MADRID.- El expresidente de la Comisión de Control de
la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), el murciano Juan Ramón Avilés, ha negado
ante el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez todas las
acusaciones por las que está imputado y ha defendido la legalidad de los
créditos por valor de 17 millones de euros que la entidad le concedió a
él y su familia para financiar operaciones inmobiliarias, informaron hoy
fuentes jurídicas.
Avilés, que ha estado en el despacho del juez durante apenas diez
minutos, ha negado la existencia de varias pruebas documentales a
preguntas del fiscal Anticorrupción Luis Rodríguez Sol y ha renunciado a
contestar a las cuestiones de la acusación particular, que ejercen los
gestores de la entidad, intervenida por el Fondo de Reestructuración y
Ordenación Bancaria (FROB) en julio de 2011.
A su salida de las dependencias de la Audiencia Nacional, que ha
abandonado sin que las acusaciones pidieran la imposición de medidas
cautelares, ha señalado que "en estas situaciones son necesarias tres
cosas: tener razón, demostrarlo y que te la den".
"Creo que hemos hecho
las dos primeras", ha dicho.
El exdirectivo de la CAM está imputado por delitos societarios y
de administración indebida después de que el juez Gómez Bermúdez, que
mantiene abiertas otras tres piezas por las actividades de la entidad,
admitiera a trámite una querella presentada por sus gestores.
Entre los créditos obtenidos por el exdirectivo, la querella
refleja cinco concedidos "de forma fraudulenta" en 2009 por el Instituto
de Crédito Oficial (ICO) y el Instituto de Crédito y Finanzas de la
Región de Murcia (ICREF) por un importe de casi cuatro millones de
euros.
Según la querella, Avilés habría llevado a cabo una "gestión
desleal" al aprovechar su posición de "máxima relevancia" en la CAM para
obtener "la financiación para su intento de participar en las rápidas,
especulativas y desproporcionadas ganancias que el fenómeno de la
llamada burbuja inmobiliaria generó durante años". Además, habría
cobrado 300.000 euros en cinco años en concepto de "dietas irregulares".
Los querellantes también sostienen que bajo la gestión de Avilés
se llevó a cabo en la entidad "un grosero incumplimiento de las
condiciones básicas establecidas por los respectivos organismos", ya que
los créditos fueron concedidos "sin una mínima comprobación de
viabilidad y garantías, por un lado, y vulnerando de modo grosero, en
todos los casos, las condiciones de concesión en cuanto al objeto y a la
aplicación de estos préstamos".
En su recurso contra el auto de imputación, la defensa de Avilés
sostiene que el exdirectivo no es "sujeto activo" de los delitos de que
se le imputan porque no era administrador de derecho, "ni por sí mismo
ni como miembro de la Comisión de Control de CAM".
"El único órgano que
tenía encomendada la administración de la entidad era el Consejo de
Administración", señala.
Según esta parte, los créditos fueron aprobados por el Consejo "en
condiciones de mercado" y sin que las disposiciones, autorizaciones y
garantías de los préstamos presentaran irregularidades. En relación con
las dietas percibidas, Avilés defiende que fueron aprobadas por la
Comisión de Retribuciones de la entidad y el Consejo de Administración y
que dio cuenta de ellas ante la Asamblea.
El magistrado también ha celebrado un careo entre los peritos de
la compañía PwC, que realizaron un informe en mayo de 2012 en el que
analizaban la situación financiera de la entidad, que fue intervenida
por el Banco de España el 23 de julio de 2011, y el experto Juan Manuel
Antón, propuesto por la defensa de Avilés.
En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente
propiedad del Banco Sabadell --que se la adjudicó por un euro--,
comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9
millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas
pérdidas de 1.136 millones de euros.
Antón ha defendido que los créditos concedidos a Avilés fueron
legales y que la entidad incluso le cobró comisiones abusivas a Avilés,
al aplicarle un 1 por ciento por amortización anticipada y otro 0,5 por
ciento por el desistimiento.
En la causa principal contra los gestores de la CAM, Gómez
Bermúdez mantiene imputados al expresidente Modesto Crespo; los
exdirectores generales María Dolores Amorós y Roberto López Abad; el
exdirector general de Recursos Vicente Soriano Terol; y el exdirector de
Planificación y Control Teófilo Sogorb.
Además, investiga en otras dos
piezas separadas la venta de acciones preferentes y de cuotas
participativas.
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