MURCIA.- Medio centenar de profesores universitarios, artistas y profesionales
representantes de la Cumbre Social de la Región han iniciado una
campaña en la Comunidad de Murcia para exigir la convocatoria de un
referéndum con el que se someta a consulta de los ciudadanos las
reformas y ajustes que está "imponiendo" el Gobierno central desde que
fue elegido, y que no estaban incluidas en el programa electoral del
partido que hoy sostiene al Ejecutivo.
Este grupo de
intelectuales y artistas se han unido en la denominada Comisión
Promotora Pro Referéndum de la Región, que se propone impulsar un
"debate social" realizando actos por toda la Comunidad Autónoma, e
invitando a los ciudadanos a que "respalden esta exigencia de referéndum
al Gobierno de España".
La iniciativa está vinculada a una
campaña de carácter nacional impulsada por la Cumbre Social, una
plataforma que constituye es el espacio de concertación entre los
sindicatos y "la mayor parte de las entidades sociales representativas
del país", y que está formada por más de 60 organizaciones sólo en la
Región de Murcia.
Así lo han hecho saber en rueda de prensa
alguno de los promotores de esta iniciativa a nivel regional, como el
presidente del Foro Ciudadano de la Región de Murcia, Patricio
Hernández; el decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de
Murcia (UMU), Antonio Campillo; la profesora de la Facultad de Derecho de la
UMU, Teresa Vicente; y el catedrático de Economía de la UMU, Manuel
Tovar.
Las firmas recogidas, que ya se pueden presentar de forma
electrónica en la web 'http://www.exigimosunreferendum.org', serán
remitidas al Gobierno de España, según Hernández. Sin embargo, los
promotores añaden que no se trata de una Iniciativa Legislativa Popular
(ILP), que suele llevar emparejado un plazo y un número de firmas
determinado, sino que se trata de una campaña "abierta".
Así
pues, el objetivo no es tanto recoger un número determinado de firmas,
sino iniciar una dinámica en la sociedad para someter a debate "la
anomalía democrática" que supone "arrebatar los derechos a la gente sin
presentarlo en ningún programa electoral, y que además la población esté
tranquilita y silenciosa". El objetivo es "todo lo contrario: movilizar
a la gente y que se genere una presión para que los dirigentes
políticos asuman esta demanda social".
En este sentido, los
promotores de la iniciativa no tienen un objetivo cuantificado de
recogida de firmas ni un plazo para ello, sino que se trata de un
proceso de movilización abierto que pretende "llegar a todo el
territorio regional" durante todo el tiempo que sea posible,
constituyendo comisiones promotoras de ámbito local e, incluso, de
ámbito más pequeño, en centros de trabajo, por ejemplo.
La
presentación oficial de esta Comisión tendrá lugar este martes, a las
19.30 horas, en el Paraninfo de la UMU, en un acto que contará con la
presencia del economista y ex rector de la Universidad Complutense de
Madrid, Carlos Berzosa, miembro de la Comisión nacional que promueve
este referéndum junto a otros muchos profesionales, intelectuales y
creadores.
Los promotores de esta iniciativa critican que el
Gobierno de España está sostenido en una mayoría parlamentaria, pero el
programa que desarrolla como resultado de un proceso electoral "no tiene
legitimidad democrática", ya que "ha sido inventado después del proceso
electoral, sustituyendo aquél con el que concurrió a las elecciones".
Por tanto, los promotores de la iniciativa sostienen que se trata de un
"fraude democrático".
En este
sentido, Hernández ha recordado que la sociedad se queja constantemente
del "déficit de credibilidad que tiene la clase política española, y que
hay una grave crisis de naturaleza política, que es el descrédito que
los políticos tienen ante los ciudadanos, y la sensación de que son poco
representativos".
Hernández considera que esta situación "tiene
que ver con el modelo de democracia que estamos construyendo en España,
que tiene frágiles tradiciones porque el país no ha tenido largos
periodos democráticos, y que además, tiene algunas insuficiencias de
naturaleza ontológica".
Por ejemplo, lamenta que el propio texto
constitucional "no prevé la convocatoria de referéndums con carácter
vinculante para que se puedan derogar leyes o que la voluntad popular
pueda intervenir seriamente en la gobernanza del país".
Ha
criticado que "algo muy grave está ocurriendo" cuando un gobierno
"desarrolla un programa que es extraordinariamente duro y que viene a
transformar la constitución material del país y a reformar el entramado
legal que hemos construido durante 35 años de democracia, y eso lo hace
sin presentarlo a la consideración de los ciudadanos".
A su
juicio, el Gobierno central "pretende realizar, por la puerta de atrás,
las más graves transformaciones de nuestra convivencia social y política
sin que los ciudadanos tengamos ni una sola oportunidad de decir nada".
En este sentido, reprochan que el Gobierno se limita a "convocar a los
ciudadanos ritualmente con motivo de las elecciones, cuando tenemos la
única oportunidad de, con un sólo acto de ejercicio de un voto, expresar
el conjunto amplísimo de circunstancias que hoy pesan sobre nosotros".
Los promotores de la iniciativa creen que esto "no es aceptable", por
lo que se proponen "movilizar a la opinión pública y la sociedad
murciana", para que contribuya junto a otros ciudadanos del Estado
español, para exigir al Gobierno "la convocatoria de una consulta a los
ciudadanos".
Critica que el Gobierno de España "no puede ser un
Ejecutivo neoabsolutista que sustituya la voluntad de los ciudadanos",
sino que en democracia "son los ciudadanos los que expresan, a través de
su voto y por otras vías, su capacidad de autogobierno y su voluntad
política, como expresión de la soberanía popular".
"Queremos una
democracia de calidad, que cuente con la voluntad de los ciudadanos",
añade Hernández, quien especifica que se trata de una convocatoria
"política pero apartidísta, porque no tiene ninguna identificación con
siglas o sesgo de otro tipo".
Campillo ha añadido que "no sólo se
ha cometido un fraude democrático por el procedimiento y la forma en la
que se ha aplicado toda una política de recortes que no figuraba en el
programa electoral", sino que estos recortes "están vaciando de
contenido los derechos fundamentales amparados en la Constitución".
Critica que la Constitución "se está convirtiendo en papel mojado" en
lo que respecta a "los derechos laborales, del derecho a la educación,
del derecho a la sanidad y del derecho a la vivienda, entre otros
consagrados en la Constitución, que por medio de recortes económicos y
decretos leyes se están vaciando de contenido".
El decano de la
Facultad de Filosofía de la UMU considera que esto es "gravísimo", y
cree que "no es extraño que la clase política esté sufriendo el
descrédito que está sufriendo entre la opinión pública española".
Lo "sorprendente", a juicio de los promotores, es que "en España
tengamos que hacer esta campaña para hacer algo que es de lo más normal
en muchos países democráticos, como Estados Unidos, y que consiste en
convocar referéndums para consultar a los ciudadanos sobre problemas de
trascendencia pública".
Tovar ha criticado que lo que se está
produciendo es "un desmontaje sistemático del Estado", por lo que
"tenemos la suficiente autoridad moral e intelectual para poder decir
que, probablemente, Mariano Rajoy es mucho más antisistema que todo el
15-M junto".
La Comisión está integrada, de momento, por 50
miembros, pero los promotores señalan que ha sido creada en cuestión de
días, por lo que esperan encontrar "muchas más adhesiones de ciudadanos
de la Región que van a identificarse con esto que estamos proponiendo".
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