miércoles, 18 de abril de 2012

El PSRM calcula que 3.000 interinos de la enseñanza "se quedarán sin trabajo" en la Región

CARTAGENA.- La diputada regional del PSOE, María del Carmen Moreno, ha advertido que "los recortes en Educación deteriorarán la calidad de la enseñanza y fomentarán la desigualdad". Así, calcula que "el aumento de un 20 por ciento de la ratio en las aulas supondrá que 3.000 interinos se quedarán sin trabajo".

   Por ello, Moreno ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una moción en la Asamblea Regional pidiendo al Gobierno de Ramón Luis Valcárcel "que no se apliquen los recortes en Educación anunciados por el ministro Wert".
   Para la diputada socialista, "los recortes anunciados por el ministro de Educación suponen un deterioro en la calidad de la enseñanza, fomentan la desigualdad, y suponen un perjuicio para el alumnado con necesidades educativas".
   "Medidas como la eliminación de las dos ramas de bachillerato supondrán un perjuicio en la formación futura de los jóvenes y una merma de sus capacidades, ya que se estará imposibilitando al alumnado de bachillerato la elección de la rama que deseen estudiar, además de fomentar la desigualdad", ha subrayado.
   Considera que "si el ajuste presentado a los Presupuestos regionales por el Gobierno de Valcárcel para cumplir con el Plan de Equilibrio del Gobierno de España, para alcanzar el 1,5 por ciento del objetivo de déficit, se cumple, serían innecesarios los recortes anunciados por el ministro de Educación".
   Esto hace pensar que, o bien la Comunidad "ha presentado un ajuste que no se cree que pueda cumplir, o bien que lo que se quiere hacer por parte del Gobierno de España es un ajuste ideológico para acabar así con la Educación Pública en España".
   Además, "hay que recordar también que estas medidas anunciadas por el José Ignacio Wert fueron consensuadas y aceptadas por Valcárcel el sábado en la reunión mantenida con Rajoy en Madrid, y que el PP de la Región no puso ninguna pega al respecto de estas medidas, ya que las aceptaron, a diferencia de los consejeros de Andalucía, Canarias o País Vasco".
   A su juicio, "si se hiciera una apuesta decida por la lucha contra el fraude fiscal y pagaran impuestos todas las instituciones, no haría falta tomar estas medidas que van a desmantelar el Estado del Bienestar en nuestro país".

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