jueves, 31 de mayo de 2012

El PSOE dice que la imputación del alcalde de Murcia es la consecución de una sucesión de malas prácticas urbanísticas

MURCIA.- El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro López, ha señalado que la imputación del alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, es la consecuencia final de una sucesión de malas prácticas urbanísticas, y que la declaración del máximo responsable ante el juzgado supondrá la confirmación de que "las cosas se han hecho mal por parte del PP en el Ayuntamiento de Murcia a lo largo de estos 17 años de gobierno".

   "Respetamos la presunción de inocencia y deseamos que el alcalde Cámara no tenga responsabilidades penales por su bien y por el de una institución que representa a todos los murcianos; pero si yo estuviera en su lugar no ejercería la representación institucional como alcalde y no presidiría los Plenos mientras se resuelve la imputación", ha declarado López.
   A su juicio, "es hora de asumir responsabilidades políticas porque los casos Umbra y Barraca vienen manchando la imagen del municipio desde el 2009, con el ex concejal de Urbanismo y los tres últimos gerentes imputados".
   "No son casos aislados, sino una sucesión de muchos años de malas prácticas, como la que hoy también hemos conocido sobre Gea y Truyols, donde el alcalde pedáneo del PP tiene en una parcela de su propiedad una antena de telefonía ilegal", ha informado López, quien, en este sentido, ha añadido que "si yo fuera alcalde de Murcia, este pedáneo sería cesado inmediatamente".  
   López ha lamentado igualmente "que vayan a tener que ser los tribunales quienes nos aclaren lo que pasado, porque en estos años el PP siempre se ha negado a facilitar explicaciones, demostrando una total falta de transparencia en su gestión, especialmente en las cuestiones urbanísticas".
   Para finalizar, el portavoz del PSOE ha manifestado que el Grupo Socialista siempre ha mantenido que los convenios de la zona Norte podrían haber producido una grave lesión económica al Ayuntamiento de Murcia que, según algunos informes periciales, la sitúan entre los 300 y 520 millones de euros.

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