ALICANTE.- Los
administradores provisionales de Caja Mediterráneo (CAM), designados
por el FROB, no están legitimados para denunciar al presidente de la
comisión de control, el murciano Juan Ramón Avilés, al que acusan de administración
desleal. Así al menos lo argumenta el dirigente de la antigua caja de
ahorros en su recurso a la querella admitida a trámite por el juez de la
Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, y que ha motivado que Avilés
deba declarar mañana como imputado, según 'Abc'.
El
argumento sobre el que Avilés basa dicha alegación es la segregación
del negocio financiero de la antigua caja al Banco CAM -luego adquirido
por el Sabadell- en junio de 2011. Así, el titular de los créditos por
los que el FROB acusa a Avilés (concedidos a sus empresas) es el banco
ahora propiedad del Sabadell, y no la caja que administra todavía José
Antonio Iturriaga, que es quien firma la denuncia.
En
este sentido, el recurso de Avilés aporta un fragmento del informe de
gestión de Banco CAM en 2011, donde se detalla que «Banco CAM S.A.U., al
adquirir el bloque el patrimonio efectivamente segregado de CAM, asume
todas las obligaciones y queda subrogada en el ejercicio de todos los
derechos y acciones integrados en el referido patrimonio».
Según
este razonamiento, los administradores de la caja no cumplen el
«requisito de procedibilidad» que se establece en el artículo 296.1 del
Código Penal -y que la querella del FROB cita expresamente en su página
13 para justificar la presentación de la denuncia-, que obliga a que
«los hechos sean denunciados por persona agraviada». Una condición que
Avilés considera que no puede atribuirse «en ningún caso» a la caja de
ahorros, «sino Banco CAM».
«Animadversión» de Iturriaga
De
hecho, Avilés -quien a su vez interpuso un contencioso contra Banco CAM
por incumplimiento de contrato- aporta pruebas en el recurso de que
Iturriaga le negó la copia de los expedientes de sus créditos, «que
finalmente han desembocado en la presente querella», sobre la base de
que «los expedientes que se estaban solicitando son titularidad de Banco
CAM S.A.U.».
Así,
el presidente de la comisión de control destaca que «quien ostenta la
titularidad de los expedientes, y por tanto mantiene una relación
comercial» con él mismo y sus familiares, «es Banco CAM, quien ni
siquiera ha interpuesto acciones civiles». Avilés recuerda en este punto
que sus empresas «interpusieron demanda civil contra la citada entidad
bancaria por los gravísimos incumplimientos contractuales en que había
incurrido».
El
recurso del presidente de la comisión de control esgrime que «la
demanda interpuesta contra Banco CAM cuando esta entidad estaba dirigida
por los representantes del FROB» fue «el detonante de la enemistad y
animadversión que el órgano de administración [...] profesa al Sr.
Avilés».
La
defensa del dirigente de la antigua caja alicantina considera que
tampoco se puede aplicar en este caso el artículo 296.2 del Código
Penal, que exime del citado requisito de procedibilidad «cuando los
hechos afecten a los intereses generales». Por este motivo, concluye que
«solo Banco CAM S.A.U., como sucesor universal de Caja de Ahorros del
Mediterráneo, ostenta la legitimación activa para interponer la acción
penal».
Mano dura con Avilés
Mano dura con Avilés
La diputada en Les Corts Valencianas de la coalición
Compromís, Mireia Mollà, ha considerado que la autorización por parte del
Gobierno autonómico del PP de concesión de créditos ICO al presidente de
la comisión de control de la CAM, el murciano Juan Ramón Avilés, "de manera
presuntamente irregular", confirma que el ejecutivo valenciano ha sido
"una pieza fundamental en los abusos financieros que se han cometido en
los últimos años", según informa en un comunicado la formación de
izquierdas.
Mollà ha afirmado que la Conselleria de Economía "aprobó que se
dieran créditos ICO a Avilés, a pesar de que sabía que sus sociedades no
cumplían los requisitos para acceder a esta línea de financiación de la
que el presidente de la comisión de control obtuvo más de cuatro
millones de euros".
En este sentido, la diputada ha añadido que "esta nueva
irregularidad que habría cometido el Gobierno valenciano se suma a la
larga lista de acciones que ha llevado a cabo durante los últimos años
para alimentar la burbuja inmobiliaria o construir grandes eventos
fallidos, unos fenómenos que han generado numerosos abusos financieros
como los que cometieron algunos directivos de la CAM".
"El PP, ante la indignación ciudadana, no ha tenido otro remedio
que criticar los excesos cometidos por los directivos de las cajas, pero
ha llegado el momento de que reconozca también su culpa al hacer que
hayamos llegado hasta la situación actual", ha indicado la diputada de
Compromís.
Por otro lado, la diputada ha exigido que "se actúe con
contundencia" con Juan Ramón Avilés "si se confirma que habría ejercido
presiones para acceder en estas líneas de crédito del ICO, conseguir 17
millones de euros de la CAM en condiciones ventajosas para sus empresas y
para ganar unos 300.000 euros en dietas irregulares de una de las
filiales de la caja", ha indicado.
Aplazamiento
El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha aplazado al próximo día 18 de septiembre la declaración como imputado del expresidente de la comisión de control de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Juan Ramón Avilés en la causa en la que se investiga la concesión al exdirectivo de créditos por valor de 17 millones de euros.
El magistrado mantiene, no obstante, la citación para mañana de otros siete directivos de la entidad. Así, Gómez Bermúdez interrogará a Segundo Romero Sánchez, exjefe de Riesgo Inmobiliario; Francisco Martínez García, que fue director general de Inversiones y Riesgo; Manuel Josep Lerma Fenoll, que se ocupó del área de Riesgo Crediticio; e Ildefonso Riquelme, que fue director territorial en Murcia.
Los otros tres comparecientes son Enrique Carrión Carmona, director de Empresas en Murcia; Vicente Sánchez Asencio, directora general de Tenedora de Inversiones; y Sonia Torres, responsable de la entidad en Cartagena.
El juez, ha aplazado también para el día 18 la declaración de los peritos de la compañía PwC que realizaron un informe en mayo de 2012 en el que analizaban la situación financiera de la entidad, que fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011.
Gómez Bermúdez imputa a Avilés delitos societarios y de administración indebida tras haber admitido una querella que presentaron los gestores del Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB).
La querella sostiene que el exdirectivo habría obtenido los créditos a través de cuatro sociedades distintas y se habría hecho con dietas irregulares en una sociedad participada por la caja que habrían ascendido a 300.000 euros. Además, solicita al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 que se le imponga una fianza de 2,8 millones de euros.
Se trata de la segunda causa sobre la gestión de la CAM que investiga el juez Gómez Bermúdez, que mantiene imputados en otro procedimiento a los exdirectores generales de la entidad María Dolores Amorós y Roberto López Abad; el exdirector general de Recursos Vicente Soriano Terol; el exdirector de Planificación y Control Teófilo Sogorb y el expresidente Modesto Crespo.
A todos ellos el juez les ha impuesto una fianza de 25,8 millones de euros a petición del FROB tras imputarles la comisión de delitos societarios, estafa, manipulación del precio de las cosas y apropiación indebida. Los cinco altos ejecutivos de la CAM se habrían repartido 15,5 millones de euros en prejubilaciones antes de que la entidad alicantina fuera intervenida, según figuraba en la carta de despido de Amorós.
Tras la intervención, el Banco de España sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.
En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell --que se la adjudicó por un euro-- comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.
Aplazamiento
El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha aplazado al próximo día 18 de septiembre la declaración como imputado del expresidente de la comisión de control de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Juan Ramón Avilés en la causa en la que se investiga la concesión al exdirectivo de créditos por valor de 17 millones de euros.
El magistrado mantiene, no obstante, la citación para mañana de otros siete directivos de la entidad. Así, Gómez Bermúdez interrogará a Segundo Romero Sánchez, exjefe de Riesgo Inmobiliario; Francisco Martínez García, que fue director general de Inversiones y Riesgo; Manuel Josep Lerma Fenoll, que se ocupó del área de Riesgo Crediticio; e Ildefonso Riquelme, que fue director territorial en Murcia.
Los otros tres comparecientes son Enrique Carrión Carmona, director de Empresas en Murcia; Vicente Sánchez Asencio, directora general de Tenedora de Inversiones; y Sonia Torres, responsable de la entidad en Cartagena.
El juez, ha aplazado también para el día 18 la declaración de los peritos de la compañía PwC que realizaron un informe en mayo de 2012 en el que analizaban la situación financiera de la entidad, que fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011.
Gómez Bermúdez imputa a Avilés delitos societarios y de administración indebida tras haber admitido una querella que presentaron los gestores del Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB).
La querella sostiene que el exdirectivo habría obtenido los créditos a través de cuatro sociedades distintas y se habría hecho con dietas irregulares en una sociedad participada por la caja que habrían ascendido a 300.000 euros. Además, solicita al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 que se le imponga una fianza de 2,8 millones de euros.
Se trata de la segunda causa sobre la gestión de la CAM que investiga el juez Gómez Bermúdez, que mantiene imputados en otro procedimiento a los exdirectores generales de la entidad María Dolores Amorós y Roberto López Abad; el exdirector general de Recursos Vicente Soriano Terol; el exdirector de Planificación y Control Teófilo Sogorb y el expresidente Modesto Crespo.
A todos ellos el juez les ha impuesto una fianza de 25,8 millones de euros a petición del FROB tras imputarles la comisión de delitos societarios, estafa, manipulación del precio de las cosas y apropiación indebida. Los cinco altos ejecutivos de la CAM se habrían repartido 15,5 millones de euros en prejubilaciones antes de que la entidad alicantina fuera intervenida, según figuraba en la carta de despido de Amorós.
Tras la intervención, el Banco de España sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.
En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell --que se la adjudicó por un euro-- comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.
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