MURCIA.- El letrado Diego de Ramón, personado en el 'caso Umbra' como acusación popular, ha dirigido un escrito al juzgado de instrucción nº 8 de Murcia, con fecha 3 de julio, en el que trata de implicar al entonces consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, Joaquín Bascuñana, hoy delegado del Gobierno, y al propio presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, en virtud de las competencias urbanísticas supervisoras y ejecutivas que detentaban ambos en la fecha que se aprobaron los convenios urbanísticos de la zona norte del municipio de Murcia, según fuentes del bufete del citado abogado.
De Ramón ha solicitado al juzgado instructor que sean llamados a declarar "quienes tuvieron y tienen competencia en materia urbanística en la Comunidad Autónoma de Murcia, en virtud de la Ley del Suelo Regional de Murcia, decreto legislativo 1/2005, de 10 de junio TRLSM, en su art 1, ámbito competencial, art 2, arts 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 (incluido la revisión de los actos administrativos que incumplan la normativa urbanística, y además en materia de intervención en el mercado del suelo)".
La fecha clave parece ser la de 20 de julio de 2006, la de aprobación última de dichos convenios urbanísticos, pese a actuar la Administración Regional como "policía urbanística supervisora de la Ley del Suelo en la Región de Murcia y, por tanto con competencias en materia urbanística".
En esa fecha, se dicta la orden resolutoria sobre aprobación definitiva de los ámbitos suspendidos de la adaptación del Plan General Municipal de Ordenación de Murcia a la Ley del Suelo de la Región de Murcia, expediente 192104 de Planeamiento, por lo que Diego de Ramón estima se debe pedir previamente el informe jurídico redactado por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, junto con la firma del consejero que aprobó dicha orden resolutoria de 20 de julio de 2006.
De Ramón solicita se cite a declarar, pues, a los consejeros y presidente que formaron parte del Consejo de Gobierno que aprobó dichos convenios urbanísticos a propuesta del consejero correspondiente (Bascuñana) así como el informe jurídico de los servicios centrales de Presidencia, previos a su aprobación por el Consejo de Gobierno, para lo cual caso de estar aforados sus miembros se solicita igualmente su desaforamiento para poder comparecer judicialmente y declarar con las protecciones legales del ejercicio de sus cargos.
A juicio del letrado, "la validez legal de la presunta infracción delictiva (...) no concluye con la aprobación definitiva por parte del alcalde de Murcia, pues es necesario la supervisión (o actuación policial urbanística del consejero) y el acuerdo del Consejo de Gobierno, pues caso de infringir las leyes, el cometido de sus competencias es corregirlo, modificarlo, subsanarlo o suspenderlo; circunstancia que no realizó y de ahí la necesidad de su requerimiento".
Además, argumenta De Ramón en su escrito al juez instructor, "en dichos convenios urbanísticos de la zona norte, las valoraciones del suelo referidas al valor de mercado, es evidente que el suelo especialmente protegido no tiene el mismo valor, según esté o no dotado de aprovechamiento urbanístico, lo que significa que a efectos expropiatorios se produzca un desmedido e injustificado incremento del valor de expropiación de las fincas y el consiguiente encarecimiento de las grandes infraestructuras, dada la repercusión que el coste del suelo tiene sobre ellas".
Concluye este abogado exponiendo al juez que "la interpretación que hace la Comunidad Autónoma del suelo especialmente protegido (coincide plenamente con los intereses de los grandes propietarios del suelo) y habida cuenta que esta categoría de suelo es la única que legalmente tiene la consideración de no urbanizable, conduce al disparate urbanístico de dar viabilidad legal a que todo un territorio municipal pueda tener aprovechamiento urbanístico, ya sea como suelo de sistema general de protección, urbanizable o urbano".
Finalmente, pide De Ramón se dé traslado al fiscal anticorrupción para garantizar con la máxima diligencia "estos requerimientos imprescindibles para llegar a la verdad de estos hechos y se pueda aplicar la justicia en su grado justo".
De Ramón ha solicitado al juzgado instructor que sean llamados a declarar "quienes tuvieron y tienen competencia en materia urbanística en la Comunidad Autónoma de Murcia, en virtud de la Ley del Suelo Regional de Murcia, decreto legislativo 1/2005, de 10 de junio TRLSM, en su art 1, ámbito competencial, art 2, arts 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 (incluido la revisión de los actos administrativos que incumplan la normativa urbanística, y además en materia de intervención en el mercado del suelo)".
La fecha clave parece ser la de 20 de julio de 2006, la de aprobación última de dichos convenios urbanísticos, pese a actuar la Administración Regional como "policía urbanística supervisora de la Ley del Suelo en la Región de Murcia y, por tanto con competencias en materia urbanística".
En esa fecha, se dicta la orden resolutoria sobre aprobación definitiva de los ámbitos suspendidos de la adaptación del Plan General Municipal de Ordenación de Murcia a la Ley del Suelo de la Región de Murcia, expediente 192104 de Planeamiento, por lo que Diego de Ramón estima se debe pedir previamente el informe jurídico redactado por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, junto con la firma del consejero que aprobó dicha orden resolutoria de 20 de julio de 2006.
De Ramón solicita se cite a declarar, pues, a los consejeros y presidente que formaron parte del Consejo de Gobierno que aprobó dichos convenios urbanísticos a propuesta del consejero correspondiente (Bascuñana) así como el informe jurídico de los servicios centrales de Presidencia, previos a su aprobación por el Consejo de Gobierno, para lo cual caso de estar aforados sus miembros se solicita igualmente su desaforamiento para poder comparecer judicialmente y declarar con las protecciones legales del ejercicio de sus cargos.
A juicio del letrado, "la validez legal de la presunta infracción delictiva (...) no concluye con la aprobación definitiva por parte del alcalde de Murcia, pues es necesario la supervisión (o actuación policial urbanística del consejero) y el acuerdo del Consejo de Gobierno, pues caso de infringir las leyes, el cometido de sus competencias es corregirlo, modificarlo, subsanarlo o suspenderlo; circunstancia que no realizó y de ahí la necesidad de su requerimiento".
Además, argumenta De Ramón en su escrito al juez instructor, "en dichos convenios urbanísticos de la zona norte, las valoraciones del suelo referidas al valor de mercado, es evidente que el suelo especialmente protegido no tiene el mismo valor, según esté o no dotado de aprovechamiento urbanístico, lo que significa que a efectos expropiatorios se produzca un desmedido e injustificado incremento del valor de expropiación de las fincas y el consiguiente encarecimiento de las grandes infraestructuras, dada la repercusión que el coste del suelo tiene sobre ellas".
Concluye este abogado exponiendo al juez que "la interpretación que hace la Comunidad Autónoma del suelo especialmente protegido (coincide plenamente con los intereses de los grandes propietarios del suelo) y habida cuenta que esta categoría de suelo es la única que legalmente tiene la consideración de no urbanizable, conduce al disparate urbanístico de dar viabilidad legal a que todo un territorio municipal pueda tener aprovechamiento urbanístico, ya sea como suelo de sistema general de protección, urbanizable o urbano".
Finalmente, pide De Ramón se dé traslado al fiscal anticorrupción para garantizar con la máxima diligencia "estos requerimientos imprescindibles para llegar a la verdad de estos hechos y se pueda aplicar la justicia en su grado justo".
1 comentario:
Estamos hablando de presuntos delincuentes. En cuanto la Justicia opere con la independencia que le confiere la Ley, estos personajes tendrán que dar cuenta de sus trapacerias, por muchas mayorias absolutas que hayan disfrutado.
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