MURCIA.- Ecologistas en Acción ha puesto al Mar Menor de ejemplo de "una nula gestión ambiental" al considerar que el Gobierno Regional "oculta su nefasta gestión bajo el paraguas de falsas buenas intenciones y promesas incumplidas", según han informado fuentes de la organización ecologista en un comunicado.
Así, han explicado que después de más de diez años de retraso en
la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN)
del Mar Menor, el Ejecutivo Regional "anuncia que dicho PORN no se
aprobará y que en su lugar se ejecutará un Plan de Gestión, lo que
supone un varapalo enorme a la gestión y conservación de la laguna".
"La nefasta gestión de Valcárcel y sus aliados hace presagiar que
este singular espacio, protegido por cinco figuras nacionales,
regionales e internacionales, quedará a expensas de una mayor
degradación mientras siguen sin tomarse medidas al respecto", han
añadido.
En este sentido, critican la "inexistente" planificación de usos y
de una ordenación del territorio, "que permite una especulación basada
en construir sin límites y que conlleva graves consecuencias sobre este
espacio protegido".
La responsable de Medio Marino de la organización, Natalia Martín,
declara que "el Mar Menor necesita un compromiso político real que
plantee una gestión paralela de políticos, expertos y de tejido social
afectado, que analice las deficiencias y amenazas que existen sobre la
laguna y que pongan soluciones reales ya.
Igualmente, añade que "a pesar de que han existido muchos intentos
de crear un trabajo conjunto, como la desaparecida comisión del Mar
Menor, al Gobierno regional no le interesa ordenar sus usos, porque toda
planificación y ordenamiento supone establecer límites y eso no
permitiría a Gobierno y Ayuntamientos tener vía libre para seguir
construyendo".
Al hilo, Ecologistas considera que la Manga del Mar Menor debe de
apostar "por otro tipo de turismo, alejándose del obsoleto modelo de sol
y playa, basado en una estancia residencial. Debería plantearse otro
modelo que se base en el conocimiento de los valores ambientales de la
zona, aprovechando la cercanía con Calblanque".
Y es que, en su opinión, "la manera de activar la economía de la
Región de Murcia no es seguir con el mismo modelo que nos ha hundido y
que depreda recursos sin miramientos, sino creando puestos de trabajo
que se mantengan en el tiempo huyendo de la estacionalidad, que fomenten
la cultura y el conocimiento del entorno".
Finalmente, exige al Gobierno regional y al consejero Manuel
Campos que "dejen de una vez por todas las buenas palabras, que tienen
en el fondo una inexistente voluntad de cambio, tal y como llevan
demostrando más de diez años, y que actúen en beneficio de los
ciudadanos y con respeto al medio ambiente".
Nueva ley de Costas
El Gobierno aprobó este viernes el anteproyecto de la Ley de Costas, que entre otras cosas supondrá que los edificios que están a menos de cien metros del mar no podrán ser derribados en medio siglo.
La nueva Ley de Costas sustituirá a una anterior de 1988 que pretendía frenar la paulatina degradación de los 8.000 km de litoral tras décadas de boom de la construcción en un país en el que el sector turístico es uno de los motores de la economía.
El anteproyecto, remitido ahora al Consejo Asesor Medioambiental, pretende proteger el litoral e incluye también una protección jurídica a propietarios y concesionarios de explotaciones próximas a la costa, explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Los propietarios, que tenían hasta ahora el límite de 30 años prorrogables otros 30, verán ahora ampliado ese periodo a 75 años y podrán venderla, algo que no podían hacer según la legislación de hace 24 años.
La modificación de la Ley de Costas se ha encontrado con el rechazo frontal de los colectivos ecologistas, que entienden que la actual legislación es un seguro contra la especulación y la corrupción, de la que se han dado numerosos casos en la costa española en las últimas dos décadas.
"Ecologistas en Acción exige que se descarte la modificación de la Ley de Costas de 1988, y más en estos términos que van encaminados a su privatización y degradación", dijo el colectivo en una nota de prensa colgada en su web.
La ley incluye también la "cláusula antialgarrobicos", que pretende acabar con agresiones medioambientales en el litoral y que lleva el nombre del polémico hotel levantado hace algo menos de una década en una playa virgen de un paraje de gran valor ecológico en el parque natural del Cabo de Gata-Níjar, en Almería.
"El Estado podrá intervenir para parar obrar en el dominio público, actuando frente a acuerdos municipales que den licencias a obras contrarias a la legislación ambiental", dijo Sáenz de Santamaría.
Los chiringuitos de playa podrán contar además con concesiones temporales por un periodo de cuatro años, siempre que cumplan las condiciones de protección del litoral, dijo la vicepresidenta.
Lo prohibido sigue prohibido
La futura Ley de Costas, cuyo anteproyecto se ha aprobado hoy en Consejo de Ministros, no permitirá construir donde antes estaba prohibido y ampliará la autorización de 1 a 4 años a los chiringuitos de construcción desmontables que hay en las playas.
Así lo ha explicado hoy a los medios el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, tras señalar que además quieren promover que los propietarios de los chiringuitos se conviertan en aliados del medio ambiente y velen por la conservación del litoral, porque ellos son los primeros interesados.
Ramos ha destacado también el hecho de que distintas barriadas históricas como las de Pedregalejo y El Palo (Málaga) serán excluidas del dominio público marítimo-terrestre.
Se trata de un total de diez barriadas en las provincias de Gerona, Huelva, Alicante, Valencia y Málaga, que quedarán fuera del marco normativo de la futura ley, lo que no significa, ha indicado Ramos, que tengan vía libre para aumentar el volumen o la altura de sus casas cuando hagan obras de mejora.
Tampoco se permitirán obras que modifiquen el actual volumen de todas aquellas propiedades ya construidas (casas, restaurantes hoteles...), que se encuentran situadas en suelo de dominio público marítimo terrestre y a las cuales se les amplía la concesión por 75 años más.
La anterior ley de 1988 expropió a todos estos propietarios sus propiedades al fijar las nuevas lindes públicas marítimo terrestres y a cambio se les otorgó una concesión por 30 años, que ahora se extiende por 75 años más y por la cual tendrán que pagar un canon.
Así por ejemplo, y entre otros, serán beneficiarios de esta ampliación todos los propietarios, en su mayoría extranjeros, del complejo de Empuriabarva (Cataluña), quienes elevaron una queja de la anterior situación ante el Parlamento Europeo.
La lámina de agua de los canales de este complejo urbanístico serán, no obstante, de dominio público.
En cuanto a Formentera, isla en la que según Ramos la anterior ley había convertido prácticamente a todos sus habitantes en concesionarios, tendrá un tratamiento especial, mediante una disposición adicional.
En cuanto a las papeleras u otras industrias que están también afectadas por la ley de 1988, debido a su ubicación, se les concederá la prórroga de actividad si la autoridad competente medioambiental informa favorablemente.
Excluye diez núcleos del dominio público
El anteproyecto de la Ley de Costas, aprobado hoy en Consejo de ministros, excluye del dominio público marítimo terrestre diez núcleos costeros en las provincias de Alicante, Valencia, Gerona, Huelva y Málaga.
Entre los núcleos que dejarán de estar en terreno de dominio público y, por lo tanto vulnerando la normativa, figura Rocafel en el término municipal de Alicante, con unas 800 viviendas de varios edificios, como los Alacant, Helios y Rocafel (construidos en las décadas de 1960 y 1970), y hasta ahora fuera de ordenación, según la Ley de Costas en vigor.
También se excluye del dominio público marítimo-terrestre el puerto de Santa Pola (Alicante), Empuriabrava en Castello de Empuries y Platja d'Aro (ambas en Gerona), Ría Punta Umbria en Punta Umbria, Caño del Cepo en Isla Cristina y el casco urbano de Isla Cristina (Huelva), Pedregalejo y El Palo (ambos en Málaga) y Oliva en Valencia completan la lista que figura en el anexo del anteproyecto.
En algunos casos, como el de la ciudad navegable de Empuriabrava, (Gerona) el grupo de Convergència i Unió había registrado en marzo el Congreso una propuesta de reforma de la Ley de Costas que pretendía que el texto reconociese particularidades como la del citado núcleo.
La exclusión de estos zonas se hace en virtud de la disposición adicional sexta (en la extensión que fija la planimetría), que entre otras cuestiones señala que los deslindes se revisarán cuando se altere la configuración del dominio público marítimo terrestre.
Equo ve otra vez ladrillo
Sobre la reforma de la Ley de Costas, el político de Equo, Juan López de Uralde, ha juzgado que detrás de la reforma de la ley "lo que hay es ese afán por recuperar el ladrillo como elemento motor de la economía española".
En su opinión, "es lo único que puede justificar -y además las declaraciones de Cañete van en ese sentido- la modificación de la ley, aparte de algunos intereses privados de gente que se pueda ver más o menos afectadas en sus propiedades por la ley de costas".
Para López de Uralde, es muy peligroso para el litoral español que en lugar de apostar por una mayor protección para salvarguardarlo se apueste por el ladrillo, "y que lo que queda de nuestra costa no se convierta en cemento".
Nueva ley de Costas
El Gobierno aprobó este viernes el anteproyecto de la Ley de Costas, que entre otras cosas supondrá que los edificios que están a menos de cien metros del mar no podrán ser derribados en medio siglo.
La nueva Ley de Costas sustituirá a una anterior de 1988 que pretendía frenar la paulatina degradación de los 8.000 km de litoral tras décadas de boom de la construcción en un país en el que el sector turístico es uno de los motores de la economía.
El anteproyecto, remitido ahora al Consejo Asesor Medioambiental, pretende proteger el litoral e incluye también una protección jurídica a propietarios y concesionarios de explotaciones próximas a la costa, explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Los propietarios, que tenían hasta ahora el límite de 30 años prorrogables otros 30, verán ahora ampliado ese periodo a 75 años y podrán venderla, algo que no podían hacer según la legislación de hace 24 años.
La modificación de la Ley de Costas se ha encontrado con el rechazo frontal de los colectivos ecologistas, que entienden que la actual legislación es un seguro contra la especulación y la corrupción, de la que se han dado numerosos casos en la costa española en las últimas dos décadas.
"Ecologistas en Acción exige que se descarte la modificación de la Ley de Costas de 1988, y más en estos términos que van encaminados a su privatización y degradación", dijo el colectivo en una nota de prensa colgada en su web.
La ley incluye también la "cláusula antialgarrobicos", que pretende acabar con agresiones medioambientales en el litoral y que lleva el nombre del polémico hotel levantado hace algo menos de una década en una playa virgen de un paraje de gran valor ecológico en el parque natural del Cabo de Gata-Níjar, en Almería.
"El Estado podrá intervenir para parar obrar en el dominio público, actuando frente a acuerdos municipales que den licencias a obras contrarias a la legislación ambiental", dijo Sáenz de Santamaría.
Los chiringuitos de playa podrán contar además con concesiones temporales por un periodo de cuatro años, siempre que cumplan las condiciones de protección del litoral, dijo la vicepresidenta.
Lo prohibido sigue prohibido
La futura Ley de Costas, cuyo anteproyecto se ha aprobado hoy en Consejo de Ministros, no permitirá construir donde antes estaba prohibido y ampliará la autorización de 1 a 4 años a los chiringuitos de construcción desmontables que hay en las playas.
Así lo ha explicado hoy a los medios el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, tras señalar que además quieren promover que los propietarios de los chiringuitos se conviertan en aliados del medio ambiente y velen por la conservación del litoral, porque ellos son los primeros interesados.
Ramos ha destacado también el hecho de que distintas barriadas históricas como las de Pedregalejo y El Palo (Málaga) serán excluidas del dominio público marítimo-terrestre.
Se trata de un total de diez barriadas en las provincias de Gerona, Huelva, Alicante, Valencia y Málaga, que quedarán fuera del marco normativo de la futura ley, lo que no significa, ha indicado Ramos, que tengan vía libre para aumentar el volumen o la altura de sus casas cuando hagan obras de mejora.
Tampoco se permitirán obras que modifiquen el actual volumen de todas aquellas propiedades ya construidas (casas, restaurantes hoteles...), que se encuentran situadas en suelo de dominio público marítimo terrestre y a las cuales se les amplía la concesión por 75 años más.
La anterior ley de 1988 expropió a todos estos propietarios sus propiedades al fijar las nuevas lindes públicas marítimo terrestres y a cambio se les otorgó una concesión por 30 años, que ahora se extiende por 75 años más y por la cual tendrán que pagar un canon.
Así por ejemplo, y entre otros, serán beneficiarios de esta ampliación todos los propietarios, en su mayoría extranjeros, del complejo de Empuriabarva (Cataluña), quienes elevaron una queja de la anterior situación ante el Parlamento Europeo.
La lámina de agua de los canales de este complejo urbanístico serán, no obstante, de dominio público.
En cuanto a Formentera, isla en la que según Ramos la anterior ley había convertido prácticamente a todos sus habitantes en concesionarios, tendrá un tratamiento especial, mediante una disposición adicional.
En cuanto a las papeleras u otras industrias que están también afectadas por la ley de 1988, debido a su ubicación, se les concederá la prórroga de actividad si la autoridad competente medioambiental informa favorablemente.
Excluye diez núcleos del dominio público
El anteproyecto de la Ley de Costas, aprobado hoy en Consejo de ministros, excluye del dominio público marítimo terrestre diez núcleos costeros en las provincias de Alicante, Valencia, Gerona, Huelva y Málaga.
Entre los núcleos que dejarán de estar en terreno de dominio público y, por lo tanto vulnerando la normativa, figura Rocafel en el término municipal de Alicante, con unas 800 viviendas de varios edificios, como los Alacant, Helios y Rocafel (construidos en las décadas de 1960 y 1970), y hasta ahora fuera de ordenación, según la Ley de Costas en vigor.
También se excluye del dominio público marítimo-terrestre el puerto de Santa Pola (Alicante), Empuriabrava en Castello de Empuries y Platja d'Aro (ambas en Gerona), Ría Punta Umbria en Punta Umbria, Caño del Cepo en Isla Cristina y el casco urbano de Isla Cristina (Huelva), Pedregalejo y El Palo (ambos en Málaga) y Oliva en Valencia completan la lista que figura en el anexo del anteproyecto.
En algunos casos, como el de la ciudad navegable de Empuriabrava, (Gerona) el grupo de Convergència i Unió había registrado en marzo el Congreso una propuesta de reforma de la Ley de Costas que pretendía que el texto reconociese particularidades como la del citado núcleo.
La exclusión de estos zonas se hace en virtud de la disposición adicional sexta (en la extensión que fija la planimetría), que entre otras cuestiones señala que los deslindes se revisarán cuando se altere la configuración del dominio público marítimo terrestre.
Equo ve otra vez ladrillo
Sobre la reforma de la Ley de Costas, el político de Equo, Juan López de Uralde, ha juzgado que detrás de la reforma de la ley "lo que hay es ese afán por recuperar el ladrillo como elemento motor de la economía española".
En su opinión, "es lo único que puede justificar -y además las declaraciones de Cañete van en ese sentido- la modificación de la ley, aparte de algunos intereses privados de gente que se pueda ver más o menos afectadas en sus propiedades por la ley de costas".
Para López de Uralde, es muy peligroso para el litoral español que en lugar de apostar por una mayor protección para salvarguardarlo se apueste por el ladrillo, "y que lo que queda de nuestra costa no se convierta en cemento".
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