MURCIA.- El Consejo de Gobierno ha aprobado un acuerdo
por el que se reduce un tres por ciento (diez veces menos que el Gobierno francés) las retribuciones de los
miembros del Consejo de Gobierno, de los altos cargos de la
Administración regional y del personal directivo del sector público, lo
que supondrá un ahorro de 900.000 euros, y se suma a la eliminación de
la paga extraordinaria de Navidad anunciada por el presidente del
Gobierno central.
Estas dos reducciones, unidas a las que se llevaron a cabo en el
anterior plan de reajuste, supone que las remuneraciones de los
directivos del ámbito de la Comunidad se van a ver disminuidas una media
del 20 por ciento en los dos últimos años, según ha informado el
portavoz del Gobierno regional, José Ballesta.
Al término del Consejo de Gobierno, Ballesta ha recordado que esto
se suma a la congelación de los salarios de los miembros del Consejo de
Gobierno y altos cargos de la Administración regional aprobada desde el
ejercicio 2009.
Con esta medida, el Ejecutivo regional da cumplimiento a la Ley
5/2012, de ajuste presupuestario y medidas en materia de Función
Pública, aprobada el 29 de junio en la Asamblea Regional.
Al hilo, el vicepresidente del Gobierno regional, Juan Bernal, ha
estimado que el ahorro con la reducción de la paga extra de Navidad
puede suponer unos 80 millones de euros en la Región de Murcia.
Una medida que va a ayudar, por tanto, a que la Comunidad cumpla
con el ajuste de 623 millones, y que representa entre el 12 y 13 por
ciento de esta cantidad.
Bernal ha insistido, asimismo, que los altos cargos "van a ser
objeto de la misma reducción" y ha estimado que la reducción de sus
retribuciones para el conjunto de estos será entorno al 10 por ciento en
el año 2012.
Al hilo, el consejero del ramo ha querido dejar claro que esta
medida se toma "después de haber hecho todo tipo de medidas" que están
en marcha "y estamos vigilando su eficacia".
Antes por tanto, "hemos quitado todo lo habido y por haber:
inversiones, subvenciones y todo tipo de actuaciones, dejando solo lo
estrictamente necesario y dando prioridad a los servicios sanitarios,
educativos, a la Dependencia o a la universidad pública".
Tras lo que ha indicado que el año próximo "tenemos que tener un
objetivo más riguroso", entonces habrá que reducir 110 millones de euros
adicionales, aunque habrá que ver si, por ejemplo hay un aumento de
ingresos.
Montoro sugiere homogeneizar sueldos
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha planteado a las comunidades autónomas la conveniencia de homogeneizar los sueldos de los funcionarios en todas las regiones, con el fin de que las retribuciones sean similares en toda España, según han indicado fuentes gubernamentales.
Montoro, que lanzó esta propuesta en el Consejo de Política y Fiscal celebrado ayer jueves, se produce en un momento en el que su Departamento ha aprobado un paquete de ajuste que afecta específicamente a los empleados públicos, con medidas como la suspensión de la paga extra de Navidad, la reducción de los liberados sindicales o la disminución de los días de libre disposición, los llamados 'moscosos', que pasarían de seis a tres.
El Departamento de Hacienda y Administraciones Públicas quiere unificar las retribuciones que perciben los funcionarios en función de su categoría y poner orden en la disparidad de criterios que existen por ejemplo con los complementos del sueldo, que varían de una comunidad a otra. De hecho, esas variaciones también existen con los 'moscosos', ya que en algunas ocasiones las autonomías añaden los suyos propios.
Esta propuesta para unificar los sueldos de los funcionarios va en línea con la que ya ha anunciado el Gobierno de Mariano Rajoy de fijar los sueldos de los alcaldes de toda España de acuerdo con unos baremos que estarán recogidos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que atenderán a aspectos como la población o el tamaño del municipio.
68.981 euros anuales para los alcaldes
El Gobierno ha fijado que la retribución máxima de los alcaldes sea la de un ministro, 68.981 euros, con la obligación además de que el coste de los salarios de los ediles no supere el 0,6 por ciento del presupuesto municipal.
Serán los Presupuestos Generales del Estado de cada año los que fijen las retribuciones de alcaldes y concejales, según las características de cada localidad, pero el Gobierno ha acordado este viernes que ese tope salarial, lo que supone un fuerte recorte para las alcaldías de ciudades como Madrid o Barcelona.
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un anteproyecto de reforma de la Ley de Gobierno Local, en la que trabaja desde hace meses, y ha aprovechado para anunciar otras medidas paralelas. Además de recortar salarios, se reducirá un 31 por ciento el número de concejales a través de la reforma de la Ley Electoral, cambiando el tope de concejales que se puede elegir por tramos de población, aunque hoy no se han dado más detalles
El resultado que busca el Ejecutivo es que se elijan en las próximas elecciones municipales 21.338 ediles menos, hasta quedarse en 47.240. Además, los ayuntamientos no podrán tener más de 35 concejales, cuando por ejemplo en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid se sientan 57 y en el de Barcelona, 41. Asimismo, se limita el número de asesores de las entidades locales: el personal eventual no podrá superar el número de concejales.
La reforma de la Ley de Bases de Régimen Local persigue actualizar la estructura municipal del país, pero también busca ahorros. Según los cálculos del Gobierno, puede alcanzar los 3.500 millones. La fórmula es eliminar 3.725 entidades locales menores al ayuntamiento, como las pedanías y las parroquias, y potenciar el papel de las diputaciones.
En la ley se fijará un nuevo catálogo de competencias, aunque no varía demasiado del actual, según la información que se ha ido conociendo, salvo que no podrán prestar servicios de educación ni sanidad, de competencia autonómica. La gran diferencia es que los ayuntamientos no podrán ejercer más que esas competencias ya que para el resto no cuentan con financiación expresa.
Por otro lado, la modificación no prevé la supresión de ningún municipio, con lo que se respeta la representación de la voluntad popular en los Ayuntamientos, sin embargo, se fomenta la agrupación de servicios para "lograr importantes ahorros de costes mediante economías de escala" y se potencia el papel de las diputaciones, cabildos, consejos insulares o comarcas.
Asumirán la gestión de servicios de municipios de menos de 20.000 habitantes que no los presten con eficiencia y podrían ahorrar unos 2.248,2 millones. La supresión además de las mancomunidades que tampoco sean consideradas eficientes, sumará otro ahorro de 700 millones. El Ejecutivo argumenta que el 71,3 por ciento de estas entidades "no cumple con sus obligaciones de presentar cuentas anuales".
Según el Instituto de Estudios Fiscales, el gasto de ofrecer los servicios a los ciudadanos es cuatro veces más caro en los municipios de 5.000 habitantes. Así, el coste per cápita en los municipios de menos de 5.000 habitantes es de 2.613,57 euros, mientras que en el caso de los municipios de más de 100.000 habitantes suponen 652,91 euros.
También se mejora la regulación de los convenios entre Administraciones. Hasta ahora eran "foco de endeudamiento" al no ir acompañado el traspaso de competencias de su correspondiente financiación. Con la reforma, los convenios por los que el Estado, las Comunidades Autónomas o cualquier Entidad Local deleguen el ejercicio de competencias en los municipios deberán ser aceptados expresamente por éstos y habrán de suponer una mejora en la eficiencia de la gestión pública.
Igualmente, será condición indispensable para la firma de un convenio la contribución a eliminar duplicidades administrativas. La Administración que delega se reservará los mecanismos de control precisos para asegurar la adecuada prestación del servicio delegado. La delegación de competencias irá siempre acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria anual.
Junto a todo lo anterior, la reforma de la ley persigue redimensionar el sector público local, formado por un gran número de entes, organismos, sociedades, fundaciones y consorcios públicos, que habían proliferado en los últimos años. Se establece un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2014 para que se corrija el déficit de estas entidades y se determina, en caso contrario, a fecha 1 de agosto de 2015 su disolución.
Por último, se fortalece la figura del interventor municipal y de los funcionarios con habilitación nacional con el objetivo de aumentar la independencia, profesionalidad y objetividad en el ejercicio de sus funciones de garantizar la legalidad y el control financiero y presupuestario en la gestión local, ya que se recupera su dependencia funcional de la Administración General del Estado. Al mismo tiempo, se promueve la colaboración del Estado con las Intervenciones locales.
Montoro sugiere homogeneizar sueldos
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha planteado a las comunidades autónomas la conveniencia de homogeneizar los sueldos de los funcionarios en todas las regiones, con el fin de que las retribuciones sean similares en toda España, según han indicado fuentes gubernamentales.
Montoro, que lanzó esta propuesta en el Consejo de Política y Fiscal celebrado ayer jueves, se produce en un momento en el que su Departamento ha aprobado un paquete de ajuste que afecta específicamente a los empleados públicos, con medidas como la suspensión de la paga extra de Navidad, la reducción de los liberados sindicales o la disminución de los días de libre disposición, los llamados 'moscosos', que pasarían de seis a tres.
El Departamento de Hacienda y Administraciones Públicas quiere unificar las retribuciones que perciben los funcionarios en función de su categoría y poner orden en la disparidad de criterios que existen por ejemplo con los complementos del sueldo, que varían de una comunidad a otra. De hecho, esas variaciones también existen con los 'moscosos', ya que en algunas ocasiones las autonomías añaden los suyos propios.
Esta propuesta para unificar los sueldos de los funcionarios va en línea con la que ya ha anunciado el Gobierno de Mariano Rajoy de fijar los sueldos de los alcaldes de toda España de acuerdo con unos baremos que estarán recogidos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que atenderán a aspectos como la población o el tamaño del municipio.
68.981 euros anuales para los alcaldes
El Gobierno ha fijado que la retribución máxima de los alcaldes sea la de un ministro, 68.981 euros, con la obligación además de que el coste de los salarios de los ediles no supere el 0,6 por ciento del presupuesto municipal.
Serán los Presupuestos Generales del Estado de cada año los que fijen las retribuciones de alcaldes y concejales, según las características de cada localidad, pero el Gobierno ha acordado este viernes que ese tope salarial, lo que supone un fuerte recorte para las alcaldías de ciudades como Madrid o Barcelona.
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un anteproyecto de reforma de la Ley de Gobierno Local, en la que trabaja desde hace meses, y ha aprovechado para anunciar otras medidas paralelas. Además de recortar salarios, se reducirá un 31 por ciento el número de concejales a través de la reforma de la Ley Electoral, cambiando el tope de concejales que se puede elegir por tramos de población, aunque hoy no se han dado más detalles
El resultado que busca el Ejecutivo es que se elijan en las próximas elecciones municipales 21.338 ediles menos, hasta quedarse en 47.240. Además, los ayuntamientos no podrán tener más de 35 concejales, cuando por ejemplo en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid se sientan 57 y en el de Barcelona, 41. Asimismo, se limita el número de asesores de las entidades locales: el personal eventual no podrá superar el número de concejales.
La reforma de la Ley de Bases de Régimen Local persigue actualizar la estructura municipal del país, pero también busca ahorros. Según los cálculos del Gobierno, puede alcanzar los 3.500 millones. La fórmula es eliminar 3.725 entidades locales menores al ayuntamiento, como las pedanías y las parroquias, y potenciar el papel de las diputaciones.
En la ley se fijará un nuevo catálogo de competencias, aunque no varía demasiado del actual, según la información que se ha ido conociendo, salvo que no podrán prestar servicios de educación ni sanidad, de competencia autonómica. La gran diferencia es que los ayuntamientos no podrán ejercer más que esas competencias ya que para el resto no cuentan con financiación expresa.
Por otro lado, la modificación no prevé la supresión de ningún municipio, con lo que se respeta la representación de la voluntad popular en los Ayuntamientos, sin embargo, se fomenta la agrupación de servicios para "lograr importantes ahorros de costes mediante economías de escala" y se potencia el papel de las diputaciones, cabildos, consejos insulares o comarcas.
Asumirán la gestión de servicios de municipios de menos de 20.000 habitantes que no los presten con eficiencia y podrían ahorrar unos 2.248,2 millones. La supresión además de las mancomunidades que tampoco sean consideradas eficientes, sumará otro ahorro de 700 millones. El Ejecutivo argumenta que el 71,3 por ciento de estas entidades "no cumple con sus obligaciones de presentar cuentas anuales".
Según el Instituto de Estudios Fiscales, el gasto de ofrecer los servicios a los ciudadanos es cuatro veces más caro en los municipios de 5.000 habitantes. Así, el coste per cápita en los municipios de menos de 5.000 habitantes es de 2.613,57 euros, mientras que en el caso de los municipios de más de 100.000 habitantes suponen 652,91 euros.
También se mejora la regulación de los convenios entre Administraciones. Hasta ahora eran "foco de endeudamiento" al no ir acompañado el traspaso de competencias de su correspondiente financiación. Con la reforma, los convenios por los que el Estado, las Comunidades Autónomas o cualquier Entidad Local deleguen el ejercicio de competencias en los municipios deberán ser aceptados expresamente por éstos y habrán de suponer una mejora en la eficiencia de la gestión pública.
Igualmente, será condición indispensable para la firma de un convenio la contribución a eliminar duplicidades administrativas. La Administración que delega se reservará los mecanismos de control precisos para asegurar la adecuada prestación del servicio delegado. La delegación de competencias irá siempre acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria anual.
Junto a todo lo anterior, la reforma de la ley persigue redimensionar el sector público local, formado por un gran número de entes, organismos, sociedades, fundaciones y consorcios públicos, que habían proliferado en los últimos años. Se establece un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2014 para que se corrija el déficit de estas entidades y se determina, en caso contrario, a fecha 1 de agosto de 2015 su disolución.
Por último, se fortalece la figura del interventor municipal y de los funcionarios con habilitación nacional con el objetivo de aumentar la independencia, profesionalidad y objetividad en el ejercicio de sus funciones de garantizar la legalidad y el control financiero y presupuestario en la gestión local, ya que se recupera su dependencia funcional de la Administración General del Estado. Al mismo tiempo, se promueve la colaboración del Estado con las Intervenciones locales.
1 comentario:
Austeridad a la francesa: los ministros de Hollande rebajan su sueldo un 30%
Todo el Ejecutivo francés ha firmado una "carta de deontología": se rebajan el sueldo y aceptan reglas contra privilegios y nepotismo.
Primer Consejo de ministros para el presidente François Hollande
Primera medida muy simbólica para el nuevo Gobierno francés: todos sus miembros, elegidos por el primer ministro Jean-Marc Ayrault, han firmado este jueves una "carta de deontología" en la que han consentido una rebaja de su sueldo de un 30%. A partir de ahora, la remuneración del presidente François Hollande como la del primer ministro pasan de 21.300 euros brutos al mes a 14.910 euros. Todos los ministros, que ganaban 14.200 euros brutos, tendrán que 'conformarse' con 9.940 euros al mes.
No sólo es la primera decisión del Gobierno galo, sino también una promesa que cumple François Hollande, que se comprometió en crear un Estado imparcial. "Es cuestión de ejemplaridad" dijo el nuevo primer ministro este miércoles en la televisión francesa. La carta de deontología, que cada ministro ha tenido que firmar al final del primer Consejo de ministros, define reglas de trabajo muy estrictas desde el interés económico o el nepotismo hasta incluso la forma de desplazarse.
Ninguna intervención a favor de un familiar o cercano
Preparado durante la campaña por el equipo de Hollande, el documento, que revela el diario Le Monde, impone condiciones estrictas de trabajo para los ministros. Ningún regalo de más de 150 euros, ninguna invitación privada para ellos son los primeros requisitos. Igualmente, cada miembro del Gobierno se compromete en hacer una declaración de intereses para prevenir "cualquier sospecha de interés privado". En este sentido, tendrán que renunciar a cualquier participación en un organismo cuya actividad interesa su ministerio y, sobre todo, "se abstendrán absolutamente de cualquier intervención en relación a la situación de un familiar o de un cercano."
En conclusión, el documento recuerda a los ministros que deben renunciar a los mandatos ejecutivos locales que tienen y que "sólo los gastos directamente relacionados al ejercicio de sus funciones serán encargados por el Estado". La carta también impone que los desplazamientos de menos de tres horas tendrán que efectuarse en tren y que, excepto caso particular, los ministros efectuarán "sus desplazamientos en coche con discreción y respetando las normas de tráfico."
Y aún hay más....para los políticos de medio pelo
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