MADRID.- El Juzgado Central de Instrucción nº 2 de
la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella presentada por
la Fiscalía Anticorrupción contra cinco exdirectivos de Novacaixagalicia
por las cantidades adjudicadas en concepto de prejubilaciones, según el
auto dictado este martes.
El juez titular Ismael Moreno concluye que los hechos a los que se
refiere la querella "revisten 'prima facie', y sin perjuicio de
ulterior tipificación, carácteres de delito, por lo que procede su
admisión a trámite, así como la práctica de las diligencias de
investigación que correspondan".
La Audiencia Nacional asume así la competencia para investigar a
cuatro exdirectivos de Novacaixagalicia (José Luis Pego, Gregorio
Gorriarán, Óscar Rodríguez y Javier García de Paredes) y contra uno de
sus copresidentes, Julio Fernández Gayoso (en la imagen), por presuntos
delitos de administración deseal o, alternativamente, de un delito de
apropiación indebida.
El auto considera que todos ellos actuaron "con abuso de las
funciones de su cargo y con pleno conocimiento de la dificilísima
situación económica por la que atravesaba la entidad crediticia",
intervenida por el Banco de España en septiembre de 2011. La Fiscalía
les reclama la devolución de, al menos, 7,8 millones de euros.
El juez admite las acusaciones de Anticorrupción de que todos
ellos "dispusieron fraudulentamente de bienes de la entidad, ocultando
al consejo de administración y al Banco de España el importe de sus
prejubilaciones, y a las cuales en parte no tenían derecho, todo ello en
menoscabo de la entidad crediticia que administraban y del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)".
Por otro lado, Moreno remite al Ministerio Fiscal otra querella
presentada por un particular contra Gayoso y Pego, ambos procedentes de
Caixa Nova, y contra el que fuera director de Caixa Galicia durante casi
30 años, José Luis Méndez López, y sus hijos, también exdirectivos de
la caja, José Luis y Yago Méndez Pascual, por presuntos delitos
societarios, apropiación indebida y administración desleal y
fraudulenta.
La Fiscalía tendrá que informar sobre la competencia de la
Audiencia Nacional para investigar estos hechos, antes de que el juez se
pronuncie sobre su posible imputación.
El Estado es propietario del 93% de la entidad tras inyectarle
1.162 millones de euros en 2010 y otros 2.465 millones de euros en 2011,
a través del FROB. Tras la intervención, la auditora BDO realizó un
informe en el que concluyó que la contabilidad de Novacaixagalicia no
reflejaba su "verdadera" situación patrimonial y otras tres compañías la
valoraron en 188 millones de euros, explica la querella de
Anticorrupción.
La Fiscalía reclama a todos ellos la devolución de las cantidades,
que en el caso de García de Paredes, superan los cinco millones de euros.
La querella relata cómo tras el acuerdo de fusión entre Caixa Galicia y
Caixanova de 11 de mayo de 2010 y de la petición del primer apoyo
financiero por parte del FROB, los directivos llevaron a cabo un "plan
preconcebido" "para preparar su previsible y futura salida" de la
entidad.
En este marco, los cinco querellados se pusieron de acuerdo para
modificar sus contratos de alta dirección para introducir nuevos pagos
por prejubilaciones y futuros beneficios, antes de la intervención del
Banco de España, y beneficiarse posteriormente presentando su renunciar
al cargo.
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