viernes, 9 de noviembre de 2012

Aprobada la Ley de Autoridad Docente, que otorgará al profesor la presunción de veracidad de los hechos

MURCIA.- El Consejo de Gobierno ha aprobado, en su sesión de este viernes, el proyecto de Ley de Autoridad Docente, que será remitido a la Asamblea Regional para su tramitación. En virtud de dicha ley, se garantiza la asistencia jurídica en caso necesario y la presunción de veracidad de los hechos que éstos constaten, una figura que "solo tienen reconocida las personas que están investidas de autoridad".

   Así lo ha anunciado el consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, quien ha destacado que los profesores pasarán a ser considerados como "autoridad" pública docente, siendo ésta la protección jurídica que se les otorgará.
   Al mismo tiempo se contempla que de los daños que se ocasionen en los centros se hará cargo la familia del alumno en cuestión, que deberá pagarlos si así se estima, ha subrayado Sotoca.
   El objetivo de este Anteproyecto de Ley, compartido con la comunidad educativa en los diversos foros de participación establecidos, es "reforzar el papel social del docente ante esa comunidad, es decir, hacer valer su figura como parte esencial en el proceso de aprendizaje y en el desarrollo personal del alumno, con responsabilidad y autoridad para garantizarlos, así como establecer la protección jurídica que se deriva de dicha atribución".
   La norma cuenta con el visto bueno del Consejo Jurídico y ha participado en fotos como el Consejo Escolar de la Región de Murcia, la Mesa Sectorial de Educación y la Comisión de Directores.
   Así, el texto legal propone su aplicación en todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Región que imparten enseñanzas no regladas no universitarias, recogidas en la Ley Orgánica de Educación, y se extendería tanto a la actividad docente en los propios centros como al resto de las actividades complementarias o extraescolares.
   En virtud de la misma, "se amplía ese reconocimiento y dignificación y también tiene la parte de protección jurídica, garantizando su defensa y su presunción de veracidad, es decir, que no hará falta probar los hechos", ha señalado el consejero.

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