San Esteban tiene intención de privatizar totalmente 'La 7'

MURCIA.- La Radiotelevisión murciana, con un modelo de gestión privada y titularidad pública desde su creación, está a la espera de la futura ley general del sector audiovisual para avanzar hacia el objetivo final de la privatización del ente.

Y es que según el director del Grado en Periodismo de la Universidad Francisco de Vitoria, Humberto Martínez Fresneda, "las televisiones públicas son deficitarias y en tiempos de crisis no tiene ningún sentido mantenerlas", por lo que considera que el proyecto de ley recién aprobado por el Gobierno es "una oportunidad de no gastar donde no hace falta".

Precisamente el director de la radiotelevisión murciana y presidente de turno de la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), José Daniel Martín González, ha dicho que a partir de ahora se abre un "abanico de oportunidades" para que los gobiernos regionales decidan qué modelo quieren para sus entes públicos.

  La Comunidad Valenciana, Madrid y Castilla-La Mancha ya han avanzado su intención de aprovechar la reforma del régimen de gestión de las televisiones autonómicas aprobada por el Gobierno para privatizar la gestión o los servicios informativos de sus televisiones públicas, mientras que Cataluña, Extremadura, Andalucía y Galicia han anunciado que mantendrán la gestión pública.
En el Consejo de Ministros del pasado 20 de abril, el Gobierno aprobó una modificación de la Ley General de Comunicación Audiovisual que permite a los gobiernos autonómicos que lo deseen, o bien privatizar las televisiones públicas regionales, o bien quedarse con su gestión, aunque en este caso, estarán obligados a no tener déficit.
   Además, da la opción a las administraciones autonómicas de confiar a una empresa privada la producción de sus informativos, un extremo que hasta ahora estaba prohibido por ley, aunque 'de facto', algunas televisiones autonómicas ya lo hacían para ahorrarse costes; caso de 'La 7'.
   Actualmente, en España hay un total de 13 televisiones autonómicas, que emiten en Galicia, Comunidad Valenciana, Cataluña, País Vasco, Canarias, Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía, Baleares, Murcia, Asturias, Aragón y Extremadura. Cada una de ellas tiene, no obstante, unas características muy distintas.
El tamaño de la plantilla, la deuda acumulada y la forma de gestionar las televisiones públicas también es muy distinta en cada comunidad autónoma. De hecho, aunque hasta la última reforma del Gobierno, estaba prohibido por ley que las cadenas autonómicas públicas delegaran la producción de sus servicios informativos a empresas privadas, al menos cuatro autonomías (Aragón, Baleares, Murcia y Canaria) ya venían haciéndolo en menor o mayor medida.
Distinto es el caso de la Comunidad Valenciana, cuya televisión pública afronta un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a más de un millar de trabajadores. En este caso, el Gobierno valenciano se ha manifestados partidario de mantener la gestión pública y encargar a empresas privadas la producción de los programas informativos como fórmula de ahorro.

También parece clara pues la apuesta por el carácter público de la Radio Televisión Valenciana, así como por un sistema mixto de financiación.

Además, se contempla la transformación del ente autonómico y sus sociedades (Canal 9 y Radio 9) en una única sociedad mercantil, íntegramente participada por la Generalitat.

Todo ello coincide con el anuncio por el Gobierno valenciano de despedir entre al 40 y el 50 por ciento de los empleados de su sector público empresarial.

   Así, el vicepresidente y consejero de Presidencia de la Generalitat Valenciana, José Císcar, ha explicado que la futura ley de Radio Televisión Valenciana (RTVV), cuyo anteproyecto ha presentado el gobierno autonómico, contemplará que el ente siga siendo "un servicio público en el que los contenidos informativos y de defensa de la lengua valenciana, su cultura y tradiciones se presten mediante gestión directa y que las producciones que se tengan que hacer se puedan externalizar mediante un procedimiento de colaboración público-privada".