MURCIA.- El alcalde de Fortuna, Matías Carrillo, ha
anunciado su dimisión, según han confirmado hoy fuentes
municipales. De este modo, previsiblemente la próxima semana se
celebrará un pleno para la elección del nuevo regidor, que podría ser la
primera teniente de alcalde del Consistorio, Catalina Herrero.
Carrillo presentará a lo largo de esta mañana su dimisión horas
después de hacerse pública la sentencia del Tribunal Supremo, que le
inhabilita para los cargos de concejal y alcalde y para cualquier otro
cargo público que depende de su elección democrática, conforme a la
legislación electoral, durante cinco años. Así como la privación de
libertad durante 24 días y una multa de seis meses con una cuota diaria
de seis euros (1.080 euros).
Tras emitir su fallo el Supremo, que lo absuelve del delito de
prevaricación, el regidor tenía la opción de esperar a que la sentencia
se ejecutara o bien presentar su dimisión, que es lo que finalmente ha
hecho.
El alcalde llegó al poder en las elecciones del año 1999 y fue en
las elecciones municipales de 2003 cuando, según se recoge en la
sentencia tanto de la Audiencia Provincial como del Supremo, cuando
concertó un plan con la ex edil María Dolores Sánchez, para comprar
votos.
La Sentencia del Supremo, con fecha de 25 de septiembre de 2012,
estima en parte el recurso que presentó el alcalde ante el Supremo,
ratificando la condena que le impuso la Audiencia Provincial de Murcia
referente al delito electoral, pero absolviéndolo del de prevaricación.
Considera probado que el regidor y la ex edil habían acordado
llevar a cabo los actos de requerimiento ilícitos a electores. Es decir,
un plan consistente en realizar la oferta de empleo o prestaciones como
ayudas en comida a personas que le entregaran a cambio la documentación
necesaria para suplantarlas al emitir el voto por correo a favor de la
candidatura del PP en las elecciones locales del año 2003.
Da por acreditado que el alcalde encabezada la lista para la que
se pedía el voto y que la ex concejal formaba parte de esa lista, que no
se hizo convocatoria pública alguna para la contratación y que ésta
tuvo lugar en las fechas previas a las elecciones.
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