jueves, 12 de enero de 2012

Ana Pastor dice que el AVE es "irrenunciable"

MADRID.- La ministra de Fomento, Ana Pastor, considera que la construcción de la red ferroviaria de Alta Velocidad (AVE) es "irrenunciable", con lo que asegura que "velará" para que las obras de estos proyectos "se puedan hacer y se puedan pagar".

   En este sentido, en declaraciones a Onda Cero, indicó que "la financiación estará dispuesta para que las obras avancen a la velocidad que permitan los medios técnicos".
   La titular de Fomento reveló que "en estos días" se está reuniendo "uno a uno" con los correspondientes consejeros de las distintas comunidades autónomas para analizar las distintas obras y proyectos de todo el país, y anunció que la próxima semana mantendrá encuentros con los distintos partidos políticos con ese mismo fin.
   "Tenemos un montón de infraestructuras, de zanjas abiertas, en toda España y ahora hay que planificarlo todo, hacer un diagnóstico, gestionar y dirigir bien, y comprometerse con la conexión territorial", declaró la ministra.
   En materias de carreteras, Pastor reveló que se ha encontrado con que el compromiso de gasto para el ejercicio 2012 "casi duplica" al presupuesto con que el Ministerio contó para esa materia en 2011. "Se ha comprometido dinero que no hay y eso sí que es un problema", añadió.
   En este punto se refirió a las concesiones (infraestructuras cuya construcción y gestión se ceden a la iniciativa privada y que el Estado empieza a pagar una vez se ponen en servicio) para reconocer que actualmente "es un tema muy delicado" y avanzar que lo está "revisando, con la posibilidad de abordar un nuevo modelo concesional en España".
   Pastor reiteró su disposición y voluntad de trabajar, acordar y priorizar las necesidades con todos (sector privado, partidos y comunidades autónomas).

Moody's amenaza con rebajar el rating de la Región de Murcia

LONDRES.- La agencia de calificación de riesgos Moody's ha rebajado dos escalones, dentro ya del grado especulativo o 'bono basura', la nota de solvencia de la Comunidad Valenciana, que pasa a 'Ba3' desde 'Ba1', a la vez que mantiene su amenaza de más recortes de 'rating' sobre la región levantina, que extiende además a otras nueve comunidades autónomas españolas, entre ellas Andalucía, por las presiones de liquidez y sus dudas sobre si estas serán capaces de cumplir con los objetivos de déficit para 2012.

   En concreto, Moody's explica que ha decidido recortar la nota de la Comunidad Valenciana "por sus problemas de liquidez y por los inminentes e importantes vencimientos de deuda" a los que debe hacer frente la región.
   Asimismo, la agencia mantiene bajo vigilancia la calificación de la Comunidad Valenciana para otro posible recorte porque entiende que la posición de liquidez de la región es todavía "muy precaria" y depende de las medidas de apoyo que tome el Gobierno central.
   En este sentido, Moody's recuerda las dificultades de la Comunidad Valenciana para hacer frente en plazo a un pago de 123 millones al Deutsche Bank, lo que subraya, a juicio de la agencia, la cada vez más complicada posición de liquidez de la región.
   Por otro lado, Moody's ha situado en "revisión para una posible rebaja" las calificaciones de País Vasco, Galicia, Madrid, Extremadura, Andalucía, Castilla y León, Murcia, Cataluña y Castilla-La Mancha, además de los 'ratings' de Guipúzcoa, Vizcaya y del Consorcio de Transportes de Vizcaya.
   A este respecto, la calificadora de riesgos destaca las "crecientes presiones de liquidez sobre los gobiernos regionales y locales" por el deterioro de las condiciones de los mercados para los emisores subnacionales españoles.
   "Las regiones calificadas por Moody's se enfrentan a vencimientos de deuda por importe aproximado de 17.000 millones de euros en 2012", apunta la agencia, que subraya que las comunidades cuentan "cada vez con menos opciones de financiación, normalmente con altos intereses y vencimientos más cortos" ante sus dificultades para acceder a los mercados de capitales.
   "De hecho, varias regiones emitieron bonos dirigidos a inversores minoristas en 2011, lo que incrementa aún más los riesgos de refinanciación, tal como evidenció la incapacidad de Valencia de refinanciar completamente sus 1.500 millones en bonos minoristas del pasado mes de diciembre", añade.
   Por otro lado, Moody's explica que su amenaza de rebajar el 'rating' de estas autonomías refleja su preocupación respecto a la capacidad de las regiones españolas de cumplir con el objetivo de déficit fijado para 2012, después de que el Gobierno anunciara que las regiones incumplieron el objetivo de 2011 por un amplio margen, con un saldo negativo estimado del 2,7% frente al 1,3% previsto.
    De este modo, Moody's subraya la incertidumbre respecto al cumplimiento de objetivos de déficit en 2012 por parte de las regiones en el actual contexto, así como por el deterioro del entorno macroeconómico, tal y como refleja la previsión de Moody's de que el PIB español se contraiga entre un 0,5% y un 1% este año.

La Defensora del Pueblo investiga la gestión de las bolsas de maestros interinos en todas las CC AA

MADRID.-  La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, ha iniciado una investigación de oficio para conocer cómo se gestiona la bolsa de interinos del cuerpo de maestros de Educación Primaria en las 17 administraciones educativas autonómicas y en Ceuta y Melilla. 
 
   Según informa este organismo, la investigación se inició tras las quejas de ciudadanos llegadas al Defensor del Pueblo, que ponían de manifiesto que en varias comunidades autónomas, el procedimiento de gestión de la bolsa de interinos de este cuerpo no estaba dando preferencia los maestros especializados en Primaria, sino en otras materias, como Música, Educación Física, Educación Infantil, Lengua extranjera, Educación Especial, Audición y Lenguaje y Pedagogía terapéutica.
   Por tanto, los maestros que se consideran perjudicados por esta situación, reivindican que en la bolsa de maestros se debe dar prioridad a los especializados en primaria, por delante de maestros que no tengan dicha especialidad.

La crisis pone en el disparadero las delegaciones autonómicas en el extranjero

MADRID.- Bruselas, París, Berlín, Nueva York, México DF, pero también Maputo, Osaka, La Paz, Vancouver o Brisbane. Viajar por el mapa de la representación exterior española supone literalmente dar una vuelta al mundo, aunque, en muchos casos, esa presencia pueda parecer más simbólica que estrátegicamente necesaria. Antes de nada, porque, en la mayoría de esas etapas, a las embajadas, consulados y organismos del Estado se añaden dos, tres, cinco o más delegaciones u oficinas autonómicas. A la diplomacia se suma así la llamada paradiplomacia y, con ella, más gastos y, a menudo, duplicidades de funciones o descoordinación.

Esta es la clave de un debate de actualidad desde que el pasado 22 de mayo se renovaran la mayoría de Gobiernos autónomos y, dentro de los nuevos planes de austeridad, se planteara la reducción de las embajadas territoriales como medida de ahorro, a juicio de 'El País'.

Entonces solo algunas Administraciones lo hicieron (por ejemplo, María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha y Francisco Álvarez-Cascos en Asturias), mientras que hace una semana el recién estrenado ministro de Asuntos Exteriores del Gabinete de Mariano Rajoy, José Manuel García-Margallo, volvió sobre la cuestión y ofreció a las comunidades autónomas las instalaciones de las sedes diplomáticas del Estado para reducir costes de intendencia. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, no tardó en rechazar públicamente la oferta para hacer valer el “perfil propio” de Cataluña en el extranjero. Otras comunidades, como Cantabria o La Rioja, apoyan esa propuesta. La pelota en el aire ya se la disputan por un lado un ejército de expertos, políticos y gestores que hablan de despilfarro, y por otro, quienes alertan del riesgo de hacer demagogia fácil alegando que la mayoría de estos organismos sobrevive gracias a becarios y personal aún en etapa de formación.
César Colino, profesor de Ciencia Política y de la Administración en la UNED, resume así las implicaciones para España: “Las hay positivas, ya que la acción exterior autonómica proporciona en algunos ámbitos valor añadido a la política exterior española y, por otro lado, existen riesgos de una proliferación desordenada, de despilfarro de recursos y un potencial conflictivo a veces de carácter simbólico y de imagen exterior”. De esto se trata precisamente ahora, cuando cada partida de gasto de las Administraciones públicas adquiere un valor insospechado en épocas de bonanza.
Para comprenderlo mejor, veamos en qué consiste el entramado de la paradiplomacia autonómica en el mundo. Las comunidades autónomas tienen alrededor de 200 oficinas en el exterior, entre las que se cuentan delegaciones del Ejecutivo regional, institutos de comercio, turismo o misiones de cooperación al desarrollo. Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía (que ha multiplicado su representación en la última legislatura) son las autonomías con mayor presencia, con unas 50 oficinas la primera y más de 20 las otras dos. En total, existen dos centenares de embajadas repartidas por casi 40 países y todas las comunidades tienen su delegación en Bruselas, salvo Castilla-La Mancha y Asturias, que decidieron cerrarla tras los últimos comicios autonómicos. El Partido Popular pidió hace año y medio al Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero una estimación del gasto que generaban estos organismos y el Ejecutivo lo cifró en 150 millones por ejercicio. Pese a eso, los nuevos estatutos de autonomía aprobados en los últimos ocho años han reforzado entre otros también el capítulo dedicado a la acción exterior.
Lo recuerdan, por ejemplo, desde la Secretaría de Asuntos Exteriores de la Generalitat, destacando que el Estatuto de 2006 establece que Cataluña “debe” impulsar su representación en el extranjero, promover los intereses de la Generalitat en el exterior a través de oficinas y delegaciones y apoyar la cooperación al desarrollo. La consecuencia es que el Gobierno catalán tiene, de una forma o de otra, presencia en Mozambique, Ucrania y otros países (según el mapa del Departamento de la Presidencia) donde la intensidad de las relaciones bilaterales no parece, a simple vista, determinante.
En opinión de Jaume Saura i Estapà, profesor de Derecho Internacional y coordinador del master interuniversitario en Diplomacia y Función Pública, “la paradiplomacia es un tema muy amplio y [con respecto a los recortes] se corre el riesgo de hacer demagogia”. “Lo que hay que valorar en cada caso es la forma en que se justifica esa presencia en el exterior. Cataluña tiene delegaciones que suponen un valor añadido”. A este respecto, la mayoría de los expertos coincide en que una sede diplomática en Bruselas puede ser clave para el desarrollo de la región. “En cualquier caso”, agrega, “sí hay que tener margen para cooperar. Siempre lo hay. La diplomacia siempre tiene que ser cooperativa y tener una presencia física cuando esté justificada”. Saura aborda así otro de los aspectos clave de la cuestión: la colaboración entre organismos del Estado y los territoriales.
Abundemos en eso. “La coordinación no viaja en primera clase, sino en el vagón de carga. Las instancias e instrumentos de coordinación intergubernamental no forman parte del núcleo de las políticas del Gobierno central y las comunidades autónomas, sino que constituyen un apéndice, que en su diseño y funcionamiento reproducen esta idea de segundo orden y excepcionalidad”, razona Kattya Cascante. Esta analista de la Fundación Alternativas se refiere a un ámbito concreto, el de la cooperación internacional, que sin embargo puede resultar revelador. La experiencia de Cascante habla de retrasos, falta de información, duplicidades, descoordinación en definitiva: inconvenientes habituales en las relaciones con las instituciones y la burocracia y que, sin embargo, se multiplican exponencialmente como los actores del proceso.
“Se observa”, prosigue “un paralelismo con la construcción de la Unión Europea, en el que uno de sus padres fundadores, Altiero Spinelli, advertía que no acabaría convirtiéndose en una unión política a través de pasos económicos... Parece que la cooperación española necesita con urgencia un Altiero Spinelli que nos recuerde que la construcción de 18 sistemas paralelos, pero en todo caso separados, es una maniobra políticamente legítima pero ineficiente”.
Pero ¿qué ocurre en otros países? Canadá y Alemania cuentan con una larga tradición de representación territorial exterior, respectivamente la provincia de Québec (que tiene actualmente una veintena de delegaciones en el extranjero, entre ellas una en Barcelona) y los länder, como Baviera. Sin embargo, una de las experiencias más interesantes de gestión diplomática frente a la crisis económica es la de los países nórdicos. La solución que han adoptado Dinamarca, Suecia o Noruega se parece al fin y al cabo a la que propone García-Margallo. Se trata de compartir instalaciones, parte del personal, limpieza e intendencia y racionalizar así los gastos. Ocurre en una veintena de destinos, por ejemplo, Amman, Bagdad, Bamako o Jakarta. Además, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia e Islandia, cuentan en Berlín con una embajada en el mismo edificio. “En la ultima reunión del Consejo de Ministros de Exteriores de los países nórdicos”, explica Catharina Skoog, de la Embajada sueca en Madrid, “se discutió precisamente el tener en un futuro cercano más delegaciones nórdicas en un mismo recinto o edificio, sobre todo en países donde se requieren muchas y costosas medidas de seguridad”.
Este tipo de soluciones y una mayor coordinación entre instituciones constituyen el camino señalado por la mayoría de los expertos. Lo demuestra también el índice de presencia global elaborado por el Real Instituto Elcano, que mide “la proyección exterior de los países en los terrenos económico, militar, científico, social y cultural”. “Durante mucho tiempo se dijo que España boxeaba por encima de su peso porque iba cumpliendo con éxito su objetivo de ser reconocida como potencia media, pese a no disponer objetivamente de empresas, ejército, u otros activos internacionalizados en la escena mundial”, apuntan los investigadores Ignacio Molina e Iliana Olivié. Pero ahora, con una alta presencia global efectiva en casi todos los ámbitos, “podría concluirse que se corre el riesgo de boxear por debajo de peso”. Y así, alertan, podría ocurrir “si el empeño continúa demasiado enfocado a la inserción en una foto histórica antes que en planificar a largo plazo una actuación” más racional y coordinada. También con respecto a la acción exterior autonómica Molina destaca la “falta de una planificación estratégica”. Esto es, un panorama en el que, quizá con las salvedades de Cataluña y País Vasco, se diseña primero “el instrumento antes de reflexionar sobre el producto que se quiere lograr”, además de una reducción razonable de los gastos y una mayor colaboración.

Ranking de oficinas

Número de delegaciones, oficinas de turismo y comercio, según el último informe oficial del Gobierno, anterior a los recortes:
  • Cataluña: 48.
  • Valencia: 23.
  • Andalucía: 22.
  • País Vasco y Asturias: 13.
  • Galicia y Murcia: 12.
  • Madrid: 11.
  • Castilla y Leon, Aragón, Canarias y Navarra: 5.
  • Extremadura: 4
  • La Rioja, Baleares, Cantabria y Castilla-La Mancha: 2.

Despilfarros exteriores / J.I. Torreblanca *

Jean Monnet decía que un problema no podía entenderse correctamente hasta que no se visualizaba en una tabla. Sus tablas, a cuya preparación dedicaba ingentes esfuerzos, ayudaban a los estados a visualizar las ineficiencias que se derivaban de las duplicidades en su gasto y las ventajas de la cooperación y la coordinación. Siguiendo su inspiración, en algún momento de la pasada década, alguien decidió contar cuántas embajadas y consulados tenían los (entonces) 25 estados miembros de la Unión Europea.

El resultado fue revelador: frente a las 243 misiones que mantenía EEUU, los 25, a los que había que añadir la Comisión y el Consejo Europeo, sumaban nada menos que 3.230 delegaciones. Con 110.545 personas a su servicio, la UE era el actor diplomático más extenso dotado del mundo. Si nadie se había dado cuenta hasta la fecha, era por una buena razón: el retorno de ese inmenso despliegue era ínfimo. La UE era el primer bloque económico y comercial del mundo, también el segundo en gasto militar, muy por delante de China o Rusia, pero diplomáticamente apenas existía.

Con ese diagnóstico en la mano, la UE adoptó un plan increíblemente ambicioso: fusionar los servicios diplomáticos de la Comisión y el Consejo e integrar en el nuevo servicio hasta un tercio de diplomáticos provenientes de los Estados miembros. En la cúspide del sistema habría un “ministro” de Exteriores (llamado alto representante) asistido por un comité de embajadores permanentes con sede en Bruselas, además de otros servicios de planeamiento, gestión de crisis, etcétera. 

Para muchos Estados, este plan, plasmado en el Tratado de Lisboa, abriría la posibilidad de cerrar o compartir embajadas en todos aquellos lugares donde sus intereses fueran sobre todo europeos más que exclusivamente nacionales, permitiéndoles concentrarse en aquellos temas y regiones donde su valor añadido fuera mayor. Las diplomacias nacionales se veían obligadas a pensar en cómo reinventarse y desplegarse, toda vez que una gran parte de sus funciones tradicionales (especialmente en el ámbito comercial y consular) estaban ya en manos de la Unión Europea, no de los Estados.


Pero resulta que mientras los 27 Estados de la UE dedicaban casi una década a la ingente tarea de diseñar los instrumentos legales, políticos y financieros que les permitieran coordinar sus capacidades diplomáticas y racionalizar su despliegue exterior, dentro de España, las Comunidades Autónomas recorrían el camino exactamente inverso abriendo un ingente número de delegaciones exteriores (hasta 200) y estableciendo sus propias agencias de cooperación al desarrollo pese a sus elevados niveles de endeudamiento o incluso, al hecho de que, como en el caso de Andalucía, se tratara de regiones que recibían importantes subsidios por parte de los países más ricos de la UE.


Retrospectivamente, el problema no reside tanto en las competencias de acción exterior en sí, pues estas tienen cierto sentido en un Estado descentralizado, máxime en los ámbitos de promoción cultural, turística o comercial, sino en el volumen de gasto (150 millones de euros) y, sobre todo, en la falta de coordinación y búsqueda de sinergias. Se trata de un problema endémico de nuestro sistema autonómico, en el que la cooperación horizontal entre CCAA y la supervisión por parte de terceros actores brillan por su ausencia o son extremadamente débiles. Esto da lugar a situaciones paradójicas.

Por ejemplo: de acuerdo con el procedimiento denominado “semestre europeo” Bruselas puede examinar los presupuestos del Estado con antelación a su aprobación por la Cortes Generales, pero las Comunidades Autónomas no estén sometidas a la misma exigencia por parte del Estado central, ello pese a que este tendrá luego que responsabilizarse de su déficit ante Bruselas, incluso haciendo frente a importantes multas y sanciones.


Todo ello pone de manifiesto una situación difícil de entender y para la que en absoluto parecíamos estábamos preparados. Mientras, como consecuencia del proceso de integración europeo, el Estado central se ha “europeizado” y cedido competencias de supervisión a Bruselas hasta niveles insospechados (y más que lo está haciendo y lo hará con la crisis actual), las Comunidades Autónomas han logrado en gran medida zafarse del control y supervisión, de sus ciudadanos, por abajo, y de otros entes, sean el Estado o la UE, por arriba. La crisis podría, al menos, servir para corregir esta contradicción entre la europeización de la Administración central y la “deseuropeización” de las Comunidades Autónomas.

(*)  Del Instituto Juan March, de estudios e investigaciones

¡Que prediquen con el ejemplo! / Carta de CC OO en Banco Mare Nostrum

El pasado 30 de diciembre, ante la presión del Banco de España (sensibilizado por la repercusión mediática de la publicación del dossier de CC.OO. sobre las remuneraciones de los consejeros y la alta dirección del sector financiero), la mayoría de las direcciones de las entidades intervenidas o que han precisado ayudas del FROB se rindieron e hicieron públicas de manera individualizada los datos referidos a su remuneración fija y variable, las cláusulas de blindaje, las pensiones, los créditos y retribuciones en acciones que perciben.

Os adjuntamos los links a la información referida a Banco Mare Nostrum y a las cuatro cajas que lo han creado.

Consejo de Administración
Comité de Dirección

Lo que queda patente es que esas retribuciones son del todo desproporcionadas para los tiempos que corren y está totalmente fuera de lugar que quienes se las han auto asignado se atrevan a plantearnos a los trabajadores de a pie, totalmente ajenos a la orgía de despropósitos cometidos a la hora de conceder estratosféricos préstamos prácticamente irrecuperables, que aceptemos una moderación salarial si esa misma cúpula no predica con el ejemplo.

Y eso que sólo hablamos de los datos “voluntariamente” publicados (algunos directivos se han acogido a la Ley de Protección de Datos Personales), que no hacen referencia a dietas por asistencia a los Consejos de Administración de las empresas participadas (que en nuestro grupo bien pasan del centenar), ni hablamos tampoco de los viajes en preferente, ni de los gastos cargados a la tarjeta-empresa, ni de los cargados a la tarjeta-empresa-participada.

¿Qué purgante necesitaremos los trabajadores de a pie para paliar la indigestión que nos produce el tenernos que tragar que encima se repartan incentivos los que nos han llevado a esta situación insostenible? ¿Desde cuándo se premia la incompetencia? Se ha eliminado mucho empleo en el sector. La intervención sindical ha posibilitado que se haya hecho de manera no traumática y compañeros prejubilados están contentos con su nueva situación, pero... nos proponen más destrucción de empleo directo. Y no nos olvidamos que, en su afán por reducir gastos, no sea que se les acabe el chollo, han destruido mucho, muchísimo empleo indirecto. ¿O es que quizás reducir la frecuencia con la que se limpian las oficinas a la mitad no destruye empleo? ¿O distribuir la valija interna cada no se sabe cuando, no reduce empleo? 

Pues esa política es como el pez que se muerde la cola: esos trabajadores que han perdido su ocupación son los que al final no están pudiendo pagar su hipoteca (en más de una ocasión contratada con alguna de estas cuatro cajas), con la consiguiente asignación de más ladrillo a los balances de las cajas, origen, según nos explican, de todos los actuales males que nos afectan.

Estamos en plena negociación para homologar las condiciones laborales de todos los que conformamos el Grupo BMN. Las propuestas que hemos recibido por parte de la Dirección, como ya ha denunciado la totalidad de la representación laboral, nos parecen insultantes. ¿Qué tal si empezásemos a discutir cuál ha de ser la retribución total de nuestros directivos? ¡Qué el salario del Grupo 1, Nivel I del Convenio de Cajas de Ahorro tampoco está tan mal!

IU-Verdes ve en la caída de pasajeros del aeropuerto de San Javier un "anuncio" para el de Corvera

MURCIA.-   El coordinador de IU-Verdes en la Región de Murcia, José Antonio Pujante, ha dicho este miércoles que el descenso de pasajeros en el aeropuerto de San Javier en 2011 es "un anuncio de lo que se le puede venir encima" al aeropuerto de Corvera.

    Pujante ha indicado que en los últimos años "se ha vendido mucho humo y ladrillo", lo que ha dado lugar a una "deriva especulativa" que, sumada a la "incapacidad" del Gobierno regional, ha desembocado en una crisis del sector turístico de la Región.
    Asimismo, ha hecho referencia a casos de aeropuertos privados como el de Castellón, todavía inactivo pese a que fue inaugurado en marzo de 2011, y ha insistido en la cercanía de los aeropuertos de Corvera y El Altet, en Alicante.

Datos de San Javier
El aeropuerto de San Javier ha registrado un total de 1.262.541 pasajeros de enero a diciembre de 2011, lo que supone un descenso del 6,4 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, según datos de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).
   Asimismo, el aeropuerto murciano realizó menos operaciones de tráfico aéreo con respecto a 2010, un total de 12.711, un 5,7 por ciento menos que sobre el año anterior.
   Respecto al transporte de mercancías, el total transportado fueron 1.454 kilos, un 43,7 por ciento menos entre enero y diciembre de 2010.
   En concreto, en el pasado mes de diciembre el aeródromo registró 28.753 pasajeros y contabilizó 495 operaciones, lo que supone un crecimiento del 2,5 por ciento. En noviembre fueron 36.141 pasajeros, 562 operaciones (-1,9%).
   Además, transportó 44 kilos de mercancía, es decir, un 91,3 por ciento más que en diciembre de 2010.

El Gobierno baraja congelar sus aportaciones a las CCAA si incumplen el déficit

MADRID.- El Gobierno quiere que el régimen de sanciones a las comunidades comprometido en la futura Ley de Estabilidad Presupuestaria permita al Estado congelar o incluso reducir las aportaciones que realiza a las autonomías que no cumplan los objetivos de déficit público, en la línea de las medidas previstas por la Unión Europea.

Así lo ha explicado el ministro de Hacienda y Presupuestos, Cristóbal Montoro, en una conversación informal con periodistas en los pasillos del Congreso, donde ha indicado que primero escuchará las demandas que las regiones le transmitan. Este miércoles recibe a las presididas por el PP y la próxima semana organizará una reunión del Consejo Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Montoro está dispuesto a atender demandas de las comunidades autónomas que se quejan de asfixia económica, e incluso no descarta nuevos incentivos, pero ha recalcado que todo ello estará condicionado al cumplimiento de los objetivos de déficit.

Su deseo es no llegar a la posibilidad de recortar o congelar aportaciones del Estado, pero en todo caso quiere contar con las herramientas adecuadas para actuar si se llega a ese extremo.

El modelo sería el que se aplica en la Unión Europea con los Estados miembros, aunque el diseño concreto busca una mayor eficacia que las sanciones de Bruselas. Su objetivo es empezar a trabajar para "crear una imagen de país" comprometido con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Asimismo, ha explicado que la futura Ley de Estabilidad Presupuestaria que el Gobierno aprobará antes de los Presupuestos Generales del Estado, comprometida en la reforma constitucional que impulsaron el PP y el PSOE, incluirá techos de gasto y, "como consecuencia de la situación económica", también de déficit.

Respecto a otra de las cuestiones que se abordarán en el próximo CPFF, la reducción de entes públicos, el Gobierno ha encargado un informe sobre esta cuestión para evaluar la situación.

Inyección de recursos

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha garantizado a los gobiernos regionales del PP que la subida de impuestos supondrá una inyección de recursos adicionales para las regiones y los ayuntamientos y ha defendido la autonomía económica y financiera de las Comunidades Autónomas.


   Montoro ha mantenido este miércoles una reunión "informal" con los consejeros de Economía y Hacienda de las CCAA en las que gobierna el PP para trasladarles el compromiso del Gobierno y del partido con el déficit público y el equilibrio presupuestario, así como con las medidas necesarias para alcanzar dicho objetivo.

   Tras repasar el contenido del real decreto ley de medidas urgentes económicas aprobado por el Congreso, el titular de Hacienda ha explicado a los consejeros que los ajustes contemplados serán soportados prácticamente por el Estado y ha enfatizado que la subida de impuestos supondrá una inyección de recursos adicionales para las Comunidades y ayuntamientos porque revierte en parte en las administraciones locales y autonómicas.

   Asimismo, Montoro ha reafirmado el "pleno respeto" del PP a la autonomía económica, política y financiera de las Comunidades Autónomas y, en esta línea, ha recalcado que un Estado descentralizado no tiene por qué ser despilfarrador y generador de déficit.

   El titular de Hacienda ha abordado con los consejeros la necesidad de reducir el déficit y racionalizar el gasto público de todas las administraciones, una prioridad para el Ejecutivo, y en este contexto se ha abordado la posibilidad de establecer sanciones a las CCAA que no cumplan con el objetivo de déficit en línea con lo que aplica la Unión Europea con los Estados miembros.

   La reunión también ha servido para debatir otros temas como la Ley de Estabilidad presupuestaria, el plan de saneamiento del sector público en el que trabaja el nuevo Ejecutivo de Rajoy, la necesidad de establecer un techo de gasto para las regiones, así como de atender a los problemas de liquidez para que las CCAA puedan seguir financiando los servicios públicos.

   Finalmente, Montoro ha insistido en la responsabilidad de los gestores públicos y en la transparencia de los distintos gobiernos.

Diego de Ramón plantea presentar una demanda de responsabilidad patrimonial a cuatro niveles en la CAM

ALICANTE.- El abogado que denunció a los antiguos gestores de la CAM ante la Audiencia Nacional, Diego de Ramón, ha pedido a una plataforma de afectados por Caja Mediterráneo en Alicante que se adhieran a una "demanda de responsabilidad patrimonial en cascada" que afecta a cuatro niveles y que son los directivos, los miembros del consejo de administración, los representantes políticos en el consejo de administración.

   Diego de Ramón ha hecho estas declaraciones momentos antes de participar en un acto con esta asociación, que se ha celebrado este miércoles en la sede de CCOO en Alicante, y que ha contado con la asistencia de la diputada autonómica del PSPV-PSOE, Ana Barceló, y la diputada de Compromís, Mireia Mollà, ya que la asociación había invitado a los diputados autonómicos que participan en la Comisión de Investigación de la CAM en las Corts Valencianes.
   Así, el letrado ha indicado que la reunión se ha celebrado con la finalidad de que los miembros de esta asamblea y los afectados se adhieran a una demanda, que tiene previsto presentar "inmediatamente", en caso de recibir apoyo del colectivo alicantino, ante la Audiencia Nacional, para que se depuren todas las responsabilidades patrimoniales.
   El abogado ha explicado que, en su opinión, hay "cuatro niveles de responsabilidad: los primeros son los directivos de CAM, en segundo lugar están los miembros del consejo de administración y, los políticos representantes en el consejo, y en tercer lugar el Instituto Valenciano de Finanzas y la Consejería de Economía del Gobierno murciano, que todos los años tenían los balances y auditorías y no actuaron porque los propios vigilantes tenían créditos de la propia caja" a la que tenían que vigilar.
   En su opinión, "el cuarto nivel de responsabilidad sería del FROB, Banco de España y la CNMV", al entender que cuando "la comisión tuvo conocimiento de la creación del Banco CAM, por falta de solvencia patrimonial y económica, tenía que haber suspendido la cotización".
  "Por eso nos dirigiremos en acciones judiciales, buscando esos cuatro niveles de responsabilidad para que respondan las instituciones del Estado, la policía bancaria, por no haber intervenido la caja antes, salvaguardando así los intereses de los cuotapartícipes porque las cuotas no están protegidas por el Fondo de Garantía de Depósitos".
   De Ramón ha resaltado que en 2008 envió un escrito a la CNMV en el que se oponía a la emisión de cuotas participativas, pidiendo "una garantía de solvencia patrimonial para que la caja pudiera obtener esa liquidez".
   Además, ha indicado que "un mes antes de la intervención, la CAM separa el Banco CAM, donde se deja la parte buena, los depósitos puros y limpios, y deja los créditos contaminados y de dudoso cobro y las cuotas en la CAM", por lo que la CNMV tendría que haber "suspendido la cotización un mes antes de la intervención" porque, de esa forma, no habría habido el perjuicio económico de los cuotapartícipes". Desde su punto de vista, "hubo una dejación de funciones por parte de la CNMV y del Banco de España".
   Respecto a la primera denuncia presentada ante el Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, ha indicado que su titular, Grande-Marlaska había pedido una fianza para la personación de 60.000 euros. De Ramón ha recurrido y la fianza se ha rebajado a 6.000 euros, pero ha vuelto a recurrir con el fin de poder asumir la cantidad para poder ejercer la acción popular.
   Además, según ha dicho, el juez le ha pedido al Banco de España, al FROB, "una documentación contable de esos agujeros económico-financieros que tenía la CAM". Ha recordado que ha solicitado al Banco de España que abra una investigación más "exhaustiva" de los posibles delitos penales cometidos por los gestores de esta entidad, así como información relativa a los negocios de CAM "en la oficina de Miami, en paraísos fiscales y también en la oficina de Londres".
   Según ha avanzado, también pretende recabar "información sobre la participación de responsables políticos en las grandes concesiones de los macrocréditos para ver si los consejos de administración tenían los informes de análisis y qué tipo de garantías complementarias se les exigieron".
   A este respecto, el abogado ha mantenido que la CAM "concedió créditos por valor de 1.600 millones de euros sin garantías" y ha exigido que lo "expliquen".

Denuncia de la CIC

La Confederación Intersindical de Cajas (CIC) presentará este jueves una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y su antecesor en el cargo y actual responsable del Banco Internacional de Pagos, Jaime Caruana, por presunta prevaricación, según informa el sindicato en un comunicado.
   CIC responsabiliza a ambos dirigentes de la situación que atraviesan las entidades financieras y las cajas de ahorro españolas, ya que considera que disponían de informes elaborados por los propios inspectores del Banco de España en los que se advertía del alto nivel de riesgo acumulado en el sistema financiero español.
   Los citados informes detallaban que el riesgo era consecuencia de la "anómala" evolución del mercado inmobiliario español y alertaba de que los "errores cometidos por las entidades acabarían siendo transferidos a la sociedad en conjunto".
   La presentación de la demanda correrá a cargo del presidente de la CIC, Gonzalo Postigo, y del secretario general, Jordi Oller. 
Fernández Ordóñez, actualmente en el cargo, fue designado gobernador del Banco de España el 8 de marzo de 2008 en sustitución de Jaime Caruana, que ocupó el cargo desde julio de 2000.