Cruz ya no sabe qué hacer para que vengan turistas

MURCIA.- El Gobierno murciano ha dado el visto bueno al Anteproyecto de Ley de Turismo de la Región de Murcia, que además de reducir sanciones y eliminar trabas administrativas, reconoce por primera vez a la industria turística como "un sector estratégico de la economía regional", y cuyo objetivo principal es "facilitar la inversión y la innovación en el sector".

   Se trata, ha explicado el consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, "de una ley necesaria, esperada y completamente consensuada con el sector turístico", además de "abierta, breve, y no intervencionista", que supondrá "un impulso importante" del sector.

   Para ello, la norma contempla la eliminación o agilización de los trámites administrativos y favorecerá la unidad de mercado mediante la adaptación a los principios de liberalización del sector derivados de la legislación europea.

   De hecho, ha indicado el consejero al término del Consejo de Gobierno, el texto define por primera vez la actividad turística, los recursos, productos y usuarios turísticos, de forma que se facilita su aplicación e interpretación por parte de particulares, administradores y tribunales.

   Entre las novedades se encuentra el establecimiento de una distribución de competencias entre la Comunidad y los ayuntamientos, y de la marca turística 'Región de Murcia', que será presentada en el mercado internacional al amparo de la marca 'España'.

   En cuanto al fomento de la actividad turística, la nueva norma recoge que la Administración apoyará las acciones que potencien la comercialización que realice el sector turístico empresarial y podrá elaborar planes estratégicos para establecer las directrices turísticas que favorezcan un crecimiento ordenado y sostenible del turismo en su triple vertiente económica, social y ambiental.

   El Anteproyecto de ley clasifica las empresas y establecimientos turísticos e incluye en esta categoría las empresas de alojamiento, restauración, intermediación u otros de servicios y actividades turísticas.

   En cuanto a las empresas de alojamiento figura como novedad la eliminación de las exigencias de la ley actual, que obliga a que un hotel tenga "entrada, ascensores y escaleras de uso exclusivo", lo que imposibilitaría entrar en esta categoría a muchos de los grandes hoteles de lujo de las grandes ciudades.

   Así, de acuerdo al sistema europeo de servicios, se atenderá más a los servicios ofrecidos por el establecimiento que a las características arquitectónicas del inmueble, "lo que redundará en la facilidad de apertura de nuevos hoteles y la mejora de la calidad con menores costes para el empresario".

   La nueva norma también responde a las demandas de las asociaciones de campings, ya que permitirá que se establezcan zonas de acogida para autocaravanas y caravanas.

   En cuanto a alojamientos rurales, se unifican sus modalidades y solo distingue entre casas rurales y otros tipos de alojamientos singulares de carácter etnográfico, de modo que se podrán incluir en esta categoría los inmuebles tanto de arquitectura tradicional como contemporánea.

   También, ha apuntado, habrá "una simplificación normativa" en cuanto a los establecimientos de restauración, que supondrá "la eliminación de trabas administrativas" para estos establecimientos con el fin de "incentivar la calidad del sector, convirtiendo la Región en un destino gastronómico" y "no se regularán los locales de actividades recreativas, con salas de fiesta, discotecas y tablaos flamencos", lo que, ha puntualizado el consejero del ramo, "no significa que no entren dentro de una estrategia de promoción".

   Sino que a fin de agilizar las trabas de apertura de estos establecimientos, "no se les exigirá el cumplimiento de las mismas normas que un restaurante de lujo".

   Además, se clasifican las agencias de viajes y a los organizadores profesionales de congresos como empresas de intermediación y se hace referencia también a las empresas de turismo activo, en respuesta al auge que han adquirido.

   Por último Cruz ha señalado que la Inspección "tendrá una labor preventiva y consultiva", por lo que, en la medida de lo posible, "intentará ser aliada de los establecimientos turísticos", así como que en este anteproyecto aparecerá "perfectamente" tipificada la lucha "contra el intrusismo" y se verán reducidas las infracciones.

   Así en el caso de las infracciones leves, las sanciones se rebajarán de los 1.500 a los mil euros, mientras que las sanciones graves oscilarán entre los 1.001 hasta los 10.000 euros (el abanico se abría hasta los 12.000 euros en la actual ley), y las tipificadas como 'muy graves', permanecerán entre 10.001 y 150.000 euros.  

   Tras el trámite de este viernes, este anteproyecto de Ley se remite a la Federación de Municipios de la Región de Murcia y a la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales (CROEM), así como al Consejo Asesor Regional de Turismo.

   A continuación, se remite al Consejo Jurídico de la Región y al Consejo Económico y Social para, finalmente, ser aprobado como proyecto de Ley por el Consejo de Gobierno, que lo remitirá para su tramitación a la Asamblea Regional.