MURCIA.- La acusación popular representada por el abogado murciano Diego de Ramón en el caso de las cuotas participativas y partipaciones preferentes ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional,
Javier Gómez Bermúdez, que tome declaración al especialista en ciencias económicas
y sociología, el alicantino Carlos Rosser, por haber asesorado a los empleados de la
CAM a la hora de vender nuevos productos financieros mediante
persuasión y manipulación.
En un escrito, el abogado de la plataforma de afectados de la caja, Diego
de Ramón, ha asegurado que Rosser, autor del libro "Cómo vender a
clientes resistentes", asesoró a la CAM en la venta de productos de
inversión en Bolsa, cuotas participativas, preferentes y demás productos
de inversión.
Mediante técnicas como la "intrusión en la
mente del cliente, la persuasión subliminal, el traslado del lenguaje
hipnótico a la venta comercial, la apelación al inconsciente o la
manipulación de la mente ajena", la CAM trató de vender en el mercado
minorista productos de inversión complejos, según ha apuntado en su
escrito.
En consecuencia, la caja murciano-alicantina acudió al mercado
minoritario utilizando métodos propios de "selección de personas con
poca capacidad de entendimiento y conocimiento para poder tomar
libremente" una decisión sobre sus ahorros.
El resultado de
estas operaciones, que el abogado califica de "imprudencia financiera",
es la ruina de numerosos clientes, fundamentalmente personas mayores,
extranjeros y jóvenes "sin ningún tipo de instrucción", ha insistido.
Por otro lado, el abogado también ha pedido a la Comunidad
Valenciana y a Murcia si han subvencionado con ayudas públicas los
cursos de formación de los empleados de la CAM sobre la emisión de
cuotas participativas, preferentes y deuda subordinada.
Sobre
el papel del ex director general Roberto López Abad en la caja,
intervenida por el Banco de España en julio de 2011, De Ramón ha
indicado que tras la ruptura del SIP -la alianza con la que la entidad
se iba a unir con Cajastur y otras dos cajas-, el exdirectivo siguió
beneficiándose de sus condiciones retributivas y del acceso a su
prejubilación, de 5,6 millones de euros.
Asimismo, ha denunciado las
operaciones con sociedades domiciliadas en paraísos fiscales así como
los créditos sin garantías otorgados al proyecto inmobiliario Polaris
World, al constructor Enrique Ortiz, implicado por los casos Brugal y
Gurtel, a Terra Mítica y a la mejicana Crédito Inmobiliario.
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