MURCIA.- El autodenominado Defensor del Pueblo en la Región de Murcia, José Pablo Ruiz Abellán, un íntimo amigo del presidente Valcárcel que lo convierte en su caso en un cargo con tongo además por su total ausencia de conocimimientos jurídicos, aclara que el tema que se está planteando sobre esta institución en España no es su disolución, como ha ocurrido en Castilla La Mancha de la mano del PP de Cospedal, sino "un recorte de gastos". Se aferra así Ruíz Abellán, de forma escandalosa, a un cargo sin más sentido que colocar bien remunerado a un buen amigo de Valcárcel pese a los tiempos de austeridad que se imponen a terceros.
La mayor parte de defensorías, a excepción de C-LM, "están realizando un recorte en sus gastos", acentúa el afectado. En concreto, explica Ruiz Abellán, las Cortes Generales han impuesto en los tiempos que corren un recorte del 3,2 por ciento al Defensor del Pueblo de España.
En Galicia, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo propuso la eliminación de tres vicevaledores, "pero no de la institución" del Defensor del Pueblo, conocido como 'Valedor do Pobo'; también la Defensora del Pueblo Riojano y el Defensor del Pueblo de Navarra ha visto recortada su dotación presupuestaria.
Asimismo, el Partido Aragonés, en pacto con el PP, defiende la figura del Defensor del Pueblo autonómico.
Los partidos políticos han propuesto la reelección del Procurador del Común, que es el nombre del defensor del Pueblo en la comunidad autónoma de Castilla y León.
En Canarias, acaba de ser nombrado como Defensor del Pueblo el ex ministro socialista Jerónimo Saavedra. En el País Vasco, aprobaron en Pleno en octubre del año pasado una proposición no de ley del Grupo Socialista, relativa a la defensa de la Institución del Ararteko-- Defensoría del Pueblo--.
El Parlament de Cataluña aprobó, asimismo, una ampliación de la vigencia del mandato del Sindic de Greugues, Rafael Ribó, de cinco a nueve años.
Javier Arenas, por su parte, "garantiza, en caso de ganar las elecciones autonómicas, la permanencia del Defensor del Pueblo Andaluz, al estar sancionado por el estatuto andaluz", argumentó el Defensor del Pueblo en la Región de Murcia.
Aunque, matizó, Arenas ha señalado que reducirá el Defensor del Pueblo Andaluz, planteando que se reducirán de cinco designaciones políticas a tres.
En Asturias están atravesando un proceso de elecciones autonómicas y en Valencia, Alberto Fabra todavía no ha tomando una decisión.
El presidente de la Comunidad de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, hace tres meses cuando fue preguntado por la eliminación de la Defensoría declaró que "la misión del Defensor del Pueblo es muy positiva y hace una labor que repercute en el ciudadano. No soy partidario en estos momentos de plantearme ni tan siquiera una reducción de la oficina del Defensor del Pueblo".
En este sentido, el Defensor del Pueblo de Murcia insiste en señalar que la línea de los recortes en las distintas instituciones "es la tónica general" en estos tiempos de crisis.
En su opinión, "hace pensar que la decisión de mantener o no la figura del Defensor o su recorte depende del ajuste presupuestario de cada autonomía" en base a criterios de eficiencia.
"No existe una intención generalizada de eliminar la institución, las medidas que se están tomando en todo el país están orientadas a la revisión de las instituciones y un ajuste presupuestario en una época de crisis", apuntó.
En cuanto a la posible duplicidad de las instituciones, Ruiz Abellán ha aclarado que "la interacción entre la Defensoría estatal y las autonómicas no debe entenderse en clave de competición sino de complementariedad y apoyo mutuo".
"Estamos hablando de órganos encargados de velar por el respeto a los derechos y libertades de la ciudadanía. Particularmente teniendo en cuenta la estructura cuasi-federal del Estado de las autonomías, se impone la necesidad de que las instituciones estén lo más cerca posible del ciudadano", concluyó.
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