MURCIA.- Más de 3.500 interinos docentes que no
percibirán su salario en verano, como estaba estipulado en el contrato,
por el cese del mismo el pasado 30 de junio, han presentado esta mañana
su correspondiente recurso de alzada en la Consejería de Educación,
Formación y Empleo.
El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO en la
Región de Murcia, Pedro Manuel Vicente, ha afirmado, al respecto, que
unos 5.000 interinos "van a dejar de percibir su salario en verano
porque así lo ha decidido unilateralmente el Gobierno regional".
Pedro Manuel Vicente ha apuntado, asimismo, que los recursos
presentados piden precisamente que Gobierno cumpla el compromiso que
adoptaron con los trabajadores al inicio del curso escolar "y por tanto
hagan efectivo el pago del verano conforme estaba recogido".
En este sentido, el secretario general de la Federación de
Trabajadores de la Enseñanza de UGT, Antonio Francisco Ferrández, ha
señalado que "estos trabajadores cuando cogieron su plaza, tenían su
contrato hasta el 31 de agosto y ahora, por una decisión injusta del
Gobierno regional, se le rescinde el contrato de manera unilateral y lo
envía al paro".
A pesar de ello, el Comité de Resistencia --formado por CCOO, UGT y
StermIntersindical-- se muestra satisfecho por la respuesta del
conjunto de los afectados, "ya que podríamos hablar de alrededor de un
80 o 85 por ciento de recursos, es decir que presentamos más de 3.500
solicitudes ante la Consejería", ha puntualizado Vicente, quien ha
recalcado que ésta es "es una iniciativa más que complementa todas las
que llevamos desarrollando en los últimos 18 meses".
Tiene claro que "las agresiones van a continuar, se han anunciado
por parte del presidente Mariano Rajoy y también por parte del Gobierno
regional". Por ello, han indicado, la actuación de esta mañana "supone
decirle basta a la Administración y al incumplimiento de los compromisos
adoptados".
En este sentido, han agregado, "las movilizaciones van a continuar
durante el mes de julio y estamos convencidos que también a partir de
septiembre, puesto que las iniciativas que se están poniendo sobre la
mesa inciden en el recorte del gasto y en una agresión directa a los
servicios públicos".
De estos 5.000 interinos afectados por la negativa del cobro de
los meses de verano, "unas 2.000 o 2.500 personas no van a encontrar
puesto de trabajo en septiembre".
Consideran que hay otras "alternativas" tanto en el capítulo de
ingresos como en el capítulo de nuevos tipos impositivos, o
incrementarlos para las rentas más altas, "ajustes que no fuesen en
aquellos servicios públicos que favorecen la cohesión social y la
igualdad de oportunidades". No obstante, Pedro Manuel Vicente se ha
lamentado de que los gobernantes "no hayan querido escucharnos".
Por su parte, el representante del Secretariado de STERM, Paco
Vicente, ha mandado "un saludo solidario a los 5.000 parados que desde
el 1 de julio lo están y que injustificadamente han sido largados
impunemente".
"En el Comité de Resistencia estamos viendo que el peligro puede
ir mucho más allá", de hecho, ha apuntado, los funcionarios "van a
trabajar en unas condiciones mucho peores el próximo año" ya que "los
recortes pueden ir a más e incluso en los propios derechos de esos
trabajadores".
"Las movilizaciones son la única herramienta para luchar contra lo
que nosotros consideramos que es una infamia", ha afirmado, y es que, a
su juicio, "no se puede agredir al Sistema Público de Enseñanza de esta
forma".
El representante de STERM ha denunciado, asimismo, que actualmente
los centros viven una situación "de auténtico caos" por ajustar las
medidas que se están llevando a cabo. Vicente ha hablado, por ejemplo,
de profesores que están empezando a plantearse dar asignaturas de las
que no son especialistas "con el único fin de que cuadren los números".
Ahora mismo, ha subrayado, "es imposible organizar los centros
escolares".
Así las cosas, los sindicatos han advertido que si la respuesta
del consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, a
las peticiones de los docentes, es negativa acudirán al Tribunal
Superior de Justicia (TSJ) y pondrán una demanda por el
Contencioso-Administrativo.
A este respecto, Paco Vicente ha anunciado que "a finales de
septiembre, primeros de octubre, convocaremos a todos los afectados para
plantear el Contencioso-Administrativo" y así "avanzar en el itinerario
judicial" en caso, ha concluido, de que "no den respuesta en el plazo
de tres meses a la iniciativa presentada este viernes por la vía
administrativa".
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