MADRID.- El plan de España para costear los rescates de entidades intervenidas por el Estado ha encallado en Bruselas, lo que ha paralizado las subastas pendientes, según informaron fuentes conocedoras del proceso.
La Comisión Europea ve las propuestas planteadas por el Gobierno español para engordar el fondo que sufraga entidades quebradas como una ayuda de Estado encubierta con impacto sobre el déficit, hipótesis que el Ejecutivo quiere evitar a toda costa.
El Gobierno español aborda desde hace meses con el Ejecutivo comunitario diversas fórmulas para dotar de recursos al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ante la negativa de las entidades de incrementar sus aportaciones al FGD.
El Ministerio de Economía ha planteado a Bruselas diversas vías para que el organismo dependiente del Banco de España realice un préstamo público al FGD para que las entidades lo devuelvan posteriormente a un tipo de interés de mercado.
En este sentido, ha propuesto que el FGD realice una emisión de deuda que sea suscrita inmediatamente por el FROB a cambio de un cupón, pero la Comisión Europea considera que se trata de una ayuda de Estado encubierta con efecto sobre las cuentas públicas.
El departamento que lidera Luis de Guindos también ha propuesto la opción contraria: que el FROB, cuya capacidad de endeudamiento se eleva a 90.000 millones de euros, emita deuda para su suscripción por parte del fondo de garantía, opción que también ha encontrado el rechazo europeo.
El uso de los recursos del FROB no computa como déficit público en caso de que el organismo los recupere con los intereses correspondientes, pero sí en caso contrario, lo que podría amenazar el cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal marcados por la UE. Las colocaciones de deuda del FROB engordan la deuda del Estado y no el déficit.
En la actualidad, el FROB cuenta con fondos disponibles de 22.495 millones de euros entre capital (9.000 millones), dinero captado a través de emisiones de deuda (10.945 millones) y una linea de crédito sindicada (3.000 millones), mientras que ha comprometido recursos por 20.000 millones.
Las recientes ayudas concedidas por el FROB a Unicaja para su fusión con Caja Duero España por 475 millones de euros, ampliables a 1.500 millones, han provocado que en el sector financiero prendiera la idea de que la absorción de entidades débiles puede conllevar respaldo público y refuerza su rechazo a ampliar las aportaciones al FGD.
El Gobierno había sugerido a las entidades financieras la necesidad de que afrontaran una derrama o el incremento de sus aportaciones efectivas al fondo para culminar la reestructuración del sistema financiero, lo que soliviantó a las entidades de mayor tamaño, especialmente a Santander y Caixabank.
El FGD se nutre de las aportaciones privadas que las entidades realizan, correspondientes al 2 por mil de los depósitos, aunque la ley contempla la posibilidad de elevarlas hasta el 3 por mil y de que se lleven a cabo contribuciones extraordinarias, así como que se establezca un adelanto de las cuotas anuales al FGD.
El portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, reclamó recientemente al Gobierno que aclare de dónde saldrán los recursos para costear los rescates de entidades intervenidas, del FGD o del FROB, y recordó que éste último instrumento se creó con el objetivo de impulsar la reestructuración financiera.
El objetivo fundacional del FGD es garantizar los ahorros de los depositantes, pero el anterior Gobierno socialista amplió su función para minimizar el coste para el contribuyente de las integraciones inscritas en la reestructuración financiera española en aras de reducir su capacidad y aumentar su solvencia.
El FGD cuenta en la actualidad con menos de 2.000 millones de euros, y en el sector financiero da por descontado que se agotarán con la adjudicación del Banco de Valencia. También quedan pendientes los procesos de Catalunya Caixa y Novacaixagalicia en caso de que no encuentren inversores privados para cubrir las necesidades de capital que provocaron la entrada de fondos estatales en su accionariado.
La subasta de la filial de Bancaja, intervenida el pasado mes de julio por sus graves problemas de solvencia tras la negativa de Banco Financiero y de Ahorros (BFA) de aportarle capital, arrancará mucho después de lo esperado por el sector financiero, que contaba con recibir el cuaderno de venta hace un mes.
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