martes, 17 de enero de 2012

Ferrovial y Sacyr logran más plazo para refinanciar la autopista de Levante aunque no la Cartagena-Vera

MADRID.- Ferrovial y Sacyr Vallehermoso han logrado que los bancos acreedores de la autopista Madrid-Levante (Ocaña-La Roda) amplíen el plazo para cerrar la refinanciación de los 550 millones de euros de deuda de esta vía, que vencía mañana miércoles, 18 de enero, en tanto negocian con el Ministerio de Fomento una solución de largo plazo para esta infraestructura.

   Las dos compañías han convenido con el grupo de 29 bancos financiadores de esta autopista extender el plazo de vencimiento hasta finales del próximo mes de febrero, según informaron hoy fuentes del sector.
   Ferrovial controla el 55% del capital de la sociedad concesionaria de esta autopista, Sacyr cuenta con otro 40% y CCM con el 10% restante. La AP-36, Autopista Madrid-Levante (Ocaña-La Roda), de 183 kilómetros de longitud, es una de las últimas que se puso en servicio (julio de 2006) y a cierre del pasado mes de septiembre registraba un tráfico de unos 4.240 vehículos diarios.
   Se trata de una de las autopistas que actualmente se encuentran en riesgo de quiebra por los sobrecostes de expropiación que soportaron en su construcción y el bajo volumen de tráfico que registran respecto a la previsión inicial.
   Las empresas concesionarias de estas vías, entre las que figuran alguna de las grandes constructoras cotizadas, reclaman que el Estado garantice el reequilibrio económico-financiero de las autopistas.
   Las empresas acordaron con el anterior Gobierno un sistema de ayudas a través de cuentas de compensación y la concesión de préstamos participativos.
   No obstante, el actual ejecutivo dirigido por Mariano Rajoy acordó recortar en 400 millones de euros la partida de 600 millones inicialmente fijada para la concesión de dichos créditos.
   Así, las concesionarias de las autopistas con riesgo de quiebra (las radiales de Madrid, la Cartagena-Vera, la que une Madrid con el aeropuerto de Barajas y la Madrid-Toledo) están a la espera de poder tratar sobre este asunto con el nuevo equipo del Ministerio de Fomento.
   En este sentido, el secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras, Rafael Catalá, aseguró la pasada semana que, "pese a los recortes", cuenta con margen para poder ayudar a estas autopistas a atender sus obligaciones financieras.
   "Pensamos que pese al recorte todavía se puede ayudar a las concesionarias a obtener recursos financieros y a poder atender a sus obligaciones", indicó entonces el 'número dos' de Fomento.

El Gobierno podrá "intervenir" a las comunidades que no cumplan con el déficit

MADRID.- Las sanciones que el Gobierno pondrá en marcha para las comunidades autónomas que no cumplan los objetivos de déficit podrían suponer la "intervención" del Estado, que podría encargarse de tutelar los planes de reequilibrio de dichos territorios.

   Así lo ha adelantado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde el Gobierno ha tratado con las comunidades la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria.

   Montoro ha explicado que las sanciones dependerán de la magnitud y la reiteración de los incumplimientos de las comunidades, aunque se respetarán las competencias autonómicas. "Puede llegarse a una intervención temporal", ha dicho, tras asegurar que la idea es trasladar lo que marca la gobernanza europea, incluso a la hora de cuantificar las sanciones.

   El ministro ha asegurado que el Gobierno no dejará que las administraciones tengan problemas de liquidez "muy agudos", para lo que pondrá en marcha diversas medidas, como la implementación de una nueva línea ICO para que las comunidades puedan afrontar pagos pendientes con proveedores.

   Esta nueva línea, que se extenderá a las corporaciones locales, está aún pendiente de concreción, ya que tal y como ha dicho el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, primero hay que conocer la cuantía pendiente de pago.

   De la misma forma, el Ejecutivo ampliará a diez años el plazo que tienen las comunidades para devolver al Estado la cantidad correspondiente de la liquidación de los anticipos a cuenta de los años 2008 y 2009 (unos 31.000 millones de euros).

   En esta misma línea, el Gobierno adelantará a las comunidades la liquidación del ejercicio de 2010, por la que el Estado tiene que devolver a las comunidades unos 6.000 millones más 2.000 millones que forman parte de fondos que no se anticiparon en su momento. De esta forma, las comunidades recibirán ahora estos 8.000 millones y no en julio, como estaba previsto.

   Por otro lado, el Gobierno simplificará las autorizaciones de endeudamiento de las comunidades, que antes se hacían en tres plazos y ahora se harán solo dos autorizaciones iguales en importe.

   De la misma forma, el Ejecutivo central facilitará la refinanciación de la deuda de las comunidades con una sola autorización en dos tramos, mientras que antes se requerían dos (una en el primer semestre y otra en el segundo).

   Estas medidas, que no supondrán un incremento del déficit, mejorarán la liquidez de las comunidades y demuestran, según Montoro, que el Gobierno ha alcanzado con las comunidades un "compromiso de Estado" para reducir el déficit.

   De hecho, dependerán de este compromiso y del grado de cumplimiento de sus planes de saneamiento a través de un control que liderará el Ministerio de Hacienda.

   Montoro ha asegurado que, frente a lo que hacía el anterior Gobierno, el Ejecutivo 'popular' ha decidido asumir la reducción del déficit como una tarea "constitucional" que implica la coordinación de política económica entre todas las administraciones.

   Con todo, el titular de la cartera de Hacienda ha resaltado la importancia de la reunión por el compromiso que han adquirido todos los presentes de trabajar por la austeridad y seguir avanzando en todos estos contenidos en reuniones técnicas que se celebrarán las próximas semanas. "Ha ido francamente bien", ha dicho.

Arias Cañete expresa a los ecologistas que no está por nuevos regadíos

MADRID.- El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha prometido a las cinco principales organizaciones ecologistas españolas (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF y SEO/Birdlife) cada 45 días para estudiar los distintos temas y acometer una hoja de ruta, según ha informado el director ejecutivo interino de Greenpeace, Mario Rodríguez.

   Arias Cañete se ha reunido este martes por la mañana con tres organizaciones medioambientales para conocer sus prioridades. Respecto al clima de las reuniones, los ecologistas han destacado el clima cordial y de apertura al contacto y al diálogo con las ONG aunque en algunos "temas importantes" partan de posiciones diferentes.
   En este contexto, la portavoz de Amigos de la Tierra, Liliane Spendeler, ha indicado que el ministro ha entendido "muy bien" que las cinco organizaciones trabajan de forma conjunta y que ha visto "buena receptividad, apertura a dialogar y a reunirse de forma periódica", ha dicho Spendeler, al tiempo que Mario Rodríguez, de Greenpeace, ha calificado de "franco" el clima del encuentro en el que parten de "posturas un tanto distantes".
   En ese línea, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Paco Segura, ha destacado que las reuniones hayan sido a iniciativa del Ministerio, que convocó antes de que estas le pidieran cita. "Es fácil que haya desencuentros, pero al menos hay un cauce de interlocución. De momento, vamos a dar un voto de confianza", ha manifestado, porque "ha asumido de buen grado que las ONG ecologisas seamos interlocutores".
   De este modo, Spendeler ha resumido que los principales temas abordados con el ministro en su encuentro son la aplicación de la ley de residuos, que abre la puerta a una "mejor gestión ambiental" en temas de reducción y reutilización y reciclado, y le han "insistido" en la importancia de implantar recogida selectiva de la materia orgánica de cara a su compostaje.
   Por otro lado, le han pedido una Ley de Cambio Climático que esté basada en los presupuestos de carbono porque aporta "seguridad y estabilidad a la economía", de acuerdo a las medidas propuestas por la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para el estudio de Cambio Climático.
   Otros de los temas abordados son la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), en el que dice que han "insistido mucho al ministro" en su apuesta por que cada pequeño agricultor pueda vivir dignamente de su actividad y contribuya a preservar el medio ambiente. Igualmente, han abordado con Arias Cañete el tema de los transgénicos, un aspecto en el que Spendeler augura que ambas partes no van a tener las mismas posturas porque "el ministro está a favor de los cultivos transgénicos". Sin embargo, le han pedido que estudie la creación de registros públicos de información sobre los campos comerciales, algo a lo que obliga la Directiva Europea y que España no cumple.
   "Vamos a estar muy pendientes de estos temas. La reunión ha sido muy cordial. Nos ha gustado su propuesta de diálogo y nos ha parecido bien el clima del encuentro", ha subrayado.
   Por su parte, el director ejecutivo interino de Greenpeace, ha planteado al ministro tres ejes principales. En primer lugar, le han explicado que España "no puede ir" al grupo de países que no defiende el 30 por ciento de reducción de gases de efecto invernadero y que el cambio climático "sí es rentable".
   Asimismo, le han expuesto su apuesta por un cambio de modelo energético, ya que aseguran que es posible llegar al 100 por 100 de renovables en 2050, al menos en el sector eléctrico, para lo que han pedido una reunión trilateral con Industria, "por la transversalidad del tema".
   A este respecto, ha dicho que han observado en Miguel Arias Cañete y en el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas una "buena disposición pero no una posición clara". Además, en el ámbito global han hablado sobre la reforma de la Política Pesquera Común y la gestión marítimo costera.
   Rodríguez ha señalado que han hablado también sobre la Ley de Costas en la que han sido "muy claros en que Greenpeace no quiere que se cambie, sino que se aplique correctamente por parte de todas las administraciones" porque, a su juicio, es "una buena ley para la gestión integrada del litoral". A este respecto, Arias Cañete les ha apuntado que la reforma de dicha Ley, anunciada el pasado viernes, es un tema que en fase de estudio.
   En ese ámbito, ha salido a colación el tema del hotel El Algarrobico, sobre el que Arias Cañete les ha señalado que "ya se han puesto con el tema". También le ha subrayado al ministro el tema de la sobrepesca y su apoyo a la pesquería de bajura, porque genera más empleo y es más compatible con el medio ambiente. "Es un área que conoce mejor y le hemos pedido una reunión con el secretario general de Pesca. Nos ha dicho que sí, que va a gestionarlo", ha apuntado.
   Respecto al Plan Nacional del Agua le han insistido en que es preciso "cumplir con la Directiva Marco y acabar los planes de cuenca". Entre otros temas, han abordado el proyecto de oleoducto Balboa; las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo y sobre el 'fracking' o extracción de gas inyectando agua a presión con contaminantes químicos en las rocas.
   Mientras, Paco Segura ha indicado que han repasado algunos temas que les preocupan y con los que estarán "muy atentos", especialmente a "posibles devaluaciones de la normativa ambiental".
   Sobre el anuncio realizado por el ministro de simplificar la normativa y reformar la Ley de Costas, Segura ha dicho que les ha manifestado su intención de "mantener los niveles de protección ambiental actuales pero que haya más efectividad y rapidez en la aplicación de las normas", a lo que le han advertido de que les van a encontrar de frente si cualquier protección se rebaja.
   En este contexto, ha añadido que el ministro les ha asegurado que no se va a comprometer a nada que considere que no se va a cumplir o conseguir, aunque estudiará todos los temas sobre la mesa. Respecto a cambio climático, le han reclamado que España juegue un papel "más activo" en la lucha contra el cambio climático.
   En materia de agua, le han trasladado que, en su opinión, España debe reducir los consumos en regadíos y otros ámbitos, debido a que en el futuro disminuirá el recurso a causa del cambio climático o de los periodos de sequía. En ese sentido, Segura ha asegurado que Arias Cañete les ha comentado que "no está por la labor de ampliar regadíos" y que va a estudiar la situación de las depuradoras.
   Sobre los planes de cuenca, el ministro se reunirá con la Comisaria de Aguas de la Comisión Europea para pedir una prórroga de seis meses en los que aprobar los planes de cuenca, que ya están fuera de plazo.
   Finalmente, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción ha dicho que también han hablado del Plan Nacional del Aire, sobre el que el Ministerio "debe ser más beligerante y exigente en su cumplimiento" con las comunidades autónomas, a lo que el ministro ha tomado nota "muy interesado".

Rajoy garantiza a las CC.AA. que el Estado "acudirá en su auxilio"

MADRID.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha garantizado a las comunidades autónomas "con problemas de liquidez" que el Estado "acudirá en su auxilio" a cambio de que estas regiones se comprometan a cumplir con los objetivos de déficit.

   Durante la rueda de prensa conjunta con el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, Rajoy indicó que, aunque el mecanismo de cómo se garantizará la liquidez de las comunidades en apuros aún no está definido, el Estado central prestará su ayuda porque el Gobierno de España "no se puede desentender" de los problemas que puedan surgir en otras administraciones.
   Rajoy reiteró que la reducción del déficit es una cuestión de "todas las administraciones", dado que para que España cumpla lo comprometido con Bruselas, también lo tienen que cumplir el conjunto de los gobiernos autonómicos y locales.
   "Hay dos alternativas: que el Estado se ocupe de sí mismo y nos olvidemos de los demás o que nosotros también intentemos ayudar a los demás en situaciones difíciles, por eso, estamos dispuestos, si alguna comunidad tiene problemas de liquidez, a acudir en su auxilio a cambio de un programa que garantice estos cumplimientos (del déficit", subrayó el jefe del Ejecutivo, quien añadió que el "Gobierno no se puede desentender de lo que pasa en el resto del país".
   Por su parte, Van Rompuy señaló que cómo se organiza cada país para cumplir con sus objetivos de déficit no es "su problema", si bien admitió que en un estado descentralizado como España es "más difícil" conseguirlo.
   Lo que pide la UE, añadió, es la consecución de una meta global y es "problema de España" ver cómo se organiza para cumplir esta meta. "Evidentemente todas las instituciones del Estado tienen que participar en este esfuerzo (de reducción del déficit)", reiteró.

De Guindos dice que no se dejará caer a ninguna CC AA

MADRID.- El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha señalado que, como dijo el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, "no se puede dejar que caiga ninguna comunidad autónoma". 

   Asimismo, el ministro de Economía y Competitividad recordó que "hay otro lado de la moneda", que es la necesaria consolidación presupuestaria de las comunidades autónomas, que esta tarde se abordará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
   De Guindos señaló al respecto que todas las comunidades deben hacer un "esfuerzo presupuestario" para evitar mayores dificultades y se mostró "seguro" de que en la reunión del CPFF "se van a establecer una serie de normas y reglas" para que esta corrección del déficit se produzca "sin ninguna dilación y sin ninguna duda".
    En este marco, De Guindos ha asegurado que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) debe jugar un "papel importante" y ser una "palanca" "en las próximas semanas" para acabar con el "doble estrangulamiento" del crédito que afecta a las administraciones públicas y, con el consecuente retraso del pago a sus proveedores, también a las pymes.
   "En ese entorno, el ICO debe ser una palanca para romper este extrangulamiento", indicó De Guindos en el marco de la toma de posesión del nuevo presidente del ICO, Román Escolano, antes de avanzar que para ello se "revisarán" y "evaluarán" todas las líneas ICO con el fin de "asignar mejor sus recursos", aunque "no habrá que reformar absolutamente nada".
   Preguntado por si el ICO pueder contribuir a la financiación de las comunidades autónomas, De Guindos ha asegurado que en tanto es la agencia financiera del Estado "puede ayudar", aunque no concretó a través de qué mecanismo.
   En cuanto al sistema financiero, De Guindos dijo que el Gobierno tendrá planteada la reforma del mismo "antes de mediados de febrero", y se mostró partidario de una segunda ronda de fusiones entre entidades bancarias, que consideró "muy importante".
   Si bien, el ministro de Economía y Competitividad rehusó concretar qué movimientos concretos deberían producirse, ya que en estas cuestiones "el Gobierno no entra".

Una corrupción cómplice atenaza a la Huerta de Murcia por falta de respeto a su medioambiente


MURCIA.- La asociación HUERMUR se opone al convenio firmado por el presidente de la Junta de Hacendados, Sigifredo Hernández, y la Consejería de Economía y Hacienda con el que se aplicarán embargos a los regantes de la Huerta de Murcia, según un comunicado.
 
"Esta asociación sospecha que se están adoptando estas medidas con la intención de salvar la difícil situación económica que atraviesa la Junta de Hacendados debido a la mala gestión de la actual cúpula directiva".

Advierte que el pago que los regantes hacen a la Junta de Hacendados "no es por el agua, ya que esta es gratis en la Huerta de Murcia al tratarse de un derecho histórico. La cuota es para el mantenimiento de las acequias, el funcionamiento de la institución y los gastos de su cúpula directiva".

HUERMUR manifiesta que "ha podido comprobar a través de un estudio el estado lamentable en el que se encuentra la red de regadío. Esta asociación se pregunta como es posible que la Junta de Hacendados exija el pago a los regantes por unos servicios que no presta, sin cumplir con las obligaciones establecidas en sus ordenanzas ni ahora ni cuando ingresaba millones de euros al año".
HUERMUR advierte que la Comunidad de Regantes recurre a esta drástica alternativa, que supondrá el embargo de las cuentas bancarias de muchos comuneros, "al encontrarse, probablemente, al borde de la quiebra".

La asociación sostiene que, tal y como viene denunciando, incluso en los tribunales de Justicia, "la mala gestión del actual presidente de la Junta de Hacendados, el derroche y falta de transparencia en las cuentas de esta comunidad de regantes, con gastos y presupuestos aprobados al margen de los hacendados, y sin el conocimiento y aprobación en Juntamento General, ha colocado en una difícil situación económica a esta emblemática institución".

Como solución a este problema, Sigifredo Hernández ha decidido firmar este convenio con la Consejería de Economía y Hacienda para que se comience la vía ejecutiva, embargando a los regantes que no han pagado sus recibos. "Unos recibos que, por otra parte, no han dejado de aumentar año tras años de manera injustificada".

HUERMUR manifiesta su oposición a este convenio "que solo va a aumentar la mala imagen de la Junta de Hacendados y el alejamiento de los regantes de la Huerta de Murcia hacia esta institución con la que no se sienten representados".

La práctica habitual de la Junta de Hacendados de adjudicar los contratos de obras, que han llegado a sumar más de tres millones de euros en un solo año, "sin concurso público ni transparencia, sin licencia de obras por parte del Ayuntamiento de Murcia, según declaraciones del propio presidente Sigifredo Hernández donde afirma no necesitarlas, y otras circunstancias ya denunciadas por HUERMUR, han conducido probablemente a esta comunidad de regantes  a una dura situación económica. 

A esto se añade la constante negativa de su presidente a mostrar y facilitar copia de las cuentas con los gastos detallados de la Junta, a pesar de las reiteradas peticiones de los regantes pertenecientes a HUERMUR, lo que hace aumentar las sospechas de un desastre económico en la Junta de Hacendados".

Así mismo, HUERMUR ha podido constatar, tras la realización de un minucioso estudio de los 36 cauces de las acequias históricas que cruzan la Huerta Central y Oeste del municipio, el lamentable estado de la mayoría de ellas. "Muchas carecen de procurador para su adecuado mantenimiento, y en otras el procurador no ejerce sus funciones correctamente, dando lugar a la falta de mondas de los cauces, la acumulación de basuras e incluso que se encuentren ocupados de forma ilegal  por edificaciones.

En los tramos entubados se han encontrado casos en los que el fango y la basura han colmatado el tubo dificultando el paso del agua, con el agravante de que no es factible su limpieza al tener 60 centímetros de diámetro".

HUERMUR llama la atención a los regantes para dejar claro "que el derecho al riego en la Huerta de Murcia es un derecho histórico, y por lo tanto el agua es gratis, no pudiendo ser arrebatado a ningún huerto, independientemente de que su propietario pague o no pague la cuota de la Junta de Hacendados. El pago del recibo de la Junta de Hacendados corresponde únicamente al mantenimiento de las acequias y al sostenimiento de la institución, incluidos los gastos de sus directivos. Por este motivo habría que preguntarse como puede exigirse a los regantes un pago por un servicio que no se realiza y por una gestión carente de transparencia".

HUERMUR lamenta la triste situación a la que se está llevando a los huertanos, que además de enfrentarse a la injusta subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) haciéndoles pagar por un bancal de verduras lo mismo que por un solar en el centro de Murcia, se le suma ahora el embargo por impago a la Junta de Hacendados, como si esta estuviese ofreciendo un servicio satisfactorio y cumpliendo con lo que exigen sus Ordenanzas.

El consejero Cruz recurre la causa archivada de su agresión e intenta imponer su versión de los hechos

MURCIA.- El consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, ha asegurado que se ha recurrido el archivo de la causa de la agresión que sufrió hace ahora un año junto a su domicilio en Murcia, así como que el domingo fue su día "más triste y duro" y que espera que una "barbaridad" así no se vuelva a producir.

   Aunque, resaltó, "no fue tanto la agresión, sino el conjunto de barbaridades e inmoralidades que se han dicho durante este tiempo sobre mi persona".
   A lo largo de este último año, añadió al término de una rueda de prensa y a preguntas de los medios, "he llegado a conocer la falta de ética de personas, y todo por arañar un voto. No es justificable".
   El sábado el consejero ya se mostró en desacuerdo con el archivo de la causa, y expresó que, "aunque el esfuerzo de la policía ha sido máximo", recurrirá esa decisión judicial "por mi propia tranquilidad y porque no se debe consentir la impunidad".
   Cruz señaló que, dentro del proceso de investigación "quedan todavía zonas y vacíos por transitar", y que no se va a conformar con el archivo de la causa.
   Asimismo, explicó que "por mis intereses personales, necesito que quien realizó esa agresión acabe pagando por lo que hizo", al tiempo que indicó que por una cuestión de tipo social "el sistema necesita unos mínimos de funcionamiento y que quien comete un delito lo acabe pagando".
   El consejero de Cultura y Turismo fue agredido hace ahora un año, el 14 enero de 2011, en la tarde de ese sábado por tres personas que, tras increparle a la salida de su casa, le golpearon en la cara con un puño americano, hiriéndole en la mandíbula y en un ojo.
   La agresión se produjo, alrededor de las 19.00 horas, en la céntrica plaza Cánovas del Castillo de la capital murciana, cuando el consejero Cruz abandonaba su domicilio.
   Según relató, los agresores le gritaron "consejero, consejero, sobrinísimo hijo de puta", tras lo cual le golpearon en la cara con un puño de hierro.

UPyD cree que el CPFF "debe exigir un estricto control de finanzas de las CCAA para el control del déficit"

MURCIA.- El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha manifestado que en la reunión que se desarrollará este martes, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) "debe reclamar, mediante herramientas legales, un estricto control de finanzas de las comunidades autónomas para establecer un control del déficit". 

   De este modo, Sánchez cree "obligatoria" la propuesta del ministro de Economía, Luis de Guindos, de aprobar el próximo mes de marzo una ley que "controle de manera previa los presupuestos de las comunidades autónomas".
   Tras recordar que "no tiene sentido que la UE ejerza un control sobre sus países miembros y que esa misma medida no la ejecute el Estado con las CC AA", ha señalado que el Tribunal Constitucional "ya aprobó que el Estado pusiese límites a los presupuestos de las autonomías".
   Por ello, ha reivindicado "la necesidad de unidad de acción, en pos de la eficiencia y de la igualdad de derechos de ciudadanos  residan donde residan".
   En este sentido, Sánchez ha aludido a que esa unidad de acción "también la debe esgrimir el Gobierno central de forma contundente para la supresión de organismos autonómicos inútiles e insostenibles en la actual situación, no dejándolo a criterios de las CCAA, tal y como hizo el pasado viernes con las televisiones autonómicas".
   Para Sánchez, "el Gobierno debería haber expresado una mayor exigencia que impidiese que se sigan derrochando cientos de millones de euros en unas televisiones autonómicas que, en buena medida, son caros aparatos de propaganda de los Gobiernos regionales de turno".
   En esta misma línea y centrándose en el panorama regional, Rafael Sánchez ha insistido en que "el hecho de que, a pesar de las medidas que se han tomado en el último año, la Región sea la quinta comunidad autónoma con mayor déficit viene a confirmar que el descontrol entre lo que se ingresaba y lo que se gastaba fue mayúsculo", lo que viene a significar que "la gestión y el control del gasto por parte del Gobierno regional durante los últimos ejercicios de 2010 y 2011 no fueron los adecuados".

Ecologistas reclama en la Región un "mayor control" de las emisiones industriales de dióxido de azufre

MURCIA.- Ecologistas en Acción se ha dirigido a la Consejera de Presidencia para reclamar "un mayor control de las emisiones industriales de dióxido de azufre, al constituir un verdadero problema de deterioro de la calidad del aire en el entorno".

   Según la organización ecologista, "la exposición de altas concentraciones por cortos períodos de tiempo puede irritar el tracto respiratorio, causar bronquitis y congestionar los conductos bronquiales de los asmáticos".
   Frente a este panorama, "la instalación de una planta de producción de ácido sulfúrico en el Valle de Escombreras y el proyecto de instalación de una incineradora de residuos tóxicos y peligrosos no augura un futuro esperanzador para la mejora de la calidad del aire de la zona de Alumbres-Valle de Escombreras".
   Por ello, Ecologistas en Acción demanda a Presidencia "la elaboración de una normativa regional sobre calidad del aire que fije como límites los valores de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más preventivos para la salud pública".
   También han exigido "mayores actuaciones de inspección sobre las emisiones de las actividades industriales en dicha zona".

La Región de Murcia pierde 8.217 habitantes en 2011, hasta los 1.468.127 murcianos

MADRID.- La Región de Murcia cuenta con 1.468.127 habitantes registrados a fecha de 1 de enero de 2012, 8.217 habitantes menos que en la misma fecha de 2011, y 7.597 murcianos menos que el 1 de diciembre de 2011, según la encuesta sobre estimaciones de la Población Actual de España publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El Presidente ha perdido el norte en materia de financiación pública

MURCIA.- El jefe del Ejecutivo regional, Ramón Luis Valcárcel, ha calificado de "insuficiente" el sistema de financiación autonómica, por lo que ha considerado que todos "tenemos que hacer los deberes, entonar el 'mea culpa' y saber que estos tiempos no son los de ayer, no son tiempos de bonanza y hay que apretarse mucho más el cinturón".

   Por ello, Valcárcel, en unas declaraciones realizadas en Onda Cero, ha abogado por "reducir el gasto corriente, y seguir en esa línea en la que se estaban estableciendo criterios y compromisos serios, pero a partir de ese momento saber que si sigue faltando dinero habrá que hacer un sistema de financiación autonómica que sea real".
   "Lo que no podemos estar es moviéndonos en el baile de los números, porque hay que saber qué es lo que se gasta, qué es lo imprescindible que se tiene que gastar y qué es lo que se ingresa para poder atender ese carácter de lo imprescindible en cuanto a las garantías de gasto", ha indicado.
   Tras reconocer la deuda de 1.200 millones que mantiene la Comunidad con los proveedores, ha dejado claro que "no hay facturas en el cajón y es lo que hay, que no es poco", tras lo que ha hecho referencia al Plan de Pago ya establecido y pionero a nivel nacional para ir pagando durante cinco años a estos proveedores.
   En su opinión, hay que tener también en cuenta que Murcia "es la menos financiada de todas las CCAA, porque hay un desfase entre lo que es la población regional y la financiación por parte del Estado para esa población de Murcia".
   En concreto, hay 1,5 millones de habitantes pero "solo se reconocen con el actual sistema de financiación un millón de habitantes". A partir de ese momento, hay dos opciones, según Valcárcel: "No garantizar la sanidad, la educación y otras tantas prestaciones porque no hay dinero para ello, o ir a un déficit mayor".
   Así, Valcárcel opta por la segunda opción, ya que "no estamos por la labor de dejar fuera de esas garantías, de esos servicios, prestaciones a quienes realmente lo necesitamos".
   Por ello, ha justificado el déficit, siendo Murcia, a su vez, la quinta CCAA "menos endeudada de España". Y es que, ha explicado, "al no haber financiación para los murcianos, el Gobierno regional ha tenido que tirar de recursos propios, que significa mayor endeudamiento y déficit".
   No obstante, ha asegurado que "no vamos a hacer crecer ese déficit", tras lo que ha puesto de manifiesto el reclamo a que haya una financiación "la justa, porque no queremos ser más que nadie pero tampoco menos".
   "Esto es realmente lo importante", ha insistido Valcárcel, quien se ha postulado por abrir un gran debate, "hacer un sistema de exención que sea acorde con la realidad y después de todo ello y la  Comunidad sigue siendo la peor financiada de todas las CCAA".

Valcárcel oculta el verdadero mensaje que le ha trasmitido la nueva ministra de Fomento


MURCIA.- El presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, destacó este lunes, tras la reunión mantenida con la ministra de Fomento, la "visión realista" de Ana Pastor, "que se ha mostrado receptiva y responsable", en contraste con la del anterior Gobierno socialista "del barra libre para todos, del hágase lo que uno quiera y después resulta que no se hace nada". 

   Así, indicó que "la he visto como me gusta ver a un político, porque lo peor que puede haber es un político que diga 'barra libre para todos', y que al final no se haga nada porque no hay dinero".
   El jefe del Ejecutivo regional trasladó a la ministra las prioridades de la Región de Murcia en materia de infraestructuras "para ser abordadas con carácter inminente", entre las que destacan la llegada del AVE, el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, la reconstrucción de Lorca, la conexión con Valencia por el Altiplano y la culminación de la autovía San Javier-Zeneta.
   En cuanto a los proyectos por abordar, el presidente subrayó que  "hablar de la Alta Velocidad tiene todo el sentido del mundo cuando ya se ha iniciado ese proyecto, aunque todavía queda mucho por hacer", según explicó Valcárcel, quien también se refirió al aeropuerto regional como "algo que está hecho a falta de una serie de flecos que habrá que ir cerrando".
   En relación a la autovía Zeneta-San Javier, el presidente autonómico recordó que se trata de una infraestructura que "desemboca en un huerto de limoneros porque así lo decidió el anterior Gobierno socialista", así que, añadió, "vamos a intentar que esa autovía deje de desembocar en un huerto".
   Valcárcel transmitió a Pastor la necesidad de concluir las obras de la autovía del Altiplano con el fin de vertebrar esa zona pensando en las miles de personas que transitan a diario esas carreteras, según han informado fuentes del Ejecutivo regional en comunicado de prensa.
   Igualmente, remarcó el compromiso y la responsabilidad de la ministra respecto a la necesidad de acometer la reconstrucción de Lorca, tras los terremotos del pasado 11 de mayo, asunto éste en el que se puso especial atención.
   Valcárcel resaltó que se trata de una primera toma de contacto para dar a conocer a la ministra cuáles son esos proyectos y, según dijo, a partir de ahora hay que crear una serie de grupos técnicos de trabajo para desarrollar de forma concreta estas ideas.
   El presidente destacó la "buena sintonía" con la ministra, "muy puesta al día con la realidad económica de España, pero también muy consciente de que las regiones van creciendo a partir de esas infraestructuras".
   Valcárcel recordó que en la anterior etapa han sido muchas las ocasiones en las que ha estado en el Ministerio de Fomento "donde hemos acordado infinidad de protocolos cuyo grado de cumplimiento al final ha sido cero".

Los transportistas murcianos pedirán al Gobierno regional la devolución del céntimo sanitario

MURCIA.- La Federación Regional de Organizaciones Empresariales de Transporte de Murcia, Froet, pedirá de nuevo al Ejecutivo regional que ponga en marcha medidas compensatorias a los transportistas murcianos, al igual que se ha hecho en la Comunidad Valenciana, donde sus transportistas podrán recuperar el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Hidrocarburos (IVMH), el llamado céntimo sanitario, a través del Gasóleo Profesional durante 2012, lo que les supondrá, al tipo vigente en dicha comunidad, hasta 2.400 euros al año por vehículo.

   Tras la drástica reducción del importe total de la devolución del Gasóleo Profesional, a partir de enero de 2012, el gasóleo se ha encarecido, para los transportistas en 2,8 céntimos de euro por litro, lo que supone cerca de 1.400 euros al año más por vehículo, explicna en comunicado de prensa.
   Los transportistas murcianos verían mejorada esta situación si, por el Gobierno regional, se aprobase, al igual que lo ha hecho la Comunidad Valenciana, la devolución del IVMH a través del gasóleo profesional. Esto, al tipo vigente de este impuesto en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que es 12 euros por mil litros, supondría una devolución de 600 euros anuales por camión.
   De no aprobarse esta medida, nuestros transportistas, tal y como declara el secretario general de FROET, Manuel Pérezcarro, "se sitúan en una posición de desventaja competitiva respecto a las empresas de transporte de la Comunidad Valenciana que también transportan productos murcianos y afectará, así mismo, de manera negativa a nuestras exportaciones".
   Pérezcarro añade además que esta tipo medida "supondría un alivio a la enorme presión fiscal a la que están sometidas las empresas de transporte por carretera".
   Por ello, Froet volverá a solicitar formalmente al Gobierno murciano la devolución del Céntimo Sanitario.

El Gobierno de Mariano Rajoy pone en marcha el relevo en el Banco de España

MADRID.- La reestructuración del sector financiero es imposible sin la colaboración estrecha del regulador. Así sucedió en los ochenta, que es el modelo que se ha tomado como referencia, y así se tiene que hacer en esta ocasión. Esto exige una relación fluida y, sobre todo, complicidad. Una situación que es imposible en un clima de desconfianza y sobre todo desde el convencimiento de que Miguel Angel Fernández Ordóñez ha hecho una gestión nefasta, según 'La Voz Libre'.

El Gobierno es consciente de que no tiene tiempo, porque quiere que el proceso esté concluido en el primer semestre. Pero Mariano Rajoy ha dejado claro que cumplirá estrictamente los calendarios establecidos por ley. Está convencido de que sólo así podrá combatir la crisis institucional que también asola España.

De acuerdo con este calendario, el gobernador del Banco de España tiene que estar en su cargo hasta junio, que es cuando cumple el mandato de seis años para el que fue elegido. No obstante, existe un resquicio, que fue precisamente el que utilizó el propio Fernández Ordóñez. En marzo abandonó la Secretaría de Estado de Hacienda y se incorporó al Banco de España. No fue designado gobernador hasta junio, pero el gesto fue suficiente para inhabilitar a Jaime Caruana y su equipo y dejar claro quién tomaba el mando.

El PP puede repetir ahora esta misma jugada y ganar al menos un trimestre para rematar la operación de saneamiento financiero, principal objetivo del PP en estos momentos.

De momento ha empezado a estrechar el cerco a Fernández Ordóñez. Cuenta con los informes de la inspección en los que se pone de manifiesto que la gestión en las siete entidades intervenidas durante la crisis ha sido arbitraria. Es decir, ya no se trata del conocido retraso en la adopción de decisiones, sino de adoptar medidas que no han sido suficientemente contundentes cuando los afectados eran del Partido Socialista.

El ariete de la estrategia popular para descalificar al gobernador es muy sencillo y populista: los sueldos a los ejecutivos de las entidades intervenidas. Se trata de hacer frente a la “inquietud y el rechazo social” que han producido en la ciudadanía los salarios o indemnizaciones millonarias percibidas por los directivos de firmas que han terminado siendo intervenidas o nacionalizadas, como Caja Mediterráneo o Novacaixagalicia. Tal como ha explicado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, “la voluntad del Ejecutivo es afrontar de forma directa” el problema e involucrar al supervisor en el control de los emolumentos percibidos. Luego, el Ejecutivo actuará en consecuencia.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, remitirá esta misma semana una carta al gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, exigiéndole que “explique, razone y justifique” la retribución fija y variable recibida por los directivos de las entidades financieras, a fin de conocer si las considera “adecuadas” dada la situación actual. El Ejecutivo, aseguró, busca evitar que se premie “a aquellos gestores que han colocado a las entidades en la necesidad de recibir dinero público para continuar su actividad”.

Tras esta noble intención del Gobierno de evitar algunos de los abusos que se han producido, se esconde el inicio del cerco al gobernador que irá creciendo hasta forzar su salida lo antes posible.

Las provisiones por suelo rústico en balance podrían hacer inviable 'Mare Nostrum'

VALENCIA.- El plan del Gobierno para que las entidades financieras saneen de una vez sus balances de los activos inmobiliarios tóxicos que han acumulado en los últimos años podría establecer provisiones del 95 % para el suelo rústico que tengan adjudicado. 

Según informaba ayer el diario económico Cinco Días, el suelo urbanizable recibiría una penalización del 60 %, mientras que las promociones sin acabar llegarían al 50 % y las terminadas, al 30 %. Con esta medida que afectaría a los activos adjudicados, si finalmente se consuma, el Ministerio de Economía quiere contribuir a que se saneen 50.000 millones de euros en el sistema financiero. 

El catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, Joaquín Maudos, considera que esa decisión sería la adecuada porque, en su opinión, hay que discriminar en función de cuál sea la situación del activo. Es decir, ofrece más garantías una vivienda terminada que una por acabar. 

No obstante, Maudos apunta en el diario 'Levante' que, si como se rumorea, la media de las provisiones a aplicar se queda en el 50 %, los activos adjudicados solo restarían 15.000 millones a los 50.000 que ambiciona el Gobierno: dado que la banca tiene 74.000 millones en activos y que ahora provisiona el 29 % de media, los 21 puntos restantes hasta llegar a 50 darían lugar a la citada cifra. 

El también investigador del IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) cree que los restantes 35.000 millones saldrán de préstamos morosos o subestándar que ahora no están calificados de esa manera y, por tanto, no se les aplica elevadas dotaciones. Sería algo parecido a las pérdidas que han aflorado en la CAM y el Banco de Valencia tras ser intervenidos.

A este respecto, El Periódico publicó ayer un informe que pone de relieve que solo seis bancos afrontarán sin apuros el saneamiento inmobiliario, que el Gobierno pretende que se haga principalmente contra la cuenta de resultados de las entidades. Una mayoría de bancos tendría pérdidas si se los obligase a hacer la limpieza en un año y con unas provisiones del 50 %. 

La que más padecería en volumen sería Bankia, con 5.177 millones. La situación más dramática sería para CatalunyaCaixa, Novacaixagalicia, Unnim, las tres nacionalizadas, y el Banco Mare Nostrum, que se verían abocadas a una situación casi insuperable, según el rotativo catalán. 

Junto a Bankia se sitúa un grupo, con el Popular, Ibercaja y el Sabadell, que podría salir airoso.

Las que sí lo harían son BBVA, Santander, La Caixa, Unicaja, Bankinter y Kutxa.