martes, 24 de enero de 2012

Antes de junio se tipificarán como delitos infracciones en la gestión pública

MADRID.- La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este martes que el Ejecutivo promoverá en este periodo de sesiones, que concluye el 30 de junio, la reforma del Código Penal para tipificar como delito "las infracciones más graves en la gestión de los recursos públicos".

   Durante su intervención ante la Comisión Constituciónal del Congreso de los Diputados, la primera de un miembro del Gobierno en la X Legislatura, Sáenz de Santamaría ha precisado que, junto a la Ley de Buen Gobierno que el Ejecutivo quiere presentar, habrá otra ley orgánica complementaria para introducir reformas en el Código Penal.
   "La mala gestión de los recursos públicos no puede seguir perjudicando únicamente a quien paga, sino que tiene que generar consecuencias a quién malgasta", ha defendido la 'número dos' del Gobierno.
   En concreto, ha explicado que a la hora de tipificar los nuevos delitos se tendrán en cuenta "criterios de intencionalidad, grave negligencia en el ejercicio de sus funciones, quebranto a la Hacienda Pública o claro perjuicio de los servicios que financia".
   Según ha dicho, se trata de que aquellos gestores que "irresponsablemente causen perjuicios a los ciudadanos en su gestión, gasten más allá de lo razonable, hipotequen el futuro de las generaciones siguientes, lleven a cabo una gestión deficiente" respondan ante los ciudadanos y "si es necesario, ante la justicia".
   Por lo que se refiere a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, Sáenz de Santamaría ha anunciado que será remitida al Congreso de los Diputados "en este periodo de sesiones".
   En ella, entre otras cosas, se pretende "elevar a rango de ley los valores que deben regir las tareas de Gobierno" y que ha fijado en la transparencia en la gestión, la imparcialidad en las decisiones o el deber de "sigilo en las informaciones de que tengan conocimiento por razón de su cargo y que no deban ser divulgadas con arreglo a la ley".
   La portavoz del Gobierno ha explicado que con esta ley y con otra serie de herramientas con las que se pretende "hacer de la transparencia una ley de referencia" en el ordenamiento jurídico", el Gobierno quiere demostrar que va a ser "un Gobierno abierto".
   Por ello, ha defendido que esta ley "marcará un antes y un después en la forma en la que se entiende el Gobierno y en la forma en que lo perciben los ciudadanos", porque incrementará la trasparencia, y reforzará "la responsabilidad de los gobernantes".
   Sáenz de Santamaría ha asegurado que ya se ha comenzado a trabajar sobre el texto y han comenzado las consultas con la sociedad civil. En concreto, ha asegurado que ha habido reuniones "con las distintas asociaciones promotoras de la transparencia y el buen gobierno".
   La vicepresidenta ha adelantado que con esta ley y otras medidas que abundarán en el mismo camino el Gobierno quiere que España forme "parte activa" de la propuesta que los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y Brasil, Dilma Rousseff, impulsaron en julio de 2010 en Nueva York, conocida como 'Iniciativa mundial para un Gobierno Abierto'.
   Para ello, ha explicado que España deberá suscribir un compromiso de transparencia, presentar un plan de acción estatal abierto a consulta pública y aceptar la evaluación externa del cumplimiento del proyecto, además de cumplir con "estándares mínimos" en asuntos como transparencia fiscal, publicidad de los ingresos y bienes de los cargos públicos y participación de los ciudadanos.
   Sáenz de Santamaría también ha avanzado otros cambios que el Gobierno quiere impulsar en aras de la transparencia, a través de la Ley en la que ya trabaja. En concreto, ha anunciado que se creará un 'Portal Digital de la Transparencia' al que los ciudadanos podrán dirigir su solicitud de información.
   Según ha dicho, será "una verdadera ventanilla de información de la Administración General", que sólo tendrá como limitaciones de acceso una "lista cerrada" de asuntos relacionados con cuestiones como la seguridad nacional o el derecho fundamental a la protección de datos.
   A través de este portal, ha dicho, los ciudadanos podrán conocer, por ejemplo, "a quién y por qué se conceden las subvenciones públicas, cuánto cuesta organizar una cumbre internacional, cuántos funcionarios trabajan en un Ministerio o en un organismo público o cuánto cobran los altos cargos".
   En este sentido, la vicepresidenta ha recalcado que el Gobierno quiere "armonizar las obligaciones de transparencia en la publicación de actividades y bienes entre parlamentarios, miembros del Gobierno y otros altos cargos", de manera que sean "las máximas" para todos.
   Además, ha avanzado cambios en el Boletín Oficial del Estado y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que también pretende garantizar el derecho de los ciudadanos a la transparencia.
   Por lo que se refiere al BOE, ha apuntado que se buscará un boletín "más personalizado", a través de "mecanismos de selección de contenidos y de comunicación de alertas", que respondan a "las necesidades individuales de los interesados".
   Respecto al CIS, ha dicho que se quiere avanzar en "una mayor transparencia de los datos de análisis de la coyuntura social" y ha precisado que, para ello, se ampliarán las bases de datos del centro y se incorporarán "estudios de otros centros o institutos.

Rosa Díez: al Gobierno le interesa más "evitar tensiones" que controlar el déficit

MADRID.- La líder de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, ha asegurado que parece que al Gobierno "le interesa más evitar tensiones con sus barones territoriales" que controlar el déficit en las comunidades autónomas porque lo "primero" que debería de haber hecho es pedirles "sus presupuestos".

   "En la legislatura pasada no se tomaron las decisiones que se debían de tomar pero es que en esta tampoco. El primer Consejo de Ministros que se celebró lo primero que tenía que haber decidido es pedir a las comunidades que desviaran los presupuestos. Parece que le importa mas evitar tensiones con sus barones territoriales que responder a la necesidad de 47 millones de ciudadanos", ha denunciado hoy en una entrevista en TVE.
   En este sentido, Díez se ha preguntado por qué el Gobierno no hace lo mismo que hace la Unión Europa con sus Estados miembros, es decir, "controlar el presupuesto antes de que se apruebe y pedir permanentemente un control y un cumplimiento".
"Parece absurdo y es completamente necesario. La primera decisión debía haber sido pedir a las autonomías los presupuestos", ha señalado.
   Según Díez, el Gobierno actual es igual de responsable que el anterior de no abordar el cumplimiento del déficit de manera efectiva, ya que aunque fue Ejecutivo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero el que, a su juicio, no tomó decisiones y no alertó a los ciudadanos de la situación, "a sabiendas de lo que se estaba produciendo", el de Mariano Rajoy tampoco está tomando decisiones "para enfrentarse de verdad con el problema".
   No obstante, ha aclarado que aunque los ciudadanos tienen interés en saber "quién tiene la culpa" y que "está bien hacer el diagnóstico para evitarlo y que no se vuelva a producir", lo importante , a su parecer, es "tomar medidas" para solucionar el problema, algo que, ha apuntado, no está haciendo el PP.
   Asimismo, ha señalado que aunque son las comunidades autónomas "las que más déficit han generado", esto se ha debido a que "no se les ha impedido que lo generaran". 
"Si desde el Gobierno se hubieran controlado los presupuestos antes de que se aprobaran y si no se les hubiera dado más dinero en anticipos que lo que se sabía que iban a recaudar, no hubiéramos llegado a esta situación", ha afirmado.
   Preguntada sobre si hay que rebajar el cumplimiento del objetivo de déficit, Díez ha asegurado que "si se revisan las expectativas de crecimiento, también hay que revisar el déficit y el plazo para cumplirlo", al tiempo que ha advertido de los costes que puede suponer cumplir con dichas exigencias, algo que, tal y como ha recordado, el Gobierno de Rajoy ya ha anunciado que tiene previsto hacer.
   "La pregunta es cuánto nos va a costar cumplir en términos de más destrucción de empleo y de más recesión. El Gobierno ha dicho que se va a cumplir sí o sí, el problema es a qué precio. Gobernar es decidir, y va a haber que decidir", ha aseverado.
   Por otro lado, la portavoz de UPyD en el Congreso ha matizado que para atajar esta situación, además de controlar el techo de gasto en las comunidades autónomas, es preciso "garantizar una cierta redistribución", porque están haciendo recortes "sin ningún tipo de control", lo que lleva, ha alertado, "a que se profundice cada vez más en la desigualdad"
. "Además del techo hay que garantizar una cohesión para que los derechos fundamentales estén garantizados para todos los españoles", ha defendido.
   Por ello, Díez ha abogado por "repensar el modelo territorial del Estado, con un criterio nacional y general, y pensando en el interés de todos los ciudadanos", ya que, aunque "ha servido para mucho durante todos estos años", hoy ha demostrado ser, a su juicio, "inviable desde el punto de vista político e insostenible desde el punto de vista económico".
   "Eso hay que repensarlo. Por eso nosotros venimos sosteniendo que España necesita reformar su modelo territorial. No creo que se trate de que las Comunidades que no tienen dinero para gestionar competencias las devuelvan. Hay que caminar hacia un modelo Federal Cooperativo en el que el Gobierno tenga competencias que hoy no tiene como la Educación y la Sanidad, como competencias exclusivas e indelegables", ha explicado.
   En esta misma línea, ha manifestado que es necesario llevar a cabo un proceso de "fusión de municipios" porque muchos de ellos son pequeños y al no tener capacidad para prestar servicios, obligan a mantener las Diputaciones provinciales, las cuales, según su criterio, "hay que suprimirlas todas".
   Dicho esto, ha subrayado que es "urgente" iniciar un debate sobre esta cuestión, ya que si se abordara podría conseguirse un ahorro que ha cifrado en unos 15.000 millones de euros, "que podrían dedicarse al déficit, además de a prestar mejores servicios a los ciudadanos".

Valcárcel confirma que Juan Bernal será el nuevo consejero de Economía pero no que será vicepresidente y su sucesor


MADRID.- El presidente del gobierno murciano, Ramón Luis Valcárcel, ha confirmado este lunes que Juan Bernal sustituirá a Salvador Marín como consejero de Economía tras su abandono del Gobierno regional. Lo que ya no ha dicho es que éste era un nombramiento planificado desde hace tiempo puesto que Bernal está llamado a sucederle como presidente más pronto que tarde y que ahora, probablemente, entre, además como vicepresidente.

   "Me he enterado por la prensa de que Juan Bernal va a ser consejero, y me he enterado por la prensa porque efectivamente Juan Bernal va a ser consejero, nadie ha faltado a la verdad", ha respondido Valcárcel, en tono jocoso, cuando ha sido preguntado al respecto al comparecer ante los medios de comunicación en la sede del Ministerio de Economía, a la salida de una reunión con el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz.
   Según Valcárcel, no había dicho "ni media palabra sobre esto" hasta ahora, porque "las cosas tienen su ritmo, tienen su tiempo".
   "Hay que cubrir esa vacante y nadie mejor para hacerlo que Juan Bernal", ha confirmado.
    Valcárcel se ha negado a pronunciarse sobre las informaciones que perfilan a Bernal como su sucesor, porque, ha dicho, eso sería "adelantarse a la historia" y "hacer ciencia ficción", al tiempo que ha aseverado que, por ahora, Juan Bernal "está llamado para ser consejero del Gobierno".
   Según ha manifestado Valcárcel, todavía no podía precisar el día en que Bernal se convertirá en consejero, pero ha asegurado que será esta semana, "probablemente en el ecuador de esta semana".

Toma de posesión mañana

El diputado Juan Bernal será nombrado mañana miércoles nuevo consejero de Economía y Hacienda en sustitución de Salvador Marín, que el pasado viernes anunció que dejaba su cargo como consejero del Gobierno regional.
   Juan Bernal Roldán (Murcia, 1956), es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, auditor de cuentas y miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas y del Registro de Economistas, Asesores Fiscales.
   Durante su dilatada trayectoria profesional ha desempeñado diversos cargos tanto en la Administración como en la empresa. En el ámbito público cabe destacar sus cargos como consejero de Economía y Hacienda del Gobierno regional (1995-2003).
   También fue vicepresidente del Consejo de Política Fiscal y Financiera, presidente de la Agencia Regional de Recaudación y miembro del Consejo de Administración del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia.
   Ha sido presidente del Consejo Social de la Universidad de Murcia (2004-2011) y en la actualidad es diputado regional y presidente de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto en la Asamblea Regional, según ha informado la Comunidad en una nota de prensa.

Los trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo ya son 4.189 en Murcia

MURCIA.- La Unión Sindical Obrera -USO- lamenta el incremento "imparable" de los Expedientes de Regulación de Empleo aprobados en el mes de noviembre en la Región. 

   Concretamente, señala, los datos estadísticos publicados en el día de hoy por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, referidos a ese mes, revelan la autorización de 41 Expedientes nuevos, que han afectado a 324 trabajadores.
   Por lo que el número tal de ERES del periodo enero-noviembre del 2011 asciende a 436 y al de trabajadores afectados a 4.189, cifra esta última muy por encima de las que se daban en igual periodo de tiempo antes de empezar la crisis en el 2007, que no llegaban a 600 trabajadores, por lo que, denuncia el sindicato, "se han multiplicado por siete los Eres en la Región".
   Según las distintas modalidades de ERES, en la Comunidad Autónoma se han aprobado ERES de Extinción de Contratos que afectaron en el mes de noviembre a 54 trabajadores, los de medidas de Suspensión de Contratos a 147 y los de Reducción de Salario y Jornada a 123 trabajadores, "encontrándose la Región por su número por encima de Comunidades Autónomas uniprovinciales como las de Baleares y La Rioja, e incluso de algunas que no lo son como Extremadura y Canarias".
   Por ello, USO sigue insistiendo en la necesidad de un mayor rigor en su aprobación de los ERES, ya que, expone, "algunos casos en vez de ser utilizados como marca la disposición que los creo, como remedio temporal para capear una crisis y con el fin de evitar los despidos, la practica nos hace ver que a su finalización de su vigencia, sirven como base para legitimar los despidos basados por causas objetivas, que es el que tiene una menor indemnización".
   Por otro lado, el sindicato recuerda en comunicado de prensa que una parte de los ERES se sufraga con dinero público.