miércoles, 3 de octubre de 2012

La Cámara de Contratistas de Murcia ve "inadmisible el retraso acumulado por la Comunidad en el pago de certificaciones de obra"

MURCIA.- La Cámara de Contratistas de Obra Pública de la Región de Murcia considera "voluntarista" el plan de infraestructuras presentado por el Ministerio de Fomento, al tiempo que tacha de "inadmisibles" los "retrasos acumulados por la Administración regional en el pago de certificaciones de obra desde enero de 2012".

   Y es que, reprocha, "la nueva reducción de la inversión pública en España prevista en los presupuestos de 2013 condenan al país a otro año de recesión".
   En concreto, el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) 2012-2024 recoge "un descenso de la inversión respecto al PIB desde el 1,3 por ciento actual a una horquilla de entre el 0,89 y 0,94 por ciento, dependiendo del escenario económico de los próximos años".
   Por ello, considera que "es un plan voluntarista e irreal porque confiar en que las empresas puedan colaborar con el sector público en la financiación de infraestructuras en las actuales circunstancias de restricción del crédito a empresas no deja de ser, cuanto menos, aventurado".
   En este escenario, advierte, "se hace indispensable la negociación con la Unión Europea para conseguir que los fondos previstos para el rescate bancario que finalmente no se utilicen, se destinen a la creación o mejora de infraestructuras que incidan en los criterios de eficiencia y mejora energética, con la consiguiente creación de empleo y mejora de la competitividad".
   Por otra parte, la situación de la inversión pública por parte de la Comunidad Autónoma es "de claro retroceso, con descensos interanuales sostenidos de hasta el 70 por ciento en los últimos tres años, siendo la inversión autonómica en la actualidad puramente testimonial".
   A esto se suma que desde enero de 2012, y una vez abonadas las certificaciones hasta el 31 de diciembre de 2011 según lo dispuesto en el Plan de Pagos auspiciado por el Gobierno de España, la Comunidad y los ayuntamientos de la Región "no están cumpliendo lo estipulado por la legislación española en cuanto a lucha contra la morosidad se refiere, llegando a acumularse retrasos en los pagos incluso desde el 1 de enero de este año".
   Mientras, dice, "el gasto corriente y de personal de la Comunidad sigue aumentando a costa de la cuenta de resultados de las empresas".

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