sábado, 27 de octubre de 2012

Lorca y la comisionada / José García Murcia *

Como las cosas no iban bien, el Gobierno de España, presidido entonces por el señor Zapatero, creó la figura del Comisionado para las actuaciones derivadas del terremoto y nombró a Jesús Miranda para coordinarlas e impulsarlas. Realmente este primer comisionado puso voluntad. Alumbró un segundo Real Decreto Ley, el 17/2011 de 31 de octubre (el primero fue el de medidas urgentes de 13 de mayo), pero a la postre, como pasó con el primero, también se demostró insuficiente, porque entre otras cosas no contempló programas de recuperación económica globales (Plan Lorca) ni tampoco intervención directa de la Administración en la reconstrucción de Lorca.

Con el triunfo del PP en las elecciones de noviembre, el Comisionado Miranda decayó de sus funciones y el Gobierno entrante nombró el 31 de diciembre a Mario Garcés, que al poco tiempo, tras declarar que el presidente Valcárcel incumplía sus compromisos y que las ayudas a los damnificados estaban retenidas en la Comunidad Autónoma, terminó su corto mandato, viéndonos sorprendidos el 16 de marzo de 2012 con la noticia del nombramiento de Inmaculada García como nueva y tercera persona que ocupaba el cargo, y lo hacía, con la clara finalidad, se decía, de «dar un impulso clave y aportar al Gobierno las bases para un Plan de Dinamización de la zona».

Aunque no lo parezca, porque apenas su presencia se ha notado, García es, de los tres, la que más tiempo ha desempeñado el cargo. Ya lleva siete meses y aún está por ver de qué es capaz. El RD-ley 11/2012 de 30 de marzo (y ya son tres), que contempló el préstamo ICO y la ejecución forzosa, ya estaba preparado cuando ella fue nombrada, por lo que no se le deben atribuir méritos en el asunto. 

¿Y después, qué ? Pues básicamente que la participación de la Comisionada se viene caracterizando por lo que podríamos denominar ´actividad plana´: escasas declaraciones con apreciaciones erróneas de la realidad y del proceso; pocas visitas a Lorca y casi siempre a hurtadillas; interlocución mínima con los damnificados y sus asociaciones; y, sobre todo, sin cartera de resultados. 

Con siete meses en el cargo, salvo la «Ley 7/2012, de 20 de julio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, reguladora de la reedificación por sustitución forzosa para la urgente reconstrucción de Lorca», que se acometió precipitadamente por ausencia de la figura del agente edificador en la Ley del Suelo de la Región, que será de dudosa eficacia práctica, y en la que ella poco o nada ha hecho, nos preguntamos qué logros puede presentar. 

No son conocidos ni análisis, ni balances, ni informes elevados al Gobierno de España que hayan salido de su departamento. No ha agilizado los trabajos de la Comisión Mixta y después de diecisiete meses de los terremotos aún quedan por resolver 5.000 solicitudes de ayuda (aproximadamente un tercio de las solicitadas). El denominado Plan Lorca sigue siendo una entelequia sin reflejo práctico en los presupuestos estatales pese a las reiteradas llamadas a la ´cuestión de Estado´ hechas por los dirigentes populares. La Comisionada tampoco ha accionado los mecanismos para el cumplimiento del compromiso de construcción de 300 viviendas por parte del Sepes en Lorca, ni su mano se ha sentido en los barrios más afectados, como por ejemplo en San Fernando donde aún están por derribar nueve bloques de viviendas. Además, no ha conseguido que los veintiún millones de euros del fondo de solidaridad europea lleguen directamente a Lorca, ni siquiera que los costes de los derribos posteriores al 31 de agosto de 2011 los asuma el Estado. Ni tampoco que el préstamo anunciado de 185 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones logre su correspondiente aportación de España para hacerse efectivo.

Entonces decimos, ¿qué es lo que hace la Comisionada? Podríamos pensar que está pendiente del «plan integral de recuperación del patrimonio o de la rehabilitación de palacetes y casas solariegas», pero todos sabemos que salvo actuaciones puntuales el fin está muy lejano, por lo que hay que concluir que su intervención es mínima y que Lorca sigue esperando.

Y espera que los desplazados de la ciudad vuelvan, que sus viviendas sean reconstruidas y rehabilitadas, que los dos institutos derribados se vuelvan a levantar, que los centros de salud se construyan, que su conservatorio se rehabilite, que su complejo deportivo Europa y sus centros culturales funcionen, y espera el tan necesario plan de reactivación económica, máxime ahora cuando a la catástrofe de los terremotos se ha sumado el desastre del pasado 28 de septiembre.

El Partido Popular de Lorca y de la Comunidad de Murcia, y principalmente el presidente Valcárcel esquivando su alta responsabilidad en el tema (sobre todo antes de la entrada de Rajoy en el Gobierno) siempre ha lanzado balones fuera aludiendo a que la recuperación de Lorca tras los terremotos era ´cuestión de Estado´. Debemos suponer que la Comisionada comparte dicho criterio y que precisamente ella en uso de sus facultades y de la responsabilidad que le otorga el cargo debería actuar en coherencia y promover cuantas iniciativas fuesen necesarias para llevar a buen fin dicho principio y lograr en plazos no muy lejanos la ansiada recuperación de Lorca.

Realmente es increíble que hasta la fecha el Estado, ante la magnitud de la catástrofe ocurrida en Lorca el 11 de mayo de 2011, no haya tenido una intervención directa en la reconstrucción. Por el contrario, hay que concluir que los avances en Lorca provienen de loables y entusiastas, pero insuficientes, iniciativas privadas o comunales, y por tanto ha entrado en un proceso con múltiples y variadas complicaciones para levantar de nuevo sus edificios y activar la vida social y económica. 

Es esperpéntico pensar que el Estado, precisamente en coincidencia temporal con la tragedia de Lorca, cuya dimensión no tiene precedentes cercanos en España, haya cubierto los desmanes financieros de los bancos y no haya sido capaz de atender las necesidades de vivienda de los damnificados lorquinos. 

Los hechos lo demuestran. Todavía no se ha inaugurado la reconstrucción de ninguna de las 1.500 viviendas derribadas y la Comisionada ni sabe ni contesta. Por su parte, Valcárcel se ha salido por la tangente y con los 115 millones del préstamo ICO que la Administración estatal ha puesto a disposición de las ayudas después de más de un año de sufrimiento (por cierto, sin que todavía se hayan hecho efectivas), da por zanjado su compromiso con Lorca, aunque, sin ninguna duda, la historia lo pondrá en su sitio. Y deja a la Comisionada, la aguileña Inmaculada García, como nexo entre Lorca y Madrid sin que para ello esté preparada, y ni siquiera ponga voluntad.

La Comisionada no ha ofrecido resultados; la Comisionada, por dignidad, debe dimitir. Quizás a la cuarta vaya la vencida. De momento la tercera ha sido ineficaz e ineficiente.

(*) Concejal de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Lorca

3 comentarios:

Anónimo dijo...

Aparte de cateta viene desmostrando de años que es una completa inutil, la clásica opositora que no vale para nada

Anónimo dijo...

Si, esta señora, en su anterior cargo de Consejera de Hacienda, llegó a tramitar un opaco expediente ante el Comisario de la Competencia de la Unión Europea, para que éste diera una Decisión favorable al aval de 200 millones de euros en favor de la concesionaria de Corvera. Y decimos opaco porque llevamos dos años intentando acceder a tan "transparente" expediente; tal es así, que hemos tenido que recurrir en amparo de la Justicia.

Anónimo dijo...

Buen artículo, aunque quizás algo suave, me pregunto que si lo de Lorca es
una cuestión de Estado porque la "comisionada" no tiene su despacho en
Lorca donde tendría que ir todos los días a ver el día a día y a escuchar
a los damnificados, o en Madrid que es donde se cuecen las cosas del
Estado. Me sorprende que no se diga que tambien es una cuestión de Europa
pero claro, en ese caso le tocaría trabajarse el asunto al flamante
presidente del Comité de las regiones, y o no interesa o Lorca no está en
ninguna Región europea.
salud
C.F.I.