MADRID.- El Gobierno pretende avanzar en la consolidación financiera
reduciendo el número de cajas a una media docena aunque el mercado duda
si las fusiones evitarán una ayuda de financiación externa si la
economía no se recupera y aflora la mora oculta en créditos a empresas y
particulares.
"La obsesión del Gobierno es reducir el número de
cajas a un entorno de media docena pero el problema de Bankia ha
demostrado que una fusión que dé como resultado a una entidad de un gran
tamaño te puede acabar generando un problema incluso mayor", manifestó
Ángel Berges, consejero delegado de Analistas Financieros
Internacionales (AFI).
La nueva regulación de endurecimiento de
provisiones, además de a la nacionalizada Bankia, ha puesto en el punto
de mira a algunas entidades de tamaño mediano como Banco Mare Nostrum,
Ibercaja, Liberbank y Unicaja.
Estas entidades están en la
actualidad sondeando diferentes alternativas de integración debido a su
elevada exposición inmobiliaria y a su escasa capacidad para afrontar
las nuevas exigencias de provisiones en solitario, según informa la agencia Reuters.
"Las presiones
del Gobierno para avanzar con las fusiones entre las cajas que todavía
no se han movido y que tienen dificultades para afrontar las nuevas
necesidades por sí solas son brutales", reconoce una fuente cercana a
una de las cuatro entidades ahora mismo en el punto de mira de los
mercados junto a Bankia.
No obstante, una fuente financiera con
conocimiento de las conversaciones entre estas cuatro entidades
manifestó que "las conversaciones hasta ahora han sido bilaterales. Una
negociación a cuatro es casi inviable".
Una fuente del Gobierno
reconoció, sin embargo, que uno de los objetivos que se persigue con la
nueva reforma financiera es ir "a una mayor consolidación".
Banco
Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia, fue el resultado de la
fusión de siete cajas ahorros que dio lugar a la cuarta entidad española
con más de 300.000 millones de euros en activos. BFA fue asimismo una
de las entidades financieras españolas más expuestas al ladrillo con
activos tóxicos de 31.800 millones de euros.
Otra fuente cercana a
otra de las cuatro entidades dijo que "están hablando porque no queda
otra. Lo que sí se ha disipado es una operación a cuatro bandas. Esto
sería crear un incendio, es más factible ver una operación entre dos",
agregó en referencia a Bankia.
Una hipotética fusión a cuatro
entre BMN, Unicaja, Ibercaja y Liberbank daría lugar a una entidad con
activos problemáticos concentrados en el ladrillo de unos 27.000
millones de euros.
El Gobierno presentó el pasado viernes una
reforma financiera que incrementa en 30.000 millones de euros las
provisiones adicionales (a los 54.000 millones) sobre el crédito
inmobiliario actualmente al corriente de pago.
Según los analistas
de Societe Generale, los 30.000 millones en provisiones adicionales
llevarían la cobertura de la exposición inmobiliaria, préstamos sanos
incluidos, a cerca del 45 por ciento desde el 31 por ciento, por debajo
del 60 por ciento irlandés.
Berges considera que los 45.000
millones de euros (entre nuevas provisiones y capital adicional de unos
15.000 millones) que el Gobierno podría acabar poniendo entre nuevas
provisiones e inyección de capital podrían servir ahora para cubrir el
eventual deterioro del conjunto de los activos inmobiliarios, pero no
evitaría una petición de ayuda internacional.
Hasta la fecha, el
Gobierno español ha descartado pedir ayuda exterior para la banca
nacional como ha sugerido recientemente el presidente francés François
Hollande.
Sin embargo, Berges reconoció que "el problema es que ya
se avecinan más problemas en los créditos concedidos por parte de la
banca a los particulares, a pymes e incluso a las grandes compañías".
Por
otra parte, el mercado espera que el resultado del proceso de auditoría
de la banca española recién iniciado con la contratación de los
servicios de las consultoras Oliver Wyman y Roland Berger estimule la
consolidación en el sector.
El principal incentivo para que las
entidades financieras se fusionen es que cuentan con dos años en lugar
de uno para cumplir unos requisitos que pueden cubrir contra resultados y
capital.
Las entidades tienen hasta el 11 de junio para anunciar
cómo van a cumplir las exigencias y hasta el 30 de junio para presentar
planes de fusión.
Al margen de
estas conversaciones en curso, en la actualidad se encuentran en proceso
de subasta Banco de Valencia, Catalunya (CX) y eventualmente
NovaCaixaGalicia (NCG), que en teoría dispone hasta el 15 de septiembre
para incorporar inversores privados a su plan.
Las entidades grandes como Santander y BBVA y la saneada
Kutxabank se perfilan como los favoritos para hacerse con Catalunya
Caixa (CX).
El Ejecutivo, que el pasado 11 de mayo anunció que en
principio no tenía previsto aportar más de 15.000 millones entre
préstamos y capital para disipar las dudas de un rescate internacional
al estilo irlandés, tiene previsto financiar las subastas de estas
entidades con cargo al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).
Este
fondo se nutre de las aportaciones de las entidades privadas y se
considera prácticamente agotado con las recientes subastas de Caja de
Ahorros del Mediterráneo (CAM) y de Unnim, que se adjudicaron
previamente Sabadell y BBVA.
El Gobierno y la banca española están
trabajando ahora mismo en distintas fórmulas para sufragar el coste de
las próximas subastas.
Una fuente del Ejecutivo dijo que se está
estudiando pedir una derrama extraordinaria con cargo a las aportaciones
de ocho anualidades hasta alcanzar unos 20.000 millones.
Una
fuente de banco español al tanto de las negociaciones dijo que lo "único
que está claro es que los bancos han dicho al Gobierno que el tope
máximo para financiar el FGD se situaría precisamente en esos 20.000
millones de euros".
"En cualquiera de los casos, habrá dinero para
iniciar los procesos de subasta con garantías porque en el momento
inicial el esquema de protección de activos no cubre todas las pérdidas
potenciales que podrían surgir en esta cartera", explicó una fuente del
Gobierno.
Bajo el EPA, que casualmente garantiza una cartera de
activos inmobiliarios de unos 6.000 millones de euros, el Banco de
España tiene previsto ofrecer al potencial comprador un plan por el que
el FGD se haría cargo de pérdidas futuras por el deterioro de activos
durante los próximos 10 años.
Tanto en Banco de Valencia como en
Catalunya Caixa, las primeras pérdidas se afrontan con las provisiones
constituidas por las entidades, que en el caso de la entidad valenciana
ascienden a unos 1.000 millones y en la catalana a 2.300 millones.
Posteriormente, el 80 por ciento del quebranto lo asumiría el FGD y el restante 20 por ciento la entidad compradora.
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