MURCIA.- La Plataforma de afectados por la
hipoteca (PAH) y Foro Social han considerado que el operativo policial
desplegado en torno a la Marcha contra el Paro, la Precariedad y los
Recortes es "excesivo, desproporcionado e innecesario".
Por ello, la PAH y Foro Social, convocantes de la marcha, han querido comunicar públicamente que los objetivos y el espíritu que inspiran esta movilización "son de carácter pacifico, reivindicativo y no violento".
Por ello, los participantes, en ejercicio de sus derechos fundamentales y democráticos, han denunciado públicamente el "estado de sitio"
al que el delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, "somete a la
ciudadanía murciana con el objetivo de amedrentar, infundir miedo y
disuadir a los habitantes de las poblaciones recorridas, para evitar su
participación, apoyo y muestra de solidaridad".
"Ante la paradoja de los recortes de servicios públicos esenciales
para los ciudadanos, exigimos el fin del injustificado derroche
económico que supone este despliegue y la rectificación inmediata
del delegado del Gobierno de la Región de Murcia", concluyen.
La marcha prevé recorrer esta semana 170 kilómetros entre los municipios de Alcantarilla,
Alhama de Murcia, Lorca, Moratalla, Calasparra, Cieza, Molina de Segura
y Murcia, donde finalizará el domingo 11 de noviembre con una gran
manifestación, que saldrá, a las 12.00 horas, desde la Plaza Circular.
El recorrido comenzó este lunes, día 5, desde el municipio de Alcantarilla,
etapa que concluyó en Alhama; este martes tenían previsto salir de
Alhama hacia Totana, para continuar el 7 de noviembre hasta Lorca, donde
los marchantes se desplazarán a Moratalla, para salir el jueves
dirección Calasparra hasta llegar a Cieza el viernes, a Molina el día 10
y a Murcia el 11 de noviembre.
Así lo explicó Alfonso Lucas, miembro de la plataforma, quien ha
indicado que las reivindicaciones de la agrupación son el trabajo "con derechos, para todos",
la protección social, la renta básica, la paralización de los
desahucios y la dación en pago, así como "la defensa del sector público y
el bien común y la creación de un banco público de alimentos que pueda
ayudar a paliar los efectos de la crisis sobre los más necesitados".
Y es que, ha enfatizado José Coy, afectado por la hipoteca, "la Región de Murcia tiene casi un 29 por ciento de paro",
a lo que se añade que unas 62.000 familias no tienen prestaciones o que
536.000 personas viven por debajo del umbral de la pobreza (36 por
ciento de la población).
Lo peor, ha enfatizado, "es que todo apunta a que el desempleo seguirá creciendo porque no hay motores económicos que puedan tirar del resto"
pues "con las políticas de recorte tras recorte, de pérdida de
capacidad adquisitiva y de derechos de la población, la tendencia es que
esa cifra aumente".
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