MURCIA.- La responsable de Sanidad del Grupo
Parlamentario Socialista, Teresa Rosique ha presentado una moción en la
Asamblea en la que pide a la Consejería de Sanidad y Política Social que
no aplique el copago farmacéutico.
Rosique denunció que "el Gobierno de Rajoy ha introducido una
medida regresiva, como es el copago en medicamentos, una medida que
rechazamos por injusta e ineficaz", según han informado fuentes
socialistas en un comunicado.
El Real Decreto aprobado por el Gobierno de Rajoy impone un copago
a los pensionistas, obligándoles a pagar los medicamentos por primera
vez. Además, las personas en activo pagarán también, al menos, un 25 por
ciento más de lo que pagan ahora al pasar del 40 al 50 por ciento del
precio del fármaco.
"Este es el primer paso que Rajoy y el Gobierno regional dan en
relación con el copago. En noviembre entrará el vigor para transporte
sanitario, prótesis externas y productos dietéticos, utilizados por
personas mayores y enfermos de cáncer. Quedará aún un tercer nivel con
la cartera accesoria de servicios que el Gobierno de Rajoy todavía no ha
desvelado", ha indicado.
Así, ha explicado que el copago afectará especialmente a las capas
de población más vulnerables y con más necesidades (personas mayores,
pacientes con enfermedades raras y enfermos crónicos, sobre todo).
Por ello, el Partido Socialista muestra "su más absoluto rechazo" a
las medidas del copago farmacéutico del Partido Popular. Rosique añadió
que este copago, "además de injusto, puede llevar a un deterioro de la
salud de muchos pensionistas, que abandonarán sus tratamientos para no
pagarlos, según han manifestado distintas fuentes de profesionales y
economistas de la Sanidad".
España tiene un sistema público de salud que se encuentra entre
los más económicos de la OCDE y entre los más eficientes. "Quienes
argumentan que es insostenible no lo hacen por razones económicas, sino
ideológicas", ha subrayado.
Finalmente, el Grupo Parlamentario Socialista sostiene que la
grave crisis económica que estamos atravesando no debería ser, en ningún
caso, excusa para desmantelar derechos consolidados y el Estado del
Bienestar.
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