MADRID.- Dos sentencias del Tribunal Constitucional y una del Tribunal Supremo
han invalidado legalmente todo el entramado urbanístico especulativo
creado durante quince años por el Gobierno del Partido Popular en la
Región de Murcia presidido in aeternis por Ramón Luis Valcárcel.
Ahora tras los dictámenes queda en herencia una autopista de peaje en
quiebra (Cartagena-Vera) y un aeropuerto aún por inaugurar que ha
costado 300 millones de euros y la misma escasez de agua ancestral, a juicio del digital 'Cuarto Poder'.
En el esquema fantástico de Valcárcel y sus acólitos
decenas de miles de turistas debían llegar al aeropuerto internacional
de Corvera, veinte kilómetros al sur de la capital provinciana y
provincial y 30 al norte de la costa mediterránea, para trasladarse por
la autopista de peaje Cartagena-Vera hasta la Marina de Cope, junto a
Águilas, donde debía haberse edificado un macrocomplejo turístico
costero de 9.000 viviendas, 22.000 plazas hoteleras, cinco campos de
golf y una marina de 1.400 puntos de amarre.
Para facilitar el asunto el PP murciano
no dudó en desproteger 11.000 hectáreas de terrenos protegidos
ambientalmente junto al mar y que formaban parte del Parque Regional de
Cabo Cope, saltándose los límites de este utilizando torticeramente la
normativa europea sobre Lugares de Interés Comunitario (LIC). Los
cooperadores necesarios fueron los propietarios de los terrenos sobre
los que pretendían hacer el negocio del siglo: Iberdrola (40%), Bancaja
(Bankia, quebrada) y Cajamurcia (integrada en un BMN con profundas
dificultades financieras y a punto de ser intervenido).
El sueño digno de Antoñita la Fantástica se completaba con un trasvase del Ebro al Segura, prometido por José María Aznar
y que nunca se hizo, supuestamente para garantizar el futuro de la
agricultura aunque en realidad pretendía dotar de recursos hídricos a
las viviendas, hoteles y campos de golf de toda la región murciana.
Pero un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por 52 diputados
del PSOE y alentado por Ecologistas en Acción, Anse, Greenpeace y WWF en
2001 ha sido dictaminado finalmente al cabo de 11 años por el Tribunal
Constitucional, que ha dejado sin efecto la desclasificación de terrenos
protegidos decidida por el PP y apoyada por sus socios financieros así
como por todo el establishment regional murciano. El TC, en
otro alarde de esa celeridad que hace a la justicia más cercana y
eficiente para los ciudadanos, emitió la sentencia el pasado 13 de diciembre.
Aún no se habían repuesto del susto Ramón Luis Valcárcel
y sus acólitos murcianos cuando el mismo Tribunal desestimó, el 21 de
diciembre, un recurso interpuesto por el PP murciano para dejar sin
efecto la reforma del Plan Hidrológico Nacional que concedió a Cataluña y
al Estado español la potestad de decidir cuál ha de ser el caudal
mínimo que el río Ebro ha de mantener en el Delta, lo que imposibilita
de hecho la posibilidad de un trasvase como el pretendido por el PP
murciano y valenciano hacia otras cuencas levantinas.
Era el tercer revés seguido que sufría el desarrollismo urbanístico
especulativo propiciado por el Partido Popular en Murcia y que, a pesar
de estos últimos acontecimientos, ha dejado como herencia miles de
viviendas deshabitadas y sin vender en al menos una decena de resorts
con campos de golf en toda la costa regional, edificados gracias al
soporte financiero de Caja Mediterráneo (CAM, quebrada y ahora en manos
de Banco de Sabadell); Cajamurcia (que lidera el grupo BMN en serias
dificultades financieras), Bancaja y Cajamadrid (quebradas y en manos de
la igualmente insolvente Bankia), etcétera.
El primer aviso de cómo iba a evolucionar en estos últimos diez días
lo dio el Tribunal Supremo el 16 de diciembre al desestimar un recurso
del Gobierno Regional contra una sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Murcia que rechazaba el uso del llamado “teletransporte
urbanístico” que estableció la ley regional de Suelo hace más de una
década, la misma que desprotegió espacios naturales para facilitar la
macrourbanización de Marina de Cope.
El “teletransporte”, hábilmente creado por el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel,
consiste en dotar de una edificabilidad teórica exagerada a suelos de
sistemas generales para que fuera aprovechada en otros suelos
urbanizables no conectados físicamente. Con ello, los promotores han
estado aumentando eficicabilidad a placer en los terrenos urbanizables
de su conveniencia.
Consecuentemente, si esa práctica extendida no es admisible, la
mayoría de los planes urbanísticos redactados en la Región en la última
década deberían ser revisados y los que están en fase de factura
deberían ser paralizados, como exigen los ecologistas, para ajustarlos a
lo que estableció en su día el TSJM y ahora ha refrendado el Supremo
desestimando el recurso del Gobierno murciano.
Con estos tres recientes varapalos quedan legalmente invalidadas las
políticas urbanísticas emprendidas desde 1995 por el PP en Murcia,
aunque es de reseñar que algunos ayuntamientos murcianos gobernados por
el PSOE ––Lorca y Los Alcázares especialmente–– también las han llevado a
la práctica a pesar de los recursos en instancias superiores de su
propio partido.
En cualquier caso, el modelo propiciado por Ramón Luis Valcárcel
y sus equipos de gobierno, que ya ha fracasado económicamente como
muestran las ciudades turísticas fantasma que jalonan la costa, queda
ahora invalidado legalmente con las sucesivas tres sentencias del
Tribunal Supremo y del Constitucional. Una felicitación de navidad de la
que los gobernantes murcianos no se quieren dar por enterados.
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