martes, 31 de enero de 2012

Presidente del BS: el crédito no fluye "porque no hay demanda solvente"

MADRID.- El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, ha asegurado que el crédito no fluye en España "porque no hay demanda solvente", y ha reclamado al Gobierno que adopte las medidas adecuadas para restaurar la confianza en la economía, en especial alusión a las reformas financiera y laboral.

   "Quiero dejar muy claro que no prestamos más porque no hay demanda solvente", ha incidido el presidente del primer banco español durante la presentación de los resultados anuales del banco, que arrojaron un beneficio atribuido de 5.351 millones de euros, un 35% menos que en 2010.
   El crédito concedido por el Banco Santander en España bajó un 7% en 2011, mientras que los préstamos al sector no residente experimentaron un crecimiento del 8%. El importe de la inversión crediticia neta del grupo se situó en 750.100 millones al cierre del año, casi un 4% más.
   Botín ha tachado de "imprescindible" de cara al futuro que el Gobierno de Mariano Rajoy adopte dichas medidas, si bien ha reconocido que éstas pueden ser "dolorosas" a corto plazo, "para los funcionarios, para los banqueros, para todos". 
"Para que fluya el crédito hay que tener confianza, y si el Gobierno toma las medidas, la habrá", vaticinó.
   En este sentido, Botín expresó su confianza en que España logre cerrar el ejercicio 2012 con un déficit del 4,4%, de acuerdo a lo comprometido con la Unión Europea, y descartó de plano la posibilidad de que se pida una prórroga para su cumplimiento. "Lo que hay que hacer es cumplir con las normas de Bruselas, y estoy convencido de que el Gobierno va a cumplirlas", sostuvo Botín.

Botín aboga por que la banca culmine el saneamiento del ladrillo este año

MADRID.- El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, ha abogado por que las entidades financieras culminen el saneamiento de sus balances por su exposición al 'ladrillo' durante el presente ejercicio, y por que se limite el uso de fondos públicos. 

   A falta de conocer los detalles de la reforma financiera que presentará el Gobierno próximamente, Botín sostuvo que la exigencia de provisiones adicionales sobre activos inmobiliarios por importe conjunto de unos 50.000 millones de euros "va en la buena dirección".
   Durante la presentación de los resultados anuales del Santander, el presidente del primer banco español subrayó que las provisiones "deberían constituirse este ejercicio en su totalidad", y que "cada entidad deberá hacer sus propias provisiones" limitando el uso de recursos públicos.
   Botín aseguró que la reforma financiera "debe finalizar cuanto antes" y que "hay que dar nuevos pasos", a pesar de que se ha avanzado mucho en el proceso de reestructuración del sector con la transformación de las cajas de ahorros y la reducción del número de entidades.
   El presidente del Santander defendió que las entidades no viables "deberían ser vendidas" y que el nuevo entorno bancario deberá contar con entidades más grandes, más sólidas, más eficientes, y con una red de distribución más ajustada a la dimensión del negocio..
   Botín recordó que "los bancos ya han hecho un esfuerzo excepcional" y sin precedentes en Europa con motivo de la obligada fusión de los Fondos de Garnatía de Depósitos de bancos, cajas y cooperativas de crédito "a fin de solucionar, con recursos del fondo de los bancos, los problemas de algunas cajas de ahorros".
   A su parecer, los pasos que está dando el Gobierno español en el ámbito de las reformas y de la consolidación fiscal "son muy positivos" y están colaborando a que la deuda pública española haya tenido una evolución muy favorable en las últimas semanas. "Son medidas dolorosas en el corto plazo, pero imprescindibles de cara al futuro", enfatizó.
   Botín sostuvo que el Santander acometerá el incremento de las provisiones para afrontar eventuales pérdidas por su exposición al sector inmobiliario este mismo año, y puntalizó que la entidad ya ha elevado el nivel de cobertura de los inmuebles adjudicados en España al 50%.
   El Santander se ha anticipado a los requerimientos adicionales anunciados por el Gobierno en materia de provisiones al dotar 1.812 millones de euros a saneamientos brutos, lo que ha establecido el beneficio atribuido en 2011 a 5.351 millones de euros, lo que significa un 35% menos que el año pasado.
   Emilio Botín pronosticó que el ejercicio 2012 en España se presenta "muy difícil", aunque registrará una mejoría a medida que llegue a su fin, al contrario de lo sucedido en 2011. Este año "va a ir de menos a más", consideró el presidente del Santander.
   Botín también incidió en que el país necesita "cuanto antes" tener una reforma laboral "profunda y de calado", que dé flexibilidad a las empresas y que establezca criterios de productividad en temas salariales. "Y que consiga crear empleo", apostilló.

Botín: "Hay que echarles una culpa muy grande a los políticos" de la crisis

MADRID.- El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, ha asegurado que "hay que echarles una culpa muy grande a los políticos" de la crisis económica, frente a la entidad cántabra, que tiene "muy poca culpa" de la difícil situación que atraviesa España. "Eso está muy claro", sostuvo.

   El presidente del primer banco español recalcó que "quien lo ha hecho mal aquí son los políticos", que no han sabido manejar la situación, si bien prefirió no especificar a quiénes ni a qué partidos se referían dichas críticas.
   Botín, que hizo esta reflexión sobre qué parte de la crisis económica es imputable al comportamiento de la banca, defendió que se marquen diferencias en cuanto a la responsabilidad de entidades en función de su comportamiento concreto.
   En este sentido, incidió en que el Banco Santander "ha pagado sus impuestos y no ha contado con ayudas públicas" con coste al erario, a diferencia de otras entidades, que sí han tenido dicho respaldo. "Hay bancos y bancos", argumentó Botín.
   Sobre si el Santander debería haber hecho algo diferente en el pasado, el presidente del primer banco español dijo que podría haber prestado menos dinero al sector inmobiliario, si bien se declaró "contento" de que su cuota de mercado en este segmento sea inferior a la media.
   Al ser preguntado sobre si tiene interés en comprar entidades en España, Botín reconoció que la entidad ha presentado una oferta no vinculante por Unnim, nacionalizada por el Banco de España por sus problemas de solvencia, y apuntó que analizará las oportunidades que se presenten en este sentido, aunque no tiene "ninguna inversión pendiente".
   En la rueda de prensa para presentar los resultados anuales, a Botín también le preguntaron si le preocupa el futuro de Bankia, entidad fruto de la fusión de siete cajas de ahorros liderada por Caja Madrid y Bancaja, que ha recibido un préstamo del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a un tipo de interés del 7,75%.
   "Bankia es una gran franquicia. Está en este momento haciendo procesos de ajuste y estoy seguro de que saldrá adelante", respondió Botín en reiteradas ocasiones.

La Región supera en 11 puntos la media nacional de pobreza y se aparta 19 del objetivo fijado para 2010


MURCIA.- La responsable de Política Social del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique, ha criticado que la población de la Región de Murcia en riesgo de pobreza y exclusión social creció un 4 por ciento en 2010 respecto al año anterior, elevándose al 36,1 por ciento, lo que la sitúa once puntos por encima de la media nacional y a 19 puntos del objetivo fijado por el Gobierno regional para 2010.

   Así se desprende de un estudio elaborado por la Red Europea contra la Pobreza (EAPN), que indica que el índice de pobreza en la Región de Murcia es el segundo mayor por comunidades autónomas, sólo por detrás de Extremadura que es la que registra una tasa más alta, con un 41,5 por ciento, y por encima de la media nacional del 25,5 por ciento de la población.
   Rosique recordó que el Gobierno regional se comprometió en 2008, en el Plan de Reactivación Económica de la Región de Murcia Horizonte 2010, a bajar los índices de pobreza al 17 por ciento. Denunció que "lejos de cumplir ese objetivo se está produciendo todo lo contrario, y la Región se está distanciando cada vez más de los índices de la media nacional".
   De hecho, Rosique recuerda que, en 2008, el índice de pobreza en la Región de Murcia se situaba en el 25 por ciento, es decir, 11 puntos menos que en 2011. En su opinión, esto demuestra que el Gobierno regional no ha aprovechado los años de bonanza para reducir los índices de pobreza".
   La diputada declaró "que estos índices posiblemente se superarán durante 2012 como consecuencia de que la crisis económica se está viviendo con mayor intensidad en la Región de Murcia, "debido a la errática política del Gobierno regional y a la ausencia de políticas reales de lucha contra la pobreza".
   En este sentido, la diputada regional socialista se ha preguntado a qué espera el Gobierno regional para cumplir la ley de Renta Básica y frenar los "insoportables índices de pobreza y de exclusión social de la Región de Murcia".
   La parlamentaria socialista añadió que "resulta incomprensible que el Gobierno regional con estos datos esté incumpliendo desde 2007 la Ley de Renta Básica de Inserción. Dicha ley garantiza como derecho subjetivo unos recursos mínimos a aquellas personas o núcleos familiares que carezcan de lo indispensable y además obliga a la puesta en marcha de planes de inclusión social".
   A su juicio, el Gobierno Regional "quiere hacer pasar el Salario Mínimo de Inserción por la Renta Básica y no es lo mismo". En primer lugar, Rosique dice que el Salario Mínimo "no es un derecho subjetivo y la renta Básica si, además hay una diferencia económica de unos 100 euros de media por no hablar de la obligación de poner en marcha los Planes de Inclusión Social".
   Otro dato que demuestra que el Salario Mínimo de Inserción no es lo mismo que la Renta Básica, es que alrededor de 1.700 personas perciben el Salario Mínimo, mientras que el número de personas en situación de pobreza en la Región y, por lo tanto, "deberían percibir la Renta Básica, supera el 30 por ciento de la población", añade.
   La Renta Básica establece unos ingresos mínimos mensuales de 100 euros para los beneficiarios, y lleva implícita la puesta en marcha de planes de inserción social, pero como no se ha aprobado el reglamento, la Ley "está siendo incumplida desde 2007", ha matizado.
   Y es que la ley recogía la obligatoriedad del Gobierno regional de aprobar el Reglamento que desarrolla la Renta Básica de Inserción en un plazo de seis meses tras su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM). Sin embargo, han pasado cinco años "sin que el Gobierno regional haya cumplido dicho trámite", destaca Retegui.
   El Grupo Parlamentario Socialista viene denunciando esta cuestión desde entonces. El pasado mes de noviembre, el PSOE debatió una moción en la Cámara que fue aprobada por unanimidad y donde se le pedía nuevamente al Gobierno regional la aprobación del Reglamento de la Ley de Renta Básica, "sin que hasta el momento lo haya cumplido, desoyendo el mandato de la Asamblea Regional".
   Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista pedirá a la consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios, que explique en la Asamblea por qué todavía sigue sin aprobarse el Reglamento que desarrolla la Ley de Renta Básica de Inserción.

La transparencia en los organismos que gestionan el agua en España "sigue siendo insuficiente"

MADRID.- Los resultados del Índice de Transparencia en la Gestión del Agua (INTRAG) 2011, elaborados por la organización Transparencia Internacional España, ponen de evidencia que, aunque la transparencia en los organismos que gestionan el agua en España "ha mejorado", ésta "sigue siendo insuficiente".

   En este caso, se han evaluado los mismos catorce organismos que el año anterior: nueve Confederaciones Hidrográficas y cinco Agencias Autonómicas del Agua. De entre ellos, la Confederación Hidrográfica del Ebro, con una puntuación de 80 sobre 100, ha sido la mejor valorada, habiendo quedado en segundo lugar la Confederación Hidrográfica del Júcar, con una puntuación de 78,1.
   Cabe destacar, además, la sustancial mejora de organismos como la Confederación Hidrográfica del Tajo. En contra, los organismos menos transparentes según este Índice han sido Aguas de Galicia, por una parte, y el organismo gestor del agua en Baleares, por otra.
   En cualquier caso, los responsables del estudio advierten de que "cabe destacar que el nivel medio de transparencia mostrado por el conjunto de los organismos de cuenca evaluados ha sido superior al que obtuvieron en el Índice de 2010, habiendo obtenido una discreta nota media general de 59,6, frente a la de 51,2 del año anterior".
   "Analizando las distintas Áreas de transparencia se pone de manifiesto que los agujeros negros de información para el conjunto de organismos se siguen produciendo principalmente en las áreas de Gestión del Agua y en su Transparencia Económicofinanciera", apostilla el texto.
   Por el contrario, la información relativa a los propios Organismos, así como a los procesos de Planificación, está en la mayoría de los casos bastante bien cubierta. En cuanto a la información relativa a la Relaciones con el público y las partes interesadas, así como la de Contratos y licitaciones, son áreas que aunque presentan cierto grado de transparencia, necesitan en todo caso mejorar.
   El Índice de Transparencia también afirma que existen algunas asignaturas pendientes con carácter general, dado que en la mayor parte de los organismos no se facilita información sobre las siguientes materias: actas de las reuniones de los Consejos del Agua, liquidaciones a la finalización de las Obras, actualizaciones de los Registros de usos y concesiones de aguas.
   En cualquier caso, ha destacado el importante nivel de colaboración que la generalidad de los Organismos evaluados ha prestado a TI-España en el proceso de evaluación, revisando los cuestionarios enviados por esta organización y apartando información complementaria para la elaboración de este Índice de Transparencia.

EAPN-RM espera una reunión con Bernal para abordar las deudas pendientes de 2010 y 2011

MURCIA.- La Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia (EAPN-RM) ha afirmado que espera una reunión con el nuevo consejero de Economía y Hacienda de la Región de Murcia, Juan Bernal, para abordar las deudas que la Administración regional tiene pendientes con las 27 ONG que componen esta organización, entre las que se encuentran Cáritas y Cruz Roja.

  El presidente de EAPN-RM, Jesús Salmerón, ha recordado que el consejero saliente, Salvador Marín, se comprometió a finales de 2011 a pagar los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) en dos cómodos plazos, el primero de ellos en noviembre y el segundo en diciembre.
   Sin embargo, el primer plazo se liquidó en diciembre y el segundo todavía, a finales de febrero, no se ha pagado, según Salmerón, quien ya alertó que la deuda que el Ejecutivo autonómico tiene contraída con todo el tercer sector en 2011 supera los cuatro millones de euros, mientras que la deuda con las 27 entidades de EAPN del 2010 es ligeramente superior a dos millones de euros.
   Salmerón desconoce el montante total al que asciende la deuda de todas las ONG y, aunque asegura que es "mucho dinero", explica que es "difícil de calcular". No obstante, ha señalado que, "algún día, cuando la Comunidad publique un informe con la ejecución de los presupuestos de 2011 nos enteraremos, porque es preciso ser experto para averiguarlo".
   Asimismo, ha alertado que hay millones de euros procedentes del Estado o de la Unión Europea para sufragar actuaciones de 2011 que se tendrían que devolver, puesto que se trata de programas cofinanciados con la obligatoriedad de que se abonasen antes de que finalizase el año. Sin embargo, la Comunidad recibió estas partidas y todavía no las ha pagado, según Salmerón.
   El montante, por ejemplo, los programas de formación ocupacional y del Fondo Social Europeo "ascienden a millones de euros, pueden rondar los dos o tres millones". De lo presupuestado, afirma que a lo mejor se ha gastado el 30 por ciento, por lo que se pregunta "dónde está el 70 por ciento restante", ya que "lo que no se ha gastado hay que devolverlo".
   Salmerón no acierta a cuantificar el dinero que se debe de devolver de los programas de 2011 que no se han abonado. Por ejemplo, ha afirmado que si la Comunidad no hubieran decidido asignar los dos millones de euros correspondientes a partidas de inmigración "está claro que se han perdido". Por ello, advierte que "alguna gente tendrá que dar explicaciones".
   Sin embargo, confirma que hay otros programas cofinanciados con dinero propio de la Comunidad Autónoma y del Estado o de la UE que "en algún momento es preciso justificar y responder". Se trata, por ejemplo, de los programas de inmigración de 2010 que el Ministerio ha transferido y abonado, pero que las ONG no han recibido, por lo que se pregunta "cómo se justifica esta situación".
   No obstante, Salmerón reconoce que las consejerías "no han pasado" de las ONG de EAPN-RM, sino que "han ido aplazando sus decisiones porque ellas también necesitaban saber qué iban a plantear". Por ejemplo, el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) hizo efectivo finalmente el pago de un programa de empleabilidad, que se elevaba a unos 800.000 euros.
   En este momento, la red está planteando las deudas a la Administración, y advierte que el siguiente paso es que estos compromisos los asuma la Consejería de Hacienda, a la que EAPN-RM está consultando para conocer el plan de pago. De todas formas, Salmerón cree que tendrán que esperar algún tiempo para reunirse con Bernal, ya que el nuevo consejero debe "asumir las riendas".
   Respecto a 2012, Salmerón señala que los presupuestos están aprobados pero todavía no han salido convocatorias. En este sentido, Salmerón ha mostrado su temor a mayores recortes porque "el déficit no termina de controlarse".
   EAPN-RM ha denunciado que el Gobierno regional ha recortado más de un 25 por ciento los recursos del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2012 destinados a atender a las personas que sufren pobreza y exclusión respecto al ya mermado presupuesto de 2011, una bajada en la inversión que se eleva al 43 por ciento respecto a las cuentas de 2010, lo que impedirá atender las necesidades de este colectivo el año que viene.
   No obstante, ha dicho que no son cifras definitivas, puesto que hay una enmienda a los presupuestos de 600.000 euros de acciones de lucha contra la pobreza que no se sabe todavía como se va a gestionar.
   Las 27 entidades que componen está red son Cáritas, Cruz Roja, Accem, Fundación Secretariado Gitano, Mpdl, Fundación Cepaim, Murcia Acoge, Copedeco, Hermanas Oblatas, Asociación Nacional Proyecto Abraham, Asociación Rascasa, Proyecto Hombre, Asociación Columbares, Asprosocu, ONG Solidarios para el Desarrollo, Colectivo Parentesis, Fundación Sierra Minera, Asociación Cats, Fundación RAIS, Asociación Traperos de Emaús de la Región de Murcia, Coordinadora de Barrios, Cefis; Colectivo La Huertecica, Colectivo El Candil, Asociación Betania y Redes para la Inserción Socioeducativa.

La Comunidad habría dejado de ingresar tres millones por no suscribir programas cofinanciados por el Estado

CARTAGENA.- La responsable de Sanidad y Política Social del Grupo  Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Teresa Rosique, ha denunciado públicamente que las arcas regionales habrían dejado de ingresar tres millones de euros en 2011 como consecuencia de la negativa de la Administración autonómica a suscribir acuerdos con el Gobierno de España para la ejecución de proyectos de Política Social cofinanciados por ambas administraciones.

    Rosique ha recordado que el Ministerio de Sanidad y Política Social publicó esta convocatoria en 2011 y, para acogerse a las ayudas, las comunidades tenían que fijar la disposición de fondos. En el caso de Murcia, estos programas suponían una inversión total de cinco millones de euros, tres de los cuales serían aportados por el Ministerio y los dos millones restantes por el Gobierno regional.
   Sin embargo, Rosique ha indicado que la Comunidad "todavía no ha aportado su parte y ni siquiera se sabe si ha suscrito la convocatoria". Para tratar de averiguarlo, el PSOE presentó el pasado mes de noviembre una moción en la Asamblea, pidiendo al Gobierno regional que suscribiera las ayudas para los programas cofinanciados por el Gobierno central.
   En su moción, el PSOE advirtió del riesgo que se corría de "poder perder esos recursos", lo que "afectaría a los programas a desarrollar y a las personas que se podrían beneficiar de ellos, sino que también afecta al empleo, puesto que todo el dinero que se invierte en Política Social también crea empleo", ha añadido la diputada regional.
   Por lo tanto, critica que, en la medida en que la Administración "renuncia a cinco millones de euros, está renunciando a políticas sociales e impides que muchos trabajadores sociales tengan un puesto de trabajo", ya que estos gastos suponen una "inversión productiva".
   En concreto, la Comunidad Autónoma debía recibir 4,1 millones de euros del Fondo de apoyo a la acogida, integración y refuerzo educativo de inmigrantes, de los cuales el Ministerio debía aportar 2,8 millones de euros, mientras que la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos que se acogieran al mismo debían aportar los 1,3 millones restantes.
   Este fondo tenía como finalidad promover y potenciar las políticas públicas en estos ámbitos de actuación en base a principios de subsidiariedad, complementariedad y cooperación con las comunidades y los entes locales.
   Asimismo, Rosique denuncia que la Comunidad habría renunciado a 226.533 euros del Ministerio para los créditos destinados a la cofinanciación de proyectos de intervención social integral para la prevención de marginación e inserción del pueblo gitano, así como programas dirigidos a la infancia y actuaciones del Plan de Acción para las personas con discapacidad. En este caso, la Comunidad tenía que aportar 214.460 euros.
   Por otra parte, la diputada regional socialista añade que la Comunidad debe unos cuatro millones de euros a todo el tercer sector sumando 2010 y 2011, lo que a su juicio supone "una situación de desmantelamiento".
   En este sentido, la diputada regional socialista admite que el Gobierno regional ha abonado un pago del 25 por ciento a la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia (EAPN-RM).
   Rosique añade que el PSOE presentó una solicitud de información en la Asamblea para interesarse por la deuda que tiene contraída la Comunidad con el tercer sector, y desde cuando se tiene, algo a lo que "tendrá que contestar el Gobierno regional", ha advertido.
   Esto supone un "problema muy tarde", ya que ha supuesto "la pérdida de centenares de puestos de trabajo de trabajadores sociales, el cierre de organizaciones sociales y dejar al borde de la quiebra al sector, que además ha tenido que hipotecar su patrimonio para poder subsistir".
   A todo ello, cabe sumar el "cerrojazo que se ha pegado a todas las nuevas subvenciones que estaban previstas en el año 2011 y que, como consecuencia del cierre de caja que la Administración regional hizo en julio, no han sido convocadas". Además, añade el "recorte del 25 por ciento en políticas sociales para 2012".

IU reclama al PP que fije entre sus prioridades la lucha contra la exclusión social

MURCIA.- La responsable de Política Social de Izquierda Unida-Verdes, Adoración Peñas, ha reclamado este lunes al Gobierno regional que establezca entre sus prioridades la lucha contra la pobreza y aumente la inversión pública en materia de política social para reducir la tasa de exclusión en la Región de Murcia.

    Peñas ha hecho estas declaraciones tras conocer que, según un informe de la Red Europea contra la Pobreza (EAPN), el 36,1 por ciento de las personas que residen en Murcia se encuentran en riesgo de exclusión social, solo por detrás de Extremadura, Canarias y las ciudades autónomas de  Melilla y Ceuta.
    Ha apostado porque las políticas de bienestar social sean entendidas por los responsables políticos como "un complemento" de las políticas económicas y de creación de empleo, y "nunca como acciones aisladas en el asistencialismo".
    Asimismo, ha considerado "injusto y erróneo" que se efectúen recortes en las políticas de protección social, ya que el hecho de reducir la cobertura social supone dejar sin atender las necesidades básicas de los ciudadanos más afectados por la crisis.
    "Es necesario un mayor empuje del sector público para garantizar las necesidades de las personas más desfavorecidas por la situación económica, en lugar de recortar las prestaciones destinadas a erradicar la exclusión y la inversión en programas sociales", ha concluido Peñas.