“La burbuja inmobiliaria española fue, en términos relativos, la mayor de las tres que estuvieron en el origen de la actual crisis global (…), las decisiones sobre qué se construye y dónde se construye en España se toman en el ámbito político. En España la clase ha inflado la burbuja inmobiliaria por acción directa, no por omisión, ni por olvido (…). El panorama, cinco años después del pinchazo de la burbuja, no puede ser más desolador. La economía española no crecerá durante muchos años más. Y las cajas de ahorro han desaparecido”.
“Las otras dos burbujas que mencionaré son resultado de la peculiar simbiosis de nuestra clase política con el capitalismo castizo, es decir con el capitalismo español que vive del favor del Boletín Oficial del Estado. (…) Sea lo que sea recordaremos la burbuja de las energías renovables. España representa el 2 % del PIB mundial y está pagando el 15 % del total global de primas a las energías renovables. Un disparate que genera fraude, corrupción y, claro, rentas capturadas”.
“La última burbuja que traeré a colación, aunque la lista es más larga (futbol, televisiones…), es la formada por las innumerables infraestructuras innecesarias construidas en las últimas dos décadas a costes astronómicos para beneficio de constructores y perjuicio de contribuyentes. Uno de los casos más chirriantes es el de las autopistas radiales de Madrid (…). Partiendo de unas previsiones de tráfico temerarias, el Gobierno permitió que los constructores y los concesionarios fuesen, esencialmente, los mismos. Esto es un disparate, (…) los constructores cobraron de las concesionarias por construir las autopistas y al constatarse que no había tráfico, amenazaron con dejarlas quebrar”.
Los anteriores párrafos están extraídos del artículo publicado por el diario El País el pasado 9 de septiembre y del que es autor Cesar Molinas. Éste defiende la teoría de que “la clase política española no solo se ha constituido en un grupo de interés particular, (…) sino que ha dado un paso más, consolidándose como una elite extractiva, en el sentido que dan a este término Acemoglu y Robinson en su reciente y ya célebre libro 'Por qué fracasan las naciones'. Una elite extractiva se caracteriza por: Tener un sistema de captura de rentas que permite, sin crear riqueza nueva, detraer rentas de la mayoría de la población en beneficio propio”. El artículo es más extenso e interesante, pero se queda corto con su propuesta de implantar un régimen de mayorías en el sistema electoral, como mecanismo de regeneración de la clase política española, medida que resultaría insuficiente a la vista de cómo se las gasta esa elite. Nunca mejor dicho.
Visto el artículo lo inmediato es examinar si las principales infraestructuras regionales ejecutadas en los últimos años, presentan las características que permitirían calificarlas de innecesarias. No vamos a analizar las otras burbujas, pues la inmobiliaria ha tenido en la región tantas manifestaciones que su investigación y análisis requiere, más que un artículo en un medio digital, una tesis doctoral. Examinemos, pues, las últimas infraestructuras de competencia municipal, regional y nacional.
A nivel del Ayuntamiento de Murcia. La Línea 1 del Tranvía de Murcia, una concesión gestionada por sociedad de idéntico nombre, y de la que son accionistas las constructoras FCC y COMSA, que han ejecutado las obras. Un presupuesto, dicen algunos, de 264.000.000 de euros, en los que se incluyen importe de la obra, material móvil, indemnización a ACCIONA por la Línea 0….Por ese contrato el Ayuntamiento está obligado a pagar algo más de 9.000.000 de euros anuales, además de cubrir el déficit de explotación anual. Durante el primer año de puesta en servicio fue utilizado por algo más de 3.000.000 de pasajeros, cuando la previsión para ese primer año era de 5,5 millones de pasajeros, aunque hay quien apunta que la diferencia entre la previsión del Estudio de Tráfico y el número real de usuarios se ha acrecentado. El Ayuntamiento de Murcia viene abonando los 9.000.000 de euros anuales y, por supuesto, el déficit de explotación. La concesión es para 40 años.
Siguiendo con el mismo Ayuntamiento de Murcia. La concesión para la Redacción del Proyecto de Obras y Construcción de un Parque Recreativo, resultante de la unión del Jardín del Desierto y Parque Norte, y posterior gestión del servicio. Es conocido como Terra Natura Murcia. Un contrato gestionado por Generala Terra Natura, de la que son accionistas la constructora Grupo Generala y Terra Natura (Grupo Fuertes y dos grupos valencianos). La construcción corrió a cargo del Grupo Generala. El proyecto adjudicado implicaba inicialmente una inversión de 11.600.000 euros más unas reinversiones cuatrienales que elevaban el coste final hasta los 18.920.320 euros. En principio el Ayuntamiento de la capital asumió la obligación de abonar una subvención a la concesionaria que habían fijado en 343.279,91 euros de media anual. La cantidad total prevista por este concepto para todo el periodo concesional era de 12.014.797 euros.
Pero no ejecutaron el proyecto aprobado, ejecutaron otro sin la oportuna autorización, o sea utilizaron la vía de los hechos consumados. El relato de todas las irregularidades está en la web del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, Dictamen 92/09, ( http://www.carm.es/knosys/
La concesionaria solicitó el restablecimiento del equilibrio económico de la concesión por una mayor inversión y por una disminución en el número de visitantes al parque. El consistorio murciano, con informe desfavorable del Consejo Jurídico, no tuvo remordimiento alguno para reconocerle un aumento de las tarifas y un aumento de la subvención municipal. El Ayuntamiento aceptó que la inversión había sido de 21.736.343,22 euros, y que con el plan de inversiones cuatrienales el total serían 29.056.663,22 euros; que la subvención municipal sería lineal, de unos 3 millones de euros anuales, actualizable con el IPC, y por un importe acumulado de 105 millones de euros al finalizar la concesión. Todo, según un informe, en aras del interés público. La concesión es para 35 años.
A nivel de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el ejemplo es el Aeropuerto de Corvera. Una concesión gestionada por AEROMUR, de la que eran accionistas la constructora SACYR, BMN (antigua CAJAMURCIA), SabadellCAM (antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo), el Grupo Fuertes (otra vez El Pozo), Cementos La Cruz, Montoro, e INOCSA, puesto que algunos ya la han abandonado. Un proyecto con una inversión, dicen, de 265.000.000 euros, que debía ser financiada porAEROMUR, y que iba a convivir con el Aeropuerto de San Javier funcionando, pues sus previsiones de tráfico de pasajeros indicaban que había mercado para los dos. Pero resultó que carecían de financiación para el proyecto, y para remediarlo la Ley de Presupuestos del año 2010 autorizó a la Administración Regional a conceder un aval de 200 millones de euros, al grupo de “descamisados” constituidos en sociedad concesionaria. El Consejo de Gobierno hizo uso de la autorización y concedió el aval para que obtuvieran la financiación y que la constructora SACYR pudiera seguir con las obras. Ahora también pretenden el cierre del Aeropuerto de San Javier por la inexistencia de mercado para dos aeropuertos en la región. AENA, que gestiona este último, quiere 70.000.000 de euros para cerrarlo y recuperar la inversión realizada en los últimos años en él. La concesión es para 40 años.
A nivel estatal el ejemplo es la Autopista Cartagena Vera. Una concesión gestionada por AUCOSTA, de la que son accionistas AUSUR (BMN, Grupo Fuertes, entre otros), GLOBALVÍA (FCC y BANKIA), Ploder, Cajamar, SabadelCAM y UNICAJA. 114 kms. de autopista de los que 98 son de peaje y cuya construcción corrió a cargo de FCC y Ploder. Una inversión de 732.000.000 de euros que, al calor de los desarrollos urbanísticos previstos en Marina Cope, esperaba una media de 9.000 vehículos diarios. El tráfico real viene siendo un 25 % del previsto. La concesionaria se encuentra desde hace unos días en preconcurso de acreedores con una deuda de 550.000.000 de euros. La concesión es para 36 años.
Queda corroborado que las notas que caracterizan a la burbuja de las infraestructuras innecesarias, según la teoría de Cesar Molinas, están presentes en las principales infraestructuras murcianas: una constructora en cada sociedad concesionaria, que se lucra con la ejecución de la obra; unos estudios de tráfico de vehículos, de pasajeros o de visitantes calificables de temerarios; y un despilfarro en perjuicio del ciudadano. Les falta el abandono de la concesión cuando se constata que no existe demanda que la haga rentable.
De las infraestructuras examinadas, los casos más lacerantes para el ciudadano son el de Terra Natura Murcia y el Aeropuerto de Corvera, sin que ello suponga demérito de las restantes. El primero por modificar el proyecto sin tramitar previamente su autorización y asumir el Ayuntamiento más obligaciones económicas de las inicialmente pactadas. El segundo por conceder un aval de 200 millones de euros el Consejo de Gobierno, cuando la obligación de financiar era de la concesionaria. En ambos casos el riesgo de la concesión ha sido asumido por la Administración, en contra del principio más elemental de prudencia, en perjuicio de los intereses de la ciudadanía y conculcando principios elementales de la contratación administrativa.
Y el aeropuerto puede que depare sorpresas próximamente. Circula un rumor en los aledaños del poder político regional que habla del amago de abandono de la concesión insinuado por AEROMUR. Para no abandonarlo el grupo de “descamisados” ha solicitado una cantidad de dinero. Esos aledaños se niegan a dar cifra alguna. El rumor apunta que puede tener 9 dígitos. Pero la ciudadanía ya tendrá noticias de lo ocurrido cuando le pasen la factura. La felicidad que rodeó la Decisión de la Comisión Europea autorizando el aval puede volverse lamento.
Difícilmente habrá regeneración de la clase política murciana en tanto que los responsables de estos despilfarros, ya sean concejales o consejeros, no respondan por los mismos. Pero que no cunda el desasosiego entre ellos, pues ninguna formación política va a acudir a la justicia o al Tribunal de Cuentas a denunciarles.
“Las otras dos burbujas que mencionaré son resultado de la peculiar simbiosis de nuestra clase política con el capitalismo castizo, es decir con el capitalismo español que vive del favor del Boletín Oficial del Estado. (…) Sea lo que sea recordaremos la burbuja de las energías renovables. España representa el 2 % del PIB mundial y está pagando el 15 % del total global de primas a las energías renovables. Un disparate que genera fraude, corrupción y, claro, rentas capturadas”.
“La última burbuja que traeré a colación, aunque la lista es más larga (futbol, televisiones…), es la formada por las innumerables infraestructuras innecesarias construidas en las últimas dos décadas a costes astronómicos para beneficio de constructores y perjuicio de contribuyentes. Uno de los casos más chirriantes es el de las autopistas radiales de Madrid (…). Partiendo de unas previsiones de tráfico temerarias, el Gobierno permitió que los constructores y los concesionarios fuesen, esencialmente, los mismos. Esto es un disparate, (…) los constructores cobraron de las concesionarias por construir las autopistas y al constatarse que no había tráfico, amenazaron con dejarlas quebrar”.
Los anteriores párrafos están extraídos del artículo publicado por el diario El País el pasado 9 de septiembre y del que es autor Cesar Molinas. Éste defiende la teoría de que “la clase política española no solo se ha constituido en un grupo de interés particular, (…) sino que ha dado un paso más, consolidándose como una elite extractiva, en el sentido que dan a este término Acemoglu y Robinson en su reciente y ya célebre libro 'Por qué fracasan las naciones'. Una elite extractiva se caracteriza por: Tener un sistema de captura de rentas que permite, sin crear riqueza nueva, detraer rentas de la mayoría de la población en beneficio propio”. El artículo es más extenso e interesante, pero se queda corto con su propuesta de implantar un régimen de mayorías en el sistema electoral, como mecanismo de regeneración de la clase política española, medida que resultaría insuficiente a la vista de cómo se las gasta esa elite. Nunca mejor dicho.
Visto el artículo lo inmediato es examinar si las principales infraestructuras regionales ejecutadas en los últimos años, presentan las características que permitirían calificarlas de innecesarias. No vamos a analizar las otras burbujas, pues la inmobiliaria ha tenido en la región tantas manifestaciones que su investigación y análisis requiere, más que un artículo en un medio digital, una tesis doctoral. Examinemos, pues, las últimas infraestructuras de competencia municipal, regional y nacional.
A nivel del Ayuntamiento de Murcia. La Línea 1 del Tranvía de Murcia, una concesión gestionada por sociedad de idéntico nombre, y de la que son accionistas las constructoras FCC y COMSA, que han ejecutado las obras. Un presupuesto, dicen algunos, de 264.000.000 de euros, en los que se incluyen importe de la obra, material móvil, indemnización a ACCIONA por la Línea 0….Por ese contrato el Ayuntamiento está obligado a pagar algo más de 9.000.000 de euros anuales, además de cubrir el déficit de explotación anual. Durante el primer año de puesta en servicio fue utilizado por algo más de 3.000.000 de pasajeros, cuando la previsión para ese primer año era de 5,5 millones de pasajeros, aunque hay quien apunta que la diferencia entre la previsión del Estudio de Tráfico y el número real de usuarios se ha acrecentado. El Ayuntamiento de Murcia viene abonando los 9.000.000 de euros anuales y, por supuesto, el déficit de explotación. La concesión es para 40 años.
Siguiendo con el mismo Ayuntamiento de Murcia. La concesión para la Redacción del Proyecto de Obras y Construcción de un Parque Recreativo, resultante de la unión del Jardín del Desierto y Parque Norte, y posterior gestión del servicio. Es conocido como Terra Natura Murcia. Un contrato gestionado por Generala Terra Natura, de la que son accionistas la constructora Grupo Generala y Terra Natura (Grupo Fuertes y dos grupos valencianos). La construcción corrió a cargo del Grupo Generala. El proyecto adjudicado implicaba inicialmente una inversión de 11.600.000 euros más unas reinversiones cuatrienales que elevaban el coste final hasta los 18.920.320 euros. En principio el Ayuntamiento de la capital asumió la obligación de abonar una subvención a la concesionaria que habían fijado en 343.279,91 euros de media anual. La cantidad total prevista por este concepto para todo el periodo concesional era de 12.014.797 euros.
Pero no ejecutaron el proyecto aprobado, ejecutaron otro sin la oportuna autorización, o sea utilizaron la vía de los hechos consumados. El relato de todas las irregularidades está en la web del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, Dictamen 92/09, ( http://www.carm.es/knosys/
La concesionaria solicitó el restablecimiento del equilibrio económico de la concesión por una mayor inversión y por una disminución en el número de visitantes al parque. El consistorio murciano, con informe desfavorable del Consejo Jurídico, no tuvo remordimiento alguno para reconocerle un aumento de las tarifas y un aumento de la subvención municipal. El Ayuntamiento aceptó que la inversión había sido de 21.736.343,22 euros, y que con el plan de inversiones cuatrienales el total serían 29.056.663,22 euros; que la subvención municipal sería lineal, de unos 3 millones de euros anuales, actualizable con el IPC, y por un importe acumulado de 105 millones de euros al finalizar la concesión. Todo, según un informe, en aras del interés público. La concesión es para 35 años.
A nivel de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el ejemplo es el Aeropuerto de Corvera. Una concesión gestionada por AEROMUR, de la que eran accionistas la constructora SACYR, BMN (antigua CAJAMURCIA), SabadellCAM (antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo), el Grupo Fuertes (otra vez El Pozo), Cementos La Cruz, Montoro, e INOCSA, puesto que algunos ya la han abandonado. Un proyecto con una inversión, dicen, de 265.000.000 euros, que debía ser financiada porAEROMUR, y que iba a convivir con el Aeropuerto de San Javier funcionando, pues sus previsiones de tráfico de pasajeros indicaban que había mercado para los dos. Pero resultó que carecían de financiación para el proyecto, y para remediarlo la Ley de Presupuestos del año 2010 autorizó a la Administración Regional a conceder un aval de 200 millones de euros, al grupo de “descamisados” constituidos en sociedad concesionaria. El Consejo de Gobierno hizo uso de la autorización y concedió el aval para que obtuvieran la financiación y que la constructora SACYR pudiera seguir con las obras. Ahora también pretenden el cierre del Aeropuerto de San Javier por la inexistencia de mercado para dos aeropuertos en la región. AENA, que gestiona este último, quiere 70.000.000 de euros para cerrarlo y recuperar la inversión realizada en los últimos años en él. La concesión es para 40 años.
A nivel estatal el ejemplo es la Autopista Cartagena Vera. Una concesión gestionada por AUCOSTA, de la que son accionistas AUSUR (BMN, Grupo Fuertes, entre otros), GLOBALVÍA (FCC y BANKIA), Ploder, Cajamar, SabadelCAM y UNICAJA. 114 kms. de autopista de los que 98 son de peaje y cuya construcción corrió a cargo de FCC y Ploder. Una inversión de 732.000.000 de euros que, al calor de los desarrollos urbanísticos previstos en Marina Cope, esperaba una media de 9.000 vehículos diarios. El tráfico real viene siendo un 25 % del previsto. La concesionaria se encuentra desde hace unos días en preconcurso de acreedores con una deuda de 550.000.000 de euros. La concesión es para 36 años.
Queda corroborado que las notas que caracterizan a la burbuja de las infraestructuras innecesarias, según la teoría de Cesar Molinas, están presentes en las principales infraestructuras murcianas: una constructora en cada sociedad concesionaria, que se lucra con la ejecución de la obra; unos estudios de tráfico de vehículos, de pasajeros o de visitantes calificables de temerarios; y un despilfarro en perjuicio del ciudadano. Les falta el abandono de la concesión cuando se constata que no existe demanda que la haga rentable.
De las infraestructuras examinadas, los casos más lacerantes para el ciudadano son el de Terra Natura Murcia y el Aeropuerto de Corvera, sin que ello suponga demérito de las restantes. El primero por modificar el proyecto sin tramitar previamente su autorización y asumir el Ayuntamiento más obligaciones económicas de las inicialmente pactadas. El segundo por conceder un aval de 200 millones de euros el Consejo de Gobierno, cuando la obligación de financiar era de la concesionaria. En ambos casos el riesgo de la concesión ha sido asumido por la Administración, en contra del principio más elemental de prudencia, en perjuicio de los intereses de la ciudadanía y conculcando principios elementales de la contratación administrativa.
Y el aeropuerto puede que depare sorpresas próximamente. Circula un rumor en los aledaños del poder político regional que habla del amago de abandono de la concesión insinuado por AEROMUR. Para no abandonarlo el grupo de “descamisados” ha solicitado una cantidad de dinero. Esos aledaños se niegan a dar cifra alguna. El rumor apunta que puede tener 9 dígitos. Pero la ciudadanía ya tendrá noticias de lo ocurrido cuando le pasen la factura. La felicidad que rodeó la Decisión de la Comisión Europea autorizando el aval puede volverse lamento.
Difícilmente habrá regeneración de la clase política murciana en tanto que los responsables de estos despilfarros, ya sean concejales o consejeros, no respondan por los mismos. Pero que no cunda el desasosiego entre ellos, pues ninguna formación política va a acudir a la justicia o al Tribunal de Cuentas a denunciarles.
S.E.J.
(Cartagena)
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