"La ley no está hecha para impedir tal o cual tipo de comportamiento
sino para diferenciar la manera de sortearla". Michel Foucault en Saber y
verdad.
Ver las calles llenas de policías, la prensa y la
televisión llena de arrestos a pequeños comerciantes de droga y de
evocaciones sobre terrorismos pasados, la exaltación mediática de los
delitos de las clases populares, no es otra cosa que la fotografía de
miedo que un gobierno autoritario quiere mostrar a la multitud
indignada. Paralelamente, las redes de internautas invaden el espacio
social con vídeos, fotos y textos que muestran el ascenso de la
violencia de un Estado que prepara con premeditación un escenario de
represión con el objetivo de controlar a las masas desquiciadas por la
precariedad y la pobreza.
Pero como con la violencia inmobiliaria y bancaria -del capital- y de su amigo ejecutivo no parece ser suficiente, el gobierno impulsa leyes para que esa violencia no deje grieta para respirar, organizando así un encarnizamiento más hacia la población noqueada, negándole de facto el derecho a la justicia.
Y cómo no ver en el drama social de la vulneración del derecho fundamental a la vida y del derecho a la vivienda digna que nos muestra cada desahucio, una imagen vergonzosa de quienes gobiernan alternativamente este sumidero de país.
Intentemos, desde la corrección razonada, un ejercicio de desmontaje de la mentira institucionalizada sobre la cuestión de la sangría de los desahucios desde su dimensión jurídica. Para empezar, es manifiesta la incoherencia del ministerio de Justicia que, por un lado, dice "proteger" a los desahuciados, y por otro lado los acosa con leyes injustas e inmorales.
A ver, si comparamos las dos últimas normas aprobadas, una en vigor desde el 16 de noviembre y la otra desde el 22 de noviembre, veremos que con una simple lectura, contemplan planteamientos totalmente dispares.
Por un lado, el Real decreto de 27/2012, de 15 de noviembre, de Medidas Urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios. Esta norma pretende "aliviar" la situación de los deudores hipotecarios, dado el drama social que para cada una de las personas y familias que no pueden hacer frente al pago de su crédito hipotecario supone perder su casa y, además, quedar endeudados con el banco para el resto de su vida. Los requisitos para acogerse al Real Decreto de protección para los desahuciados, resumidamente, son: ser familia numerosa, tener hijos menores de 3 años, tener a cargo a dependientes o discapacitados, a los que hay que añadir una serie de requisitos económicos, siempre y cuando se trate de la vivienda única. Como ya se puede observar en la práctica, es un reglamento menos que insuficiente que ni siquiera ha llegado a maquillar el problema tal y como era su intención.
Por otro lado, el 'tasazo', esto es, la Ley 10/2012, de las tasas judiciales, que supone un desembolso económico por parte del desahuciado. Veamos. El banco tiene que pagar unas tasas para demandar al deudor, y el desahuciado tiene que pagar unas tasas para 'defenderse' ante esa demanda. Como en estas situaciones siempre sale triunfante el banco, son al final esos mismos 'desahuciados' los que tendrán que pagar, además, las tasas judiciales abonadas por el banco al demandar, incluidas en la condena en costas.
Pero no queda todo ahí. Las causas de oposición a la ejecución hipotecaria son muy concretas. Así que, si el desahuciado entiende que su contrato contiene cláusulas abusivas la ley le obliga a acudir a un segundo procedimiento, esta vez declarativo, lo que implica unas nuevas tasas. Nadie podrá ejercer su derecho a defender su hogar, pues si carece de medios para pagar la hipoteca por las circunstancias actuales en que se encuentra el país, mucho menos dispondrá de ellos para seguir pleiteando.
Resumiendo. Los requisitos del Real decreto 27/2012 son totalmente incoherentes con lo que ahora reclama la Ley de Tasas Judiciales, ya que a partir de esta ley tienen que pagar todas las personas jurídicas y físicas, excepto la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas, organismos públicos dependientes de éstas, las Cortes Generales y las asambleas autonómicas, el Ministerio Fiscal y los funcionarios en determinadas situaciones, sí, y también los beneficiarios de justicia gratuita, es decir, los más pobres entre los pobres con hijos menores de 3 años o con personas dependientes (familias que fueron engañadas por los bancos, ya que sin tener empleos estables les permitieron hipotecarse sin explicarles las consecuencias que hoy están sufriendo, como bien sabe la Plataforma de Afectados por la Hipoteca).
Por tanto nos encontramos con que a la población más empobrecida junto a las clases medias en descenso social que están sufriendo desempleo o empleo precario, se les acumulan sufrimientos en forma de problemas relacionales encarnados en rupturas familiares, problemas de salud mental, con un incremento del gasto de los hogares en forma de impuestos como el IVA, de servicios básicos como el agua potable y la energía eléctrica, de la atención sanitaria, por citar algunos, y una disminución progresiva de los ingresos, a lo que ahora se suma un nuevo golpe en forma de tasa judicial que limita su ya precario deambular por las instituciones jurídicas, políticas, sociales, y cómo no, bancarias.
En esas estamos, grandes tasas para acceder a una administración de Justicia "obsoleta, añosa, desnortada y caótica, incomprensible en su funcionamiento e incapaz de generar confianza ni hacia dentro ni hacia fuera. Algo que sabemos bien los que trabajamos en ella", según palabras de los Jueces Decanos de España reunidos en su encuentro anual en Vitoria en noviembre del año pasado.
Y es que cada día se hace más cierto en el paisaje social de este país el hecho de que las leyes las hacen unos pocos para unos pocos. Por eso hay que evidenciar claramente la estafa. Hay que dejar claro a la ciudadanía que la imposición de una ley que vulnera los derechos a la tutela judicial efectiva y a la igualdad consagrados como fundamentales en la Constitución, para lo único que sirve, además de para recaudar, es para disuadir a la población vulnerable impidiéndole el acceso a la justicia, con el efecto de quedarse sin posibilidad alguna de defender sus derechos e intereses. Y esto nos lleva también a evocar que aquella a la que llaman 'nuestra Constitución', hace aguas por todos lados, sobre todo cuando su vulneración la realizan sistemáticamente las que llaman 'nuestras instituciones'.
(*) Abogados
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