ALICANTE.- El
titular del juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia
Nacional, Javier Gómez Bermúdez, ha aplazado hasta el próximo día 18 la
declaración -prevista inicialmente para hoy martes- del presidente de la
comisión de control de Caja Mediterráneo (CAM), Juan Ramón Avilés, como
imputado en la querella que han interpuesto contra él los
administradores provisionales del FROB por los presuntos delitos de
administración desleal y apropiación indebida en la gestión de la caja.
Las
fuentes jurídicas consultadas por el diario Abc atribuyeron este
aplazamiento a la voluntad de Gómez Bermúdez de estudiar en profundidad
el recurso, presentado el pasado viernes, en el que Avilés solicita el
sobreseimiento de la causa.
El
presidente de la comisión de control ha incorporado a su escrito las
declaraciones en las que cuatro directivos y exdirectivos de la caja de
ahorros alicantina niegan que Juan Ramón Avilés se beneficiara de
cualquier tipo de trato de favor en los créditos otorgados a las
empresas de su familia o que participara directamente en la toma de
decisiones de la entidad, como le atribuye el FROB. Los firmantes de
estas declaraciones son el exdirector general de CAM Roberto López Abad,
el exconsejero Martín Sevilla, la responsable del área de empresas en
la Manga del Mar Menor, Sonia Torres, y el director de los servicios
jurídicos de la entidad financiera, Nicolás Muñoz.
En
su declaración, López Abad indica que los créditos concedidos a las
empresas familiares de Avilés respondían a «proyectos viables y
rentables» y fueron aprobados por el consejo de administración «en
condiciones de mercado, como a cualquier otro cliente de CAM». Por su
parte, la directora del área de empresas para la zona del Mar Menor
afirma que las empresas vinculadas a Avilés «jamás, nunca y en ningún
caso han tenido trato de favor» por parte de la antigua caja de ahorros
alicantina.
El
exconsejero Martín Sevilla señala en su declaración que Avilés «jamás
ha ejercido presión alguna sobre mí, ni se la habría consentido, para
obtener ventajas de ningún tipo en la financiación de los proyectos» de
sus empresas. Avilés ha aportado al juez estos escritos para rebatir la
acusación de los administradores del FROB, quienes sostienen en su
querella que el presidente de la comisión de control se aprovechó de su
cargo para beneficiarse de operaciones de crédito en condiciones
preferentes.
Sin poder de decisión
Del
mismo modo, Juan Ramón Avilés ha incorporado a su recurso una
declaración en la que el director de los servicios jurídicos de CAM,
Nicolás Muñoz, explica que la comisión de control de la caja tienen
exclusivamente funciones de supervisión, pero «no es un órgano
ejecutivo, ni tiene facultades de decisión o gestión», ni participa en
la administración de la entidad.
Como
presidente de la comisión de control, argumenta el propio Avilés, no
tenía facultades ejecutivas ni participaba en la administración de la
entidad, por tanto difícilmente puede haber incurrido en el delito de
«administración desleal» que le atribuye el FROB. En el mismo sentido
aporta el dictamen del jefe de la asesoría jurídica del Banco de España,
Jaime Herrero.
El
juez Gómez Bermúdez ha aplazado hasta el día 18 la declaración de
Avilés y de los peritos de la auditora PwC , pero mantiene para hoy la
declaración de siete directivos de CAM como testigos.
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