" para la Unión Europea. Estas condiciones específicas valen para el tomate, el pepino, la fresa, la mandarina, el ajo, el calabacín y el azúcar.

AENA dejará de regular los derechos de vuelo o 'slots'

MADRID.- El Gobierno aprobará en los próximos meses un real decreto para separar de AENA a la autoridad responsable de adjudicar los derechos de vuelo ('slots'), regulador que quedará adscrito al Ministerio de Fomento, según anunció este jueves la ministra, Ana Pastor. 

   En rueda de prensa, tras reunirse en Fomento durante dos horas con las principales compañías y representantes del sector aéreo, Pastor calificó de "fundamental" esta medida, reclamada también desde el sector, y defendió que tiene "todo el sentido", ya que "supone separar la regulación del órgano proveedor". Además, explicó que se realiza siguiendo las recomendaciones de la UE.
   Asimismo, anunció la constitución de varios grupos de trabajo internos para avanzar en temas que preocupan al sector como la puntualidad, la seguridad o el cese de actividad, además de tratar con todos los implicados los derechos de los pasajeros.
   En este punto, como ya hiciera durante su comparecencia ante la Comisión de Fomento, tras el cese de Spanair, reiteró que se definirán los requerimientos tanto para el inicio de actividad como para la suspensión, siempre garantizando los derechos de los usuarios.
   "Queremos que nuestros aeropuertos sean seguros, es uno de nuestros objetivos más importante, y facilitarles a los ciudadanos las cosas", afirmó, para lo que se pondrán en marcha medidas que eviten que "tengan que perder el tiempo" por los retrasos, ya que "pagan impuestos y billetes" para ello.
    En cuanto a una posible revisión de las tasas aéreas, Pastor afirmó que "está en estudio en este momento" y recordó que el régimen de tasas y su modificación tiene que ver con la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE).
    Ante la pregunta de si desde Fomento se ha constatado un incremento de los precios por parte de las compañías especialmente en las islas tras el cierre de Spanair, Pastor apuntó que su Departamento no puede intervenir de forma directa, pero sí garantizar los servicios públicos.
    Pastor citó hoy en la sede del Ministerio a los principales representantes del sector aéreo --compañías aéreas, patronales y asociaciones-- para analizar la situación que atraviesa el sector, con temas fundamentales sobre la mesa como la puntualidad y la suspensión de actividad de Spanair, y la planificación de su departamento en esta materia para los próximos meses.

Mazazo del Parlamento Europeo a la agricultura murciana

ESTRASBURGO.- El Parlamento Europeo aprobó hoy jueves el acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos sobre la liberalización de los intercambios de productos agrícolas y pesqueros, que el sector hortofrutícola español teme que le perjudique de forma directa.

Este acuerdo, firmado en diciembre de 2010, prevé una liberalización del 55% de los derechos de aduana impuestos a los productos de la Unión Europea, frente al 33% actual, y del 70% de los derechos que afectan a los productos marroquíes, frente al 1% actual.
El acuerdo fue aprobado en Estrasburgo a pesar de la oposición de la comisión de Agricultura, que teme una competencia desleal para los productos del sur de Europa debido a los bajos costes de mano de obra en Marruecos.
El francés José Bové, del grupo de Los Verdes y ponente del dictamen del Parlamento, abogó él mismo por rechazar el acuerdo, por temer también un efecto devastador sobre las estructuras agrícolas de Marruecos, alegando el riesgo de que los pequeños agricultores marroquíes se vean despojados de sus terrenos por grandes grupos exportadores.
El comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, respondió a Bové señalando que Marruecos no era "un socio como los demás".
"Es un socio importante en términos políticos y económicos, pero también en el plano humano". Subrayó que el país se había comprometido a "alinear su política agrícola con el acervo comunitario", sobre todo en materia medioambiental.
Recordó que algunos productos, como las fresas, tomates, calabacines, pepinos, el ajo y las clementinas, no estaban cubiertos por el acuerdo.
"En el contexto político de la primavera árabe, nuestra asociación tiene vocación de profundizarse aún más para fortalecer el impulso democrático, con un mayor apoyo político y económico", agregó.
Desde España, la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) dijo que el acuerdo suponía perdidas para el sector de 2.240 millones de euros y que la Eurocámara no había tenido en cuenta aspectos como "las irregularidades aduaneras y la falta absoluta del más mínimo principio de reciprocidad en las condiciones de producción y venta".
"El Pleno del Parlamento Europeo ha ignorado por completo las consideraciones del Informe Bové, donde además del conflicto del Sahara Occidental, se pone de manifiesto la falta del preceptivo estudio de impacto económico", dijo en un comunicado.

Precarizando la precariedad: una reforma contraria a los derechos de los trabajadores / Adoración Guamán *

El 10 de febrero el gobierno de Mariano Rajoy aprobó la mayor mutilación de derechos laborales, individuales y colectivos de nuestra historia. Con un vergonzante ejercicio de cinismo y fabulación en la justificación de la norma, que se afirma como garante de la estabilidad en el empleo, el Partido Popular ha sometido absolutamente a nuestro ordenamiento laboral al dictado de las exigencias de la patronal y de los mercados desbocados.
Con el Real Decreto Ley 3/2012 el Gobierno ha impuesto una reforma que dinamita el principio de estabilidad en el empleo y ataca a los pilares fundamentales de la regulación de las relaciones laborales, situando al empresario en el centro del sistema y multiplicando sus capacidades de decisión unilateral sobre las condiciones de trabajo, prescindiendo del interés de los trabajadores, precarizando a los precarios y amputando gran parte del contenido del derecho al trabajo así como cercenando espacios de decisión propios de la acción colectiva de los trabajadores para someterlos al poder empresarial.
Pero la brutalidad de la reforma no nos resulta del todo desconocida. De hecho, la misma comparte con las reformas anteriores, llevadas a cabo por el PSOE, tanto las irregularidades de forma y justificación como las aberraciones de fondo, aun cuando el nivel de barbarie sea más alto. 
En cuanto a la vía para la realización de la reforma, y al igual que las anteriores, el Real Decreto Ley constituye un claro ejercicio del autoritarismo normativo del Gobierno del PP, acogiendo la idea del Profesor Baylos, que ha prescindido de la opinión del Parlamento y de los agentes sociales y que carece de justificación suficiente para acometer por “urgencia y necesidad” las profundas modificaciones que contiene. Por añadidura, siguiendo la ya práctica habitual, la norma se justifica con argumentos falsos, claramente manipuladores de la realidad normativa europea e internacional. Así, no puede afirmarse simplemente que esta norma nos “acerca a la realidad europea” al rebajar la cuantía de la indemnización o al eliminar la autorización de la Administración en los procesos de despido colectivo. Los sistemas de regulación de las relaciones laborales son productos complejos que no resisten la comparación por segmentos estancos. Allí donde hay indemnizaciones más reducidas suelen haber procedimientos más complejos o garantistas para la extinción del contrato, igualmente, donde no hay autorización suelen existir mayores garantías de recolocación de los trabajadores y de control de la decisión empresarial.  
 Igualmente, y como ocurriera en las dos reformas que la han precedido, la de 2010 y la de 2011, el gobierno pretende diluir su responsabilidad afirmando que actúa atendiendo a una continua reclamación de “todas las instituciones económicas mundiales y europeas que han analizado nuestra situación, por los mercados internacionales que contemplan la situación de nuestro mercado de trabajo con enorme desasosiego”,  para ceder absolutamente a las presiones de la Patronal, que ha obtenido un texto entregado a sus intereses. 
El fondo de la reforma también sigue con una senda pergeñada por las reformas acometidas por el gobierno del PSOE. Así, aun siendo la reforma más agresiva de la historia del derecho del trabajo español en democracia, no se trata de una contra-reforma sino de una profundización en la senda de involución de los derechos laborales, compartiendo con las reformas anteriores un punto fundamental de partida: utilizar las normas laborales como un elemento de amortiguación de las consecuencias de la crisis financiera y del modelo de producción, vinculando la creación de empleo con la desregulación normativa del mercado de trabajo, la bajada de los salarios y la práctica eliminación del derecho de los trabajadores a la estabilidad en el empleo.
Pero, sobre estos mimbres, el gobierno del PP ha traspasado las líneas rojas del ordenamiento laboral desestabilizando el mismo y rompiendo los últimos vestigios de potencial reequilibrador del mismo. Dos cuestiones fundamentales, la devaluación del coste de la mano de obra (abaratando despido y sobretodo salarios) y la exaltación del poder empresarial individual sobre las decisiones colectivas convierten a esta reforma en una suerte de refundación del derecho del trabajo, que pasa a convertirse en una mera regulación del mercado de trabajo, perdiendo su potencial equilibrador y tuitivo.
En estos momentos, más allá de los argumentos de rechazo en conjunto de la reforma, es necesario descender, poco a poco, en el contenido de las medidas concretas, para ir destilando de cada una de ellas el elenco de derechos que las mismas vulneran. De entre las medidas que conculcan claramente los derechos de los trabajadores y que van a provocar un ascenso todavía mayor de precariedad, temporalidad y un retroceso de los salarios de los segmentos ya precarizados de la clase trabajadora (jóvenes, mujeres y mayores de 45 años) deben destacarse por su especial brutalidad los siguientes:
1. En cuanto a la destrucción del principio de estabilidad en el empleo y el ataque al derecho al trabajo
- La reforma facilita el despido de manera general: abarata la indemnización por despido improcedente, de 45 días con un límite de 42 mensualidades a 33 días con un límite de 24, aplicándola parcialmente a los contratos ya vigentes de manera que va a provocar una reducción real de las indemnizaciones ya generadas; elimina los salarios de tramitación, retomando lo dispuesto en el Decretazo de 2002, que fue ampliamente contestado con la Huelga General del 20J y declarado posteriormente inconstitucional, permitiendo al empresario recurrir sin necesidad de consignar la indemnización al despido improcedente sin causa, derivando el pago hasta la sentencia judicial sin verse penalizado por ello; amplía los supuestos en los que el empresario puede despedir por causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas y de producción) y elimina el vínculo entre este despido y la reducción de puestos de trabajo, convirtiendo así el despido en una herramienta normal de la gestión de la empresa y no en una opción excepcional ligada al mantenimiento de la viabilidad de los puestos de trabajo; elimina la autorización administrativa en los procesos de despido, suspensión y reducción colectiva de trabajo, con la consiguiente reducción de la protección de los trabajadores en estos supuestos y del control del fraude y de las causas alegadas por las empresas.
- La reforma crea un nuevo contrato para “indefinido” para “emprendedores” con despido libre durante un año e incentivos fiscales y bonificaciones si se suscribe con colectivos ya precarizados, como son los jóvenes, mujeres o mayores de 45 años: pese al nombre utilizado, no puede llamarse indefinido a un contrato con un periodo de prueba, de despido libre, de un año de duración. Con este contrato se invierte la lógica del derecho del trabajo que atendía a las características de los trabajadores o de la prestación a realizar a la hora de diseñar contratos de trabajo, ahora se diseñan en función de las supuestas necesidades de los empresarios según el número de trabajadores que tenga la empresa, sin atender ni al capital de la misma a la hora de otorgar bonificaciones ni a las características de los trabajadores que son contratados por esta modalidad.
- La reforma precariza, aún más, la situación de los jóvenes menores de 33 años, ampliando las posibilidades para la utilización, incluso encadenada, del contrato para la formación y aprendizaje, que permite abonar salarios por debajo del SMI. A partir de ahora, la formación podrá ofrecerse en la misma empresa, abriendo así la puerta a deficiencias formativas en estos contratos.
- La reforma facilita la modificación de las condiciones de trabajo por voluntad del empresario, incluyendo el salario y la jornada: el empresario tendrá que alegar causas, más concretas y sencillas, pero no justificar la razonabilidad del cambio, sea geográfico, funcional o de condiciones de trabajo, por lo que el control judicial de la causa queda limitado.
- La reforma impone al trabajador una “flexibilidad”, introduciendo la posibilidad de realizar horas extraordinarias en el contrato a tiempo parcial, que permitirá una mayor disponibilidad del tiempo del trabajador al servicio del empresario y que impedirá de facto la conciliación entre la vida personal, laboral y familiar así como la formación continua.
2. Dada a la inclusión de múltiples incentivos fiscales y bonificaciones, lo que la reforma va a producir de facto es una transferencia de las prestaciones sociales para provecho del empresario.
3. En cuanto a la mutilación de espacios propios de los convenios colectivos y el ataque a la libertad sindical:
- La reforma permite el descuelgue en la empresa sobre cualquier condición de trabajo pactada en un convenio colectivo, incluyendo jornada. Las causas para justificar esta modificación a la baja en el ámbito empresarial se aligeran y por añadidura se impone un arbitraje obligatorio para el caso de que no se alcance un acuerdo entre la empresa y la representación de los trabajadores.
- La reforma impone la prioridad de la aplicación del convenio de empresa sobre los de nivel superior, sin que pueda modificarse esta prioridad por acuerdos interprofesionales, los convenios colectivos de ámbito superior a la empresa carecen ya por tanto de aplicabilidad asegurada en este ámbito, es decir, no regularán de facto las relaciones de trabajo.
- La reforma elimina la ultractividad normativa de los convenios colectivos, pasados dos años desde la finalización del convenio éste perderá vigencia, pasando a aplicarse los convenios superiores si los hubiere o, en su defecto, los mínimos del Estatuto de los trabajadores.
Por todo lo antedicho, por lo injustificado de la adopción mediante un Real Decreto, sin el acuerdo de los actores sociales y sin el debate parlamentario, por la falsedad de las razones que justifican la medida, por su ataque frontal a los pilares fundamentales que configuran el derecho del trabajo, por el contenido contrario a los derechos a los derechos de negociación colectiva y huelga (art. 37 y 29 CE), y por las medidas contrarias a los derechos de los trabajadores a un empleo estable y de calidad y en particular de los jóvenes, no nos cabe otra salida que la movilización social continuada hasta conseguir la retirada del texto. 
Junto con las movilizaciones, y en apoyo de las mismas, los juristas críticos debemos agotar todas las vías posibles para conseguir que la reforma sea objeto de control constitucional, así como mantener una denuncia documentada y formativa constante para evidenciar día a día las mentiras que fundamentan la invasión bárbara que ha acabado con lo poco de tuitivo y reequilibrador que tenía nuestro derecho laboral.
(*) Adoración Guamán, profesora de Derecho del Trabajo, Universitat de València

Los exconsejeros de la CAM pactan su defensa común ante el expediente y dicen que los directivos les engañaron

ALICANTE.- Los antiguos consejeros de Caja Mediterráneo que han sido expedientados por el Banco de España preparan con sus abogados una defensa común ante las graves acusaciones que se vierten en el informe remitido por el órgano supervisor. Algunos de los que fueron integrantes del máximo órgano de gobierno de la entidad alicantina presentarán las actas de los consejos de administración para argumentar que «fueron engañados», de acuerdo con las fuentes consultadas por el periódico 'Abc'.

El medio centenar de exconsejeros dispone, al igual que la anterior cúpula de la CAM que ha sido objeto del expediente informativo, de un plazo de veinte días que comenzó a contar el pasado lunes para presentar sus alegaciones. Con tal fin han comenzado a recabar las actas de las sesiones. Uno de los consejeros involucrados explicó a este periódico que en la última sesión a la que asistió, los directivos presentes expusieron unos resultados en los que se atribuían beneficios a la entidad cuando, en realidad, acumula pérdidas millonarias, como ha revelado la documentación que afloró tras la intervención de la caja por parte del Banco de España el 22 de julio del pasado año.
Entre las irregularidades plasmadas en el expediente elaborado por el organismo que gobierna Miguel Ángel Fernández Ordóñez figuran los préstamos concedidos por la propia entidad a miembros de su consejo a intereses irrisorios. Algunos de los implicados preparan la documentación que demuestra que sus préstamos fueron devueltos a precios de mercado. Algunos exconsejeros señalan, además, que su retribución mensual como tales apenas alcanzaba los 1.000 euros anuales en concepto de dietas.
Los miembros del consejo de administración destituido el pasado 22 de julio por el Banco de España mantuvieron ayer una reunión con abogados del despacho Cuatrecasas para preparar el contenido de las alegaciones que presentarán al expediente disciplinario.
Entre los expedientados se encuentran también los actuales miembros de la comisión de control de la CAM— presidida por el empresario murciano Juan Ramón Avilés Olmos—, que no han sido relevados en sus funciones. Con el fin de preparar su defensa, los miembros de la comisión aprobaron el pasado lunes un requerimiento en el que piden a los administradores designados por el FROB que les faciliten abundante documentación interna de la caja, incluyendo todas las actas de la asamblea general, del consejo de administración, del comité de dirección y de las distintas comisiones desde el ejercicio 2007. Del mismo modo, la comisión de control ha requerido a los administradores designados por el Banco de España los resultados de todas las auditorías de la CAM y de sus sociedades participadas, desde ese mismo año.
La comisión de control sigue ejerciendo sus funciones de supervisión de la caja por lo que, según las fuentes consultadas, los administradores del FROB no le pueden negar el acceso a esta documentación.
El presidente de la comisión de control de la entidad indicó declaró a 'Abc' que el expediente disciplinario elaborado por el Banco de España contiene «graves inexactitudes, que en un informe elaborado por funcionarios públicos pueden constituir un presunto delito de falsedad documental», por lo que en sus alegaciones exigirá al órgano regulador que rectifique las acusaciones, que considera infundadas.
Avilés añadió que emprenderá acciones penales contra los responsables del Banco de España o contra los autores del expediente disciplinario para defender su honor si la institución que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez no accede a esta petición.
El expediente disciplinario acusa a los miembros de la comisión de control de haber cobrado de dietas como consejeros de sociedades participadas por CAM, sin haber informado de ello a la asamblea general. Al respeto, Avilés explicó que él mismo informó personalmente a la asamblea sobre el cobro de estas dietas —aunque sin especificar su cuantía— en la sesión celebrada en diciembre de 2007, tal como consta en el acta de la reunión, a la que ha tenido el periódico 'Abc'.