La Guardia Civil estrecha el cerco sobre Berberena y Peñalver

MURCIA.- La Guardia Civil registró en las últimas horas el despacho profesional del exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Fernando Berberena Loperena, y dos viviendas de su propiedad en Murcia, en una segunda fase del caso Umbra, que investiga posibles delitos de corrupción urbanística en la zona norte de la ciudad y que dirige el titular del Juzgado de Instrucción nº 8 de la capital, David Castillejos.

En esta segunda fase de la operación Umbra, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron también el estudio de arquitectura del padre y el hermano del exjefe municipal de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo, Joaquín Peñalver, imputado en el caso, igual que el exconcejal Berberena. En ambos casos, se intervino diversa documentación.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha confirmado posteriormente el registro. Lo han confirmado también fuentes cercanas a la causa judicial que investiga desde hace varios años si los convenios urbanísticos aprobados en la expansión de la ciudad de Murcia por el norte han cumplido la legislación vigente o si no lo han hecho y han supuesto un perjuicio para el erario público.
Desde que el pasado junio declaró como imputado el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, del PP, el secreto del sumario se ha ido prorrogando, al principio cada dos meses y luego mensualmente.
En la última ocasión lo hizo hasta el 17 de diciembre, lo que significa que solo conocen las diligencias que se practican en la instrucción el juez y el fiscal, no los abogados de la defensa ni de las acusaciones particulares.
El fiscal sostiene que ese acuerdo urbanístico, firmado con la promotora de Jesús Samper, propietario del club de fútbol Real Murcia y también imputado, supuso un perjuicio para las arcas municipales.

La investigación, según la Cadena Ser, se dirige también a averiguar supuestos pagos en otro posible caso de corrupción urbanística en Ulea.

En el caso Umbra aparece involucrado el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, que está imputado por el juez por un supuesto delito de prevaricación. La investigación intenta esclarecer si el Ayuntamiento murciano dejó de ingresar unos 400 millones de euros en los convenios urbanísticos de la expansión norte de la ciudad que suscribió con diversos empresarios, entre ellos Jesús Samper, dueño del Real Murcia y principal promotor del parque Paramount en Alhama de Murcia.

Además de Samper, Cámara, Berberena y Peñalver, también están imputados en la causa los exdirectores de la Gerencia de Urbanismo municipal Pedro Morillas y Alberto Guerra, el ingeniero Renato de Noce, varios promotores inmobiliarios y dos abogados, uno de ellos, Ana María Vidal, jefa de la asesoría jurídica del ayuntamiento, quienes ya prestaron declaración en su día. 
Sobre esta última, el fiscal ha recurrido esta misma semana la decisión del juez instructor de decretar el sobreseimiento provisional de la causa con respecto a ella.