Valcárcel no paga las subvenciones que adeuda a asociaciones contra la pobreza y la exclusión social

CARTAGENA.- La responsable de Política Social del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique ha presentado una moción en la que pide al Gobierno regional que pague las subvenciones contra la pobreza y la exclusión social que adeuda, así como que garantice que no se volverán a producir retrasos en el pago del Salario Mínimo de Inserción. 

   Teresa Rosique señaló que los perceptores del Salario Mínimo de Inserción han estado sin cobrar la prestación económica correspondiente y no es la primera vez que estos retrasos se producen.

   "El problema que los retrasos ocasionan a los beneficiarios de estas ayudas es tremendo. Estamos hablando de que los perceptores de las mismas son personas sin recursos y, por tanto, el impago de las prestaciones los deja carentes de lo más básico para poder subsistir. Por esta razón, exigimos que garantice que no se vuelvan a producir retrasos en el pago de estas prestaciones".

   Al mismo tiempo desde Cáritas se ha puesto de manifiesto la insostenible situación por la que atraviesa como consecuencia del dinero que le adeuda la Comunidad Autónoma desde 2010, cantidad que ronda el millón de euros. Por ello, Teresa Rosique exigió que se abonen a Cáritas las subvenciones que les deben, correspondientes a 2010 y 2012.

   Según han denunciado los responsables de Cáritas regional, si en un mes no se les abonan las subvenciones comprometidas y no pagadas, se verán obligados a cerrar centros y despedir personal, con las consecuencias que ello puede tener para las personas necesitadas que son atendidas por esta ONG.

   Rosique apostilló que a "esto hay que añadir los más de siete millones de euros que la Comunidad Autónoma debe a las organizaciones sociales de diversos programas de inclusión social de 2010 y 2011, que han realizado y no han cobrado, lo que les pone al borde de su desaparición".

   Esta situación, según la diputada, no puede mantenerse por más tiempo. "El Gobierno regional tiene que resolver con carácter de urgencia estos problemas. Estamos hablando de personas que necesitan comer y de organizaciones imprescindibles para seguir dando respuesta a los graves problemas de pobreza y de exclusión social que existen en esta Región".

   Rosique agregó que el Gobierno regional "no puede meter estas deudas en el saco general de los acreedores y darles el mismo tratamiento porque en nuestra Comunidad Autónoma, los índices de pobreza alcanzan ya el 36%, cinco puntos por encima de la media nacional".

   Esto supone que más de un tercio de la población está en situación de pobreza y alrededor de 80.000 personas están en situación de pobreza extrema, "y esto hay que frenarlo".